LOGSE: Si con barbas San Antón, si no la Purísima Concepción

Un gran número de ciudadanos, «padres de familia en edad escolar», tras contemplar el ajetreado debate parlamentario de la LOGSE, se conformarían modestamente con saber cómo quedarán configurados los primeros escalones de nuestro sistema educativo dentro de un decenio. Lamento declararme incompetente para atender cuestión tan elemental. Quizá pueda servir de consuelo constatar que el señor Solana, que pese a sus reiterados esfuerzos para eludirla sigue asumiendo la responsabilidad ministerial, tampoco sería capaz de contestarla. Se ha puesto en marcha una aparatosa reforma de toda la estructura del sistema; prever qué acabará teniendo dentro sería demasiada ambición. El bulto de la escultura está esbozado. Habrá que esperar: si sale con barbas, San Antón; si no, la Purísima Concepción.

El recuerdo de la LRU

Como respaldo de lo anterior, bastaría considerar lo bizantino que resultaría plantear a estas alturas si el modelo universitario esbozado por la LRU es el mejor imaginable. Para nadie es ya un secreto que cualquier parecido entre sus efectos prácticos y las previsiones de su texto es hoy pura coincidencia. Artículos radicalmente deformados por un fallo del Tribunal Constitucional han podido mantenerse sin retoque alguno. No se trata sólo de un síntoma de la tozudez socialista; la verdad es que su desfiguración no es mayor que la de tantos otros artículos sometidos a la imprevisible «aplicación» práctica. Es de temer que nos hallemos ahora en el comienzo de una similar aventura. Quizá haya suerte y, buscando las Indias, descubramos impensables horizontes educativos…

Ha bastado que comience el «desarrollo» de la recién nacida Ley para que experimente cambios nada irrelevantes. Hace menos de un año, el Gobierno anunciaba que la aplicación de la reforma educativa comenzaría en el curso 1991-92, con el primero y sexto (y último) cursos de Primaria; durante 1992-93 arrancaría el segundo de Primaria y los dos primeros cursos de Secundaria. Se pretendía, además de facilitar el replanteamiento total de la red de centros, provocado por el cataclismo legislativo, poner a salvo de la imprevisible metamorfosis anunciada a ocho promociones de alumnos: los que, a partir de octubre próximo, cursarían 2.º, 3.º, 4.º y 8.º de EGB, los tres cursos de BUP y el COU.

Diez meses después, los intereses de tan gran número de alumnos y de sus familias se ven sacrificados a «exigencias operativas». Se retrasa un año la puesta en marcha de la Ley, salvo algún escarceo en la Educación Infantil. Se opta ahora por llevarla a la práctica en cascada: los dos primeros años de Primaria en el 92-93, los cuatro restantes un año después; los dos primeros de Secundaria en 1994-95 y los dos restantes en el bienio siguiente, para dedicar al nuevo mini-bachillerato el 1997-99. Sólo los alumnos que en octubre del 92 estén terminando o hayan superado la EGB se librarán del experimento.

¿Con quién se ha consensuado?

Solana, más dado al marketing que al rigor científico, se esforzó por vender que la Ley, esbozada por Maravall con su equipo, había sido fruto del consenso. Quizá su aplicación vaya ayudando a clarificar la verdad de tal aserto. No se ha consensuado con discrepantes ideológicos; se han articulado intereses dispares: autonómicos y sindicales.

Catalanes y vascos, arrastrando a alguna otra Comunidad en la carambola, han forzado de nuevo un peculiar «federalismo imperfecto» (sus dos Comunidades y el resto de España). La lengua propia ha servido de ocasión o excusa para ampliar sensiblemente el grado de disponibilidad sobre los contenidos educativos. Consenso significa para ellos: pónganos la Ley que quiera, pero déjenos eludirla más que a los demás.

El «sí pero no» de IU, a lo largo del debate, no sólo reflejaba su dificultad para mantener un discurso propio a la izquierda del felipismo. CC.OO. había logrado avanzar más de lo esperado en sus afanes de «cuerpo único», forzando a última hora la práctica extinción del de Catedráticos de Bachillerato, reducido ahora a anecdótica «condición» personal, dentro del nuevo «cuerpo» de Secundaria. Intentar explicar el apoyo del CDS sería tan superfluo como fatigoso.

Solana, más dado al marketing que al rigor científico, se esforzó por vender que la ley esbozada por Maravall con su equipo había sido fruto del consenso.

En la calle, de consenso ni rastro. Sindicatos tan relevantes en el sector como ANPE o CSIF no han sido escuchados. Los padres de familia de la CONCAPA de la Alvear han sido ignorados, mientras los de la CEAPA de la Tricio cantaban loas al proyecto; como siempre. Solana supo aprovechar las querellas patronales entre el agustino Angel Martínez Fuertes y el jesuita Santiago Martín para granjearse (con alguna esporádica subvención por medio…) la actitud de no agresión de la CECE. Hoy ésta no parece mejor tratada que la EG de los religiosos de la FERE.

