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La financiación universitaria: más dinero público y privado

Este artículo no trata de aportar ni una descripción del panorama de la financiación universitaria ni incluso una visión más crítica de la situación financiera del sistema público universitario español, sino de sugerir, por un lado, aquellos aspectos de la financiación universitaria que son manifiestamente mejorables y necesitan reformas, algunas urgentes como es el caso del diseño de los modelos de financiación por parte de los gobiernos autonómicos o la puesta en marcha de contratos-programa por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (en adelante, Ministerio de Educación) y, por otro lado, anticipar las nuevas estrategias hacia una universidad emprendedora y de captación de fondos de origen filantrópico que faltan o son muy testimoniales en el sistema universitario español.

APALANCAMIENTO DE LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA A NIVEL REGIONAL

Cuando en Europa el modelo de financiación con más predicamento de las universidades modernas e innovadoras es el performance-based fundingo financiación por resultados

o desempeño, en España, con el pretexto de la crisis, hemos dado un paso atrás. Hace dos décadas la Comunidad Valenciana fue pionera, incluso entre las regiones europeas, a la hora de fijar un novedoso modelo que introducía una parte de la financiación universitaria por objetivos, y la siguieron otras comunidades autónomas. Desafortunadamente, en muchas de ellas se ha dejado o se ha perdido el uso regular de indicadores y la recogida sistemática de datos (financieros y no financieros) para las fórmulas, contratos-programa o similares que se establecían entre las universidades y el gobierno de cada territorio.

En la actualidad, no solo se ha paralizado la financiación por objetivos, sino que han desaparecido o quedado en suspenso los modelos de «supervisión» política de las administraciones educativas competentes, puestos en marcha con gran predicamento hace dos décadas. Los gerentes de las universidades utilizan su «bola de cristal» para averiguar por dónde irá la financiación en los próximos años y los rectores hacen equilibrios para no perjudicar a sus universidades y mantener el statu quo en el reparto de los recursos que, en la mayoría de los casos, se traduce en el mismo monto de financiación o un porcentaje de reducción con respecto al año anterior. En definitiva, hemos pasado de modelos «incrementalistas» en algunas regiones o de algunos modelos modernos de financiación universitaria que intentaban introducir cierta eficiencia en el uso de los recursos, con un sistema de indicadores que servían de incentivo o acicate a las universidades, a modelos o planteamientos «reduccionistas».

En esta encrucijada de financiación y diferenciación son los responsables de la política universitaria los que tienen algo que decir ante el cambio de la situación económica y el cambio silencioso de las estrategias de las propias universidades y mover ficha en el tablero de la financiación universitaria, retomando la costumbre de los modelos de financiación universitaria para conseguir volver a contar con una financiación plurianual más estable y que premie el esfuerzo docente e investigador y que permita hacer planificación estratégica a las universidades e introducir de nuevo transparencia a la hora de establecer unas reglas del juego conocidas y comunes para todas las universidades de un mismo territorio. Además, se torna necesaria una reforma que puede ser original en el sentido de que no solo una parte de los fondos se vinculen a los resultados (auténtico modelo performance-based) sino que también una parte de la financiación recurrente (que se utiliza para cubrir los gastos corrientes y que suele vincularse a indicadores de inputs), este basada en el desempeño y que, como señalan Cabrales y Felgueroso los resultados, por los que se paguen a las universidades sean exigentes.

En el fondo, esta nueva filosofía supondría una suerte de rendición de cuentas a través de la propia financiación pública recibida de las comunidades autónomas que fueran capaces de implantar de nuevo estos modelos de financiación universitaria que incentivan la eficiencia.

LOS CONTRATOS-PROGRAMA COMO MOTOR DEL CAMBIO A NIVEL ESTATAL

El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Economía y Competitividad tienen entre sus competencias la financiación de la investigación y el conseguir una modernización de las universidades españolas, alineados con el resto de gobiernos europeos. En Europa, al igual que en otros continentes, se pusieron en marcha Programas de Excelencia Internacional Universitaria para potenciar ecosistemas científicos, tecnológicos e innovadores.

En concreto, en Francia se creó el programa de Excelencia Internacional francés que ha tenido tres denominaciones distintas que se corresponden con tres modelos bastante diferenciados entre ellos. Cada uno ha ido introduciendo mejoras sobre el anterior y el último, el llamado Iniciativas de Excelencia (Initiatives d’excellence-idex) puesto en marcha en mayo de 2012 fue el programa más ambicioso de los tres, no solo por el monto de financiación (7,7 billones de euros) sino porque tenía como objetivo ayudar a establecer un grupo de «buques insignia» de entre cinco y diez universidades y centros de investigación dentro del entramado complejo del sistema universitario francés, agrupando universidades y grandes escuelas con gran tradición. Así, se consiguió reducir el número de universidades que recibían la etiqueta de excelentes, veintiséis candidatas seleccionadas en el primer programa pres de 2006, doce campus en la operación Campusde 2008 y finalmente, solo ocho idex en 2012 con más de 850 millones de endowments cada uno, cuatro situados en el área de París (Île-de-France) y los cuatro restantes en Estrasburgo, Burdeos, Marsella y Toulouse.

Además, a todos ellos se les exigía un nuevo modelo de gobernanza bien estructurado. Por este motivo fue seleccionada la «nueva marca» Universidad de París Ciencias y Letras (Paris Sciences et Lettres, psl), uno de los primeros IDEX nominados ya que consiguió agrupar a un número importante de prestigiosas instituciones entre sus miembros fundadores (Collège de France, Chimie ParisTech, École Normale Supérieure, espciParisTech, Institut Curie, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine and Association Art et Recherche) y sus miembros asociados (Mines ParisTech, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, La Fémis —École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son—, Institut Louis-Bachelier, Fondation Pierre-Gilles de Gennes pour la recherché, Rothschild Foundation, Lycée Henri-IV), así como centros de investigación (cnrs e insermcomo miembros fundadores e inria como miembro asociado) y fue capaz de establecer un modelo de gobernanza a semejanza de las universidades anglosajonas con un PSLBoard formado por 26 miembros, incluidos presidente y vicepresidente, una Academic Assemblyintegrada por tres a siete miembros de cada institución y un Steering Committe conformado por diez científicos de reconocido prestigio internacional, a lo que se suma un riguroso proceso de evaluación externa. Como se puede intuir, estamos ante una verdadera revolución para el sistema universitario francés que hasta ahora había sido muy tradicional al tiempo que con unos sistemas de gobernanza anclados en el pasado.

En España, en el caso del programa Campus de Excelencia Internacional, se concedieron etiquetas de dos tipos nacional y regional en las tres convocatorias: nueve cei (cinco de etiqueta nacional y cuatro regional en 2009), catorce CEI en 2010 y 8 CEI en 2011 que fue la última convocatoria con nominaciones. En total, se concedieron treinta y un CEI a lo largo de todo el territorio español, lo que abarcaba a todas las universidades públicas y a más de la mitad de las universidades privadas. Evidentemente, el resultado es muy distinto en el caso español frente al francés, mucho más selectivo y orientador de las islas de excelencia dentro del sistema.

Las políticas del gobierno de España dirigidas a promover la excelencia universitaria no se han concentrado, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, en la promoción de las mejores universidades, como inicialmente se pretendía con mayores recursos (especialmente, vía préstamos avalados por los gobiernos autonómicos), sino que se ha desvirtuado el objetivo inicial y los CEI han servido para incrementar la calidad general de todas las instituciones seleccionadas, habiéndose diluido su impacto para impulsar universidades de excelencia investigadora reconocida a nivel mundial. A nuestro entender, no se ha alcanzado uno de los objetivos iniciales del programa nacional de acumulación de recursos en las mejores universidades, que pudiera haber implicado una discriminación comparativa en términos de recursos entregados al resto de universidades y, tampoco el buscado aumento por parte del Ministerio de Educación de las diferencias entre universidades, en términos de especialización y diversificación.

No obstante, de forma muy embrionaria, el programa cei ha perfilado un mapa de la especialización universitaria por áreas de conocimiento en España, aunque desequilibrado e incompleto. A la vista de este «mapa de conocimiento» se trata de establecer ahora contratos-programa entre el Ministerio de Educación, como motor del cambio, y algunos de los más destacados CEIO universidades fuertemente investigadoras que incorporen el compromiso por obtener la máxima excelencia a nivel internacional en el plano de la investigación e innovación. Los anteriores contratos-programa que se han desarrollado en España entre universidades y autoridades educativas se concebían como un compromiso para la mejora de la calidad universitaria. En este caso, se trataría de un cambio de filosofía que permitiría dar un salto para reconocer el talento e impulsar la innovación científica y tecnológica que despunta en el país y aquella que busque la colaboración internacional.

Dichos contratos-programa vincularían una serie de abundantes recursos durante un periodo preestablecido (quizás con la misma fórmula financiera de Francia de endowments) para premiar a aquellos CEI o universidades con resultados destacados nacional o internacionalmente, cofinanciando nuevos programas concretos, bien los que han resultado más competitivos internacionalmente o aquellos con mayor impacto en el entorno por su carácter innovador.

HACIA UNA UNIVERSIDAD MÁS EMPRENDEDORA

Si queremos que las universidades españolas dispongan de más recursos para ser capaces de competir en el mercado global de la educación superior, lo más importante es que cuenten con financiación suficiente, y parece necesario que se acerquen a las necesidades de la sociedad y la economía del conocimiento. Para ello tiene que reinventarse en muchos sentidos, con nuevas misiones y con nuevos compañeros de viaje, stakeholders externos que sean capaces de financiar más audazmente a los centros de producción del conocimiento científico e innovador.

De hecho, algunas universidades europeas de mediano tamaño han evolucionado desde un modo pasivo a otro más activo hacia un perfil más emprendedor, independientemente de su tamaño, como son los casos de las universidades de Warwick y Plymouth (en Inglaterra), Swansea (en Gales), Stratchclyde (en Escocia), Twente (en Holanda), Chalmers (en Suecia) o Joensuu (en Finlandia). Así, estas universidades se han transformado en potentes instituciones de transferencia del conocimiento a través de creación de empresas de base tecnológica (start-upsy spin-offs), contratos con empresas, cátedras de patrocinio, y convenios con los sectores del tejido productivo del entorno capaces de absorber el conocimiento multidisciplinar generado por la universidad y producir un intercambio provechoso para ambas partes en el sentido no solo científico sino también económico a través de la venta de estos servicios al sector privado.

En algunas universidades públicas españolas han comenzado a diseñarse nuevas estrategias en el terreno del incremento de los ingresos de origen privado que tienden a transformar la situación de la universidad española más orientada hacia el gasto, por la propia estructura de la organización. Según Jordi Montserrat, el concepto de universidad emprendedora se acuña para identificar «un modelo en el que tiende a desaparecer la cultura del subsidio o subvención y la organización se abre al entorno social para participar proactivamente en la captación de recursos del mercado, cumpliendo al tiempo su función de responsabilidad en el desarrollo tecnológico. Estos modelos no garantizan por sí mismos y en el corto plazo incrementos significativos de los ingresos, pero ponen las bases para posicionarse en un marco de creciente competencia y paulatina selección de las universidades en base al modelo de universidad emprendedora serán más capaces de identificar nuevas fuentes de recursos, obtener las máximas rentabilidades de su patrimonio y contribuir más eficazmente al cumplimiento de las funciones que la sociedad las exige». Es muy probable que el crecimiento y la mayor parte de los nuevos recursos que lleguen a la universidad europea y española en los próximos años provengan de cofinanciadores de la I+D+i a nivel europeo y del sector privado.

Son muchos los cambios en la parte de búsqueda de financiación privada que se pueden acometer y muchos los «modelos de negocio», si queremos tener instituciones de mayor calidad capaces de competir en el contexto internacional, pero cada institución debe establecer sus propias estrategias y dirigir una parte de sus esfuerzos en transformar la actividad investigadora y de innovación en un verdadero ecosistema científico e innovador capaz de generar más fondos. Por supuesto, el transformarse en una universidad emprendedora será una decisión libre de cada institución, de sus líderes y de la comunidad universitaria que la integra, y de ninguna manera, puede venir forzada desde el gobierno de España o los gobiernos autonómicos para llegar con éxito a su transformación.

LA OFICINA DE FUNDRAISINGCOMO EMBRIÓN DE LA CAPTACIÓN DE FONDOS DE ORIGEN FILANTRÓPICO

Aunque en el caso de las universidades públicas, por su misión y visión, existe un desarrollo institucional (lo que se denomina Development & Institutional Advancementen terminología anglosajona) o método integrado y sistemático para incrementar el apoyo a la universidad de la sociedad, la realidad es muy distinta. Así, para que los diferentes stakeholdersdonen o colaboren con la institución, o bien participen activamente en la estrategia de captación de fondos, será necesario apelar a las inquietudes personales de los antiguos alumnos (alumni), grandes fortunas o donantes, fundaciones, instituciones sin ánimo de lucro y su compromiso con la universidad, para mostrarles el buen desempeño de la organización (lo que se denomina organizational performance) y la importancia de la universidad en su entorno.

En un trabajo muy reciente de Bastedo, Samuels y Kleiman se llega a la conclusión de que es importante el liderazgo carismático de los presidentes de universidades americanas no solo para el número de solicitudes de inscripción o matrícula, sino también para la cantidad de donaciones financieras que reciben las instituciones, muy necesarias en las universidades privadas y religiosas. De hecho, en Estados Unidos las universidades estatales cuentan con un porcentaje de financiación privada importante, en algunos casos superior al 50%, y aunque las donaciones filantrópicas han caído en estos últimos años, las universidades estatales están intentando relanzar sus campañas de fundraising, como es el caso de la Georgia State University, Atlanta.

Precisamente, una de las características a nivel de financiación universitaria que diferencia a las universidades públicas de las privadas en España, es que en el caso de las públicas la captación de fondos privados filantrópicos no existe o está muy poco desarrollada, mientras que está muy consolidada en algunas universidades privadas como la Universidad de Navarra y la ieUniversity, que debido a su vinculación con sus respectivas escuelas de negocio, presentan una estrategia y estructura de atención a los alumni altamente desarrollada, donde además todas las actividades de fundraising cuentan con una dilatada trayectoria.

Pero no se puede acusar de esta carencia a las universidades públicas españolas, en general, en Europa no se puede hablar de una amplia cultura de filantropía aplicada a las universidades públicas, como existe en Estados Unidos, salvo contadas excepciones, lo cual resulta patente a la vista de los escasos recursos obtenidos a través de esta vía, un exiguo 4% de los fondos de 150 universidades europeas seleccionadas para un estudio por la European University Association en 2011. Pero no es solo la falta de «cultura de pedir» y «cultura de dar», sino también de unos sistemas fiscales nacionales no preparados para promover y proteger su desarrollo en muchos países europeos, incluido el nuestro, y la carencia en las instituciones públicas universitarias de sistemas eficaces de captación de fondos de fuentes filantrópicas a través de oficinas de fundraising dedicadas exclusivamente a esta actividad de comunicación y con una gestión profesionalizada.

En el caso de las universidades públicas españolas, no parece lógico definir una nueva estrategia de captación de fondos filantrópicos sin más, sino que se deben tener muy en cuenta las características y el entorno económico y social. En concreto, en algunas universidades se puede apostar por un modelo que se concentre en las grandes fortunas y las fundaciones próximas a su entorno, mientras que en las universidades de mayor tamaño se pueden focalizar los primeros esfuerzos en apelar el compromiso de los alumni, que en muchos casos tienen perfiles profesionales de prestigio a nivel internacional, con su universidad y se pueden crear Oficinas Alumni como embrión del fundraising. No obstante, todos estos cambios deben ser inmediatos porque tienen un largo recorrido y requieren inversiones iniciales importantes para las cuales, las universidades necesitarán no solo del apoyo privado sino también del apoyo del sector público con el establecimiento de un marco legal mucho más favorable (nueva Ley de Mecenazgo, incentivos fiscales, etc.).

A mi modo de ver, como ocurre en Estados Unidos y otros países de corte anglosajón, la clave está en que los principales líderes universitarios europeos y españoles empiecen a estar muy implicados en la estrategia de fundraising de sus universidades y se encuentran alineados y vinculados casi diariamente con las diferentes actividades llevadas a cabo por la oficina de fundraising, como sucede con el presidente, vicepresidente y el decano de decanos, en los sistemas de fundraising con alto grado de madurez e importante volumen de recaudación de fondos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es preciso reconocer que los esfuerzos que, periódicamente, en tiempos de bonanza se han hecho para mejorar la financiación del sistema universitario público español han sido muchos en los últimos treinta años, tanto por parte del gobierno de España como por parte de los gobiernos autonómicos, pero es necesario admitir que la financiación universitaria tiene todavía muchas limitaciones y ninguna de nuestras instituciones públicas están preparadas económicamente hablando para poder competir a nivel mundial en el mercado de la educación superior y posicionarse en los rankings mundiales por debajo de los 150 primeros puestos.

La universidad pública española tiene que reinventarse para conseguir más dinero público y privado y se necesita un giro radical, ya que un cambio silencioso, lento y gradual para conseguir más fondos no es suficiente para surtir el efecto deseado para competir a nivel europeo y mundial.

