Más de veinte años después de que el último soldado español hubiese abandonado la ex-colonia del Sahara Occidental, la guerra puede empezar de nuevo si a finales de noviembre de este año las fuerzas de Naciones Unidas destacadas en aquel territorio lo abandonan definitivamente, algo que ha empezado a suceder ya hace algunos meses ante la imposibilidad manifiesta de cumplir la misión para la que fueron enviadas a aquel territorio: supervisar el alto el fuego y garantizar la celebración de un referéndum de autodeterminación, «libre, equitativo e imparcial».
Marruecos y el Frente Polisario velan sus armas y en los últimos meses ninguna de las dos partes parece excluir que las hostilidades se reanuden. Obviamente las condiciones serían muy diferentes de las que caracterizaron la guerra en el desierto entre 1975 y 1991, un conflicto de «media intensidad», reflejo, ante todo, de la tradicional rivalidad argelino- marroquí.
Los desacuerdos entre Rabat y el Frente Polisario sobre la identidad de los electores llamados a participar en el escrutinio de autodeterminación ha sido el desencadenante de la primera retirada de la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para un Referéndum en el Sahara Occidental).
Tras cinco años de infructuosas gestiones y ante el enorme costo de la misión el Consejo de Seguridad decidió suspender el 29 de mayo pasado la preparación del referéndum y reducir una parte de su personal destacado en la ex-colonia por recomendación del Secretario General. Pese a ello, el mandato fue prorrogado seis meses más (hasta finales de noviembre) con la advertencia de que si no se producen avances significativos, todo el personal sería repatriado.
En el referéndum -previsto inicialmente para enero de 1992 tras el anuncio del alto el fuego- los participantes debían decidir si deseaban formar parte del reino de Marruecos o crear un Estado independiente. Al menos la pregunta -independencia o pertenencia al reino de Marruecos- fue aceptada por ambas partes. No así las características de quienes tendrían derecho a voto.
Potenciales votantes
El 6 de septiembre de 1991 el general candiense Armand Roy, que dirigía la unidad avanzada de la MINURSO, proclamó el alto el fuego en todo el territorio bajo control marroquí mientras el Frente Polisario hacía lo mismo en el que controlaba o decía controlar.
En el calendario previsto por Naciones Unidas para la aplicación del Plan que debería conducir al referéndum de autodeterminación se disponía que la Comisión de Identificación de la MINURSO elaborase una lista de potenciales votantes basada en el censo de 1974, realizado por la autoridad colonial española, e iniciase discusiones con los jefes de tribus sobre el método de trabajo.
Tras la publicación de la primera lista revisada del censo de 1974 (con exclusión, lógicamente, de muertos, «desaparecidos» o «inencontrados»), varios equipos de identificación deberían trasladarse a las zonas del territorio donde hay asentamientos humanos y también a la región argelina de Tínduf donde se hallan la mayoría de los campamentos de refugiados saharauis controlados por el Frente Polisario. Tras esta primera «cala», la Comisión de Identificación debería recibir las peticiones de inclusión en la lista de futuros votantes por parte de quienes en 1974 no se hallaban en la ex-colonia o habían emigrado (o huido) hacia los países limítrofes.
El rey Hassan II de Marruecos envió el 15 de septiembre de 1991 una carta al entonces Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, en la que anunciaba la llegada al territorio de 170.000 saharauis «que se habían refugiado en las provincias del Norte (marroquí) durante los diferentes períodos de la colonización española» y que, según el monarca, tenían también derecho a ser incluidos en las listas de futuros votantes o, al menos, a ser escuchados por la Comisión de Identificación.
El gobierno marroquí se hizo cargo de los gastos de traslado de estas personas a los diferentes centros urbanos y de su instalación en campamentos (40 millones de dólares). Una parte importante de esta masa humana sigue allí, en espera de un referéndum cada día más lejano.
El pesimismo de la ONU
La iniciativa del rey Hassan fue prontamente denunciada por el Frente Polisario que la calificó de «segunda Marcha Verde».
A mediados de diciembre de 1991, días antes de que concluyese su mandato como Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar presentó ante el Consejo de Seguridad un informe rapport en el que daba cuenta de la aplicación del Plan para la celebración del referéndum de autodeterminación.