Formación Profesional: de acuerdo no se sabe por qué

Si existe, en problemas educativos, una afirmación capaz de suscitar el sólido consenso que merecen los tópicos es ésta: nuestra inminente plena integración en el mercado único europeo obliga a salir de esa trágica situación, que nos lleva a soportar cuotas de paro anómalas y a contemplar cómo la tercera parte de las ofertas de trabajo no encuentran destinatario con la adecuada preparación.

Es obligado reconocer que el Gobierno es consciente de la gravedad del problema; tan obligado como constatar que no muestra tener idea de por dónde abordarlo. La dificultad del empeño se ha visto agravada por un handicap gratuito, que recuerda los peores tiempos del doctrinario Maravall. El afán por acabar con una FP de aire «paralelo» ha llevado a una curiosa decisión. El alumno que, superando su actual desprestigio social, se adentre en la nueva FP-I, se verá obligado a cursar el bachillerato antes de promocionarse en la nueva FP-II. Más difícil todavía…

Lo único que el Gobierno «aclara», por el momento, es que la entrada en vigor de la nueva FP, prevista para 1997-89, «podrá» adelantarse. La autorización a determinadas Comunidades Autónomas, para que aceleren por su cuenta tal calendario, parece traslucir la esperanza del Ministerio en que Administraciones más sensibles a las expectativas empresariales le vayan resolviendo la cuestión sin suscitar iras entre sus propias bases sindicales.

¿Vendrá esta vez el lobo?

La alarma ante un posible exterminio de los centros de iniciativa social alimentó la gran movida contra la LODE. Sus resultados no respondieron al griterío. Hoy todos aceptan que «la privada» ha recibido, en beneficio de sus clientes, más dinero que nunca, gracias al vigente sistema de conciertos. Unos piensan que los socialistas quisieron pero no pudieron, porque la sentencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia ordinaria posterior marcaron un campo de juego diverso al previsto. Otros opinan que los socialistas no han querido, porque sabían que no podían: hasta que una masiva creación de centros estatales les permitiera prescindir de una iniciativa social cada vez menos motivada.

La LOGSE parece marcar, en todo caso, una segunda etapa destinada a llevar a la práctica lo que los socialistas hasta ahora no habrían podido hacer, o quizá no habrían podido querer. La alarma no parece calar socialmente, quizá porque el lobo ha sido anunciado ya en demasía.

El Ministerio, por su parte, cultiva una receta cien veces experimentada: el síndrome de Estocolmo; cuando esperas que alguien te liquide, si luego sólo te corta un brazo, puedes acabar besándole las manos. Los requisitos mínimos a exigir, a la hora de autorizar cualquier centro docente, responden a tal estrategia. Valga un ejemplo: mientras un primer borrador preveía que todo centro de Secundaria dispusiera de un laboratorio de 150 metros cuadrados por cada cuatro unidades (cuando, en pleno uso, serviría para quince), el proyecto de Decreto que ahora circula habla de 60 metros cuadrados por cada doce unidades. Sin comentarios.

El pueblo de Dios al pie de la montaña

El diseño de las clases de religión se ha convertido en un permanente foco de polémica (antes, en y después del parto legal). El artículo 27.3 de la Constitución parece sugerir que es difícil concebir educación alguna sin contenidos morales y religiosos, y que éstos deben desarrollarse de acuerdo con los deseos de los ciudadanos. Lo lógico parecía establecer una enseñanza ética obligatoria y permitir, en su seno, las variantes confesionales propias del caso. Gobierno y jerarquía católica se han puesto, paradójicamente, de acuerdo en ignorar tal vía.

El diseño de las clases de religión se ha convertido en un permamente foco de polémica.

Los socialistas han evitado plantear la cuestión como si del ejercicio de un derecho fundamental de los ciudadanos se tratara. Han preferido situarse en el resignado cumplimiento de un tratado internacional con la Santa Sede. Su negativa a hacer obligatoria una enseñanza ética, cuya única finalidad parecía consistir en evitar que los que no deseen enseñanza religiosa puedan jugar al balón, resulta plausible. Que desde su fervor laicista propongan una asignatura de Ética en Secundaria, que no habría de ajustarse a las convicciones de los padres, parece dudosamente constitucional.

Los Obispos, que tanto hablan del papel protagonista de los laicos en cuestiones sociales, los han dejado al pie de la montaña, mientras ellos dialogan en la cumbre. Se han dejado llevar al Huerto de los Acuerdos, en vez de animar a los ciudadanos católicos a que reivindiquen sus derechos. Clericalismo y laicismo acaban confluyendo por elevación. Sus complejos intentos de evitar que la enseñanza de la Religión se convierta en una «maría» han tenido impacto social tan débil como previsible. A este paso los ciudadanos, contemplados en el artículo 27.3 de la Constitución, pueden acabar ocupados con el becerro de oro, que parece ser lo suyo, aunque sea por exclusión.

La LOGSE ha comenzado su andadura. Dentro de diez años nada será igual en la educación española. Intentar adivinar sus perfiles exigiría disponer del don de profecía, extremo este no contemplado siquiera en los polémicos Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano.