Religión y clericalismo en la España alfonsina

Título: «Política religiosa de la Restauración».
Autor: Francisco Martí Gilabert.
Editorial: Rialp, Madrid 1991. 201 páginas.
Precio: 1.800 pesetas.

El 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos proclamaba en Sagunto a don Alfonso XII, hijo de doña Isabel II, como rey de España. Termina así el llamado «Sexenio revolucionario», período turbulento en el que se suceden hechos trascendentales: la «Gloriosa», y el destronamiento de Isabel II (1868) la subida al trono de España de don Amadeo de Saboya y el asesinato de Prim (1870) la nueva guerra carlista (1872), la I República (1873), el golpe de Estado del general Pavía y el Pronunciamiento de Sagunto (1874).

Todos estos acontecimientos han de ser tenidos en cuenta como aspectos clave para interpretar adecuadamente el estudio de Martí Gilabert, centrado en el análisis de la política religiosa mantenida en el largo período de la España de la restauración. Como se desprende del trabajo, desde 1875 a 1931 transcurrió más de medio siglo (56 años), en los que la estabilidad política, mantenida gracias a la Corona y a la habilidad de hombres como Cánovas y Sagasta, permitió sacar a la nación de la vía enloquecida en la que se vio abocada durante el «Sexenio» revolucionario.

La crisis revolucionaria española fue no sólo de carácter político, social, económico y cultural, con ser todas ellas muy graves, sino, particularmente, de trasfondo religioso. Los sucesivos Gobiernos extremistas no tuvieron en cuenta la realidad de un país com mayoría católica, tomando medidas vejatorias e injustas contra la Iglesia que el pueblo se negó a acatar, fuera de las minorías dirigentes de las grandes ciudades. La respuesta a este anticlericalismo visceral de los políticos fue un clericalismo emotivo, enraizado con fuerza en la conciencia nacional. La guerra carlista de 1872 fue un entramado confuso de intereses, pero no cabe duda de que los ejércitos de Carlos VII se nutrían en gran parte con gentes del pueblo, que luchaban por motivos religiosos, incluyendo clérigos con el respaldo de algunos obispos, desesperados ante la persecución a que fueron sometidos repetidamente.

Documentos históricos

Martí Gilabert, partiendo de tales supuestos, estudia la trayectoria de la nueva política religiosa iniciada por Cánovas del Castillo, primer jefe del gobierno tras la Restauración, que se ve situado frente a una compleja realidad marcada por el resentimiento y odio. El autor acierta con el enfoque histórico adecuado para el correcto entendimiento de una época tan dilatada como la de la Restauración. A través de documentos seleccionados con buen criterio de historiador imparcial, traza las líneas de una política realista que rehuía las cuestiones doctrinales de fondo para buscar el arreglo entre la Iglesia y el Estado, partiendo del reconocimiento de la catolicidad mayoritaria del país.

Con el fin de no soliviantar los ánimos de los sectores revolucionarios y anticlericales, los sucesivos gobiernos de la Restauración actúan discretamente al abolir sin alardes vindicativos las leyes contrarias a la Iglesia Católica, devolviendo algunos de los bienes incautados y dejando libertad a las órdenes religiosas. Pero, como reconoce Martí Gilabert, las circunstancias habían cambiado lo suficiente como para no dar marcha atrás en determinados aspectos relacionados con libertades como la religiosa, de enseñanza o de cátedra, que escaparon al control de la Iglesia.

Poco a poco, los recelos y extremismos de anticlericales y clericales fueron cediendo ante el empuje de los hechos. Los católicos vieron protegidos sus derechos y los viejos revolucionarios, reconocidas libertades impensables en los tiempos absolutistas. Martí Gilabert resume acertadamente la situación cuando se refiere a los puntos que definían el programa liberal-conservador del Partido Canovista, y que eran: «Reconocimiento de la monarquía alfonsina, acatamiento total a las decisiones pontificias, sobre todo a las del Syllabus, pero reconociendo que, dentro del constitucionalismo, había que atemperarse a las circunstancias de los tiempos, haciendo ciertas concesiones, no en el terreno de los principios, sino en el práctico…»

La muerte prematura del rey don Alfonso XII el 24 de noviembre de 1885, en el Palacio del Pardo, abre el período de Regencia de la reina doña María Cristina. La continuidad del sistema respecto a la política religiosa se mantuvo dentro de unos cauces moderados, puestos a prueba en el espinoso problema del matrimonio civil, acordado con la Santa Sede en 1887 mediante una fórmula de transacción satisfactoria para las dos partes: matrimonio canónico para los católicos, al que se reconocían efectos civiles inmediatos, y matrimonio civil para los no católicos.

Influencias ambientales

Sin embargo, no faltaron situaciones de gran tensión, exageradas a veces por los medios de prensa liberales y contestados con no menor violencia de parte de los conservadores. Los motivos de desacuerdo entre el Estado y la Iglesia fueron distintos, pero siempre repetían temas relativos a la enseñanza, al reconocimiento de las órdenes religiosas y asociaciones, a conflictos de competencias y al establecimiento de acuerdos con la Santa Sede a través de un nuevo Concordato capaz de resolver todas estas cuestiones.

Con independencia de los documentos aportados por el autor, suficientemente expresivos sobre la evolución de las relaciones Iglesia-Estado, destacan las referencias al clima intelectual, social y político de cada época, imprescindibles para comprender las razones de unos y otros en defensa de sus propios puntos de vista. Se mantiene el rigor histórico en el estudio de los hechos y la imparcialidad en los juicios sobre actuaciones tanto personales como de partidos. Tales criterios sirven para mostrar las peculiares características del liberalismo español, sus diferentes grados y el poso clerical/anticlerical que subyace demasiadas veces en el fondo de muchas posiciones intransigentes.

La obra finaliza con la renuncia del dictador Primo de Rivera (28 de enero de 1930) y el advenimiento de la II República, en 1931, que abre, desgraciadamente, un nuevo período de confusiones, errores y violencias que enturbian las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Régimen, al resucitar con renovados bríos los viejos prejuicios del anticlericalismo decimonónico que parecían definitivamente olvidados.