La crisis petrolífera nos coge sin defensas

Va a hacer ahora dos años que las autoridades económicas españolas decidieron enfriar el ritmo de actividad económica. El crecimiento de la demanda interna era excesivo y ello se manifestó claramente entonces mediante el rebrote de la inflación que tuvo lugar en el verano de 1988 y en el acelerado ritmo de deterioro de las balanzas comercial y corriente. Salvo algunas medidas fiscales tendentes a incrementar los ingresos, todo el grueso de la política de desaceleración se basó en la política monetaria.

Un año después, en el verano de 1989, se comprobaba con disgusto que la inflación continuaba creciendo y que sólo se había reducido ligeramente el ritmo de deterioro de los déficits exteriores. Dado que la peseta había entrado en el SME, la subida indefinida de los tipos de interés para frenar el crecimiento de la cantidad de dinero se encontraba con la barrera de una apreciación de la peseta, que venía limitada por la banda de fluctuación en dicho SME. Ante la ausencia de moderación salarial y dado el comportamiento expansivo del sector público, la salida desesperada que se adoptó fue el racionamiento del crédito.

Un año más tarde de tomar esa decisión, nos encontramos con que la tasa anual de crecimiento del IPC continúa situada por encima del 6 por 100 y que, si bien el ritmo de deterioro se había desacelerado, íbamos a registrar un nuevo déficit corriente excesivamente elevado. A estas dificultades había que añadir un descenso demasiado lento de la demanda de consumo, unos aumentos de los salarios en convenio del orden del 8 por 100 y la previsión de que el gasto público volvería a crecer este año, como mínimo, en términos nominales tanto como el PIB.

¿Por qué esta resistencia de la economía española, especialmente por el lado de la demanda, a desacelerarse? Simplemente, por la desacertada política económica que ha seguido el Gobierno prácticamente en toda la década pasada: aumento acelerado de la presión fiscal y participación creciente del sector público en el PIB. En otras palabras, nos movíamos en un sistema fiscal -que sigue vigente en la actualidad y en una política presupuestaria -que también sigue vigente que llevaba a los agentes económicos privados especialmente a las familias- a incrementar su propensión al consumo y a reducir su propensión al ahorro, dada la práctica falta de rentabilidad del mismo, por el efecto combinado de una inflación elevada y de un crecimiento acelerado de la presión fiscal.

Ajuste

En esta situación nos coge la invasión de Kuwait y la consiguiente crisis del petróleo. Ello ha significado que en pocas semanas el precio del barril ha pasado de unos 18 dólares hasta alcanzar cotas de 32 dólares. Ciertamente, es imposible adivinar qué va a ocurrir con el precio del petróleo, pero en lo que la generalidad de los especialistas está de acuerdo es en que nos debemos hacer a la idea, en la mejor de las hipótesis, de que su precio no bajará de los 25-26 dólares en las próximas semanas y quizá en los próximos meses. Esto en el supuesto de que los países productores mantengan su palabra de compensar la desaparición del mercado de los crudos de Irak y de Kuwait. Efectos inmediatos: el mayor precio del petróleo supondrá una transferencia real de renta hacia los países exportadores, lo que podría resumirse diciendo que pasamos a ser «menos ricos»; aumento del IPC previsto para el año actual que muy bien podría acercarse -según las propias estimaciones de las autoridades económicas- al 7 por 100; incremento del déficit comercial y todavía mayor del déficit corriente, debido a la peor evolución del saldo positivo de la balanza de servicios; menor crecimiento y menor creación de empleo.

Es decir, si hace un mes cada vez se veía más inevitable la necesidad de un ajuste económico, ahora se ha hecho absolutamente imprescindible. Pero dada la política económica seguida por los socialistas, lo que se puede hacer de aquí a finales de este año es más bien poco. Por el lado de las rentas salariales, no se puede hacer nada; por el lado de los tipos de interés, el margen de actuación sigue condicionado por los topes de fluctuación de la peseta dentro del SME; por el lado de la renta disponible de las familias, las cosas empeorarán, ya que se verá aumentada por la deflactación de la tabla de retenciones desde septiembre y, sobre todo, por la devolución de las declaraciones negativas del IRPF. La única posibilidad sería que todas las administraciones públicas redujesen las tasas de aumento previstas para el gasto público en el año actual; pero, si somos realistas, la dificultad de que esto lo haga el Estado y la Seguridad Social se transforma casi en una utopía a la vista de la trayectoria del gasto de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

Reforma fiscal

Evidentemente, algo hay que hacer. Y en ese sentido consideramos muy acertados los consejos del gobernador del Banco de España para 1991: presupuestos muy restrictivos, especialmente por el lado del gasto; mantenimiento de la política encaminada a controlar la cantidad de dinero, y moderación salarial. Ahora bien, habrá que esperar a ver en qué consiste esa contención del gasto público en los Presupuestos del próximo año. Si la moderación salarial se pretende hacer por la vía de pactos o acuerdos, no creemos que se llegue a ninguna parte dada la actitud de UGT y CC.OO. Sería ésta, por tanto, una buena ocasión para que cada empresario negociase con sus trabajadores el incremento de los salarios en convenio colectivo, a la vista de la situación de cada empresa. Pero se haga lo que se haga, todas las medidas resultarán cogidas con alfileres -nuestros compromisos cara al Mercado Unico el 1 de enero de 1993 siguen en pie- si no llevamos a cabo con toda urgencia una reforma de nuestro sistema fiscal y una liberalización acelerada del sistema financiero.

Resultará un agravio para los que hemos pagado correctamente los impuestos una amnistía fiscal para el dinero negro; pero como la realidad se impone, esta amnistía debería hacerse cuanto antes, al tiempo que permitiría poner al día nuestro sistema fiscal sin un costo elevado para la recaudación. Igualmente -realizadas la reforma fiscal y esa amnistía-, debería adelantarse la fecha de entrada en vigor de la libertad de movimientos de capitales con los demás países de la CEE, desinterviniendo al máximo el sector financiero para que sus principales instituciones -bancos, cajas de ahorros, seguros, fondos de pensiones, etc.- se encuentren en condiciones de competitividad el 1 de enero de 1993, frente a similares instituciones comunitarias que podrán establecerse libremente en nuestro país.