El Informe del Secretario General destilaba pesimismo: tras anunciar el aplazamiento sine die del referéndum previsto para enero de 1992 «debido sobre todo a la complejidad del proceso de identificación» y a la diferente interpretación por las dos partes del Plan de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar ponía en causa a los propios saharauis «y principalmente a sus dirigentes», a quienes acusaba de no colaborar en la puesta en práctica del proyecto. En el texto se recordaba que los observadores militares de la MINURSO estaban en el territorio con el único mandato de «verificar el cese el fuego» y que los otros funcionarios se hallaban allí para promover el proceso de identificación. Ambos objetivos no debían confundirse y tampoco eran intercambiables.
El informe de Pérez de Cuéllar iba acompañado de un Anexo de «instrucciones» para la Comisión de Identificación. En este texto se señalaban las dificultades para el registro e identificación de los saharauis con derecho a voto debido a las especificidades de la sociedad saharaui (especialmente su carácter nómada y tribal). Pérez de Cuéllar asumía en cierto modo el contenido de la carta que meses antes le había dirigido el rey Hassan n de Marruecos al admitir que a las dificultades ligadas al modo de vida y a la estructura de la sociedad saharaui, había que añadir los conflictos que a lo largo de decenios enfrentaron a los habitantes del territorio (entre ellos contra la potencia colonial) y que condujeron a que «en diversas épocas un número importante de saharauis hubiese buscado refugio en los países vecinos».
A continuación, el Secretario General indicaba los cinco criterios para ejercer el derecho al voto que la Comisión de Identificación debería aplicar. Según estos criterios tendrían derecho al voto «las personas cuyo nombre figura en el censo de 1974 revisado; las personas que habitaban el territorio como miembros de una tribu saharaui cuando se realizó el censo de 1974 pero que no fueron censados; los ascendientes y descendientes directos de los dos primeros grupos; las personas nacidas de padre nacido a su vez en el territorio, y los miembros de una tribu saharaui originaria del territorio y que han residido allí consecutivamente seis años o intermitentemente doce años desde el primero de diciembre de 1974».
En las instrucciones -duramente contestadas por los dirigentes del Frente Polisario al hacerse públicas- se tendrá en cuenta, indicaba el Secretario General, que en la sociedad saharaui los «testimonios orales» tienen un papel muy importante y por tanto deben servir de prueba.
Las ocasiones perdidas
La extensión de los criterios de identificación por el Secretario General de la ONU provocó las reacciones encontradas de las partes en conflicto. Como escribe en un libro reciente Martine de Froberville (Sahara Occidentale, la confiance perdue. La partialité de l’ONU á l’épreuve, 1996) «comenzó a partir de entonces una «guerra de cifras» o de «criterios», responsable de perpetuos bloqueos y tergiversaciones que de mes en mes convierten en ilusorio la celebración de un referéndum aplazado permanentemente».
Para el Frente Polisario el informe que en 1975, antes del «Acuerdo Tripartito de Madrid», presentó una misión de la ONU, constituía una prueba «irrefutable» de que los 170.000 saharauis-marroquíes que el gobierno de Rabat pretendía «introducir» en el censo de votantes eran apenas un subterfugio para ganar tiempo o impedir la celebración del referéndum en las fechas previstas. Esta misión señalaba que «España hizo una estimación según la cual habría entre tres mil y cuatro mil saharauis en Marruecos, alrededor de cuatro mil y cinco mil en Mauritania y un número mucho menor en Argelia. Marruecos aseguró tener en su territorio entre treinta mil y cuarenta mil refugiados. Según las autoridades argelinas habría en el sur del país más de siete mil refugiados saharauis. Mauritania, finalmente, aseguró que no había en su territorio refugiado alguno, dado que los saharauis eran mauritanos viviesen a un lado u otro de la frontera administrativa».
El ritmo de identificación se resistió ante las reacciones negativas -sobre todo del Frente Polisario- hasta el punto de que en octubre de 1994 la Comisión solo había podido identificar a cuatro mil candidatos. A este ritmo se necesitarían cinco años más para identificar a los potenciales votantes, siempre y cuando rondasen la cifra clave de los aproximadamente 74.000 saharauis (exactamente 73.497) del censo español de 1974.
La llegada a la Secretaría General de Naciones Unidas de Boutros Boutros Ghali no constituyó tampoco para el Frente Polisario y sus amigos un cambio de escenario ni de tendencia. Boutros Ghali mantuvo los criterios de identificación descritos por Javier Pérez de Cuéllar e intentó abrir nuevos cauces de comunicación y entendimiento entre las partes en conflicto. Una de estas tentativas fue la reunión frustrada de jefes de tribu del Sahara Occidental en Ginebra bajo los auspicios de Naciones Unidas para «para resolver los problemas de inscripción en las listas de votantes». Diecinueve de estos jefes de tribu fueron seleccionados por el Frente Polisario y otros tantos por el gobierno de Marruecos pero nunca llegaron a reunirse. Cada parte echó la culpa del fracaso a la otra.
