Inutilidad del consejo económico y social

Al cierre de esta edición, está a punto de aprobarse el Proyecto de Ley de creación del Consejo Económico y Social por la Comisión de Política Social y de Empleo del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena. El débil enganche constitucional, según confesión de la propia Exposición de Motivos del Proyecto, es el artículo 23.1 de nuestra Norma Suprema, que realiza una de tantas declaraciones ajurídicas con hondas raíces demagógicas: «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes». Oculta cuidadosamente el texto el importantísimo final de dicho precepto, que matiza que los representantes a que se refiere son los «…libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal».

Parece lógico pensar que en un régimen democrático como el que disfrutamos toda la representación ciudadana se canaliza precisamente a través de la institución democrática por naturaleza: el Parlamento. Pues no. Se ha extendido entre los partidos políticos (ignoro si entre todos) la idea de que el cuerpo social debe ser representado según el papel que juegue en la sociedad cada grupo de individuos. Así, la representación de trabajadores, empresarios y consumidores y usuarios se debe encomendar a un órgano diferente: el Consejo Económico y Social. No es casualidad, siguiendo este esquema corporativista, que la denominación y funciones del órgano que se crea sean idénticas al que existió durante ciertos cuarenta años que todo el mundo dice querer superar, pero, en la práctica, nos empeñamos en perpetuar. Totalmente seducido por el ambiente tardofranquista que se respira, me atrevo a sugerir que se cree el Consejo Familiar, con el tercio familiar, cuyos componentes podrían denominarse procuradores.

Una virtud, pues, sí tendrá la creación del Consejo: retrasar la tramitación de los proyectos de ley referidos a esta materia.

Competencias

Como en estos tiempos que corren hay que proclamar lo obvio, sólo quiero dejar dicho que la naturaleza y fines de los Sindicatos y Organizaciones empresariales no se dirigen a representar al pueblo español en la elaboración de las leyes y el control del Gobierno, sino a representar a sus afiliados en materias interpartes (salarios, contratación, condiciones de trabajo, etc.). Familia, Municipio y Sindicato son reliquias bien sepultadas, herencia directa de un Mussolini abatido por socialistas.

Echando una ojeada al proyecto, se puede comprobar lo que realmente preocupa. El 90% del mismo se refiere a lo importante: cómo se eligen sus vocales y cargos y otros temas de organización. En cuanto a las funciones, un solo artículo que fija la única competencia real: emitir dictamen preceptivo y no vinculante en determinados anteproyectos de ley de trascendencia económica o social. Una virtud, pues, sí tendrá la creación del Consejo: retrasar la tramitación de los proyectos de ley referidos a esta materia.

Si la política de gasto público del actual gobierno se encamina al ahorro, podría empezarse con una política simple: no creen órganos inútiles cuya única finalidad es tener colocados a 60 personajes públicos presuntamente influyentes.