 

La financiación de la universidad española

EL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Todo Estado moderno dedica un porcentaje muy importante de su gasto a la educación de sus ciudadanos. Esto significa que, a través del sector público, se canalizan, de forma coactiva, importantes recursos hacia el sector educativo; o, en otras palabras, los ciudadanos tienen que dejar de consumir determinados bienes y servicios para que, con los fondos correspondientes, el Estado pueda ofrecer servicios educativos con carácter gratuito o a un precio inferior a su coste de producción.

¿Cuál es el argumento económico que justifica que todos los contribuyentes tengan que pagar por servicios educativos que, en muchos casos, ni ellos, ni sus familiares más próximos utilizarán, como es el caso de la educación universitaria? La causa principal hay que buscarla en el hecho de que la educación tiene algunas características que la diferencian sustancialmente de otros sectores económicos. Si en la mayoría de los bienes de mercado es el comprador el único beneficiario de su consumo, en el caso de la educación toda la sociedad obtiene, de una u otra forma, ventajas de las inversiones en formación de capital humano. Para un empresario, por ejemplo, es preferible ejercer su actividad en una sociedad de personas bien cualificadas que en otra en la que no pueda encontrar trabajadores con el nivel de formación deseado. Y para cualquier persona es más agradable convivir con personas educadas que con otras que no lo son. Por lo tanto, aunque cada persona individualmente considerada, sea la principal beneficiaria de sus inversiones en educación, estas generan, en un cierto grado, beneficios para toda la sociedad. Se trata de «beneficios externos», en el sentido de que quien realiza la inversión no se apropia de la totalidad de ellos. Y es un resultado conocido de la teoría económica que, cuando existen beneficios externos, los bienes que los generan —la educación, en nuestro caso— son producidos en cantidad inferior a la óptima desde el punto de vista social. La solución de este problema es que la sociedad que, en su conjunto, se beneficia de las inversiones en educación, contribuya a su financiación mediante subsidios que permitan que aquella se ofrezca a precios por debajo de su coste.

Una matización relevante hay que hacer, sin embargo, con respecto a la aplicación de este argumento a la política educativa. Si todo gasto en educación da origen a beneficios externos, la importancia relativa de estos no es la misma en todos los niveles educativos. Con mayor precisión, cuanto más bajo es el nivel de educación, mayor es la ratio beneficio público/beneficio privado de cada euro invertido. Y, por tanto, la financiación pública debería ser relativamente más importante en la enseñanza primaria y secundaria que en la enseñanza universitaria. Y esto es así en la realidad, ya que la primera se ofrece por el Estado de forma totalmente gratuita, mientras que en la segunda se cobran unas pequeñas tasas.

Al llegar a este punto, conviene recordar que financiación pública de la enseñanza universitaria no es lo mismo que enseñanza pública. De acuerdo con lo apuntado más arriba, el fundamento económico de la financiación pública es el mismo para el caso de un sistema basado en centros públicos que para otro en el que convivan los centro públicos con los privados. La opción por un sistema u otro puede basarse en criterios muy diversos (preferencia por la educación estatal o privada, prioridad de determinadas ideas sociales o religiosas, eficiencia relativa de unos y otros centros, etc.) pero no afecta a la racionalidad económica de que un determinado porcentaje mayor o menor del gasto público se dedique a financiar los estudios de los universitarios.

MODELOS DE FINANCIACIÓN

Dos son, básicamente, las formas mediante las que el Estado financia, en nuestro país, la educación superior. La primera consiste en el suministro de servicios educativos por parte de la administración pública a precios muy inferiores al coste del servicio. La segunda consiste en ayudas monetarias a los estudiantes, que pueden adoptar la forma de becas o préstamos. Estos métodos de financiación no son incompatibles entre sí; por el contrario, lo normal es que se apliquen de manera simultánea. En España, actualmente, la financiación pública de la educación se basa en la existencia de unas tasas universitarias muy inferiores al coste y en un sistema de becas basado en el doble criterio del nivel económico del solicitante y su rendimiento académico. Caben serias dudas, sin embargo, con respecto a la eficiencia del modelo y a su viabilidad futura.

La financiación de un servicio público mediante una tasa se basa en el principio del beneficio —paga quien hace uso del servicio— y se aproxima, por tanto, al modelo de mercado más que la financiación mediante impuestos. El problema surge cuando se diseña un sistema de tasas de naturaleza tal que solo una pequeña parte del coste es financiado mediante este tipo de ingresos y el resto debe cubrirse por vía impositiva. En España las tasas —con variaciones entre las distintas carreras— financian hoy menos del 20% de los costes de la enseñanza universitaria. No es este modelo exclusivo, desde luego, de nuestro país. Por el contrario, es el habitual en la Europa continental, en algunos de cuyos países las tasas son aún más reducidas que en España. Desde el punto de vista económico, la financiación mediante tasas subvencionadas en un grado tan alto tiene, sin embargo, muy poco sentido. Si anteriormente se justificó el gasto público en educación a partir de un modelo de efectos externos, de acuerdo con el cual la no existencia de financiación pública daría origen a un volumen de educación universitaria inferior al óptimo, unas tasas subvencionadas a más del 80% producirán un exceso de demanda de los servicios de educación superior y un elevadísimo gasto público cuya lógica es muy discutible en muchos casos. Es cierto que, por la existencia de beneficios públicos, las tasas no tendrían que llegar al 100% del coste del servicio ofrecido. Pero, dado que, en la educación superior, la razón beneficio público/beneficio privado es relativamente baja, se debería tender a que las tasas cubrieran la mayor parte del coste de la enseñanza universitaria. Una subida de tasas es, por tanto, una condición básica para introducir unos mínimos criterios de racionalidad en la financiación de la universidad española. Y, en este sentido, la reforma que el gobierno británico realizó hace algunos años, consistente en elevar las tasas universitarias hasta en un trescientos por ciento, a partir de cifras bastante más elevadas que las españolas, debería servir, cuanto menos, de tema de reflexión en el resto de Europa.

El problema de una deficiente asignación de recursos como consecuencia de tasas muy inferiores a los costes no es sino un caso concreto de un problema económico más general: la ineficiencia de los programas basados en la reducción del precio de un bien o servicio frente a los programas basados en la subvención directa a los consumidores o usuarios del servicio. Y esta distorsión se agrava, en nuestro caso por el hecho de que, en la educación superior puede existir una oferta educativa amplia, variada y competitiva. En tal situación, la ayuda directa al estudiante no distorsiona la elección del centro educativo; distorsión que sí se produce, en cambio, si la subvención se realiza mediante la reducción de las tarifas que se cobran en los centros públicos.

Conviene señalar, por fin, que tasas tan bajas como las hoy existentes no pueden justificarse tampoco con argumentos de equidad e igualdad de oportunidades. La razón es clara. Las tasas bajas ni son equitativas ni fomentan la igualdad de oportunidades simplemente porque suponen una subvención por igual a todos los usuarios independientemente de cuál sea su nivel económico.

Las ayudas públicas a la educación superior deberían, por tanto, incidir más en las ayudas directas al estudiante universitario que en las tasas subvencionadas de los centros públicos. Una posible solución a este problema consistiría en ofrecer directamente a los estudiantes buena parte de los fondos que se utilizan hoy para reducir las tasas que se pagan en las universidades públicas. Con el sistema actual es la universidad pública la que recibe los fondos suministrados por la administración y con ellos ofrece sus servicios educativos. Una alternativa consistiría en que la administración dedicara tales fondos a los estudiantes, quienes podrían utilizarlos en la universidad pública o privada que consideraran conveniente. En pocas palabras, se trataría de aplicar a la enseñanza superior un modelo similar a los proyectos de bono escolar que se han propuesto en numerosas ocasiones para la educación no universitaria.

Otra fórmula de financiación de la enseñanza universitaria es el desarrollo de un programa de préstamos a los estudiantes. Dado el rechazo que este tipo de programas con frecuencia despierta, conviene señalar las ventajas que un sistema de préstamos tendría en el marco del actual sistema universitario español. El beneficio al que suele hacerse referencia con más frecuencia es la reducción del gasto público que se conseguiría con una sustitución parcial de becas por préstamos. O, alternativamente, al mayor volumen de recursos que se liberarían para otras actividades en el campo de la educación si se consiguiera que los estudiantes devolvieran parte de los recursos recibidos del Estado una vez integrados en el mercado de trabajo. Pese a lo indudable de esta ventaja, no parece que sea, sin embargo, el principal beneficio económico de un sistema de préstamos. Aunque los fondos públicos destinados a la educación superior son, por definición, limitados, su cuantía depende siempre de una decisión política y de la valoración que se haga del coste de oportunidad de la financiación pública de la educación universitaria; es decir, del valor que se atribuye a los bienes y servicios a los que hay que renunciar para invertir en educación.

Las principales ventajas de este modelo deben buscarse, en cambio, en el campo de la asignación de recursos. Por una parte, el sistema permite una identificación más precisa entre los beneficios privados obtenidos por los estudiantes y la financiación de su educación. El sistema de préstamos se basa en la idea, antes apuntada, de que la educación universitaria genera beneficios privados para el estudiante que suelen manifestarse, entre otras cosas, en mayores ingresos en el mercado. La financiación privada de tales inversiones es —con las matizaciones de los efectos externos positivos antes realizadas— rentable. El problema no radica, por tanto, en la falta de rentabilidad privada, sino en la dificultad de conseguir financiación en el mercado para una inversión de cuyo resultado el prestatario puede ofrecer pocas garantías. Y es precisamente en este punto en el que el Estado tiene un papel importante que desempeñar.

De lo anterior se deriva un segundo argumento de eficiencia, consistente en el mayor aprovechamiento que hay que esperar por parte del alumno. El estudiante, con este sistema de financiación, es consciente de que su formación universitaria supone una inversión por la que tendrá que pagar en el futuro, por lo que serán mayores los incentivos para aprovechar los servicios educativos que se le ofrecen. Esta ventaja resulta especialmente interesante en la educación universitaria española de nuestros días, una de cuyas características más llamativas es precisamente el bajo rendimiento académico de los alumnos, que prolongan sus estudios durante muchos años y elevan así el coste que debe sufragar el sector público. Si el alumno obtuviera una financiación para sus estudios, que, al mismo tiempo, le obligara a tener en cuenta que debe reembolsar buena parte de los gastos realizados, sus incentivos para un rendimiento más elevado en sus estudios serían mucho mayores.

Por todo ello, el modelo de financiación de la enseñanza universitaria que aquí se sugiere es un modelo mixto, caracterizado por el mantenimiento de los dos instrumentos actuales, tasas y becas, la extensión del sistema de préstamos y la introducción de una nueva figura: el bono universitario. Esto implicaría cambios profundos en el modelo actualmente vigente. Las tasas universitarias deberían subir sustancialmente, y la subvención —en forma de bono— debería poder aplicarse tanto a los centros públicos como a los privados. Se reduciría el gasto en becas, que deberían limitarse a los casos de los estudiantes más necesitados, y se pondría en marcha un amplio programa de préstamos subvencionados y garantizados por el Estado, que recuperaría sus inversiones mediante pagos en el impuesto sobre la renta de quienes disfrutaron de dichos préstamos.

LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La financiación pública de la enseñanza superior tiene también otros efectos al margen de la función docente y de formación del capital humano de los estudiantes. En las universidades, además de enseñar unas determinadas ciencias o técnicas, se realizan actividades de investigación, que pueden tener efectos positivos importantes para el desarrollo económico de un país. Poca duda cabe hoy con respecto a la relación positiva que existe entre el gasto en investigación y la capacidad industrial y el crecimiento económico de un determinado país. Por ello cabe hablar también de efectos externos positivos en lo que se refiere al gasto en investigación que realizan las universidades.

Hay que señalar que, para el estudiante, estas actividades de investigación tienen un interés limitado. Solo le afectarán en cuanto signifiquen un mejor nivel de su profesorado o le ayuden directamente en los casos en los que el propio estudiante intente seguir una carrera docente o investigadora. Pero lo que la mayoría de los estudiantes busca no es un centro creador de ciencia, sino una universidad en la que la instrucción tenga el mejor nivel posible y de la que salga preparado para conseguir un empleo bien remunerado. Dado que en este artículo se defiende que los estudiantes financien el coste de sus estudios universitarios en un grado mucho mayor que en la actualidad, debido a que van a obtener de ellos un sustancial beneficio privado, no tendría sentido pretender que el gasto en investigación deba ser financiado por las tasas universitarias. Por el contrario, y debido a los efectos externos positivos antes señalados, cabe defender aquí una financiación diferente, en la que el sector público y el sector privado deberían colaborar estrechamente.

A este respecto convendría distinguir entre los diversos tipos de investigación que llevan a cabo las universidades. Por simplificar el problema, es posible distinguir entre investigación básica y aplicada. Y, a partir de aquí, es posible aplicar el mismo criterio de la ratio beneficio público/beneficio privado ya utilizado en el análisis de la financiación pública de los diferentes niveles de educación. Dado que dicha ratio es superior en el caso de la investigación básica, la inversión pública debería incidir fundamentalmente en este tipo de investigación. Como la investigación básica difícilmente ofrece rentabilidad directa a corto plazo al sector privado, la financiación privada, en este caso, debería realizarse mediante el mecenazgo de fundaciones o empresas; para lo cual resultaría muy conveniente una reforma de la legislación sobre mecenazgo hoy vigente. En lo que a la investigación aplicada respecta, el beneficio que de ella pueden obtener las empresas permite el desarrollo de un sistema de contratos entre estas y los departamentos universitarios en cada sector productivo.

UNA REFLEXIÓN FINAL DESDE LA TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA

¿Tienen propuestas de esta naturaleza posibilidades reales de ser aplicadas hoy en España? En el campo de las políticas públicas, la eficiencia de una posible reforma no es, ciertamente, el único factor determinante de su éxito o fracaso. Si algún gobierno intentara llevar a cabo en España los cambios sugeridos en este trabajo, encontraría, ciertamente, una fuerte oposición en numerosos ámbitos de la sociedad española. Y uno de los principales sería el de los órganos de gestión de las propias universidades públicas. Con el actual modelo, los responsables de estos órganos no tienen, ciertamente, interés alguno en cambiar las cosas. Creo, por tanto, que la reforma del modelo de financiación exige introducir también cambios sustanciales en el gobierno de los centros de enseñanza superior. Si en vez de tener rectores que, a menudo, se comportan como políticos y tienen que pactar con sus electores para mantenerse en el cargo, tuviéramos presidentes profesionales —similares a los de las universidades norteamericanas— que respondieran de su gestión económica ante quienes representan a los financiadores —las comunidades autónomas, en nuestro caso— las cosas podrían ser muy diferentes, y la reforma de la financiación se podría llevar a cabo en un marco institucional más adecuado. „

Los retos de la universidad 2.0

SOBRE UNIVERSIDAD 2.0

Desde 2009 celebramos encuentros anuales con especialistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) bajo la denominación «Universidad 2.0»1, poniendo énfasis en aquellos cambios que potencialmente contribuyen a la modernización de la universidad en sus vertientes más competitivas e innovadoras. Es un concepto más amplio que el de «Universidad digital». En muchos aspectos lo que se ha pretendido es identificar aquellos factores claves que definen la «universidad de nuestro tiempo», inducidos, eso sí, por las importantes transformaciones ligadas a la innovación y la tecnología. De hecho, este año 2014 se ha avanzado un paso más en el título del encuentro ha sido «Universidad 3.0: smart campus y nuevos modelos de innovación educativa».

Cabrían pues dos acepciones o interpretaciones bajo el epígrafe de «Universidad 2.0». Una, referida a todo un conjunto de acciones para modernizar a la universidad con las que se han venido denominando «Nuevas Tecnologías» y otras las implicaciones y alcance que las mismas provocan en el modelo actual de universidad. En este artículo procederé a una integración de ambas.

UNIVERSIDAD DIGITAL VERSUS SOCIEDAD DIGITAL

En síntesis, como punto de partida, podríamos sostener que vivimos en una sociedad digital, en una nueva economía creativa basada en el conocimiento, cada vez más determinante de la competitividad de un país y de la capacidad de generar empleos cualificados.

Experimentamos una profunda y acelerada transformación que abarca a casi todos los sectores y las empresas. En algunos casos debiendo afrontar innovaciones altamente disruptivas y en otros implantando obligadas estrategias de digitalización (procesos productivos, comunicación, comercio y logística, marketing, nuevos pagos…).

Nos encontramos ya en una sociedad plenamente digital. Nuestros alumnos millenials o nativos digitales están familiarizados con herramientas y métodos tanto en el juego como en el aprendizaje que no encuentran en la universidad. Al mismo tiempo, las empresas exigen egresados con habilidades digitales y perfiles distintos de los que salen de nuestras aulas.

Las respuestas de las universidades parecen lentas y no siempre ajustadas a las demandas sociales. Hemos creado nuestra «zona de confort» universitaria, un ecosistema más analógico y endogámico que digital.

