La ciencia y la tecnología en España

En España, los fondos procedentes del sector público y del privado dedicados a la investigación y el desarrollo (I+D) no suponen ni siquera la mitad del porcentaje (1,9%) del producto interior bruto (PIB) que dedican a esas actividades los países de la Unión Europea (UE), aquéllos con los que el momento histórico nos obliga a converger.

Aún admitiendo que a nuestro país, más pobre que la media de la UE, no se le exigiera el mismo esfuerzo que a los otros, no debemos darnos por medianamente satisfechos mientras no hayamos incrementado en el 50% nuestra presente inversión en esta materia. Eso significaría un incremento nada insignificante del orden del 0,4% de nuestro PIB. Quien diga que no hace falta aumentar los fondos sino gastar mejor, realmente no sabe de lo que habla. Y cualquiera que crea que ésta ha de ser tarea de las empresas y no del gobierno, ignora el apoyo que en todos los países industrializados de nuestro entorno prestan los gobiernos a la I+D y que grosso modo computan la mitad de la inversión global.

Pero, manifestado que en España se invierte poco en I+D, cabe preguntarse: ¿se invierte bien? Para ello conviene tener en cuenta una serie de indicadores de resultados (output) tales como publicaciones y citas a las mismas, patentes, exportaciones de bienes de alta tecnología, exportación e importación de tecnología propiamente dicha, etc. Aquí hay que hacer una distinción entre el sistema científico, mayoritariamente a cargo del sector público, y el sistema tecnológico, a cargo sobre todo del sector empresarial. Mientras que el primero, para el dinero que se invierte, tiene un comportamiento razonable, parecido al de los países de su entorno y convergente con ellos, la situación del sistema empresarial es muy descorazonadora, y pobres los resultados obtenidos en razón del dinero que se invierte. Además, desde 1991, y hasta 1996, última fecha de la que hay datos comparables (se publica un anuario estadístico europeo sobre I+D cada cuatro años), divergemos de la UE. La situación es muy preocupante porque es improbable que España mantenga a largo plazo un incremento de bienestar como el que ha experimentado en los últimos años, si no resuelve este desequilibrio fundamental. De hecho, se admite que es la I+D la causa principal del aumento de bienestar de las naciones ricas. De la Fuente ha elaborado un modelo que determina que España creció en el periodo 1964-89 un 0,5% anual del PIB menos de lo que los restantes factores le hubieran permitido, precisamente por la falta de I+D. Estados Unidos lo hizo en un 0,3% por encima gracias a ella.

En resumen, nos encontramos con un sistema científico pequeño, con bastantes investigadores y pocos fondos, que en conjunto no hace mal su papel para los fondos que tiene, y con un sistema industrial cuya principal carencia es el número de investigadores, extremadamente bajo, y también sentimos tener que decirlo tan brevemente, porque habría mucho que matizar la eficacia de su trabajo.

Entre los matices que no podemos dejar de señalar, se encuentra la magnitud de la importación de tecnología por parte de la empresa española que la dota de un excelente nivel tecnológico en la producción, aunque desde luego también de una acusada debilidad estratégica.

Y ¿qué podemos decir de lo que ha sido tradicionalmente la política científica? En lo industrial, es bastante atípica. Para empezar, transfiere menos fondos del I+D al sistema empresarial que la media europea, y este defecto ha sido muy notable en el pasado, por lo que la industria española tiene hoy un déficit de capitalización tecnológica de origen público notable. En otras palabras: los demás Estados ayudan más a sus industrias con fondos para I+D que el nuestro, y esto ha sido extremo en el pasado. En mi opinión, el gobierno tiene que reparar con urgencia este factor de desigualdad con el que nuestras empresas han tenido y tienen todavía hoy que vivir.

En segundo lugar, los instrumentos de la ayuda a la I+D empresarial son también atípicos. Mientras que en los países industrializados el instrumento principal es el contrato de I+D, en España es el crédito blando, y ello pese a que la empresa española se ha mostrado muy eficiente en la captación de contratos de I+D de la Comisión Europea, lo que prueba el interés por esta modalidad, semejante a la que usan los gobiernos nacionales de la mayoría de los demás países.

Si admitimos las premisas anteriores, basadas en estadísticas es decir, que en España tanto el sector público como el privado gastan poco en I+D, que el sistema público de creación de ciencia es razonable, pero no así el sistema empresarial de creación de tecnología, y que la ayuda del sector público al empresarial en materia de I+D es escasa y diseñada de modo poco homologable con nuestro entorno, nos encontramos con los principios de una reforma profunda del sistema.

En esta reforma conviene, sin duda, conservar lo que no sea imprescindible cambiar. Pero lo que hay que cambiar es sobre todo el sistema de I+D empresarial, donde hay que conseguir que el número de investigadores se duplique en cuatro años con la contratación de 12.000 nuevos investigadores. Para ello, el gobierno debe volcarse en el apoyo al sector industrial con contratos de I+D que impliquen trasferencias de fondos y que entrañen la contratación de parte del personal investigador mal dotado pero competente que hay en el sector público. Esto se consigue con un apoyo mayor a los proyectos de I+D concertados entre ambos sectores. En realidad, hay que felicitarse de la existencia de este sector público numeroso que es una mina de saberes para nuestro sector empresarial, pero hay que conocerlo y saber explotarlo.

Sin embargo, por lo que se refiere al contenido específico de las investigaciones, soy contrario a la planificación. Ningún administrador puede saber mejor lo que hay que hacer que el cuerpo social sobre el que opera. Lo que sí hay que pedirle es que le proporcione los medios para desarrollarse en igualdad -y no en inferioridad- de condiciones con los países de su entorno.

Una tarea de esta naturaleza no se puede hacer sin aumentos importantes de los presupuestos. En el libro Ciencia y Tecnología en España: bases para una política (Ollero, Luque y Millán, coords., FAES, Madrid, 1998), calculo que habría que aumentar los presupuestos de I+D en 30.000 millones de pesetas anuales durante cuatro años hasta llegar a un aumento de 120.000 millones que considero necesarios para que, contando con el gasto que este aumento estimulase en el sector industrial, se llegase al 1,4% del PIB, cifra mínima a la que deberíamos aspirar.

Pero no se trata tan sólo de poner el dinero en circulación. Se trata también de emprender una reforma administrativa e incluso legislativa que, entre otras cosas, propicie la colaboración entre los colectivos científicos y empresarial y que vaya orientada hacia unos objetivos mensurables. Y es muy importante que la estructura que se cree se ocupe de contrastar mediante los indicadores oportunos si se cumplen los objetivos previstos de manera de poder actuar con conocimiento de causa sobre los programas multimillonarios que se establecieran.

Para eso hay que concluir con la actual separación de la investigación científica, encuadrada en el Ministerio de Educación y Cultura, e industrial, encuadrada básicamente en el de Industria y Energía. Se han dado pasos adelante con la creación de la Oficina de Ciencia y Tecnología, adscrita al Presidente del Gobierno, que es quien preside la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Pero no son suficientes. El Presidente del Gobierno tiene que despachar cada semana con una personalidad de su confianza, con el rango de Ministro, que se ocupe de ejecutar la política que se determine y que luche por ello al mayor nivel.

Si todo eso se hace, creo que en menos de una década se habría consolidado en España una estructura de ciencia y tecnología que nos permitiría abordar los problemas del futuro con confianza y sin tener que referirnos con desgarro a la «cuestión de la ciencia y la tecnología», como nos ha venido ocurriendo a lo largo de dos siglos.