Manuel Azaña. La conmemoración y el personaje

La de Azaña es, sin duda alguna, la vida española más interesante del siglo XX. Lo es, en primer lugar, por esa doble condición de intelectual y de político, pero sobre todo por el carácter eminente que tuvo en ambas dedicaciones. Es muy difícil encontrar un intelectual de talla semejante en su época y, menos aún, un político que ocupara un papel más relevante en el momento de la tragedia española; la combinación de estas dos realidades explican la atracción que, desde una óptica actual, se siente por el personaje. Pero ésta, a su vez, puede nublar el juicio acerca de su trayectoria, y de eso se ha pecado en la conmemoración cincuentenaria. Ha habido en ella exceso de apropiación por parte de las fuerzas políticas (los nuevos conservadores convirtiéndolo en símbolo del liberalismo y y los socialistas identificándolo con la «modernización») y, sobre todo, exceso de «impecabilidad», como si Azaña no hubiera cometido error alguno a través de su trayectoria política. Y eso que, lamentablemente, se ha dado incluso en algunos de los libros citados concluye por hacer incomprensible a un protagonista de la Historia y convierte en ahistórica toda una conmemoración. El objeto de este artículo es tratar de hacer ese juicio desde criterios de historia política. Por supuesto, no se trata de convertirlo en culpable, pero tampoco de partir de la presunción de que su actuación fue siempre la mejor imaginable.

Hay que partir de su formación y de esa doble condición de intelectual y político. Su generación, a diferencia de la finisecular, no practicó tan sólo la denuncia, sino que se adentró en la vida pública, como él mismo diría, «por exigencia de la sensibilidad». Pero esto, que era una exigencia moral, hacía que Azaña sintiera con frecuencia la necesidad de librarse de la política. Como ha escrito Santos Juliá, la vocación política del intelectual alcalaíno era vacilante; él mismo contó que se sentía, ante la práctica de la política, «disminuido y disperso»; eso explica los desfallecimientos a los que se abandonó en algunas ocasiones. La condición de intelectual dedicado a la política supone también un peligro: el de no medir las consecuencias de las propias acciones. Lo que piensa o escribe un intelectual influye, pero lo que un político hace repercute más directamente sobre la vida de los contemporáneos. Eso exige la previsión de las consecuencias de las acciones y posiciones propias.

Dictadura de Primo de Rivera

El momento en que Manuel Azaña entró en política con personalidad propia fue durante la Dictadura de Primo de Rivera; su presencia en el Partido Reformista no reviste ninguna característica que le individualice. En cambio, en los años de la Dictadura su posición sí tuvo esa característica. Su condena del régimen fue taxativa: era el «apostolado de la barbarie», a pesar de que intelectuales tan relevantes como Ortega estaban dispuestos a tratar de adoctrinar a Primo de Rivera.

Para Azaña, en cambio, su pretensión de «gobernar sin política» era una necedad equivalente a «andar echado o dormir despierto». Su propuesta no concluyó, sin embargo, en la pura crítica del régimen militar, como fue el caso de Unamuno, sino que incluyó un programa. Se trataba de liquidar a sus últimas consecuencias el liberalismo oligárquico, proclive a la cesión, que caracterizó a la Restauración por la democracia. Ésta debería, además, tener un proyecto preciso, el que Azaña diseñó en su Apelación a la República. Pero en ese texto, con toda la lucidez que tiene en la crítica al sistema dictatorial, se perciben también fragilidades que luego se harían bien patentes en la etapa republicana.

En primer lugar, la democracia ha de ser —nos dice Azaña— «militante y docente»; eso equivale a indicar que no sólo crea un marco de convivencia, sino que presupone unas realizaciones concretas con las que se transforma la entraña misma de la sociedad española. De ahí al jacobinismo hay tan sólo un paso. Por otro lado, Azaña demuestra en el momento de la redacción de ese texto una extraña carencia de programa social. Sus preocupaciones fundamentales radican, por ejemplo, en el programa de política educativa, pero en absoluto en la reforma agraria, que será una cuestión crucial en los años treinta. Tan es así que Azaña se limitó a postular que se pidiera a la UGT y al PSOE un elenco de medidas en este terreno para pactar un programa con ellas.

Ambivalencia

La sensación de ambivalencia de que dan cuenta estos planteamientos se repite cuando, en 1930 y 1931, Azaña se lanza a la propaganda política. Algunas de sus intervenciones merecen ser recordadas por la belleza del concepto, muy por encima de cualquier dirigente republicano (así cuando recuerda que la libertad no hace necesariamente felices a los hombres, sino que los hace simplemente hombres). Pero hay también otro Azaña que insiste en los aspectos pretendidamente revolucionarios de la República y al preguntarse por la paz en los espíritus» se responde a sí mismo con un rotundo «No la queremos».