Negar que empieza a haber un brecha significativa entre la universidad que tenemos y las demandas sociales de nuestro tiempo es cuanto menos arriesgado para nuestras universidades en cuanto paraliza reformas imprescindibles. La imagen de abajo trata de sintetizar gráficamente la zona de confort universitaria y aquellos cambios ajustados a una sociedad de nuestro tiempo, más digital, global y competitiva.

zona_de_confort_universitaria.jpg

Hay una larga lista de sectores tradicionales que han sufrido un duro impacto derivado de las innovaciones disruptivas que tienen su origen en el desarrollo tecnológico acelerado (telefonía, viajes, industria editorial, marketing, música, cine…) y otras en ciernes (pagos, banca, comercio…). La pasividad a la hora de adoptar cambios y adaptaciones a las nuevas exigencias no parece buena consejera. Las universidades deberían tomar por sí mismas decisiones anticipadas e inteligentes. Sería además una vía de fortalecer la autonomía universitaria.

En un país como Estados Unidos con universidades que lideran los rankings mundiales se han abierto debates muy interesantes. Por ejemplo, sobre la naturaleza disruptiva de los MOOCs. O sobre la burbuja educativa, la «sobreeducación», e incluso las aptitudes de la formación universitaria actual vs las demandas de las empresas, algo que se ha reflejado de forma inequívoca en la morosidad e incluso quiebra del sistema de concesión de préstamos de los estudiantes, debido a las dificultades de encontrar empleos cualificados y acordes con sus perfiles formativos. El tema ha llegado a tal punto que medios como la CNN (Money) sostienen que la morosidad de los millenials universitarios está impidiendo la reactivación del propio mercado inmobiliario. Es ridículo pensar que nada de esto afecta a un país como España.

A efectos de dar cumplimiento a las demandas de la dirección de este número de la revista no seguiré recreándome en describir la situación existente sino de hacer propuestas «para resolver aquellas cosas que no funcionan bien». Concentraré mis propuestas en seis puntos.

IDEAS Y PROPUESTAS

1. Las universidades deben ser proactivas con los MOOCs y asimilar su naturaleza disruptiva. Renovación de las enseñanzas presenciales.

El tema de los MOOCs (Massive Online Open Courses) es analizado en este volumen, por lo que no me extenderé en detalles, además es objeto de un intenso debate en muchos países. Me limitaré a resaltar su naturaleza disruptiva para las universidades y sus implicaciones.

Que millones de alumnos se matriculen masivamente en los «cursos MOOCs» de plataformas como Coursera, Edex, Miriadax… es un indicador en sí mismo: hay una gran cantidad de estudiantes interesados en el aprendizaje digital. Sin embargo, que solo un 10% de media del total de estudiantes matriculados concluyan sus estudios es también otro indicador relevante: las universidades no estamos respondiendo correctamente a las expectativas de estos alumnos.

En algunos artículos de divulgación he puesto énfasis en que los materiales tradicionales simplemente «digitalizados» defraudan las expectativas de los alumnos que se matriculan en los moocs. Su cultura de aprendizaje digital la han adquirido desde muy jóvenes en Internet, con vídeos de Youtube, conectándose preferentemente con el móvil o una tableta y a través de entornos donde la interacción y la gamificación constituyen una motivación imprescindible para captar su atención.

Esta nueva cultura social exige una significativa transformación de los métodos universitarios actuales y muy especialmente de las actitudes y aptitudes del profesorado.

Los MOOCs son una oportunidad no solo para renovar nuestra enseñanza analógica tradicional y digital actual (el mero «empaquetamiento digital» de las clases tradicionales) sino también de innovar en nuestra enseñanza presencial a través de los potentes recursos digitales existentes actualmente a nuestra disposición y en su gran mayoría abiertos y gratuitos. A mi juicio, esta innovación digital debe tomarse muy en serio. Aquellas universidades que opten por enrocarse «estrictamente» en el contenido tradicional pueden verse desplazadas a medio plazo.

No se trata de competir con Stanford o el mit ofreciendo cursos de inteligencia artificial o de otro tipo. El gran reto está en promover la asimilación de los nuevos métodos de enseñanza digital en nuestras aulas actuales. Integrar los MOOCs y otros recursos en la enseñanza presencial actual.

Los MOOCs son una magnífica oportunidad para potenciar la colaboración interuniversitaria y potenciar una especialización coherente en cada universidad acorde con sus potencialidades y entorno2. También para hacer factible una formación más multidisciplinar y más personalizada para nuestros alumnos.

En definitiva, estamos hablando de una educación abierta, flexible, universalizada, más democrática y susceptible de alimentarse a través de un trabajo colaborativo a nivel mundial.

Queramos o no, un fenómeno como Wikipedia ha dejado en evidencia a las universidades, las cuales todavía seguimos editando en papel manuales «locales» muy lejos de la capacidad de integrar y de consensuar colaborativamente contenidos competitivos y suficientemente actualizados para el aprendizaje.

2. La investigación y nuestras ediciones digitales deben ser abiertas y socialmente relevante

La edición y la comunicación digital han sido como un tsunamique lo está cambiando todo. Disminución radical de costes, potentes herramientas y difusión sin límites en tiempo real. Y mucho más: se ha creado una cultura que prima compartir y abrir la información sin restricciones.

La forma en la que los ingenieros progresan con el código abierto (open source) constituye una llamada de atención sobre la eficiencia de nuestra actividad investigadora actual de otros muchos campos todavía anclados en sistemas cerrados y en métodos tradicionales.

Me refiero a una investigación cerrada, escasamente compartida, evaluada en entornos muy limitados y sobre todo socialmente irrelevante.

Un 90% de la investigación pública aplicada no conduce a nada, y en el mejor de los casos se plasma en invenciones y patentes que luego nadie quiere en el mercado, lo que produce un efecto doblemente perverso al bloquear esa línea de investigación durante al menos una década. Las «patentes curriculares» se convierten de facto en una rémora para el progreso porque no están destinadas a la innovación. El profesor Manuel Desantes, muchos años vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes en Múnich, lo ha subrayado valientemente en muchos foros.

La «investigación universitaria 2.0» debería ir asumiendo los principios que rigen el ecosistema del «código abierto». Hoy con logros impresionantes como, por ejemplo, ser capaz de generar una plataforma segura para las criptomonedas digitales (como Bitcoin) y cuya tecnología (blockchain) es reutilizada por empresas como Apple (sistema de pagos Apple Pay), por citar un ejemplo de su alcance entre los infinitos casos existentes.

Cierto que determinados protocolos científicos en muchas áreas especializadas distan de las características que son atribuibles a los ingenieros informáticos. Pero en cualquier caso, la relevancia de los progresos de la computación y el software debe constituir una fuente de inspiración para progresar hacia una investigación mucho más abierta y colaborativa. Difundible en tiempo real sin el incomprensible «protocolo» que la industria editorial y las revistas científicas de la era del papel todavía nos imponen.

En resumen, tenemos un sistema de investigación cerrado que se retroalimenta endogámicamente y es poco sensible a las necesidades de innovación de las empresas. Su escasa evaluación externa propicia en muchos casos irrelevancia social y una escasa difusión externa. Los cambios necesarios aquí son muy profundos. El actual sistema de sexenios de investigación, los métodos de evaluación, los sistemas de edición y difusión requieren una profunda transformación. Al igual que las regulaciones de la propiedad intelectual y las patentes.

3. Formación flexible y adaptada a la demanda. La hibridación de conocimientos y la demanda digital

Aunque bien temprano en el siglo pasado Ortega y Gasset nos previno de los riesgos de la excesiva especialización universitaria, hemos caído en la creación de auténticos compartimentos estancos y aislados de conocimiento. Incluso estos compartimentos llegan a tener problemas de comunicación entre sí dentro de una misma especialidad. Llevamos siglos parcelando el conocimiento. Lo que podría estar justificado metodológicamente para el progreso de la investigación, ha llevado a resultados muy restrictivos para la formación de nuestros estudiantes.

Los MOOCs por su flexibilidad constituyen una buena oportunidad para lograr la hibridación de conocimientos y dar respuestas rápidas a los cambios provocados por el desarrollo tecnológico y las innovaciones. Con ellos se ha reabierto un debate necesario y muy interesante.

Una gran parte de los nichos empresariales o de innovaciones competitivas están basadas en el desarrollo de conocimientos interdisciplinares o multidisciplinares. Hay materias como la computación o la nanotecnología que hibridan de forma muy productiva con casi todas las áreas de conocimiento. El trabajo en equipo para que sea efectivo impone derribar duras barreras de lenguaje y conceptuales.

El proceso de Bolonia ha actuado en dirección contraria. En muchos planes de estudios hemos «expulsado» la escasa diversidad disciplinaria. En las carreras mixtas la hibridación se intenta por yuxtaposición de conocimientos, no por integración real y generación de valor.

La experiencia muy difundida de la Aalto University en Finlandia hibridando materias como la economía, diseño gráfico y computación está dando resultados muy satisfactorios. Es un modelo a seguir.

Una abrumadora mayoría de los presidentes de las universidades de los Estados Unidos (tres cuartas partes de las universidades privadas e incluso un porcentaje superior en las públicas) piensan que los cursos híbridos tanto presenciales como online tendrán un impacto positivo en la educación superior3.

El desarrollo de Internet y sus herramientas ha supuesto una severa crisis para la formación curricular en estudios como por ejemplo periodismo o marketing. Al mismo tiempo se genera un gran número de vacantes laborales en nuevas especialidades. Solo el Internet de la cosas, la analítica, los datos masivos (big data) están llamados a crear cientos de miles de trabajo (vacantes) en la Unión Europea en los próximos meses, sin que las universidades tengan capacidad de dar respuesta a corto plazo.

En conclusión, urgen políticas universitarias que den respuestas rápidas y flexibles a las necesidades formativas del mercado. Al respecto no solo la formación continua o los cursos cortos, o incluso los moocs son suficientes. La hibridación y la identificación de demandas potenciales a corto plazo deben ser parte de la estrategia formativa de las universidades.

Bolonia exige una profunda revisión. Hay que plantear con valentía el valor artificial de la oficialidad de títulos vs la competitividad de una formación competitiva que se transforma en valor para las empresas y nuestra sociedad en general. Obviamente hay que decantarse por lo segundo aun admitiendo la necesidad de una formación básica, generalista…

Las universidades, dentro del uso de su autonomía universitaria, deberían tener completa libertad, dentro de unas directrices muy generales, para diseñar sus ofertas formativas guiadas por las señales del mercado, de las necesidades reales de la sociedad.

Los recursos públicos y la inversión pública, legítimamente, deberían asignarse a las universidades en función de la empleabilidad de sus egresados y del valor que su formación aporta a la sociedad. Seis millones de parados (o un coste de oportunidad de las inversiones cada vez más relevante) deberían dejar pocas dudas al respecto. Especialmente cuando la inversión pública en las universidades empieza a competir con las ayudas a la discapacidad, a las prestaciones sanitarias…

No es difícil construir buenas métricas al respecto, además, el valor de estas estadísticas sería inmenso para guiar las políticas gubernamentales y a las propias universidades.

4. La cultura emprendedora de nuestros alumnos y la implicación real de las universidades

Casi seis millones de parados sería una razón suficiente para convertir en absolutamente prioritario el desarrollo de una cultura emprendedora en nuestras universidades. Adicionalmente, la economía digital, la tecnología propicia un potencial enorme para nuestras universidades y nuestra sociedad.

Las reservas y restricciones y hasta recelo con el que ven muchas de nuestras universidades las empresas de base tecnológica (ETB) o la falta de éxitos significativos en este campo son un mal presagio de la escasa capacidad que tienen nuestras universidades de fomentar el emprendimiento.

El fuerte endeudamiento del sector público español hace poco probable la creación significativa de empleos públicos en un extenso periodo. El emprendimiento es una de las pocas vías de escape dentro del bucle actual de nuestro sistema económico. La economía digital y los sectores basados en el conocimiento es una de las vías irrenunciables para las economías que orienten hacia futuro su base económica.

Las actuaciones posibles son numerosas. Hay iniciativas de colaboración interuniversitarias muy interesantes como Red Emprendia y CISE a potenciar. Buenas prácticas de algunas universidades (por ejemplo de la Universidad Rey Juan Carlos I, Universidad de Mondragón con LEINN) que llevan cabo ingeniosas prácticas para potenciar el emprendimiento. O UNIMOCC, una plataforma MOOCs para la formación de emprendedores con 50.000 alumnos de más de cien países apoyada por Google, entre otras instituciones.

Internacionalmente la experiencia es amplísima. Algunas propuestas van dirigidas a potenciar más las escuelas de emprendimiento y la inserción de materias en un gran número de titulaciones (computación, economía, empresa, etc.), aceleradoras, etc. Incluso en algunos casos empieza a valorarse más una formación en escuelas de emprendedores que a través de los MBA.

No obstante, se corre el riesgo de generar muchas propuestas aisladas sin asumir el mayor reto: que las universidades asuman la cultura del emprendimiento como un valor fundamental para la vitalidad de nuestra sociedad y de nuestro sistema económico cada vez más nutrido del conocimiento como input fundamental. Las universidades, sus rectores, el profesorado y el pas deben ser proactivos en el asunto.

Es difícil que se progrese en este tema sin una toma de conciencia de la importancia del emprendimiento entre el profesorado. En Stanford, los profesores tienen un fondo de financiación para proyectos interesantes de sus alumnos. O incluso han creado un «garaje para las startups» de sus alumnos al estilo de los proyectos de éxito que han triunfado mundialmente4.

5. El posicionamiento de las universidades ante los sectores de futuro

Los ecosistemas de innovación son muy valiosos a la hora de provocar la interacción entre la investigación de los centros universitarios, el emprendimiento y creación de startups en sectores de futuro, las redes multidisciplinares, la movilidad internacional y la atracción de talento.

No hay que caer en el error de plantear si es reproducible o no el Silicon Valley en Europa. Tengo la convicción de que lo importante es crear empresas y aprovecharse de un mercado como el SV tal como hacen las principales empresas asiáticas. Eso sí, debemos dirigir nuestro foco de atención hacia los sectores de futuro.

En cualquier estrategia o escenario es imprescindible el posicionamiento estratégico de las universidades en sectores de futuro. La economía digital actual es el preámbulo de avances y disrupciones más importante si cabe: el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos, la biotecnología, la nanotecnología, la medicina personalizada, energías alternativas, medio ambiente, ciudades inteligentes…

Este tipo de sectores son estratégicos para las grandes empresas tecnológicas y para muchos países. Están llamados a introducir innovaciones de alto calado en nuestras economías y tener un impacto relevante tanto en la creación de nuevos empleos como en los sectores tradicionales.

Países como Corea del Sur, Israel, Brasil, China, la India, están haciendo esfuerzos muy relevantes en posicionarse en estos sectores. En algún caso esta aproximación se hace de forma integrada. Se construyen redes de cooperación global entre países y sus universidades y empresas más avanzadas, propiciando una integración y movilidad del mayor interés.

Las universidades españolas e iberoamericanas tienen plataformas como Universia o la División Santander Universidades que serían de una gran ayuda en la creación de redes de cooperación, movilidad y atracción de talento en sectores de futuro.

6. La recuperación del liderazgo intelectual y tecnológico en la sociedad del conocimiento a través de una sociedad digital, la ética y la formación humanística

Reconozco que este apartado puede sonar a un cajón de sastre. En parte lo es, pero tiene un hilo conductor: la universidad 2.0 necesita de una imagen renovada tanto en su interacción social como en su liderazgo en tecnología y conocimiento.

Solo una investigación abierta y una formación que responda a la realidad social, que genere empleos cualificados en sectores de futuro darán legitimidad social a la universidad de nuestro tiempo. Si nuestra sociedad es digital, la universidad debe serlo.

En la era de la sociedad del conocimiento el liderazgo de las universidades en la vanguardia de la innovación y de la tecnología debería ser algo prioritario y deseable. Nuestros campus, por ejemplo, deberían convertirse en avanzadilla de las tecnologías aplicables a ciudades inteligentes, tal como se debatió entre los responsables de la CRUE-TIC. Entre otras muchas posibilidades, donde nuestras universidades deben materializar este liderazgo.

En todo caso, la sociedad digital impone el mayor grado de apertura y transparencia. Estamos sosteniendo una investigación y formación abierta, su democratización y el acceso libre a los recursos educativos. Es en este punto donde son imprescindibles los valores éticos y humanísticos. Una universidad 2.0 orientada e incluso sesgada únicamente por la tecnología engendraría riesgos considerables sin asumir aquellos valores que dan base a la propia cohesión social y a los derechos de la convivencia democrática.

NOTAS

1 Codirigido con Pablo de Castro.

2 Ya he hablado en alguna ocasión de los itinerarios, algo conceptualmente sencillo pero que podría revolucionar nuestras enseñanzas universitarias http://opiniones-personales.blogspot.com.es/2014/06/moocs-la-revolucion-delos-itinerarios.html

3«The Innovative University: What College Presidents think about Change in American Higher Education» http://results.chronicle.com/PresSurvey2014_W?elq=e407860ea3614 b97a92a5601c872eed9&elqCampaignId=820

4 Como dije en un artículo reciente («El Silicon Valley, 26 años después»): «El día que, como en Stanford, en una universidad española un grupo de profesores reunamos un fondo de capital con nuestros ahorros para apoyar las startupsde nuestros alumnos diré: ¡vaya realmente va calando la cultura emprendedora en el profesorado!».

¿Qué ofrecen los MOOCs?

