Los extranjeros en España. El Gobierno toma medidas

Vienen cada vez más y cada vez de más lejos. De Latinoamérica, de Europa del Oeste y del Este, de África del Norte y de la zona negra subsahariana; de las Filipinas y de otros rincones insospechados del Planeta. Hemos dejado de ser la España «peregrina» para ser simplemente destino, mercado de trabajo o refugio y asilo de gentes de muy variada condición. Unos han entrado y viven legalmente en el territorio nacional; otros han atravesado nuestras fronteras de forma clandestina y viven (malviven) ilegalmente en el país. De los primeros conocemos aceptablemente su número, procedencias y características; de los segundos sólo tenemos una información fragmentaria e imprecisa, inconscientemente estereotipada o deliberadamente sesgada, que ha suscitado temores, reacciones xenófobas y actitudes defensivas y de rechazo.

Nueva política de extranjería

La presencia de extranjeros en el país preocupa hoy más que nunca a la gente, a los medios de comunicación, que airean frecuentemente sus perfiles más negativos, y a los poderes públicos, que toman nuevas posiciones ante el «problema». Un buen ejemplo de ello es el documento sobre la «situación de los extranjeros en España», que recoge las «líneas básicas de la política española de extranjería», presentado recientemente por el Gobierno como Comunicación al Congreso de los Diputados. El documento tiene dos partes claramente diferenciadas: una primera expositiva, en la que se ofrecen datos generales sobre la inmigración regular e irregular, la evolución de las tendencias demográficas en Europa y los países norteafricanos y los objetivos y algunos resultados de la Ley Orgánica 7/85, denominada Ley de Extranjería, que constituye el instrumento básico para la regulación jurídica del régimen de extranjeros en nuestro país. La segunda parte de la Comunicación contiene las medidas esenciales para una intervención pretendidamente coherente, eficaz y global en materia de extranjería. A ellas dedicaré los próximos comentarios.

Hemos dejado de ser la España «peregrina» para ser simplemente destino, mercado de trabajo o refugio y asilo de gentes de muy variada condición.

La primera medida que el Gobierno señala es un control más eficaz de las entradas, instrumentalizado a través de los visados y de una mayor vigilancia de las fronteras. La política de visados incluye su implantación, que ya ha sido hecha efectiva, para los países del Norte de Africa, a cuyos emigrantes no era exigido hasta ahora. El objetivo que esta medida persigue es avanzar en el control de los inmigrantes clandestinos, una buena parte de los cuales tiene aquella procedencia. Sin embargo, el Gobierno parece dispuesto a mantener una política tradicional de exención de visados para las personas provenientes de Latinoamérica.

Paralelamente a esta política de visados, el Gobierno declara su deseo de llevar a cabo un control más riguroso de las fronteras, frecuentemente calificadas de «permeables» y «porosas» desde las instancias comunitarias. No hay que olvidar al respecto que para muchos emigrantes norteafricanos España (y también otros países europeos meridionales) constituye un lugar de paso o de estancia-espera para destinos situados más al Norte. Y conviene recordar, igualmente, que a partir de 1983 las fronteras de Portugal, España, Italia o Grecia se convertían en fronteras exteriores de la Comunidad, desde donde se presiona a las autoridades españolas para que controlen más y mejor las entradas. No constituye ésta una tarea fácil, ya que cada año nos visitan más de 50 millones de ciudadanos extranjeros, un 99% de los cuales puede penetrar en nuestro territorio con necesidad de obtener con antelación el visado de entrada. A pesar de ello, en los últimos años esa vigilancia que ahora se pretende reforzar, particularmente en las costas del sur de España (Algeciras, Cádiz, Málaga, Almería), en Ceuta y Melilla y en el puerto de Las Palmas, ha dado ya sus frutos. En 1989 fueron rechazados en las fronteras 35.000 solicitantes de entrada, de los cuales unos 25.000 lo fueron desde los puertos del sur del país. Es una solución necesaria, pero muy dolorosa para personas que han invertido todo lo que tenían, hasta su propia vida, por llegar a un destino que les permita alcanzar una aspiración tan justa como poder sobrevivir.