Ahí radica el punto más criticable de la gestión de Azaña como gobernante durante el primer bienio republicano. El reproche que a él puede hacerse no reside en su condición de liberal, sino en no serlo suficientemente; no en ser demócrata, sino en resultar jacobino. Es cierto, como ha escrito Santos Juliá, que Azaña era más jacobino si miraba al pasado que si se proyectaba hacia el futuro, y más cuando hablaba que cuando actuaba. Pero los inconvenientes de ese jacobinismo resultaron patentes para un régimen democrático recién fundado. Partía Azaña de un exceso de confianza en el Estado como instrumento de transformación de la sociedad («A mí lo que me interesa es el Estado soberano y legislador»), pero sobre todo hacía a ese Estado ejercer de instrumento de un régimen «militante y docente» en un conjunto de «operaciones quirúrgicas» que podían no ser aceptables a una proporción considerable de la sociedad española. La democracia no era para él un campo de convivencia entre opciones sociales distintas, sino un programa, con lo que de modo inevitable quedaban excluidos de ella los que no lo aceptaran.

Propósito reformista

De este rasgo básico de Azaña deriva el balance de su gestión como gobernante durante el primer bienio republicano. Hay que partir del reconocimiento de la ambición de su propósito reformista, que no sólo fue muy superior al de cualquier otro político español del siglo XX, sino también estuvo muy por encima de la media de los regímenes democráticos nacidos en la Europa de entreguerras.

No hay que minusvalorar dos grandes triunfos de Azaña en materias espinosas y en las que, si el acierto no fue total, al menos el balance fue netamente positivo; me refiero a la cuestión militar y a la catalana.

No hay que minusvalorar dos grandes triunfos de Azaña en materias espinosas y en las que, si el acierto no fue total, al menos el balance fue netamente positivo: me refiero a la cuestión militar y a la catalana. Pero al lado de estos aciertos tampoco deben olvidarse los fracasos, derivados en buena medida de los mismos planteamientos. Es cierto, como ha escrito Juliá, que Azaña profesó respeto a la intimidad religiosa y mostró sensibilidad ante la estética de la liturgia. Es más: su «España ha dejado de ser católica» adquiere sentido en el contexto del discurso en que fue pronunciado y no deja de tener su fundamento. Pero en su planteamiento del problema religioso hubo, en primer lugar, un error político, que supuso enajenar a la República el apoyo de una porción importante de la sociedad española, y, sobre todo, una carencia de verdadero espíritu liberal, pues no otra cosa, como él mismo admitió en el citado discurso, es prohibir la enseñanza a las órdenes religiosas. La otra gran debilidad de Azaña residió en su ausencia de preocupación por el problema de la reforma agraria: no le dedicó tiempo ni intervino sobre él en las Cortes; incluso fue consciente de que tenía un ministro de Agricultura, Marcelino Domingo, que «no hará nada útil y que después de haber ofendido a buena parte de la sociedad española no satisfaría tampoco a otro sector. En suma, el caso de Azaña es un testimonio de que la condición de reformista no basta para emitir un juicio positivo sobre un gobernante; hay que saberlo ser, y Azaña, que acertó en el propósito esencial, erró a la hora de tratar de llevarlo a la práctica en el orden de las prioridades y en el modo de llevarlas a la práctica.

Sublevación de 1934

Hay otro aspecto que debe ser tenido muy en cuenta por su influencia respecto de los restantes agentes del juego político. Se trata de la reacción de Azaña en el momento en que arreciaron las dificultades contra su proyecto gubernamental. Es cierto, como asegura Santos Juliá, que sus opositores, al apoyarse en el presidente de la República, testimoniaban a veces unos modos de actuación política basados en las prácticas de otros tiempos, mientras que Azaña se apoyaba tan sólo en la fuerza de sus votos parlamentarios, testimoniando así un comportamiento mucho más acorde con los principios de la democracia. Sin embargo, no cabe la menor duda de que Azaña erró radicalmente en sus relaciones con Lerroux: es injustificable que dijera que «lo que a mí espanta es que la República se corrompa» o que la República «se había acabado» después de su abandono del poder. Por mucho que le resultara poco respetable la personalidad de Lerroux, resulta inaceptable que pretendiera lanzarle a las tinieblas exteriores de la ortodoxia republicana. El viejo dirigente, cuya actuación tiene muy poco de ejemplar en muchos aspectos, nunca trató a Azaña de la manera como éste lo hizo con él.

Azaña erró radicalmente en sus relaciones con Lerroux: es injustificable que dijera que«lo que a mí me espanta es que la República se corrompa» o que la República «se había acabado» después de su abandono del poder.