¿SON LOS MOOCs LA GRAN REVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE MUCHOS ESTÁBAMOS ESPERANDO?

Si analizamos cuál es la causa real de la gran repercusión y polémica que ha rodeado el fenómeno de los moocs sin duda concluiremos que se debe a las discrepancias a la hora de definir lo que es realmente un mooc y al gran rango de expectativas que sobre su impacto se consideran. Para muchos los moocs son la vanguardia de una revolución que tendrá como consecuencia la ruptura con los modelos de educación establecidos; sin embargo, para otros, no son más que una moda transitoria que, como otras muchas —formación por satélite, mundos virtuales—, tendrán un impacto relativo.

El precio para la obtención de un título universitario ha aumentado a un ritmo vertiginoso. Al mismo tiempo, en una economía del conocimiento, la demanda por obtener un título de educación superior, particularmente en países en desarrollo, es cada vez mayor. Gracias a la difusión de la tecnología inalámbrica de alta velocidad, Internet de alta velocidad, las redes sociales, la nube, los teléfonos inteligentes y las tabletas, el mundo ha pasado de estar conectado a hiperconectado en tan solo siete años. Para una generación que ha crecido en estas tecnologías es cada vez más cómodo aprender e interactuar con los demás a través de plataformas online, lo que les permite satisfacer su sed de conocimiento con la flexibilidad de elegir el lugar y el momento de su formación.

Y aunque la existencia de repositorios gratuitos de recursos educativos online (OER), tales como MERLOT, OCWCO o YouTube, no son algo nuevo, la combinación de todos estos factores ha dado como resultado la proliferación de plataformas, universidades y grandes corporaciones que ofrecen moocs como una alternativa a los programas de formación tradicional.

El porquél os MOOCs se han convertido en un símbolo de la educación en abierto, consiguiendo resultados que no se pueden comparar a los de sus predecesores, se debe principalmente a tres razones. En primer lugar, han sido capaces de atraer grandes inversiones tanto de las empresas de capital riesgo como de fundaciones sin ánimo de lucro. En segundo lugar, han aprovechado los avances de la tecnología para reducir los gastos de explotación hasta el punto que el coste marginal por estudiante es cercano a cero. Y, por último, han roto el modelo tradicional de captación de alumnos, alcanzando volúmenes sorprendentes a través de las relaciones públicas y la transmisión viral en las redes sociales

Los MOOCs ya existían desde unos pocos años antes como una herramienta de aprendizaje colaborativo, pero en 2011 la Universidad de Stanford lanzó lo que se considera el «primer gran» MOOC, «Introducción a la Inteligencia Artificial» de Sebastian Thrun y Peter Norvig, que tuvo más de 160.000 inscritos. A principios de 2012 aparecieron las plataformas más representativas. Desde Stanford surgieron Coursera y Udacity. El primero fue creado por Daphne Koller y Andrew Ng, a día de hoy cuenta con 107 universidades miembros y con más de cinco millones de usuarios registrados de aproximadamente 200 países. Las cifras de Udacity, una iniciativa de Sebastian Thrun, también son espectaculares con alrededor de dos millones de usuarios registrados. Al mismo tiempo, el movimiento de MIT open courseware lanzó MITx, que luego se convirtió en edX en colaboración con Harvard. A lo largo de ese año, muchas de las principales universidades estadounidenses y europeas firmaron con entusiasmo acuerdos con las principales plataformas. El New York Times denominó al 2012 como «Año de los MOOC».

Sin embargo, el 2013 fue un año difícil para este nuevo sector. Las altas tasas de abandono, las dudas sobre la calidad y fiabilidad de las evaluaciones, la certeza de que no son adecuados para todo tipo de alumnos y la dificultad de encontrar un modelo de negocio sostenible hacen que se hayan alzado voces cuestionando el valor real de los MOOCs.

En este contexto, lo que parece evidente es que los MOOCs para implantarse como un elemento riguroso y estable a considerar dentro del sector de la educación superior tienen que responder a una serie de dudas que los rodean:

1. En primer lugar, la eterna discusión de si son o no son realmente un curso online o simplemente son un repositorio de contenidos educativos que se ofrecen en abierto con mayor o menor calidad.

En esta consideración entran elementos como el acceso abierto y gratuito al entorno de aprendizaje versus un entorno acotado y asociado al pago de una matrícula, o el número limitado o no de participantes o el énfasis que se otorga al propio proceso de aprendizaje en detrimento de la evaluación y la acreditación.

Y en este sentido, el universo de los mooc está en constante evolución, incluso es imposible definir un modelo único de MOOC que pudiera compararse con un curso online. Por el contrario, en los últimos tiempos encontramos:

·xMOOCs. Es el tipo más común de mooc. Están basados en la adquisición de conocimiento a través de un contenido estructurado, normalmente conferencias grabadas. Giran alrededor de la figura del profesor y la audiencia es masiva.

·cMOOCs(mooc conectivistas). Se basan en el aprendizaje colaborativo. El contenido del curso es el punto de partida para la discusión entre los participantes.

·BOOCs (big online open course). Cursos similares a los xmooc pero con un tamaño de clase inferior. Normalmente están formados por unos 50 participantes y se potencia el trabajo en equipo.

·SPOCs (small private online courses). Son cursos incluso más limitados que los anteriores. Se potencia la interacción entre los participantes y con el profesor. A menudo se consideran un modelo de «flipped class».

·SMOCs (synchronous massive online course). El contenido se transmite a través de videoconferencias en «directo». Requieren que los alumnos se conecten al mismo tiempo para seguir las sesiones.

·DOCCs (distributed open collaborative courses). Similares a los CMOOc aunque los participantes provienen de diferentes instituciones.

·Flex-MOOCs. Cursos que pueden ser personalizados por los participantes en base a sus preferencias e intereses.

Ante este amplio abanico de opciones, los moocs tendrán que definir claramente su modelo pedagógico, contrastable y medible, que avale la opinión de aquellos que afirman que son una alternativa real a los cursos acreditados.

2. En segundo lugar tiene que ver con el concepto de que se puede obtener más por menos. Aunque el concepto «purista» del mooccontempla que debe estar diseñado para ser escalable y gratuito, la realidad es que desarrollar un contenido de calidad es caro. De acuerdo con la Asociación Europea de Universidades (EUA), el coste de total de un mooc puede estar alrededor de 250.000 y 290.000 euros, mientras que el coste de producción (excluyendo el tiempo de trabajo del personal académico y, probablemente, también el personal técnico universitario) podría oscilar entre 30.000 y 50.000 euros.

Cada elemento de un mooctiene al menos un costo fijo y a veces también un coste variable. La plataforma tiene un coste, no solo el desarrollo sino también su configuración para cada MOOC; la generación y producción del contenido tiene un coste, incluso cuando se reutiliza contenido existente es necesario revisarlo. La impartición, el seguimiento, la evaluación de los participantes demanda una serie de recursos imprescindibles para garantizar la calidad del programa. Incluso cuando la evaluación se delega a los propios participantes, a través de herramientas de peer-evaluation, la configuración y seguimiento de la misma son imprescindibles.

Las alternativas utilizadas para garantizar una fuente sostenible de ingresos por parte de los grandes proveedores —acuerdos con grupos editoriales y reclutadores, licenciamiento del uso de la plataforma tecnológica o de cursos por terceros—, o por las universidades —cobro por acreditación o incluso por uso de marca— no han demostrado tener resultados significativos. Por este motivo, una de las principales incertidumbres alrededor de este fenómeno es la capacidad de encontrar un modelo de negocio sostenible.

3. Por último confirmar si realmente los moocs son esa fuerza democratizadoraen la educación, que muchos profetizaban en sus inicios y en la que han basado su éxito viral.

Es una realidad que alumnos de todo el mundo han podido participar, gratuitamente, en moocs desarrollados por profesores de reconocido prestigio. Sin embargo, las estadísticas actuales muestran que la mayoría de los estudiantes provienen de países desarrollados que ya poseen una titulación superior, y que solo el 7% de los inscritos en realidad completan sus cursos.

Por otro lado, todo el mundo comparte que los moocs pueden ser un eficaz mecanismo de aprendizaje para estudiantes altamente motivados, con una gran autodisciplina y con acceso a Internet de banda ancha. Sin embargo, para el estudiante «típico», el acceso a estas oportunidades de aprendizaje requiere algo más que poner a su disposición contenidos de calidad. También es necesario ayudarle a elegir adecuadamente entre todo el espectro disponible, en base a su nivel de preparación, sus intereses y sus objetivos personales y ofrecer, además, una orientación y apoyo a lo largo de todo el proceso formativo.

Los MOOCs del futuro tendrán que encontrar alternativas para gestionar, por una parte, la amplia variedad de motivaciones e intereses junto con los diferentes niveles de conocimiento y experiencia, y por otra, depurar los requerimientos técnicos necesarios para participar en ellos. La duda está en si realmente son un mecanismo para democratizar la educación o por el contrario son un instrumento para profundizar en esas diferencias entre los privilegiados y los que no lo son tanto.

No es mi objetivo en este artículo establecer una valoración sobre la efectividad o no de los moocs como herramienta de aprendizaje, o su adecuación a las demandas de los potenciales alumnos, sino más bien analizar, desde mi perspectiva, cuál han sido sus efectos más significativos en el sector de la educación, así como los principales retos que se plantean en el nuevo escenario que han dibujado.

MOOC: NUEVAS REALIDADES Y NUEVOS RETOS

Con independencia de si han llegado para quedarse o desaparecerán tan rápido como llegaron, lo que es indudable es que han significado un enorme revulsivo para el statu quo del sector de la educación superior. Los MOOCs están significando que los pilares y los constructos que han permanecido durante muchos años inamovibles se tambaleen. Los moocs han puesto de manifiesto que son necesarias nuevas formas de organizar la educación, porque el sistema tradicional de captación, inscripción, evaluación y acreditación de los alumnos y programas no sirve para los entornos de aprendizaje actuales, en los que la construcción del conocimiento informal a través de comunidades de aprendizaje, complementa el conocimiento formal creado en las universidades.

En el plano institucional… parece claro que en este nuevo escenariolas universidades deben transformase con el objetivo de integrar los modelos de formación online en sus estrategias, al mismo tiempo que desarrolla nuevas formas de educación y de relación con el estudiante, como la formación continua, el aprendizaje informal o la formación profesional.

Esta transformación obligará a los órganos reguladores responsables de los criterios de acreditación a incluir estructuras y fórmulas de control más flexibles, capaces de contemplar los nuevos escenarios más horizontales y participativos. ¿Cómo se miden los resultados de aprendizaje? ¿Cómo se determina lo que es acreditable? Esas son las preguntas que las instituciones tendrán que responder.

Por otro lado, la estructura de financiación de muchas universidades europeas hace que sea difícil competir en el mercado de los moocs con las universidades americanas. En este sentido, la universidad debe «privatizarse», en el mejor sentido de la palabra, focalizando sus esfuerzos en la captación de alumnos y buscando nuevos modelos de colaboración y de compartir recursos con otras instituciones.

Otro de los aspectos en los que parece que hay cierto consenso es en que los moocs han implicado una evolución de la relación profesor-alumno.

El alumno, reflejo de la sociedad hiperconectada en la que vivimos, pasa de desempeñar un rol pasivo, receptor de conocimiento, a jugar un papel activo, responsable de su propio proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, el estudiante deja de ser un ente independiente para convertirse, a través del intercambio de ideas, la búsqueda común de experiencias personales y el trabajo colaborativo, en un miembro de una comunidad de aprendizaje, responsable también de la construcción del conocimiento colectivo.

El profesorha pasado de ser el elemento pivotante sobre el que giraba el proceso de aprendizaje, único poseedor del conocimiento, a un rol más centrado en labores de transformación de la información para que sea útil al alumno y en su labor de facilitador del desarrollo de las capacidades del alumno.

La labor del profesor es fundamental en todas las iniciativas de educación en abierto, pero en particular en los MOOCs, ya que todos lo que han participado en ellos coinciden en que los resultados obtenidos son directamente proporcionales al esfuerzo y tiempo invertido por los docentes.

En este punto es interesante considerar las motivaciones que subyacen a la participación de los profesores en este tipo de iniciativas, ya que son muy diversos y van desde los más altruistas, participar en la globalización del conocimiento y contribuir al cambio social a través de la educación y la investigación, a los más personales, conseguir un beneficio no monetario como la publicidad, reputación dentro de la comunidad «abierta» o egoboo como en ocasiones se llama, o a los puramente económicos y comerciales, conseguir de una manera rápida el incremento de ventas de un determinado libro o simplemente publicidad.

Desde el punto de vista del profesorado, el reto se sitúa en la introducción de la tecnología dentro del aula y en el rediseño de su labor docente. En este escenario la formación del profesor, su capacidad para actualizar sus conocimientos de manera continua y adaptarse a los cambios constantes cobran vital importancia.

El profesor debe salir de su área de confort para asumir riesgos y experimentar con nuevas herramientas y metodologías que transformen los entornos de aprendizaje en un espacio común, motivador y vinculado con los intereses y con la realidad a la que tendrán que enfrentarse los estudiantes en el futuro.

Sin embargo, no hay que olvidar que para acompañar al profesor en esta evolución es necesario buscar soluciones tecnológicas más eficaces y económicas. La inmensa mayoría de las universidades poseen campus virtuales basados en un Learning Management System (LMS), estos no suelen estar preparados para gestionar una audiencia masiva de estudiantes que no buscan una matrícula ni una acreditación oficial. El coste asociado al uso del lms no es escalable a un mooc.

Además, este tipo de soluciones no están orientadas al aprendizaje colaborativo, en otras palabras, es necesario desarrollar una plataforma «social» que satisfaga las necesidades de una generación de estudiantes que buscan autonomía, conectividad y un aprendizaje colaborativo y experiencial, y, además, que sea rentable.

Por último, si existe un aspecto claramente destacable es que proporcionan infinitas oportunidades para la investigación sobre los modelos de aprendizaje y sus fórmulas de mejora. Uno de los efectos más sobresalientes del fenómeno de los moocs es la posibilidad que ha ofrecido a los investigadores educativos para acceder a una enorme cantidad de datos, de una manera relativamente rápida y sencilla, sobre cuáles son las fórmulas más efectivas para presentar la información o cuáles son los ejercicios y dinámicas que son realmente más productivos; en resumen, para evaluar los diferentes métodos de enseñanza.

Al mismo tiempo, los moocs, si bien aún deben superar barreras como todos los temas legales asociados a la protección de datos, indudablemente están destinados a jugar un papel fundamental en los procedimientos y mecanismos de mejora continua de las universidades facilitando la rápida transmisión y aplicación de los resultados obtenidos.

En relación a la innovación pedagógica y nuevos modelos de aprendizaje, si existe un efecto contrastado del desarrollo de moocs ese es su contribución a que las barreras entre la formación online y la presencial se diluyan en beneficio de la experiencia de aprendizaje del alumno. Han favorecido que stakeholders, hasta ahora reticentes y escépticos sobre los modelos de formación onlinese muestren ahora plenamente convencidos de su bondades.

En este mismo ámbito es destacable su contribución al desarrollo del modelo pedagógico «flipped class». Ya en la definición del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), entre otras cosas, se identificó la necesidad de reducir las tradicionales clases magistrales por nuevas metodologías docentes.

El modelo de «flipped class» es uno de los mejores representantes de esta directriz, ya que a través de la inversión del orden típico de proceso de aprendizaje, persigue liberar espacio para la discusión, dinámicas de clase y el desarrollo de proyectos que impliquen más interactividad entre profesores y alumnos

Los moocs se han posicionado como un recurso realmente beneficioso para los profesores que siguen el modelo de «flipped class», ya que les permite no invertir tiempo en el desarrollo de presentaciones o tutoriales y focalizar su esfuerzo en proporcionar un entorno de aprendizaje personalizado a sus alumnos, que es una de las bases de este modelo.

Por concluir, solo señalar que, desde mi perspectiva, aún es demasiado pronto para comprender el impacto completo que los moocs tendrán en el sector de la educación superior, lo que es evidente es que los modelos de aprendizaje han cambiado y que este es el comienzo de un nuevo paradigma educativo donde nuevas formas de obtener y compartir conocimientos condiciona las reglas del juego. „

BIBLIOGRAFÍA

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Fiona M. HOLLANDS, Ph. D. DEVAYANI TIRTHALI, Ed. D. (2014). «moocs: Expectations and Reality». Center for Benefit-Cost Studies of Education Teachers College, Columbia University.

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moocs: Opportunities for their use in compulsory-age education Research report (June 2014). Cairneagle Associates.

Los rankings no se comen a nadie

 

INTRODUCCIÓN

Los rankings son un ejercicio de transparencia universitaria. Independientemente de lo que miden y cómo lo miden, son herramientas que pueden favorecer el entendimiento y conocimiento entre las universidades y sus diferentes stakeholders.

La rendición de cuentas y la transparencia son conceptos que poco a poco han ido ganando protagonismo en la agenda de la política universitaria en España y en el debate entre los actores de esta política, y los rankings son una herramienta que puede favorecer el desarrollo de estos conceptos en el quehacer universitario.

