A la sombra de Keynes: El Estado penaliza el ahorro de los españoles

A lo largo de los últimos meses se han publicado diversos estudios sobre el ahorro en España y las necesidades de financiación de nuestra economía, de los que se han hecho eco los medios de comunicación. El problema es claro: la propensión al ahorro de los españoles es baja, y, dado que el ahorro es la fuente principal de financiación de la inversión, una tasa baja de ahorro implica, bien la necesidad de importar capitales del exterior, bien un encarecimiento interno del capital ofrecido a préstamo que hace inviables muchos proyectos que, en un mercado con mayor oferta, podrían haberse llevado a cabo. Es cierto que el cálculo de las tasas de ahorro presenta muchos puntos discutibles desde el punto de vista técnico. Pero esto no cambia en absoluto la esencia de un problema que, por otra parte, nuestro país comparte con muchos otros.

Un periódico titulaba hace algunas semanas «Cuestión de mentalidad», su comentario sobre el tema, e insistía en que los comportamientos sociales hoy dominantes en España son poco propicios al ahorro. Este tipo de afirmaciones deben tomarse, sin embargo, siempre con cierta reserva. Aunque en cada país existan algunas características diferenciales en sus formas de actuación económica, no deberíamos exagerar su importancia. Además de ser una determinada manera, la gente actúa reaccionando a incentivos, y en estas reacciones las semejanzas internacionales son mucho más importantes que las diferencias.

No hay que olvidar, en efecto, que existen factores objetivos que explican bastante bien el porqué de esta baja propensión al ahorro. Y que de ellos pueden encontrarse responsables directos en los gobiernos y en los propios economistas. La presencia de unos y otros en nuestra historia no es sorprendente. No olvidemos que, como decía uno de los «protagonistas» de nuestra narración, J. M. Keynes, los políticos suelen ser herederos, aun sin saberlo, de las ideas de algún economista difunto.

El Estado influye hoy muy directamente en el bajo nivel de formación de ahorro, al menos en dos aspectos importantes. El primero es el tratamiento fiscal que se da a los rendimientos del ahorro.

El Estado

El Estado influye hoy muy directamente en el bajo nivel de formación de ahorro, al menos en dos aspectos importantes. El primero es el tratamiento fiscal que se da a los rendimientos del ahorro. En España es tan dura la tributación soportada que, en muchos casos, puede llegarse a rendimientos reales negativos. A algunas personas esto les resultará extraño, pero un sencillo ejemplo aclarará las cosas. Pensemos en un ciudadano de clase media que realiza algún ahorro y lo invierte en un título que le ofrece un rendimiento del 11 por 100. Parece un interés aceptable. Pero, en realidad, no es así. Si la tasa de inflación es el 6 por 100 y el tipo marginal del impuesto sobre la renta que paga es el 50 por 100 —para lo cual no es preciso, desde luego, ser un millonario—, esta persona tendrá un rendimiento neto negativo en su inversión. No es extraño, por tanto, que una persona en este caso prefiera no ahorrar y gastar en consumo toda su renta. Lo irracional sería lo contrario. Naturalmente, hay otros tipos de ahorro, y no todo el mundo llega al tipo marginal del impuesto sobre la renta del supuesto. Pero el ejemplo es lo suficientemente gráfico como para entender el que se ahorre tan poco y que, cuando se hace, se prefieran operaciones fácilmente ocultables a la voracidad del Ministerio de Hacienda a inversiones en el mercado de capitales fácilmente controlables.

Seguridad Social

El segundo aspecto de la actuación del Estado en este campo es el papel desempeñado por la seguridad social. Cuando se dice que el español medio ahorra poco se olvida algo importante: casi todos estamos cotizando para cobrar, en su día, una pensión de jubilación. Esto, para cada persona, es un ahorro, ya que sus efectos son equivalentes a la compra de un título —de rentabilidad bastante incierta, eso sí— que ofrecerá rendimientos a partir de un determinado momento, el del abandono de la actividad laboral. Pero, dado el sistema de reparto y no de capitalización que rige en España y en la mayor parte de los sistemas públicos de seguridad social, lo que es ahorro para el individuo no lo es para la economía española. En efecto, las cotizaciones a la seguridad social no se transforman en capital del que se pueda obtener rendimientos. Lo que tiene el cotizante actual es simplemente una promesa del Estado de que, mediante impuestos, obligará a los trabajadores de las siguientes generaciones a entregarle una parte de su renta, como él mismo tuvo que hacer con los miembros de la generación anterior. Se da así la paradoja de que cada ciudadano ahorra, pero la sociedad española en su conjunto, no.

Los economistas no están, desde luego, libres de responsabilidad en esta situación. Es cierto que, durante mucho tiempo, fueron generalmente aceptando entre ellos el principio de la necesidad del ahorro privado para el desarrollo económico y la idea de que la persona ahorrativa es no sólo moralmente superior a la derrochadora, sino también más beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Pero la influencia del keynesianismo hizo cambiar estos planteamientos. Se empezó a afirmar, por ejemplo, que el ahorro puede, simultáneamente, enriquecer a la persona que lo practica y empobrecer, en cambio, al conjunto de la sociedad. El rentista, es decir, la persona que vivía del ahorro acumulado por sí mismo o por su familia, pasó a ser considerado como una figura inútil que debería desaparecer de una economía moderna. Se atribuyó al Estado la facultad, e incluso la obligación, de establecer fuertes impuestos que gravaran las rentas del capital. Y se llegó a afirmar que no era importante la reducción del ahorro privado, ya que el sector público podría realizar, y con mayor eficiencia, la función de ofrecer capital a los inversores que lo necesitaran.

Dado el sistema de reparto y no de capitalización que rige en España y en la mayor parte de los sistemas públicos de seguridad social, lo que es ahorro para el individuo no lo es para la economía española.

Éste es el ambiente intelectual en el que se formó una buena parte de los economistas actuales. Las cosas, últimamente, han vuelto a variar, y hoy se reconoce de nuevo la gran importancia que tiene el ahorro privado, sobre todo en economías sometidas a fuertes transformaciones tecnológicas que exigen continuamente nuevos capitales. Pero la sombra del economista difunto sigue pesando mucho todavía en no pocos ministros de Economía o de Hacienda de nuestros días.

Es probable que, para lograr que se eleve la tasa de ahorro, sea realmente preciso lograr que los españoles cambiemos de mentalidad a este respecto. Pero no nos engañemos. Hace falta algo más.