Un casus belli
En junio de 1992 el rey Hassan II anunció la celebración de un plebiscito para la reforma constitucional en el que los habitantes del Sahara Occidental podrían votar. Bachir Mustafá Sayed, hermano del fundador del Polisario y «número dos» de la organización, declaró que se trataba de un casus belli. Tras la aprobación masiva de las reformas constitucionales marroquíes, los independentistas saharauis amenazaron con volver a empuñar las armas tras un año de cese el fuego al tiempo que denunciaban que ninguna de las condiciones que deberían acompañar el cese el fuego, como la reducción de las fuerzas militares y de seguridad marroquíes en la ex-colonia a 60.000 hombres, se habían cumplido.
En julio de 1993 se celebraron en El Aiun los primeros contactos directos entre representantes marroquíes y dirigentes del Frente Polisario que llegaron a la capital saharaui bajo la protección de la ONU. Pese a que los independentistas fueron recibidos «con los brazos abiertos» por los representantes marroquíes, el encuentro se saldó con un nuevo fracaso. Sería éste el último intento de contactos directos entre las dos partes. Meses después, una reunión de parecidas características que debería celebrarse en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, fue rechazada por los independentistas que acusaron a sus interlocutores -casi todos ellos saharauis- de «tránsfugas y desertores».
En agosto de 1994 se iniciaron en El Aiun y en el campo de refugiados de Tinduf las operaciones de identificación de votantes. Los responsables de la MINURSO anunciaron meses más tarde que se habían presentado 234.000 peticiones de inscripción, casi todas ellas procedentes de Marruecos: «la Comisión se vio inundada por las peticiones de inscripción», reconoció Boutros Ghali.
El proceso, además de lento, chocaba con las reticencias de ambas partes. La detención y condena de ocho estudiantes saharauis acusados por las autoridades marroquíes de haber gritado frases favorables a la independencia, provoca la retirada del Frente Polisario del proceso de identificación en junio de 1995. Y aunque los independentistas saharauis rectificaron posteriormente, todo indicaba entonces que «no existían las condiciones objetivas para que el proceso avance», pese a que en febrero de 1996, 62.000 personas que solicitaron participar en el referéndum habían sido ya escuchadas por la Comisión de Identificación. «Cómo puede hacer la MINURSO su trabajo de árbitro si ninguna de las dos partes parece dispuesta a participar», se preguntaba, sin embargo, uno de los miembros de la Comisión.
Un diálogo de sordos
A comienzos de 1996, el «diálogo de sordos» entre el Polisario y Marruecos a través de Naciones Unidas hizo crisis definitivamente. Los representantes «polisarios» acusaron a la MINURSO de complicidad con Marruecos, denunciaron las numerosas rupturas del alto el fuego por parte de las FAR (Fuerzas Armadas Reales de Marruecos) y la instalación de varios miles de «colonos» marroquíes en el territorio saharaui.
Finalmente, el Secretario General de la ONU tiró la toalla y en el Informe remitido al Consejo de Seguridad el 10 de mayo pasado propuso la reducción en un 20% del personal de la misión de paz, empezando por los funcionarios encargados del proceso de identificación, mientras que el personal militar encargado de supervisar el alto el fuego (230 hombres) se mantenía en un 80%, garantizando así los 12 puestos de vigilancia existentes en todo el territorio. Las fuerzas policiales (una parte de las cuales se había retirado ya en marzo) también fueron reducidas aunque no en su totalidad.
El Consejo de Seguridad aprobó el Informe del Secretario General -por unanimidad y sin debate previo- el 29 de mayo y suspendió por tanto el proceso de identificación de votantes, aunque formalmente reiteró las esperanzas de que el referéndum de autodeterminación llegase a celebrarse, se mantuviese el alto el fuego, y marroquíes y saharauis negociasen directamente algún día con la eventual participación de Argelia y Mauritania en tanto que «países vecinos». En la Resolución aprobada se abogaba por «nuevas medidas para fomentar la confianza» entre las dos partes en conflicto y se mantenía una Oficina política de Naciones Unidas en el territorio para promoverlas.