Las universidades españolas, como muchas otras entidades de carácter público, se han visto inmersas en intensos procesos de apertura. En el caso de estas instituciones educativas, el desarrollo de la cultura de la calidad y sus sistemas de evaluación han sido determinantes para avanzar en este proceso. Los rankings, de alguna manera, han contribuido a forzar esta apertura de las universidades a la sociedad.

La exposición pública de las universidades promovida por los rankings, no era algo habitual en el sistema español, y las reacciones a este fenómeno han sido diversas. Para algunos universitarios, los rankings son algo desconocido, lejano o incomprensible. Para otros, en cambio, son fuentes de información obligada para orientar el posicionamiento de la propia institución o para la toma de decisiones estratégicas, como la búsqueda de referentes nacionales e internacionales de la excelencia universitaria, de socios para la formación de alianzas, entre otros fines.

También hay quienes han visto en el uso creciente de los rankings una amenaza para la universidad pública, para su autonomía o para la prevalencia de las misiones universitarias sobre otros intereses o fines distintos. Estas reacciones negativas respecto al uso de los rankings han sido más evidentes cuando los resultados de estos han sido utilizados sin acompañarlos de cierta pedagogía que favorezca su entendimiento y limite las posibilidades de una interpretación equivocada o de un uso malintencionado.

Para entender los resultados de los rankings es fundamental conocerlos con cierta profundidad. No solo para evitar interpretaciones incorrectas, sino para la gestión adecuada de la información provista por sus resultados, del efecto que estos tienen en la institución y el aprovechamiento de dicha información.

LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS RANKINGS PARA ENTENDERLOS E INTERPRETARLOS

En la actualidad, los rankings han alcanzado tal punto de desarrollo que su diversidad es muy amplia.

Lo primero que habría que decir es que no existe el ranking perfecto o único que se adecúe a todos los usos y usuarios. Cada rankingse construye con una finalidad específica y su metodología se diseña acorde a esta. Un ranking puede explicar con acierto un aspecto concreto de la actividad universitaria y a la vez decir muy poco de otras funciones de la universidad. Algunos organismos, como la European University Assotiation, advierten que los rankings en ningún caso explican en su totalidad el estado de las universidades, lo que estas hacen y cómo lo hacen.

La proliferación de rankingsque en la actualidad se elaboran en el ámbito de la educación superior responde a diversos criterios que hay que tener en cuenta.

Por una parte, el fin o propósito para el que son creados imprime diferencias claras en los resultados de estas clasificaciones. Esta finalidad está fuertemente vinculada a la organización u organismo que los elabora. Existen, por ejemplo, rankings elaborados por agencias gubernamentales que, por lo general, tienen como finalidad la transparencia de los sistemas universitarios y la información a los usuarios de estos sistemas. Normalmente, este tipo de rankings tienen una visión más amplia de la actividad universitaria e incluye con mayor relevancia aspectos relacionados con la docencia, la transferencia de conocimiento y la dimensión social de las universidades, por ejemplo.

Otros, en cambio, son elaborados como un ejercicio comparativo más centrado en el prestigio y la competencia entre instituciones universitarias. En este caso se encuentran algunos rankings elaborados por instituciones privadas y medios de comunicación en colaboración con instituciones educativas. Los rankings de Times ((Times Higher Education World University Rankings) y Shanghái (Academic Ranking of World Universities) son ejemplo de este tipo de clasificaciones. Como se explica en esta colaboración, estos se centran más en aspectos como la actividad investigadora o el prestigio de su personal docente y sus egresados.

Por otra parte, los resultados de los principales rankings internacionales muestran muy poco la realidad de algunos sistemas universitarios. Solo basta observar que en las tablas de estos rankings, las primeras decenas —y centenas— de posiciones están ocupadas por universidades de Norteamérica, de algunos países europeos y otros, menos, de países de Asia y del Pacífico. Ello ha dado como respuesta el surgimiento de rankings de carácter regional y de ámbito temático, generalmente impulsados desde organismos públicos o privados que esperan obtener con esta práctica comparaciones entre instituciones vinculadas a un determinado territorio o dedicadas a una actividad universitaria determinada. En España hay ejemplos, como las clasificaciones elaboradas por algunos medios de comunicación, como El Mundo, por alguna universidad, como la de Granada, o, recientemente, por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

En esta línea están, también, los rankings con una orientación hacia una determinada actividad universitaria. Frente a la crítica de que los rankings internacionales se centran demasiado en la actividad investigadora y en sus resultados, surgieron iniciativas como las mencionadas anteriormente, que incluyen otras variables para construir indicadores relacionados con otras actividades universitarias, como la docencia, la transferencia de resultados o la vinculación con el territorio.

De lo anterior se puede extraer una conclusión: todos los rankings deben ser útiles para cumplir con una finalidad, sin embargo, no todos cumplen con la finalidad de ser útiles para las instituciones.

Para el International Rankings Expert Group Observatory1 (ireg), los rankingstienen varios propósitos: proveen de información comprensible sobre el estado de las instituciones universitarias, fomentan la competencia entre las universidades, aportan criterios racionales para la distribución de recursos y permiten diferenciar entre tipos de instituciones y ofertas formativas.

Con el considerable aumento de rankings y tablas de clasificación, era previsible que no todos cumplieran con mínimos atributos o características que de alguna manera avalasen la calidad del ranking y de la información que provee.

Por ello, el ireg acordó la definición de dieciséis principios de calidad y de buenas prácticas en rankings universitarios, llamados los principios de Berlín:

1.    Los rankings deben ser solo uno más de los diferentes instrumentos y aproximaciones para la evaluación de la educación superior.

2.    Ser claros sobre el propósito del ranking y el grupo o colectivo objeto de la comparación.

3.    Reconocer y valorar la diversidad entre las instituciones, sus objetivos y misiones.

4.    Aportar información clara sobre las fuentes de información empleadas en sus mediciones para la construcción de los rankings.

5.    Especificar algunos aspectos de contextualización de los sistemas e instituciones como la lengua, la cultura, la economía, etcétera, que pueden aportar sesgos a los resultados de los rankings.

6.    Ser transparentes sobre la metodología empleada.

7.    Elegir indicadores relevantes y validados, es decir, que midan realmente los aspectos relacionados con las fortalezas de las instituciones.

8.    Primar los outcomes sobre los inputs en la elección de la información a tener en cuenta, cuando sea posible hacerlo.

9.    Definir los pesos asignados a cada indicador y limitar sus cambios.

10.     Seguir los estándares éticos y recomendaciones de buenas prácticas que se incluyen en estos principios.

11.     Usar datos verificables y auditados siempre que sea posible.

12.     Incluir datos recogidos con procedimientos apropiados para la recogida de datos científicos.

13.     Aplicar medidas y procedimientos para la garantía de la calidad de los propios rankings.

14.     Aplicar medidas organizativas que favorezcan la credibilidad de los rankings.

15.     Proporcionar a los consumidores de los rankings la información suficiente y comprensible sobre todos los factores utilizados en el desarrollo del ranking.

16.     Evitar los errores de los datos originales en la compilación final e informar de estos al público.

Siguiendo estos principios, cualquier usuario de los rankingsestaría en disposición de llevar a cabo una valoración de la calidad de los rankings mediante cuatro preguntas básicas: ¿qué miden?, ¿cómo lo miden?, ¿para qué lo miden? y ¿cómo se presenta?

Si el ranking cumple con los principios descritos debería proporcionar información suficiente para responder a estas preguntas. En el caso contrario, si no hay transparencia y claridad para hacer una interpretación adecuada de sus resultados, el ranking puede favorecer su uso equivocado.

Los rankings son objeto de crítica permanente. La mayoría de las críticas se relacionan con el incumplimiento de algunos de los principios mencionados. El recelo está presente —con frecuencia— en las declaraciones de algunos responsables universitarios sobre los resultados de las universidades españolas en los rankings más conocidos: el Times y el Shanghái.

Times y Shanghái son dos rankings universitarios en los que la actividad científica y sus resultados tienen un gran peso en el resultado final de la clasificación de las universidades. En el primero, el Times, los trece indicadores en los que se basa el ranking se agrupan en cinco áreas de la universidad: docencia, investigación, citación de publicaciones, ingresos de la industria y desarrollo de la internacionalización. Los indicadores de docencia solo tienen el 30% del peso en el resultado final del ranking, mientras que los relacionados con la actividad investigadora y las citaciones aportan, cada una, un 30%.

Por su parte, Shanghái basa su ranking en cuatro criterios: calidad de la docencia, calidad del profesorado, producción investigadora y rendimiento per cápita. En cuanto a calidad de la docencia el indicador utilizado es el número de exalumnos con premios Nobel o medallas Fields (10% de peso); igualmente en el caso de la calidad del profesorado, profesores con premio Nobel o medallas Fields (20%) al que se añaden los investigadores con alto índice de citación (20%).

En estos, los dos casos anteriores, las comparaciones entre instituciones tan diversas conllevan sesgos y errores en su interpretación. Algunos factores del contexto de las universidades determinan sus posibilidades en el orden de las clasificaciones. Tal es el caso de las universidades españolas, que no aparecen en estos listados hasta avanzada la segunda centena de universidades analizadas. Comparar alguna universidad española con el topcincuenta de estos rankings no podría llevar a una conclusión válida si no se tienen en cuenta las claras diferencias que entre estas existen. Por ejemplo, ¿qué ofrecen las universidades para la atracción de profesorado de prestigio internacional?, ¿cómo contratan las universidades a su profesorado internacional?, ¿influye la hegemonía de la lengua inglesa en el mundo científico y en sus publicaciones?, etcétera.

Otros rankings y clasificaciones reciben fuertes críticas por lo sorprendente de sus resultados. El lector puede hacer un sencillo ejercicio, acudir a algunas clasificaciones, como el umultirank2 —que ha publicado recientemente sus primeros resultados— y buscar en cada criterio las universidades españolas mejor situadas. La sorpresa es mayúscula cuando las universidades con mayor demanda de estudiantes, o mayor actividad científica y de transferencia, no aparecen en los primeros puestos en algunos de los aspectos que tiene en cuenta esta clasificación. Ello no significa que esta herramienta sea inútil. Es un proyecto aún en construcción y revisión.

USOS Y USUARIOS DE LOS RANKINGS

En tanto que los rankings van captando más atención por parte de stakeholders de la educación superior y los medios de comunicación, sus usos y usuarios se diversifican y aumentan. A continuación se desarrollan algunos posibles usos de los rankingssegún sea su usuario.

Las universidades pueden hacer un uso diverso de los rankings. En el ámbito de la comunicación y el marketing, una buena posición en los rankings es un potente mensaje para aumentar el prestigio de la institución. Este prestigio puede rentabilizarse por diversas vías: la atracción de los mejores estudiantes, profesores e investigadores, la captación de recursos vía fundraising, o la obtención de proyectos de investigación, el acuerdo de alianzas con socios preferenciales, por ejemplo.

Los rankingsson, también, un medio eficaz para que las universidades adquieran sellos o distintivos de calidad que les permita diferenciarse de otras. En este caso, en un sistema de universidades tan homogéneo como el español, una posición favorable en los rankings internacionales es una etiqueta que aporta un gran valor añadido a la universidad.

Los rankings proveen a las administraciones educativas información sobre el posicionamiento de su sistema universitario y sus universidades en entornos geográficos y ámbitos temáticos diferentes. También proveen de información que puede ser utilizada para el diseño de políticas universitarias encaminadas a mejorar los servicios que prestan las universidades y para favorecer la internacionalización de estas instituciones

Para los profesores e investigadores, los rankings son una fuente de información para encontrar los referentes sobre los centros de excelencia y aquellos que son punteros en las áreas científicas en las que desempeñan su actividad docente e investigadora. En el caso de este colectivo, los rankings proporcionan una dimensión internacional de gran importancia. La identificación de equipos de investigación reconocidos internacionalmente permite delinear futuras actuaciones en el ámbito de la movilidad y de las redes internacionales.

El uso de los rankings por parte de los estudiantes, sin embargo, no ha alcanzado aún su potencial. En primer lugar, los futuros estudiantes universitarios se enfrentan a una de las decisiones más relevantes de su carrera formativa: la selección del centro en el cual llevar a cabo sus estudios. En Estados Unidos de América existen rankings consolidados, elaborados por medios de comunicación, que ofrecen información que ayuda en esta toma de decisiones, Sin embargo, en España aún no se cuenta con rankings que aporten este tipo de información con suficiencia. Los rankingsorientados a los estudiantes deberían ser capaces de responder preguntas clave como ¿cuál es la valoración de los empleadores sobre la formación impartida por las universidades?, ¿qué universidad tiene mejores resultados de inserción?, ¿qué títulos universitarios tienen más prestigio y en qué universidades están?, etcétera.

No es el caso de los estudiantes de máster y doctorado, que encuentran en los rankings existentes más información de apoyo para perfilar su carrera profesional o su actividad investigadora según las fortalezas de las instituciones universitarias.

RECOMENDACIONES PARA CONVIVIR CON LOS RANKINGS

En un trabajo que elaboramos en la Cátedra unescode Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid, por encargo de la Fundación Universidad Empresa y la Fundación para el Conocimiento Madri+d, sobre la internacionalización de las universidades de Madrid, se llevaron a cabo entrevistas con los responsables de las competencias sobre internacionalización de universidades públicas, privadas, institutos universitarios y escuelas de negocios y de posgrados. Una de las preguntas que se realizó a estos responsables era sobre si los rankings influían en la definición de su estrategia institucional de internacionalización. Esta experiencia puede ser una muestra de la forma cómo la comunidad universitaria en España reacciona frente a los rankings.

Algunos declararon que sí, que efectivamente tenían en cuenta los resultados de los rankings y que estos influían en sus estrategias de búsqueda de universidades con las que establecer relaciones institucionales de alianzas y convenios en el ámbito de la colaboración académica e investigadora y la movilidad. Otros señalaron que los observan pero que no influyen en su planteamiento estratégico sobre la internacionalización. Finalmente, unos pocos declararon que no los observan y que, en consecuencia, no son elementos que se tienen en cuenta en el diseño de sus estrategias de internacionalización.

Sería recomendable que las universidades den a los rankings el valor que tienen y nunca más de este. Tener una buena posición en un ranking no debería ser un objetivo único o superior de la institución, de tal manera que en la consecución de tal fin se desvirtúen los fines más nobles de las universidades. Debe tenerse en mente que los rankings son valoraciones externas a la universidad.

Sin embargo, el discurso que descalifica el uso de los rankings por considerarlos una amenaza a la integridad y autonomía universitaria debería desaparecer y sustituirse por otro que contenga argumentaciones pedagógicas que favorezcan su entendimiento y, por supuesto, su crítica fundada. Ello significa integrar el tratamiento y conocimiento de los rankings en las estrategias de comunicación institucional de las universidades, primero, para poner en práctica la pedagogía antes mencionada con todos los estamentos universitarios, segundo, para tener un mayor control sobre el mensaje derivado de los resultados de los rankings, y finalmente, para fundamentar actuaciones, sobre todo en los ámbitos de la internacionalización y las relaciones institucionales.

Mientras algunos responsables universitarios rechazan el uso de los rankings, muchos otros han decidido incorporarlos en sus procesos de rendición de cuentas, como una manera de informar a la sociedad y a sus stakeholders de su situación, tal es el caso de las escuelas de negocios en España.

Solo conociendo los rankings es posible diseñar y poner en marcha estrategias encaminadas a mejorar posiciones en estas clasificaciones, actuando en aquellos aspectos en los que la universidad tiene capacidad de incidir.

Esta actitud respecto de los rankings debiera verse reflejada de forma transversal en las actividades universitarias, pues se trata, simple y sencillamente, de llevar a cabo ejercicios de comparación con otras instituciones.

En el informe de la European University Association, titulado «EUA report on rankings 2011. Global University Ranking and their impact», se sugería no tomarse demasiado en serio las posiciones en los rankings. Ello no debe ser interpretado como una recomendación de restarle relevancia a los rankings y sus efectos en las universidades. Solo se trata de alertar a las universidades sobre algunos efectos que pudieran afectar el adecuado funcionamiento de las universidades, pues los rankings no siempre reflejan la calidad de las instituciones o el verdadero valor que estas tiene en el territorio donde se encuentran. „

NOTAS

 1 El IREG Observatory tiene sus antecedentes en el International Rankings Expert Group formado en el año 2002 y convertido en Observatorio en 2009.

Es una asociación sin fines de lucro que agrupa a organizaciones de rankings, universidades y otros organismos interesados en los rankings universitarios. Su finalidad es el fortalecimiento del conocimiento y entendimiento público de los rankingsuniversitarios y la excelencia académica. www.ireg-observatory.org

2 www.u-multirank.eu

De lo local a lo global

 

El crecimiento del número de estudiantes internacionales en todo el mundo ha sido continuo en los últimos años, con incrementos anuales en torno al 7%. Observando la serie de datos disponibles de los últimos diez años1, no parece que la tendencia vaya a cambiar en un futuro próximo, sino más bien al contrario.

Esta tendencia a la movilidad internacional no es homogénea, sino que sigue algunas pautas. La primera es la concentración de los países de destino, más del 50% de los estudiantes internacionales de todo el mundo, en el año 2011, según datos de la OCDE, eligen como destino Australia, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

Por el contrario, según datos también de la OCDE en 2011, más del 53% de los estudiantes internacionales proceden de países de Asia, preferentemente China, India y Corea del Sur. También nos encontramos que Europa es la región que acoge mayor número de estudiantes internacionales, en torno al 28% del total mundial, pero más del 75% de estos estudiantes internacionales son intraeuropeos, es decir, que una parte importante de la movilidad internacional se produce entre países europeos.