A lo largo del segundo bienio republicano también es posible encontrar en Azaña posturas que, no siendo coherentes con los principios de la democracia, no contribuyeron en nada a estabilizar el régimen republicano. Es injustificable que pidiera la disolución de las Cortes cuando fue derrotado en las elecciones por las derechas y que pretendiera que éstas no podían acceder al poder. También lo es su actitud ante la conspiración de octubre de 1934. Frente a la acusación que luego las derechas hicieron en su contra, lo cierto es que no colaboró en nada con la sublevación; por el contrario, hizo todo lo posible por disuadir de ella a quienes la protagonizaron. Sin embargo, en pura ortodoxia democrática, era todavía más lo que resultaba exigible a un político del régimen como él. Debió alzar su voz en público contra los conspiradores y haber denunciado ante el Gobierno legítimo lo que estaba sucediendo y de ninguna manera debía haber abandonado el Parlamento tras la derrota de la conspiración. En este sentido, resulta plenamente acertada la crítica que le hicieron miembros de su propio partido, como Emilio González López y Claudio Sánchez Albornoz, que permanecieron en sus escaños.

Guerra civil

De nuevo durante la campaña de 1936 recuperó Azaña toda la convicción y la belleza de su palabra, y eso explica en gran medida su victoria electoral (pues fue suya sobre todo). Pero, tras ese momento estelar, de nuevo su ejecutoria política se torna muy criticable. La destitución de Alcalá Zamora fue no sólo inconstitucional, sino profundamente irresponsable, en especial teniendo en cuenta que a Rivas Cherif le hizo mención de su «placer estético» por esta operación política. Su actitud vital en los últimos meses de República roza a veces la frivolidad, o por lo menos demuestra una pasividad de la que no es fácil declararle exento de culpa. Su mismo acceso a la Presidencia de la República testimonió ese deseo de librarse del peso de una actuación más decidida. Cuando uno preside un país en trance de destrucción de su democracia, no puede decir, como él hizo a Rivas Cherif: «Lo mejor será dejarse ir y que pase lo que quiera». Es muy posible que si su actitud hubiera sido otra el resultado final fuera el mismo, pero, de todos los modos, una posición como la descrita resulta injustificable, en especial teniendo en cuenta que era capaz de un diagnóstico perfectamente lúcido de la situación.

Cuando estalló la guerra civil hubo gentes, en los dos bandos, que se mostraron satisfechas; poca alabanza merecen. La reacción dramática de Azaña demuestra su altura moral. Describió el momento como «el más lúgubre, desesperado, angustioso, insoportable», y, a pesar de ello, no pensó ni siquiera por un momento en el abandono, por dimisión, de sus altas responsabilidades. Fue, además, lúcido, como casi siempre, en la apreciación de las circunstancias políticas: se daba cuenta de que para que la República sobreviviera había que llegar a una paz mediante la transacción y con la mediación exterior. Sus durísimos juicios respecto de Largo Caballero parecen justificados. Su palabra fue, de nuevo, la más bella y la éticamente más digna durante toda la contienda. Concluir un discurso en plena guerra civil con una invocación a la «paz, piedad y perdón» es todo un acto de valentía.

La destitución de Alcalá Zamora fue no sólo inconstitucional, sino profundamente irresponsable, en especial teniendo en cuenta que a Rivas Cherif le hizo mención de su «placer estético» por esta operación política.

Pero hay elementos también para una posible crítica al Azaña del período bélico. Supo de las limitaciones de Largo Caballero, pero, en cambio, no tuvo suficientemente presentes las de Negrín, y, sobre todo, dio en algún momento la sensación de estar invadido por esa misma tentación de permanecer en la pasividad que le había caracterizado en el momento final de la convivencia pacífica. También es posible en este caso que nada hubiera conseguido, pero cabe algún resquicio de que, a fines de 1938, hubiera podido lograr con su intervención (y el paralelo desplazamiento de Negrín) esa paz por mediación que hiciera posible su propósito: «Una República liberal donde todos puedan votar».

El Azaña final de nuevo muestra una espléndida lucidez en toda su melancolía. Su diagnóstico acerca de la derrota resulta ejemplar y no está exento, sobre todo en sus papeles más íntimos, de una conciencia de la propia culpabilidad, aun por omisión. Él supo, en las semanas postreras de su vida, que el régimen de Franco duraría y que, además, en el futuro la libertad volvería mediante «soluciones intermedias». Pero toda esa lucidez no puede hacer olvidar algo de lo que Azaña debía ser consciente, es decir, que habiendo tenido un protagonismo tan acusado en los acontecimientos, aunque a él le correspondiera una porción muy inferior de responsabilidad en comparación con otros en el trágico desenlace, tampoco se le puede declarar exento radicalmente de culpa por éste último. Pero eso, por desgracia, no ha sido tenido en cuenta a la hora de la conmemoración del cincuentenario de su muerte.