El Frente Polisario reaccionó en tono airado contra la decisión del Consejo de Seguridad. Mohamed Abdelaziz, presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario declaró, por ejemplo, que «Marruecos ha obtenido un éxito al imponer el fracaso a la misión de Naciones Unidas» al tiempo que advertía: «si fracasa el Plan de paz, la guerra sería un acto de legítima defensa… la guerra o la paz en la región está hoy en manos del Consejo de Seguridad y de los miembros influyentes de Naciones Unidas».
Las autoridades marroquíes «lamentaron» el fracaso del proceso de identificación aunque sin acritud ni dramatismo. En respuesta a las amenazas del Polisario sobre el estallido de nuevas hostilidades, el rey Hassan n advirtió en un discurso con motivo de su 67 cumpleaños que Marruecos permanecerá en el Sahara occidental se celebre o no un referéndum de autodeterminación. Las palabras del monarca no dejan lugar a equívocos: «seguiremos en nuestro desierto en paz y seguridad, preparados para defendernos frente a cualquier agresión».
Todo parece, pues, preparado para que -si la ONU o la comunidad internacional en su conjunto no lo impide- se vuelva, sobre el terreno, a la situación de 1991 y las hostilidades se reanuden a finales del presente año. Claro que las cosas son desde todos los puntos de vista muy diferentes de cuando se firmó el alto el fuego.
Cambios en la región
En primer lugar, la situación regional ha cambiado considerablemente. Argelia, el gran protector y aliado del Frente Polisario, se encuentra en plena guerra civil y aunque sus representantes han repetido hasta la saciedad que su apoyo a los independentistas saharauis permanece incólume, hasta el más ingenuo de los observadores sabe muy bien que no es así. «Argelia sigue siendo el santuario obligado del Polisario, le proporciona entrenamiento militar y carburante. Los argelinos no tienen ya esperanza alguna de contar algún día, vía Sahara Occidental, con una ventana sobre el Atlántico en la que soñaron durante tanto tiempo. Pese a ello siguen decididos a mantener clavada una espina en el pie marroquí a quien acusan de intentar imponer su «hegemonía» en el conjunto del Magreb».
La causa del Frente Polisario, por otra parte, ya no goza del apoyo popular y social de otras épocas entre la población argelina. Incluso los islamistas se muestran reticentes al costosísimo patrocinio que inició el presidente Huari Bumedien y mantuvo su sucesor, Chadli Benjedid. Rabah Kebir, representante del FIS (Frente Islámico de Salvación) en el exterior se mostró hace meses hostil a la existencia de un «micro-Estado saharaui».
La generosidad con que el régimen argelino de partido único y sus sucesores distinguieron al Frente Polisario parece haberse reducido, y todo indica que los independentistas saharauis deberán encontrar financiación complementaria para sus compras de armas en otras latitudes. El régimen del general Zerual no desea perder la cara pero tampoco parece dispuesto a seguir abriendo eternamente el grifo de una ayuda a fondo perdido en una situación crítica para la economía argelina y cuando las demandas populares crecen en medio de la violencia y la desesperanza de la inmensa mayoría de la población.
Mauritania, el eslabón más débil de la cadena sahariana, parece cada vez más enfeudada ante el poder marroquí, pese a su proclamada «neutralidad» en el conflicto. Las patrullas del Frente Polisario campan por sus respetos en la «tierra de nadie» entre los «muros» marroquíes y la frontera mauritana al norte y noroeste. En algunas ocasiones esta presencia ha provocado enfrentamientos con las fuerzas regulares de Nuakchott. La gravísima situación económica y social que atraviesa Mauritania le impide en estos momentos jugar la carta de los independentistas a fondo y en el momento de la verdad su neutralidad será muy difícil de mantener.
Tampoco la situación militar es la misma que hace unos años. El sistema de «muros de detección y protección» instalado por Marruecos en los años ochenta, si bien no impide que las patrullas del Frente Polisario ataquen posiciones marroquíes, reduce la duración de este tipo de incursiones y las hace poco mortíferas porque la aviación y los batallones blindados marroquíes pueden responder en plazos muy reducidos. Por otra parte las FAR se benefician del sistema de detección vía satélite europeo y americano que el Pentágono y la OTAN han puesto a su disposición desde hace años.
Sahara útil
Los seis «muros» existentes actualmente protegen el llamado «Sahara útil», es decir, aquella parte del territorio donde se encuentran los recursos naturales (minerales, acuíferos y pesqueros) y las concentraciones más importantes de población. El resto es «tierra de nadie», sin interés estratégico alguno.
