Quince años de política económica

Cuando se escriba la historia de los años que siguieron a la muerte del general Franco, los cambios en las ideas económicas ocuparán, sin duda, un lugar destacado. A medida que pasa el tiempo, se refuerza mi convicción de que el asentamiento de la democracia en España tiene, al menos, tanto que ver con dichos cambios como con el desarrollo de las instituciones políticas y la creación de un sistema de partidos que compiten entre sí por el control del poder.

Se ha hablado mucho sobre cuál pudo ser el momento en el que terminó la fase de la llamada transición. La opinión dominante suele relacionar ese momento con la institucionalización de la alternancia de gobiernos como consecuencia de procesos electorales libres, cuyos resultados son admitidos sin grandes tensiones. Pero esta alternancia y este juego electoral exigen, para ser estables, que lo que se discuta en cada elección no sea la esencia misma del sistema económico; es decir, que la llegada al poder de un nuevo partido no implique un cambio radical en la forma misma de entender la organización social. Y tal cosa sólo ha podido conseguirse gracias a la aceptación general de los principios de la economía de mercado y a la extensión de la idea de que un sistema de libre empresa es una condición necesaria no solo para lograr un mayor bienestar social sino también para que España pueda integrarse definitivamente en ese pequeño grupo de países en los que la prosperidad acompaña al respeto de los derechos de sus ciudadanos.

Programas socialistas

Los años transcurridos desde el restablecimiento de la democracia han sido testigos de modificaciones sustanciales en los contenidos ideológicos de los partidos de la derecha y de la izquierda, si es que aun es posible seguir utilizando esta distinción, que cada día parece más obsoleta. Lo más llamativo de este proceso no es que ya no queden apenas franquistas. Tal cosa resulta perfectamente lógica; y lo raro sería que la derecha franquista tuviera fuerza todavía. Mucho más interesante es la evolución ideológica experimentada por el Partido Socialista, que, de presentar un programa económico claramente estatista e intervencionista en 1976, ha pasado hoy a defender principios que, aunque no tan liberales como a veces se dice, sorprenden a cualquier observador imparcial por el abandono de sus viejos dogmas y objetivos.

No es ocioso recordar algunos puntos concretos de tales programas. ¿En qué economía creía el Partido Socialista Obrero Español en 1976? Repasemos brevemente sus promesas electorales de aquel año. En 1976, además de defender como forma de Estado la república federal, el partido se declaraba socialista, marxista y autogestionario, admitía sólo la propiedad individual en pequeña escala y se oponía a que los accionistas pudieran ser propietarios de las empresas; y, al mismo tiempo, defendía la nacionalización de la gran banca, de la siderurgia integral, de la CAMPSA, de las compañías de seguros, de las minas de carbón, de las empresas eléctricas, del transporte colectivo y de las compañías de agua y gas.

Nunca deberíamos olvidar que la economía de mercado exige, además de libertad, una actitud de respeto a la ley y de neutralidad por parte del Estado, que la sociedad española debería asumir como uno de sus objetivos en los próximos años.

Nada ha quedado, afortunadamente, de tales objetivos. Y parece que en lo único en lo que el partido ha sido fiel a su viejo programa ha sido en llevar a la práctica un fuerte crecimiento de la presión fiscal. Pero esto lo que significa es la aceptación, con limitaciones, de los principios de la socialdemocracia europea, según los cuales la riqueza debe producirse en un marco de libertad económica y la intervención del Estado debe limitarse a su redistribución mediante un sistema fiscal fuertemente progresivo. Es cierto que esta idea está también en crisis en el mundo actual; pero no puede negarse que el paso que nuestros socialistas han dado hacia la economía de mercado ha sido muy importante.

Desprestigio de las instituciones

Esta actitud favorable hacia la libertad económica ha ido acompañada, sin embargo, de un llamativo desprestigio de numerosas instituciones —mercantiles y no mercantiles— que poco favorece a nuestra economía. Un rasgo preocupante es el desprecio general por la ley y el derecho que, a lo largo de los diez últimos años, se ha ido extendiendo por la administración pública y sus órganos de gobierno. La idea de que cualquier método es válido para lograr el objetivo buscado y de que la ley debe subordinarse al gobernante cuando convenga, ha cobrado, por desgracia, carta de naturaleza en nuestra vida pública.

El caso Rumasa fue una clara ilustración de esta forma de entender las cosas. El que un ministro dijera públicamente que no pensaba acogerse a las leyes vigentes —las relevantes aquí eran las leyes concursales y la de expropiación forzosa— por considerar que no eran eficientes, supuso una violación consciente y declarada de los principios básicos de una economía de mercado. Las leyes ineficientes deben cambiarse, pero no pueden dejarse de lado y sustituirse por un decreto cuando convenga, sin poner en peligro todo el entramado institucional que sirve de soporte a la economía.

El principio de que la ley ha de ser general e igual para todos, y de que el Estado no debe tomar partido por un particular frente a otro, si ambos actúan dentro del marco legal, ha sido muy frecuentemente olvidado en los últimos años. Los ministros de economía no han sabido, o no han querido, trazar una clara frontera entre el sector público y el privado, lo que ha dado lugar a numerosos rumores de intervención pública al margen de la legalidad, informaciones privilegiadas, favores y corruptelas, que han enseñado a la gente a valorar más una amistad o una buena relación con un cargo público relevante que el respeto mismo a la ley. Y esto nos acerca mucho más a la vieja tradición de regulación y paternalismo que a una economía de mercado. No basta creer en la ortodoxia monetaria y fiscal para ser liberal. Hace falta algo más.

Los ministros de economía no han sabido, o no han querido, trazar una clara frontera entre el sector público y el privado, lo que ha dado lugar a numerosos rumores de intervención pública al margen de la legalidad.

¿Qué podemos esperar del futuro? No parece que, en estos momentos, pueda pensarse siquiera seriamente en interrumpir la marcha hacia una economía más abierta y menos regulada. Nos guste o no, la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea va a significar una limitación sustancial de los grados de libertad de nuestra política económica. Pero nunca deberíamos olvidar que la economía de mercado exige, además de libertad, una actitud de respeto a la ley y de neutralidad por parte del Estado, que la sociedad española debería asumir como uno de sus objetivos en los próximos años.