Las razones para el aumento de la movilidad de los estudiantes internacionales es muy variada, pero en todo caso está muy extendida la idea de que la experiencia internacional de los estudiantes ayuda a comprender mejor el mundo y sus oportunidades, y está apoyada, además de por los propios estudiantes y sus familias, con frecuencia, por los gobiernos y las propias instituciones de educación superior.

Por otro lado, la reputación de las instituciones queda hoy reflejada en numerosos rankings internacionales que son bien conocidos por todo el mundo, lo que va unido a la certeza de que cuanto mejor es la reputación internacional de la institución que otorga el título, tanto mayores son las oportunidades de sus egresados. En consecuencia, la movilidad internacional de la educación superior tiende a crecer en todo el mundo, hacia los países e instituciones con mejor reputación académica. Este concepto está ya, hoy, especialmente extendido en los estudios de posgrado.

Si además nos fijamos algo más en los datos de movilidad, enseguida comprobamos cómo el idioma en que se imparten las enseñanzas es un elemento clave para entender la distribución de los estudiantes internacionales. Los países de lengua inglesa se convierten en países privilegiados de destino, donde además de la calidad de sus universidades, el hecho de que el inglés se haya convertido en la lingua franca de nuestro tiempo les refuerza notablemente como destino para la movilidad internacional de estudiantes.

De facto, la mayoría de los estudiantes de enseñanza secundaria en todo el mundo estudian el inglés como primera lengua extranjera, por lo que, para esa gran mayoría, a la hora de elegir un destino internacional en educación superior, las instituciones que ofertan enseñanzas en inglés tienen una gran ventaja de partida. Además, si junto a las enseñanzas elegidas se mejora la destreza individual en el uso de la lengua inglesa, se mejoran las perspectivas de empleo en un contexto cada vez más global, donde el conocimiento de la lengua inglesa se ha convertido en un requisito universal.

Es verdad también, que en otra medida, otras lenguas de uso muy extendido como el español, el francés o el ruso, cuentan a favor de las instituciones de educación superior que imparten sus enseñanzas en estas lenguas. Del mismo modo, países con sistemas de educación superior de calidad, caso de Italia, por ejemplo, resultan menos atractivos en el contexto internacional por el uso más restringido de la lengua italiana.

También existen otros criterios, además de la reputación académica de las instituciones de educación superior o la lengua en que imparten sus enseñanzas, como, por ejemplo, la política de inmigración o las tasas académicas. Estados Unidos endureció su política migratoria como consecuencia de los atentados terroristas del 11 de septiembre, y este cambio de política y las consiguientes dificultades para la obtención de los visados para muchos estudiantes internacionales ha reducido la demanda de estudiantes internacionales en las instituciones de educación superior de ese país.

El segundo elemento citado, que afecta de forma importante al atractivo de las instituciones de educación superior, son las tasas académicas. Existen enormes diferencias en las políticas seguidas en los países desarrollados en relación con las tasas académicas. En algunos casos, como en EE.UU.., las tasas académicas para estudiantes extranjeros tienden a cubrir el 100% del coste de la educación superior, siendo por tanto muy elevadas. Esta política es seguida por otros países anglosajones, a los que se ha unido de forma más reciente el Reino Unido, con diferencias entre las políticas seguidas en Inglaterra, Escocia y Gales.

Por el contrario, en el entorno europeo continental existe una larga tradición de una enseñanza superior gratuita o con costes simbólicos, caso de países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc. En algunos de estos países, aun hoy, también se extienden los beneficios que suponen esas tasas académicas bajas a los estudiantes internacionales, lo que incide en la decisión que toman estos estudiantes cuando eligen entre una oferta académica global muy amplia.

En España nos encontramos hoy una posición intermedia, ya que en los últimos años hemos pasado de unas tasas universitarias bajas, en la línea mencionada anteriormente para muchos países europeos, a otras bastante más altas que tienden a cubrir entre el 15 y el 25% de los costes reales de la enseñanza superior. Esta circunstancia ha hecho aparecer un fenómeno nuevo como es la competencia de las instituciones europeas con las españolas, especialmente en el posgrado, habida cuenta de que algunas de las instituciones europeas pueden gozar de mejor reputación académica que las españolas, pero con la ventaja adicional de disponer de unos precios más bajos para los estudiantes.

Al hecho económico se une la circunstancia de que los programas de movilidad internacional de las universidades españolas se han generalizado, y muchos estudiantes han disfrutado de alguna experiencia internacional en las universidades europeas durante los estudios de grado. De este modo, en el posgrado, la barrera de entrada que puede suponer trasladarse a otro país, con otra lengua, otra cultura, etc., está generalmente superada.

Finalmente, añadir una última consideración en relación con la internacionalización, basada en un hecho más general como es la creciente demanda de educación superior en todo el mundo. Este aumento de la demanda ha sido enorme en algunas regiones. Sirva como dato el porcentaje de jóvenes en la franja de edad 18-22 años que cursan estudios universitarios en China, que ha pasado del 8% en el año 2000 al 25,9% en el año 2010, y este mismo dato en la India ha pasado del 9,4% en el año 2000 al 17,9% en 2010. Estas tasas de crecimiento son también muy elevadas en el resto de Asia y en Latinoamérica, mientras que en el mismo periodo, el crecimiento en los países de la OCDE  ha sido mucho más reducido, en torno a cinco puntos porcentuales.

Con ritmos de crecimiento tan altos, resulta imposible que los gobiernos de los países afectados puedan responder en tiempo al crecimiento enorme de la demanda, de manera que de forma programada se incentivan programas de movilidad internacional para satisfacer la demanda de sus nacionales en otros lugares del mundo.

Con las tendencias apuntadas en las páginas anteriores hemos pretendido, de forma muy general, describir el contexto en que se encuentra la educación superior en todo el mundo, poniendo énfasis en la tendencia hacia una globalización creciente y en las diferencias en que se encuentra la educación superior en unas u otras partes del planeta. El análisis no puede ser muy exhaustivo dada su extensión, pero nos permite poner en contexto algunas reflexiones sobre la internacionalización de las universidades españolas que vamos a proponer a continuación.

Una primera consideración es que España no ha sido ajena al fenómeno global, ha sufrido un proceso paralelo al de las universidades de los países de nuestro entorno. En poco más de una década hemos pasado del 1% de estudiantes internacionales en nuestras aulas, al 3,5% en la actualidad. Estamos lejos de países como el Reino Unido o Australia, pero cerca de otros como Italia, Portugal, Japón o Estados Unidos.

La distribución de los estudiantes internacionales según el tipo de estudios sigue la pauta internacional y se detecta un crecimiento notable de estudiantes internacionales a medida que aumenta el nivel de los mismos. Las universidades españolas tenían en 20112 en promedio un 16% de estudiantes internacionales en los estudios de doctorado y en algunas universidades más internacionalizadas esta cifra supera el 30%.

También seguimos una pauta parecida a otros países europeos, en el sentido de que es muy superior el número de estudiantes internacionales que recibimos, comparado con el número de estudiantes que enviamos a otras instituciones de educación superior en el extranjero. Para el conjunto de la ocde está relación es de 3 a 1. En los últimos años, la crisis económica y las dificultades para encontrar empleo de nuestros graduados, les ha impulsado a muchos a continuar estudios en el extranjero, no solo para mejorar su formación, sino también para mejorar sus expectativas de empleo en otros países con mejores oportunidades.

En conclusión, según los datos disponibles, algunos indicados en párrafos anteriores, se puede afirmar que las universidades españolas, en relación con su capacidad de atraer estudiantes internacionales están en una situación aceptable, si tenemos en cuenta, la situación general del país, la reputación de nuestras universidades, la ventaja competitiva que supone el español, el nivel de nuestra investigación, etc. Hemos ido aumentando nuestra capacidad de atracción a un ritmo comparable al de nuestros vecinos de la Unión Europea, y en esta faceta, como en otras muchas, tenemos mucho que mejorar, pero no debemos despreciar el esfuerzo realizado hasta la fecha.

De todos modos, en este artículo no pretendemos hacer un diagnóstico exhaustivo del nivel de internacionalización de las universidades españolas apoyado en datos, ya que existen numerosos informes y trabajos previos1,2, que sirven perfectamente a este propósito, más bien, buscamos aportar un conjunto de reflexiones personales sobre las posibles actuaciones en el ámbito universitario que puedan contribuir a mejorar su nivel de internacionalización y, en consecuencia, contribuir a desarrollar su dimensión como instituciones globales.

La primera reflexión tiene que ver con la orientación estratégica de la institución. La dimensión internacional debe estar alineada con la orientación estratégica de la institución. Se puede apostar por ser una universidad más o menos global, más o menos local, siendo ambas opciones perfectamente legítimas, pero con implicaciones completamente diferentes en la estructura organizativa y en los modos de operación. Hoy no es posible, considerar la dimensión internacional de la actividad universitaria como un eje secundario del planeamiento estratégico de la institución, es necesario que esté en el núcleo esencial de la actividad universitaria, impregnando en la medida deseada todas las áreas de actividad de la institución.

Todavía hoy, algunas universidades consideran la actividad internacional como algo secundario, que no forma parte de la espina dorsal de la institución, vinculada casi exclusivamente a los planes de movilidad internacional de los estudiantes y sin consideración alguna en el diseño de la oferta académica, o sobre las políticas de atracción de talento o de estudiantes de países con exceso de demanda de estudios universitarios.

La segunda reflexión está relacionada con la primera, en el sentido de que las universidades deben decidir sobre qué tipo de demanda local y global pretenden satisfacer. En particular, el análisis de las oportunidades internacionales vinculadas a nuevas dinámicas globales como las relacionadas con el aumento extraordinario de la demanda en algunas regiones del planeta. En este sentido, por ejemplo, algunas universidades europeas y estadounidenses están abriendo sucursales en países como China e India con objeto de satisfacer localmente la demanda. Estas y otras iniciativas deben formar parte del planeamiento estratégico de cada universidad.

Cuando se diseña la oferta académica desde una perspectiva internacional, debe decidirse en qué lengua se realiza la oferta, ya que esta decisión tiene una incidencia decisiva en los potenciales demandantes. Algunas universidades españolas ya ofertan grados y posgrados en inglés. Este hecho incide fuertemente en la estructura organizativa de la universidad, ya que ofertar enseñanzas en lengua inglesa supone aceptar que la universidad se convierte de facto en una institución bilingüe, ya que los estudiantes deben poder relacionarse en todos los ámbitos con su institución en las lenguas en las que esta oferta sus enseñanzas.

A pesar de que la batalla por la demanda global está tanto en el grado como en el posgrado, en nuestra opinión, para la universidad española el reto está en el posgrado.

Mientras que en los estudios de grado los estudiantes internacionales en todo el mundo difícilmente superan el 10% y en la mayoría de los casos están por debajo del 5%, en el caso de los estudios de máster y doctorado en las universidades de mejor reputación están fuertemente internacionalizados con altos porcentajes de estudiantes extranjeros. Además, en los estudios de posgrado se compite por una demanda más global, pero también se compite por captar a los estudiantes de más talento de todo el mundo. En el posgrado nos encontramos con estudiantes más maduros, con un historial universitario previo que permite valorar mejor su capacidad, sus destrezas y habilidades, más dispuestos a seleccionar una universidad en un contexto más global, lo que se traduce en la gran internacionalización de los estudios de máster y doctorado.

Un tercer eje de la reflexión tiene que ver con el grado de internacionalización del personal de las universidades. Si la tendencia apuntada en relación con los estudiantes es reclutarlos en todo el mundo, en el caso de su personal académico y de administración y servicios, parecería lógico que la tendencia fuera en la misma dirección, y por tanto hacia una selección de personal diseñada en contexto más global.

Cada vez más universidades en todo el mundo difunden sus vacantes de profesorado con una gran proyección internacional. Es frecuente encontrar anuncios de vacantes de profesorado en revistas científicas de difusión global, de manera que es posible presentar una candidatura para esas vacantes desde cualquier lugar del mundo, si el candidato o candidata cumplen los requisitos de experiencia, especialización, conocimiento de lenguas, etc. Por el contrario, en España esta situación es excepcional, ya que el personal de las universidades españolas con pasaporte no español difícilmente alcanza el 1%, y menos aún si descontamos el profesorado dedicado a la enseñanza de lenguas extranjeras, donde, por razones obvias, encontramos algunos más.

Desde el punto de vista legal, no existen limitaciones para la contratación de ciudadanos de países miembros de la Unión Europea en la administración pública española, normativa de aplicación a las universidades públicas en todas sus categorías de personal, y existen menos restricciones aún en el caso de las universidades privadas. Sin embargo, por un conjunto de razones, que por su dimensión no podemos abordar en este trabajo, difícilmente encontramos entre los candidatos a ocupar una plaza de profesorado o de personal de administración y servicios en universidades españolas a extranjeros.

Estoy convencido de que la situación se modificará a corto plazo y se producirá un cambio de cultura en nuestras universidades. Los estudiantes de doctorado, ya internacionalizados, serán mañana postdocs o ayudantes y, con el paso del tiempo, profesores titulares o catedráticos, todo ello una vez que cambie la situación que estamos sufriendo desde hace algunos años con la tasa de reposición de personal del 10% del personal de las universidades públicas, que está suponiendo un freno importantísimo para su modernización.

En todo caso, es imprescindible que se produzca un cambio cultural y pensemos de manera general que a la hora de cubrir vacantes, especialmente en el caso del profesorado, es necesario que la difusión de vacantes se produzca de la manera más internacional posible, aceptando con naturalidad a candidatos extranjeros. También sería de ayuda la eliminación de barreras de segundo orden como la homologación de títulos universitarios y otras trabas administrativas, que de facto actúan como un filtro selectivo para la participación de los extranjeros en los procesos de selección.

Los mismos comentarios que se han dedicado al profesorado podrían dedicarse al personal de administración y servicios, aunque somos conscientes de las diferencias en las funciones que realizan y la cualificación necesaria para desarrollarlas. En todo caso, la estructura de gestión y administrativa de las universidades debe adaptarse a los nuevos escenarios que se dibujan.

Si caminamos, en general, hacia a una universidad más internacionalizada, su estructura administrativa debe ser capaz de operar en ese contexto más internacional. Esta simple afirmación obliga a cambios profundos en la estructura de las universidades españolas, sin olvidar otros vectores de cambio que inciden de manera simultánea, caso de la aplicación masiva de las tecnologías de la información a la educación universitaria, que puede acelerar algunas de las reflexiones que se han indicado en este trabajo en relación con la internacionalización.

En la mayor parte de las universidades se han identificado con claridad la necesidad y el sentido de los cambios, la dificultad está en el ritmo con que se introducen y en su gestión en el interior de organizaciones complejas como son las universidades, con sistemas de gobernanza que dificultan la introducción de cambios profundos en sus estructuras y modos de funcionamiento.

Cabría añadir algunas reflexiones adicionales sobre la internacionalización de la investigación, que, sin duda, sufre, por su propia naturaleza, un proceso intenso de concentración y globalización. Cada vez es menos válido un modelo de investigación universitaria construido sobre grupos formados por un profesor y algunos estudiantes de posgrado.

Acometer retos de gran envergadura como la secuenciación del genoma humano, la lucha contra el cambio climático, etc., obliga a la coordinación de numerosos científicos de todo el mundo. Este proceso no tiene barreras y muy frecuentemente tiene carácter global, agrupando científicos en cada institución participante, a la vez que estableciendo redes de cooperación muy selectivas, en las que existe una pugna por participar, ya que solo aquellos que forman parte de estas redes recibirán los recursos imprescindibles para las tareas de investigación que pretenden abordar.

Para terminar, si tuviéramos que elegir entre las reflexiones realizadas alguna cuestión más urgente, más fundamental, insistiríamos en la necesidad de que cada universidad disponga de una estrategia de internacionalización alineada con la estrategia general de la universidad en todos sus ámbitos. Si no sabemos a dónde queremos ir, difícilmente sabremos si vamos por el buen camino. „

La visión de la Administración

REFLEXIÓN INICIAL

Basta una mirada rápida para comprender que no faltan informes sobre la universidad española y, por ende, sobre las líneas de mejora y reforma que debería acometer el gobierno, como máximo responsable del sistema universitario español (SUE).

Entre los más manejados destacan El gobierno de la educación superior en Europa de Eurydice (2009), Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana—comúnmente conocido como Informe Tarrach (2011)—, La mejora de la gobernanza universitaria en Cataluña de la Generalitat de Cataluña (2012), La nueva gobernanza de los sistemas universitarios compilado por Barbara M. Kehm (2012), Autonomía universitaria y sistema de gobernanza de Francesc Xavier Grau (2013) o Atreverse a volar alto: una estrategia para desarrollar universidades de rango mundial en Chile de Jamil Salmi (2013).