Las FAR (Fuerzas Armadas Reales) han aprendido mucho a lo largo de los últimos quince años -en algunos casos mediante durísimas lecciones y bastantes pérdidas humanas- y están habituadas a la guerra en el desierto. Su moral es alta y el contingente, considerable (entre 115.000 y 120.000 soldados y oficiales). Su material, relativamente moderno y bien mantenido.
El ELPS (Ejército de Liberación Popular Saharaui) cuenta apenas con la décima parte del contingente marroquí (entre 9.000 y 11.000 hombres) y material en buen estado aunque un tanto obsoleto, casi todo de procedencia del Este de Europa y ex-Unión Soviética. Este tipo de material tiene problemas en cuanto a piezas de recambio. También la moral de los guerrilleros es alta pero su táctica de ataque puntual y retirada rápida resulta cada día menos realista ante la capacidad de respuesta aérea del enemigo. Debido a la estrategia de muros, solo ataques masivos y múltiples podrían romper el frente y provocar una derrota generalizada de las fuerzas marroquíes. Esto parece, hoy por hoy, inviable.
El Frente Polisario atraviesa, por otra parte, una grave crisis de liderazgo. La actual generación de dirigentes ha formado una burocracia férrea que impide cualquier disidencia o crítica según la más depurada tradición stalinista. Testimonios de personas que han logrado abandonar los campos de refugiados de Tinduf confirman el malestar y el cansancio de una población que sigue viviendo gracias a los subsidios del PAM (Programa Alimentario Mundial) y las donaciones de algunos países u organizaciones no gubernamentales. Los dirigentes del Polisario ofrecen a estos miles de refugiados (casi doscientos mil, según cifras de los independentistas) un futuro de plomo y polvo. Tras veinte años de vida en tales condiciones, la moral no es precisamente radiante.
En cuanto a Marruecos, el Sahara como «causa sagrada» ha dejado de ser una prioridad y obviamente si el alto el fuego se rompiera no constituiría para este país -acogotado por una crisis social muy intensa y enfermo de desigualdad y corrupción- una buena noticia. Pero la clase dirigente marroquí ha logrado imponer la idea según la cual «la guerra del Sahara ha terminado en victoria» y solo gravísimos reveses en el campo de batalla podrían acabar con esta ilusión.
Argelia -y, por procuración, el Frente Polisario- han fracasado en el proyecto estratégico de acabar con Hassan II y su régimen gracias a la guerra del Sahara. El régimen ha resistido los enormes esfuerzos de este conflicto y, paradójicamente, salió fortalecido. El enorme dispendio que significó la guerra pudo ser absorbido por una economía relativamente sólida que cuenta, además, con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, para quienes el régimen marroquí constituye un pilar decisivo para la estabilidad regional y un valladar contra el integrismo. El fracaso de los independentistas saharauis y los enemigos de Marruecos (Libia y Argelia, en primer lugar, pero también, Irán y Sudán) es también un dato de enorme significación para el futuro de la región.
El reino alauita se ha convertido, pese a las grandes dificultades que atraviesa -y que no conviene menospreciar- en la potencia hegemónica regional. Se trata de una mutación de enorme importancia, impredecible hace apenas cinco años.
También el Sahara Occidental ha cambiado. Marruecos ha invertido miles de millones de dólares en lo que fue una somnolienta colonia española. El Aiun es hoy una capital provista de infraestructuras modernas, bien abastecida y poblada por miles de personas, saharauis o de origen marroquí, que parecen haberse instalado allí para siempre. Lo mismo sucede en Bojador (ex-Villa Cisneros) o en Smara. Es ilusorio pensar que estas gentes (más de 400.000 en todo el territorio) renunciarán a esta nueva o vieja patria por un referéndum cada día más improbable.
Sin que quepa afirmar que el ejercicio de autodeterminación en el Sahara Occidental sea hoy por hoy imposible, cierto realismo conduce a tener en cuenta algunas realidades emergentes (nuevo equilibrio regional, nueva situación militar, nuevas poblaciones, etc.), algo que, por cierto, los dirigentes del Polisario, encapsulados en su dogmatismo paleomarxista, han sido incapaces de captar. Si la guerra volviese a estallar en estas arenas -algo que no cabe descartar, sea cual sea la intensidad del conflicto- está claro que la situación sería muy diferente de la que prevalecía hace cinco o diez años.