Residentes clandestinos

De todas maneras, muchos (no podemos precisar la cifra) logran llegar al país, y en él, clandestinamente, intentan ganarse la vida. En España residen legalmente alrededor de 400.000 extranjeros, y un número de ilegales, muy difícil de establecer, que estudios encargados por el Ministerio de Trabajo cifran en unos 170.000 inmigrantes, pero nadie lo puede asegurar con certeza. Lo cierto es que muchos de ellos trabajan en la economía sumergida, en las ocupaciones más duras, peligrosas o peor remuneradas (aquellas que los trabajadores autóctonos rechazan) y en situación de gran precariedad. Otros (no pocos, pero Dios sabe cuántos) desarrollan actividades delictivas o marginales que incluyen el robo, la prostitución o el tráfico de drogas. En el documento del Gobierno se manifiesta una preocupación por estos temas y una clara voluntad política de resolverlos, si bien las medidas insinuadas para ello no pasan de una simple declaración de intenciones. Para la lucha contra el trabajo clandestino se recuerdan experiencias llevadas a cabo por otros países, particularmente la intensificación de las sanciones administrativas y penales a los empresarios que ocupan la mano de obra ilegal; se promete un reforzamiento de las actuaciones de control de la Inspección de Trabajo y la definición de una política activa de inmigración que dirija, oriente y contingente los flujos migratorios futuros. Para los emigrantes que viven en el país afectados por un alto nivel de desempleo, se anuncian planes concretos de empleo, formación y protección social y la legalización de determinados grupos de inmigrantes en situación ilegal «que puedan justificar su inserción en la comunidad nacional». Se trata de una nueva oportunidad para las personas que no se acogieron (en muchos casos por ignorancia) a la operación de regularización de extranjeros que, al amparo de la Ley 7/85, se llevó a cabo a finales de ese año y en los primeros meses de 1986 y que, al parecer, afectará a las personas que tengan trabajo y que estuviesen en España antes de la promulgación de la citada Ley. Para los demás parece que se estudiará caso a caso y que no se expulsará a los que tengan trabajo y residencia fija. Esta política de integración y promoción social estará acompañada por un reforzamiento de la acción policial para perseguir de manera más expeditiva a los extranjeros que cometan actos delictivos.

En España residen legalmente alrededor de 400.000 extranjeros, y un número de ilegales, muy difícil de establecer, que estudios encargados por el Ministerio de Trabajo cifran en unos 170.000 inmigrantes.

Refugiados

Un problema común a todos los países de la Comunidad, y recientemente acentuado en España, es el provocado por aquellos emigrantes que quieren entrar en el país con la condición de refugiados o asilados, cuando en realidad son simples emigrantes económicos. Se trata de una vía paralela y fraudulenta de penetración cuya corrección exige la reforma de los procedimientos de asilo y refugio, hoy origen de constantes abusos y confusión.

En ésta, como en otras cuestiones migratorias, la adopción de medidas tendrá que efectuarse en consonancia con las que vayan a establecer otros países de la comunidad. Al final quizá se llegue a la definición de una política compartida en materia de migraciones que contemple soluciones comunes en el tema de los visados, el derecho de asilo, el reforzamiento de las fronteras, etc. No obstante, esa posible política común no puede basarse exclusivamente en la adopción de una estrategia defensiva que no resulta realista por insuficiente, insolidaria y poco sensata.

Es preciso admitir que la emigración hacia la Europa comunitaria, procedente del Sur y también del Este, resultará inevitable. Lo que hay que hacer es organizarla adecuadamente de forma razonable, negociada y generosa, y evitar a toda costa que lo que ya es una dolorosa decisión personal se convierta en un verdadero calvario para sus protagonistas. Y paralelamente, es preciso también intentar reducir el potencial contingente migratorio mediante la ayuda al desarrollo económico y social de los países emisores de emigrantes.