NO FALTAN INFORMES SOBRE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: EL ESPEJO DE OTROS PAÍSES

Por su parte, el gobierno aprobó en abril de 2012 la creación de una comisión de expertos, formada por once miembros seleccionados de acuerdo con su indudable prestigio académico o profesional: María Teresa Miras-Portugal, Óscar Alzaga Villaamil, José Adolfo de Azcárraga Feliu, José Campmany Francoy, Luis Garicano Gabilondo, Félix M. Goñi Urcelay, Rafael Puyol Antolín, Matías Rodríguez Inciarte y Mariola Urrea Corres. Esta comisión recibió el cometido de elaborar una propuesta de reforma del sistema universitario español; una reforma que el ministerio pretendió orbitar sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización. El informe que los miembros de esta comisión presentaron en febrero de 2013, bajo el título de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, gira en torno a los siguientes aspectos: la gobernanza de las universidades; la evaluación, excelencia y competitividad; el profesorado universitario y el acceso a los cuerpos docentes; la financiación; la oferta académica, y los estudiantes.

Al margen de informes, tampoco faltan otras referencias de nuestro entorno. Basta mirar al espejo de las mejores universidades del mundo para comprobar que se repite una misma esencia: similar modelo de gobierno, de financiación y de selección de estudiantes y docentes.

Como dice Kehm (2012) «La gobernanza institucional se ha convertido en un elemento crucial». Se buscan líderes universitarios con funciones de gestión, con el fin de potenciar el liderazgo ejecutivo en detrimento del poder colegiado en organismos deliberativos y representativos. Y como ejemplo, se podría considerar la situación de los Países Bajos, donde «los organismos de representación —en los que participan académicos, no académicos y estudiantes— han pasado de ser organismos de toma de decisiones a organismos asesores».

Las reformas que han llevado a cabo países europeos de gran tradición democrática (Francia, Reino Unido, Países Bajos…) en sus sistemas universitarios han coincidido en dotar de mayor autogobernanza gestora y mayor orientación estatal —que no regulación— a la vez que una menor autogobernanza académica.

Por su parte, y en relación con la captación de fondos, el modelo más frecuente de financiación de las más prestigiosas universidades del mundo tiende una menor dependencia de los recursos públicos y una evidente tendencia a generar ingresos propios. En otras palabras, la verdadera independencia de las universidades más prestigiosas está fundamentada sobre niveles mayores de independencia económica. Parece ser una eficaz forma de contar con universidades potentes y competitivas.

Otros países, no obstante, optan por un estadio intermedio de dependencia económica, la financiación vinculada a resultados, con resultados también satisfactorios.

Pero tampoco faltan clasificaciones internacionales —rankings universitarios— que son un buen indicador de nuestras universidades aunque, a ojos del observador superficial, no contemplan toda la realidad, que es muy compleja y matizada. En efecto, limitarse a asumir los resultados de estos rankings internacionales, sin analizar los detalles por áreas, desvirtúa el trabajo de muchos departamentos españoles que mantienen una altísima calidad. Así lo ratifica el análisis de la posición de las universidades españolas en los rankings internacionales a través de proyecto FICUE (Fotografía Internacional Calidad de las Universidades Españolas), basado en un análisis por áreas y centros, que ha llevado a cabo la Fundación Universidad.es. Este análisis por áreas muestra que hay treinta centros españoles que se sitúan entre los doscientos primeros del mundo en, al menos, una disciplina. En total, suman 273 apariciones contabilizando todas las materias y todos los rankings. En el top cien hay 19 universidades españolas, que aparecen en un total de 81 ocasiones, y las disciplinas donde hay una presencia española más destacada son Ciencias Agrícolas, Matemáticas, Informática, Química y Física.

Consciente de la importancia de las clasificaciones internacionales, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte constituyó un grupo de trabajo destinado a analizar la participación de las universidades españolas en los principales rankings internacionales (QS, THE, ARWU-Shanghái), con el objetivo de elaborar un manual de buenas prácticas que ayude a las universidades españolas a mejorar su posicionamiento en dichas clasificaciones. Los rankings internacionales contribuyen a dar visibilidad a nuestras universidades y son claves para la captación de talento. Por este motivo, el gobierno ha considerado conveniente cultivar una «cultura de ranking» en las universidades españolas y ofrecer indicaciones útiles que les animen a participar en estos rankings y explotar sus fortalezas de cara a los mismos. Hay diversos factores que explican por qué las universidades españolas no destacan en estas clasificaciones internacionales, como el hecho de que nuestras universidades son muy genera-listas y la excelencia académica está muy dispersa. Este último factor significa que el sistema universitario español es equilibrado y equitativo, pero le resta visibilidad en el exterior. De ahí la importancia de poder dar a conocer más allá de nuestras fronteras a aquellos departamentos o facultades que destacan desde una perspectiva europea o global.

Con el objetivo de plantear mejoras y reformas en el sistema universitario español, es necesario, en primer lugar, clarificar quienes son los verdaderos clientes de la universidad. En una primera respuesta se podría pensar que los clientes son los estudiantes; sin embargo, una reflexión más pausada conduce a la conclusión de que el verdadero cliente de la universidad es el conjunto de la sociedad. En este contexto, podríamos decir que los estudiantes son el producto de la universidad.

Las universidades deben preparar a los estudiantes para enfrentarse al mundo laboral en las mejores condiciones. Por tanto, las universidades deben permanecer atentas a las demandas de la sociedad en la que se desenvuelven y a la demanda de las empresas que solicitan profesionales bien formados. Solo desde este convencimiento el gobierno podrá acometer reformas de mayor o menor calado que permitirán al sue alcanzar una mayor calidad y un mayor reconocimiento.

DIÁLOGO CON LOS PROTAGONISTAS: LA AGENDA DE TRABAJO DEL MECD

Así pues, tanto el informe de la comisión de expertos como otros muchos documentos de análisis han sido el punto de partida para abrir un proceso de diálogo sobre las medidas que se han de llevar a cabo en el ámbito universitario. Un proceso de análisis en el que han jugado un papel fundamental los protagonistas del sistema universitario: universidades, comunidades autónomas, estudiantes, sindicatos, consejos sociales… Este trabajo, junto con los resultados de los rankings internacionales y los distintos estudios sobre la universidad española, ha permitido diseñar algunas medidas importantes en esta legislatura, que se incardinan en tres objetivos: la internacionalización del sistema universitario español, una mayor flexibilidad de la universidad española y la inserción laboral de los egresados universitarios.

El primer objetivo, la internacionalización de la universidad española, ha sido prioritario en la agenda de trabajo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, puesto que la actual sociedad global y del conocimiento en la que vivimos plantea dos grandes retos a las universidades españolas en su triple misión de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. En primer lugar, tienen que responder a la cada vez mayor demanda de personal cualificado, con capacidad para innovar y emprender, así como para desarrollar su trabajo a nivel global. En segundo lugar, no pueden permanecer al margen de los esfuerzos que universidades de todo el mundo están haciendo por atraer talento, tanto estudiantes como profesores e investigadores, pues de ello dependen en gran medida sus oportunidades de participar en programas, proyectos y redes de cooperación internacional en educación, investigación e innovación.

La internacionalización de la educación superior universitaria es un factor esencial de la reforma para la mejora de la calidad y de la eficiencia de las universidades españolas y para avanzar hacia una sociedad y una economía del conocimiento que propicien un modelo de desarrollo y crecimiento más sólido y estable para nuestro país.

España capta un 2,5% de los estudiantes extranjeros, por lo que está todavía lejos de países como ee.uu. (16,5%), Reino Unido (13,0%), Alemania (6,3%) o Francia (6,2%). Si bien ha experimentado un importante crecimiento respecto del año 2000 y ha conseguido incrementar su porcentaje en el mercado internacional de la educación superior hasta ocupar la novena posición. En el curso 2012-2013 había matriculados en las universidades españolas 74.297 estudiantes extranjeros: 53.832 en grado y 20.465 en máster.

Se observa, por tanto, una tendencia de crecimiento estable de la tasa de variación anual de los estudiantes extranjeros de grado, en torno al 3-3,5%. Sin embargo, la tasa de variación anual de máster, que estaba significativamente por encima de la de grado, aunque con una tendencia decreciente (casi 27% en 2009-2010 y 2010-2011 y 13,9% en 2011-2012), en el curso 2012-2013 ha sido, por primera vez, negativa, lo que significa que el número de estudiantes extranjeros de máster se ha reducido en el último curso.

Estos datos indican que España tiene potencial y margen de mejora de las cifras antes indicadas. Nuestro país cuenta, además, con dos importantes activos: una oferta académica de calidad y el español, que es la segunda lengua más utilizada del mundo.

Como consecuencia de todo ello, el gobierno está desarrollando diversas medidas encaminadas a favorecer la internacionalización del sistema universitario español, para que sea capaz de atraer un mayor número de estudiantes y docentes extranjeros. Esto redundará en la calidad del sistema y ofrece a las universidades vías alternativas de financiación. En este sentido, cabe señalar que el sector de la educación superior internacional tiene un gran peso en la economía de países como Reino Unido (8,25 miles de millones de libras) o Australia (15,5 miles de millones de dólares australianos).

Con este fin, el ministerio ha desarrollado y presentado recientemente una Estrategia de internacionalización de las universidades españolas. Esta estrategia está llamada a coordinar y reforzar las iniciativas que el ministerio viene impulsando con el objeto de incrementar, a nivel europeo y global, el atractivo de las universidades españolas, a fin de convertir a las mismas en polos de atracción de talento extranjero.

Para la elaboración de la mencionada estrategia se ha creado un grupo de trabajo de internacionalización de universidades, que integra a los protagonistas del sistema universitario español (universidades, organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones, etc.) y a los ministerios competentes en la materia (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Economía y Competitividad, ICEX, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Empleo y Seguridad Social), además del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Universidad.es, el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos y ANECA.

A esta medida se suman distintas iniciativas que desde el ministerio se han impulsado en esta legislatura, como la flexibilización del sistema de acceso a la universidad de los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros. De acuerdo con la recientemente aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (lomce), se elimina la obligación de superar una prueba de acceso a la universidad y se establece, como regla general, que el mismo se hará en función de la calificación de bachillerato o equivalente, así como de los procedimientos que a tales efectos establezcan las propias universidades. Se ha suprimido, por tanto, uno de los principales obstáculos con que tropezaban los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que querían acceder a la universidad española, que era la superación de la prueba de acceso.

Las actuaciones más recientes en esta misma dirección guardan relación con la duración de los grados en el sue y con la simplificación de la expedición del suplemento europeo al título, que insiste en reconocer el Espacio Europeo de Educación Superior como un sistema homologable de títulos, con base en la confianza mutua, en el que las agencias de calidad y los controles internos de las universidades que llevarán a cabo la acreditación de las instituciones desempeñan un papel crucial. En relación con la duración de los grados, conviene recordar que la adaptación a Bolonia que se hizo en España fue minoritaria: mientras que la mayor parte de los países adoptaron un reparto entre el grado y el máster que fundamentalmente consistía en tres años de grado y dos años de máster (en términos de créditos-ects, entre 180 y 240 para el grado y entre 60 y 120 para el máster), España adoptó el sistema que conocemos como 4+1 (240 créditos para el grado y 60 para el máster). Esta configuración (4+1) supone un freno para la internacionalización de nuestras universidades bastante considerable, por lo que el gobierno ha establecido las condiciones para que, de forma optativa y selectiva, las universidades puedan adaptar al sistema de grados de tres años algunos de los existentes. Esta medida dota igualmente de flexibilidad a nuestro sue y otorga a las universidades capacidad de decisión sobre la duración de sus grados.

Otra de las actuaciones en pro de la internacionalización de las universidades españolas ha sido la firma de mou (Memorandum Of Understanding) que permiten que alumnos de otros países puedan estudiar en nuestras universidades, como los que se han firmado con Brasil, Ecuador, China, Kenia, Israel, Arabia Saudí, Turquía y Marruecos.

Y por último, el gobierno está tramitando el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración de equivalencia a titulaciones y a nivel académico y convalidación de títulos extranjeros de educación superior a los títulos o niveles españoles, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de arquitectura, ingeniería, licenciatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica y diplomatura. Este real decreto dispone, entre otros, la homologación de un título extranjero a un título universitario español que dé acceso a una profesión regulada en España.

El segundo eje de actuación del gobierno guarda relación con la necesaria flexibilidad de que es preciso dotar a las universidades. Una flexibilidad en la gestión, en la contratación de profesorado y en la adaptación de nuevos grados y titulaciones como consecuencia de una universidad al servicio de la sociedad que necesita dar una rápida respuesta a las nuevas demandas sociales y del mercado laboral. En esta línea cabe destacar, aparte de la ya comentada posibilidad de ofrecer grados de 180 ects, la importante reforma que el ministerio ha proyectado sobre la acreditación del profesorado universitario, con la que se pretende una simplificación normativa y una mejora regulatoria de los procedimientos de acreditación, así como garantizar una mayor objetividad y transparencia en la acreditación.

El proceso de acreditación, nació como requisito previo necesario para acceder a la carrera docente como funcionario o en otras escalas como profesor contratado doctor, en universidades públicas. Se entiende como un requisito previo que no garantiza el acceso a una plaza pero que es condición necesaria (pero no suficiente). Este proceso está siendo utilizado también de manera opcional también por universidades privadas, que así garantizan un control de calidad de los profesores que contratan. La revisión del proceso de acreditación del profesorado responde a la necesaria actualización de este procedimiento con el fin de mejorar algunos problemas identificados durante estos años de aplicación y hacerlo más riguroso y adaptado a las áreas de conocimiento de los candidatos. El nuevo procedimiento, que se establecerá en forma de real decreto, eliminará barreras en la evaluación del profesorado. También aumentará el número de comités pasando de los cinco comités de rama del conocimiento a un mínimo de veinte comités más especializados. El sistema de evaluación pasará de ser cuantitativo, por suma de puntos, a un proceso de evaluación integral con una valoración cuantitativa. En esta propuesta los dos principales elementos a evaluar en un profesor son su actividad docente e investigadora. Además de esta actividad se incluirá de modo complementario las actividades de gestión y de transferencia. El ministerio prevé que este nuevo sistema de evaluación, después del correspondiente proceso de elaboración y aprobación del real decreto, pueda entrar en vigor en el primer cuatrimestre del año 2015. Como es natural se contempla un periodo transitorio de coexistencia del proceso de acreditación anterior y el nuevo.

El tercer y último eje sobre el que el gobierno ha hecho pivotar sus principales actuaciones tiene como objetivo mejorar la inserción laboral entre los egresados universitarios. Con este objetivo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está llevando a cabo interesantes actuaciones específicas dirigidas para mejorar la empleabilidad de los universitarios españoles.

Por un lado, fomentando del espíritu emprendedor. La baja tasa de autoempleo y emprendimiento de los jóvenes españoles, que no llega al 8%, está lejos de las cifras de otros países de nuestro entorno. Por ello, el ministerio está impulsando la impartición de un módulo de emprendimiento dirigido a estudiantes de últimos cursos de grado y alumnos de máster y doctorado y está apoyando al emprendedor-investigador, a través de Red Emprendia, con tiempo liberado de docencia y formación empresarial para los emprendedores.

Por otro lado, el ministerio está impulsando el contacto de los estudiantes con el ámbito empresarial, como parte de su formación integral y con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral. Una de las más eficaces herramientas para conseguirlo son las prácticas de estudiantes universitarios, que han sido también recientemente reguladas por medio de un real decreto que clarifica las condiciones de cotización.

Otra de las más importantes apuestas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es la empleabilidad en la oferta de las universidades españolas: para ello se ha llevado a cabo un intenso trabajo para completar el Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio (siiu) con datos de inserción laboral. El objetivo es disponer de información relativa a la inserción laboral de los titulados universitarios. Así, se ha trabajado en la creación de un mapa de inserción laboral y empleabilidad de los titulados universitarios.

Con este estudio se pretende investigar la transición de los estudiantes egresados al mercado de trabajo y obtener datos y referentes sobre la calidad de la inserción laboral de la población titulada en las universidades españolas. Las condiciones con las que acceden al mercado laboral, la adecuación de los estudios al trabajo que realizan, su base de cotización, el tipo de contrato, la movilidad, en definitiva, un conjunto de indicadores que permitan conocer la situación de este colectivo y relacionarla con la titulación que hayan cursado.

Para poder realizar este estudio ha sido necesario cruzar la información de los titulados en estudios oficiales de grado, primer y segundo ciclo y máster de las universidades españolas que están contenidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria con los registros de vidas laborales de la Seguridad Social. Este cruce de bases de datos, que ofrece información sobre cada una de las titulaciones, es pionero en España y sus resultados han sido ya publicados.

REFLEXIÓN FINAL

En definitiva, no es fácil abordar una reforma integral y consensuada del sistema universitario español, habida cuenta de que la situación de nuestras universidades, del personal a su servicio y de la propia sociedad en la que se desarrollan es muy heterogénea. Sin embargo, el gobierno puede y debe afrontar aquellas mejoras que ayuden a nuestra universidad a alcanzar mejores cotas de calidad y de reconocimiento. Medidas como las aquí expuestas, que persiguen tres objetivos clave para el futuro del sue: su internacionalización, una mayor flexibilidad de instituciones tan consolidadas como tradicionales como son las universidades y la búsqueda de la máxima empleabilidad de los titulados universitarios. Estas son algunas de las líneas estratégicas del trabajo del gobierno en esta legislatura, que no son sino el punto de partida para que las universidades españolas despeguen y crezcan hasta donde su talento les permita llegar. „

Un espacio de excelencia en español

Sin duda uno de los valores más potentes, y posiblemente menos explotados, del ámbito universitario iberoamericano es la existencia y empleo de una de las lenguas de mayor extensión y futuro en el mundo: el español, lengua oficial y de comunicación y enseñanza en más de veinte países. Reparemos simplemente en el hecho de que el español es hoy la segunda lengua de comunicación internacional, hablada por más de 500 millones de personas en todo el mundo (entre hablantes nativos y extranjeros). No pretendo hacer un elogio y ensalzamiento retóricos de nuestra lengua, como a veces oímos en algunos foros, ignorando la realidad que rodea la ciencia y la enseñanza en las universidades. Por ello —y lo digo con total claridad desde el principio— no puedo cuestionar el carácter de «lengua franca» que tiene el inglés, por supuesto.

Es evidente que la lengua inglesa es la más estudiada y usada en el mundo, aunque no sea la que más hablantes nativos tiene. Mientras que el inglés lo hablan, como lengua materna, alrededor de 400 millones de personas (incluso un número inferior, según algunas fuentes), el español es hablado hoy, como primera lengua, al menos por unos 420 millones (y posiblemente más, dado el incremento acelerado de población en algunos países latinoamericanos y por el crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos).

Pero, al mismo tiempo, es incontrovertible que el inglés es la lengua más extendida como lengua extranjera, o segunda lengua, en todo el mundo. Las diversas estadísticas existentes nos dicen que entre 1.500 y 1.700 millones de personas (entre hablantes nativos y extranjeros) utilizan el inglés para comunicarse en situaciones y contextos muy diversos. Frente a esas cifras, son apenas algo más de 500 millones los que usan el español. Es decir, el número de hablantes que usan el inglés como lengua no materna, aprendida en la escuela o en otros contextos, es elevadísimo, mientras que —de acuerdo con el Informe 2013 del Instituto Cervantes (El español en el mundo. Anuario del Instituto Cervantes 2013, Madrid: Instituto Cervantes, 2013)— los estudiantes de español en el mundo apenas alcanzan los 20 millones (p. 21). Estamos, por tanto, muy lejos de esos 1.100 o 1.300 millones de hablantes de inglés como segunda lengua (pensemos en muchos países africanos, en la India, o incluso en Europa, donde dominan el aprendizaje y el uso del inglés en los entornos educativo y económico).

No obstante, las perspectivas de crecimiento para el español son indudablemente muy buenas, y así lo apuntan todas las proyecciones estadísticas, como las que estiman que en tan solo una década Brasil tendrá unos treinta millones de hablantes de español como segunda lengua, o que Estados Unidos será el primer país de habla hispana del mundo hacia la mitad del siglo XXI, con una población de hablantes de español superior incluso a la de México. Aun así, no es esperable, de manera realista, que el español sustituya al inglés en el siglo XXI como lengua de comunicación internacional, y una de las razones fundamentales de ello es que el inglés es predominante en el ámbito de la ciencia (como en otro tiempo fue el latín), incluso en España y los países de habla española.

Así lo demuestran todas las cifras que manejamos, tanto en lo relativo a la producción científica como en lo que concierne al liderazgo de centros de enseñanza superior en el mundo. Los rankings de universidades, que a veces nos obsesionan tanto —por la presión que suponen sobre nuestra financiación y nuestras estrategias—, constituyen asimismo otra prueba de ese dominio del inglés como lengua de enseñanza internacional al más alto nivel. Es sabido que los primeros puestos de esas clasificaciones son ocupados de manera casi exclusiva por universidades de habla inglesa (las de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Canadá). Es más: el uso extendido del inglés en sistemas universitarios europeos como los escandinavos, el holandés o el alemán, sobre todo en el nivel de posgrado, es una de las razones (no la única, por supuesto) que explican su buena posición en algunas clasificaciones internacionales, ya que es una lengua que permite atraer estudiantes y profesores internacionales de todas las partes del mundo, y especialmente de Asia y África, donde el español tiene todavía un nivel de penetración muy escaso.

Sin embargo, debemos reflexionar asimismo sobre otro hecho que también revelan esos rankings, y es la calidad de la enseñanza y de la producción científica en un buen número de universidades españolas y en un grupo importante de universidades iberoamericanas (sobre todo en países como México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile). Rankings de sesgo claramente anglófono, como el «qs World University Ranking» (entre otros), ponen de manifiesto que, entre las 700 mejores universidades que selecciona, hay varios cientos de centros de enseñanza superior de los países citados. Sabemos también, por ejemplo, que según datos aportados por Thomson Reuters (Essential Science Indicators), en 2011, la producción científica española situaba a nuestro país en el noveno puesto a nivel mundial y en el decimonoveno en citas por documento.

Dicho esto, es también indiscutible que la presencia y visibilidad de revistas científicas en español es escasa a nivel mundial, aun ocupando el español la tercera posición. De acuerdo con los datos aportados por el citado informe del Instituto Cervantes de 2013 (tomados del «ISSN International Center»), en 2012 se publicaban en el mundo 577.267 revistas científicas (publicaciones seriadas) en inglés, 346.831 en francés, y 84.655 en español. La diferencia entre el inglés (e incluso el francés) y el español es claramente muy grande. Y en cuanto al impacto de las revistas se refiere, aunque el de las revistas españolas en el JCR (Journal Citation Reports) es bajo (1,18% en 2011), es constatable también que se ha producido un incremento muy importante en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, pues en esos años el porcentaje de revistas españolas en el JCR aumentó un 278%.

En conclusión, podríamos decir que hay mejoras (y notables), pero que el hecho objetivo es que todavía hoy las revistas en español no ocupan una posición relevante en el JCR. Como el índice de impacto, medido precisamente a través del JCR es un factor fundamental en el prestigio de un artículo científico, es claro que la preferencia de los científicos a nivel internacional es publicar sus principales hallazgos en revistas incorporadas en el JCR, y esto significa, en el año 2011, en el 97% de los casos, publicar en lengua inglesa, pues esa es la lengua del 97% de las revistas incluidas en el JCR.

Los datos que aporta también una publicación reciente, El español, lengua de comunicación científica (Madrid-Barcelona: Fundación Telefónica-Ariel, 2013), coordinada por José Luis García Delgado, José Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, son asimismo muy elocuentes. Así, podemos constatar que en ámbitos como las ciencias experimentales, la tecnología o la medicina, la lengua dominante para el intercambio científico es el inglés. Quizá el lector piense que eso es así en esas áreas, pero que en humanidades o ciencias sociales seguramente las cosas pintarán mejor para el español.

Veamos. Es cierto que en ciencias sociales, por seguir con el foco puesto en las revistas, las cifras y porcentajes son mejores que para las ciencias experimentales, de la salud y tecnologías, pero solo un poquito mejores, apenas dos puntos porcentuales superiores. De hecho, las revistas de ciencias sociales que fueron consideradas en 2010 en el JCR son 2.731, de las que 2.384 se publican en inglés (el 87,29%). En español solo se publicaban entonces 81 (47 en España, diez en México, nueve en Chile, seis en Colombia, cuatro en Argentina, tres en Venezuela, una en Brasil y una en Estados Unidos), lo que representa el 2,97% de las revistas. Si puede servirnos de consuelo, se indexan en el JCR muchas menos revistas publicadas en otras lenguas, como en portugués (17 revistas; el 0,62%), en francés (23 revistas; el 0,84%) o en alemán (51 revistas; el 1,87%).

El hecho de que solo 81 revistas de ciencias sociales publicadas en español se incluyan en el JCR es un elemento que debe movernos también a la reflexión, dado que según datos del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) son 1.921 las revistas de este ámbito que se publican en español en papel y 884 en formato electrónico (en España y América Latina), es decir, un total de 2.805. En contraste, un país pequeño y no anglófono, como Holanda, tiene 174 revistas indexadas en el JCR; la razón es fácil de imaginar: 158 de ellas están publicadas en inglés. Sin embargo, un país de la potencia de Francia (y en especial en este ámbito de las ciencias sociales) solo tiene 25 revistas indexadas (de las que solo una se publica en inglés). Que Australia tenga 85 es claramente un factor de distorsión derivado de la lengua de publicación, pues creo que nadie podrá sostener con argumentos de peso que las ciencias sociales que se hacen en Australia o en Holanda sean globalmente superiores a las francesas.

Si acudimos a datos diferentes a los del JCR como la base de revistas indexadas en Scopus, es cierto que estamos un poco mejor, pues esta base de datos recoge 142 revistas en ciencias sociales publicadas en países iberoamericanos en 2012 (79 en España); pero eso significa solo un 3,6% del total de revistas de este ámbito en el mundo, ya que el número recopilado en Scopus es bastante superior al del JCR 4.572, de las cuales 3.915 eran consideradas activas en abril de 2012 (en lugar de las 2.731 de JCR en 2010).

Sin embargo, en las áreas humanísticas y de ciencias sociales, no son solo las revistas, sino también los libros, los instrumentos empleados para dar difusión al nuevo conocimiento… Es natural que así sea, si consideramos que las reflexiones en ciencias sociales y en humanidades están muy vinculadas a las propias materias y a la cultura que las genera y, en muchas ciencias sociales y humanidades, a las lenguas propias de esas culturas. Por tanto, frente a la «dictadura» de los factores de impacto de las revistas en el JCR están los libros publicados en la(s) lengua(s) propia(s) de cada cultura, y junto a los libros también los espacios compartidos para el debate, como son los congresos y reuniones científicas en el ámbito iberoamericano, y evidentemente la formación universitaria que proporcionan nuestros centros de enseñanza superior. Ahí ciertamente el español es dominante, y ello es indiscutible.

No podemos olvidar, en este sentido, que una de nuestras mayores fortalezas es la unidad del idioma y la riqueza de la literatura que en él se expresa. Conviene reflexionar, por tanto, sobre el papel que la literatura en español puede desempeñar, y de hecho ya desempeña en ciertas esferas, como factor de cohesión cultural, educativa y de conocimiento compartido por la veintena de naciones que, en Europa y América, tienen este idioma como su lengua oficial, o cooficial. Hemos de recordar que la extensión geográfica y la influencia cultural del español es tal que sobrepasa las fronteras nacionales, para constituir un territorio distinto que, como decía Carlos Fuentes en el momento en que recogía el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes del año 1987 en la Universidad de Alcalá, es el «territorio cervantino», el que viene definido por la implantación de nuestra lengua:

Yo comparto el Premio Cervantes, en primer lugar, con mi patria, México, patria de mi sangre pero también de mi imaginación, a menudo conflictiva, a menudo contradictoria, pero siempre apasionada con la tierra de mis padres.

México es mi herencia, pero no mi indiferencia; la cultura que nos da sentido y continuidad a los mexicanos es algo que yo he querido merecer todos los días, en tensión y no en reposo. Mi primer pasaporte —el de ciudadano de México— he debido ganarlo, no con el pesimismo del silencio, sino con el optimismo de la crítica. No he tenido más armas para hacerlo que las del escritor: la imaginación y el lenguaje.

Esta referencia al lenguaje es lo que le lleva, a lo largo de un bello y emotivo discurso, a reivindicar como su patria también el «territorio de la Mancha», la patria cervantina, de modo que la conclusión de sus palabras es todo un manifiesto:

Gracias, entonces, por darle a mi pasaporte mexicano y manchego el sello de vuestra calidad espiritual.

Ahora abro el pasaporte y leo:

Profesión: escritor, es decir, escudero de don Quijote. Y lengua: española, no lengua del imperio, sino lengua de la imaginación, del amor y de la justicia; lengua de Cervantes, lengua de Quijote.

Si nuestra fortaleza numérica es la de esos más de cuatrocientos cincuenta millones de personas en todo el continente americano y en España que tenemos el español como lengua materna —sin duda, un potencial económico y geoestratégico de grandes dimensiones—, no nos olvidemos de utilizar ese instrumento para poner en valor nuestros tesoros culturales y educativos —valores del conocimiento compartido, en último término— que representan aquellos escritores galardonados con el Premio de Literatura Miguel de Cervantes en sus casi cuarenta años de existencia (desde 1976).

Son escritores no solo de España naturalmente, sino de muchos otros países americanos como Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Paraguay, Perú o Uruguay. Entre todos ellos podemos encontrar ópticas ideológicas y estéticas muy diversas, que abarcan buena parte del espectro político e intelectual de nuestros países: los que incluyen las de Jorge Luis Borges o Elena Poniatowska, pasando por las de Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Alejo Carpentier, Juan Gelman, Guillermo Cabrera Infante, Álvaro Mutis, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, Jorge Edwards, Carlos Fuentes, Gonzalo Rojas o Nicanor Parra, o las de los españoles Jorge Guillén, Rafael Alberti, María Zambrano, Miguel Delibes, Camilo José Cela, José Hierro, o tantos otros. Ellos encarnan los principios básicos de la imaginación creadora, que se expresa en el «territorio de Cervantes», y que posee un carácter vivificador y revitalizador de nuestras sociedades y de nuestros sistemas educativos y culturales.

Entiendo que las naciones iberoamericanas poseemos un tesoro común considerable en este acervo de escritores distinguidos con el Premio Cervantes, y que sería justo y adecuado que, entre todos, y con la implicación directa de los gobiernos de nuestros países, se le diera a ese tesoro la adecuada visibilidad y difusión en nuestro sistema educativo. Esto nos permitiría profundizar en las fortalezas de nuestro territorio cervantino, cuya base, como decía Carlos Fuentes, es el español: «no lengua del imperio, sino lengua de la imaginación, del amor y de la justicia; lengua de Cervantes, lengua de Quijote».

Si lográramos convertir a nuestros Cervantes de los siglos XX y XXI en materia de lectura y estudio en nuestros centros educativos, creo que estaríamos favoreciendo los principios básicos de la integración iberoamericana, como son el entendimiento, la comprensión y la cooperación entre nuestras naciones. ¿Qué mejor manera de hacerlo que nuestros escolares y universitarios leyeran y debatieran esos textos que constituyen hoy la base de nuestra imaginación y nuestra expresión propia? No solo los de su propio país, por supuesto, sino también los de los otros, para que, con esa lectura, contribuyamos a fortalecer la integración y la cohesión educativa y cultural iberoamericanas.

Además, es que en esas obras de los escritores galardonados con el Premio Cervantes están soberbiamente expresados los valores de la convivencia, la idiosincrasia de nuestros pueblos, el mestizaje de nuestras culturas, el sentimiento de nuestras raíces, el conflicto de nuestras sociedades, el horror a veces de regímenes dictatoriales, pero también la esperanza de los cambios que traían el aire nuevo de la democracia y la libertad.

En muchos de los discursos pronunciados en la Universidad de Alcalá por los premiados en el momento de recoger de las manos del rey de España su galardón, viven asimismo las palabras de Cervantes, palabras no solo de gratitud por el reconocimiento de la comunidad hispanohablante, sino palabras de reivindicación de nuestras herencias en común, de evocación por supuesto de la figura del creador del Quijote, pero también de sus valores eternos: la educación, la libertad, la patria, y naturalmente el exilio —un fenómeno que une a los escritores más allá de las fronteras nacionales, y de las ideologías—. Decía también el uruguayo Juan Carlos Onetti en 1980 al recibir el premio, lleno de emoción por gozar en España de la libertad que su país le había negado:

Yo, que sufrí amargamente años atrás la derrota de un gobierno legítimo español, y que he sido toda la vida un demócrata convencido, nunca imaginé que me llegaría el día de hacer un elogio público y sincero a un Rey, a un monarca en cuanto tal, es decir: por el hecho mismo de ejercer la jefatura del Estado. Hoy lo hago fervorosamente, y querría que todas las repúblicas de América se enteraran de ello.

Ojalá estas reflexiones y palabras de nuestros grandes escritores nos ayudaran a poner verdaderamente en valor nuestra lengua y nuestra literatura como el instrumento poderoso que es en nuestros sistemas educativos, un instrumento de valores, de cohesión, de integración y de fortaleza, que nos enorgullece, y debe enorgullecernos, porque es mucho lo que, entre todos, atesoramos, y lo que sin duda nos hace grandes en el concierto de las naciones del mundo.

Las publicaciones en forma de libro y las actividades de congresos, así como la formación universitaria, que mayoritariamente tienen lugar en español en nuestro gran espacio iberoamericano constituyen, como se decía antes, un factor de fortaleza único, que hay que explotar y fomentar. Usemos a nuestros grandes escritores, y logremos de este modo incrementar también nuestra presencia en español en todos los ámbitos científicos, y de manera primordial —claro está— en el de las humanidades y ciencias sociales. A modo de conclusión, reproduzco del Informe 2013 del Instituto Cervantes que he citado antes la siguiente afirmación: «El español es un instrumento esencial para la difusión de los resultados de los estudios científicos relacionados con el hispanismo o con el conjunto del territorio hispanohablante» (p. 49). Si estuviéramos hablando de un territorio pequeño, o de una población escasa, sin duda eso sería poca cosa. Pero no es el caso: hablamos de un gran espacio de excelencia en español.