La formación de un capitalismo popular

Los sufridos ahorradores españoles han respondido con presteza al estímulo fiscal ofrecido por Hacienda a la inversión a través de los fondos. Los grandes bancos han iniciado con su campaña de otoño una gran ofensiva comercial para hacerse con la gestión de una importante tajada del ahorro privado, en la enconada batalla que mantienen por incrementar su cuota de pasivo desde que se desató la libre competencia entre ellos.
Pero en los seis primeros meses del año, antes de que comenzaran la publicidad y las colocaciones masivas de los superfondos bancarios, el incremento del patrimonio de los fondos de inversión había sido ya del 84 por ciento, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Cerca de medio millón de españoles habían decidido rentabilizar sus ahorros a través del cauce natural de la inversión colectiva. Ahora con el esfuerzo comercial de los bancos, las cifras se dispararán.

Impulsar la inversión

A partir del 1 de enero de este año, el Gobierno ha concedido claras ventajas fiscales a los fondos de inversión. No sólo al reducirles el impuesto de sociedades al 1 por ciento, sino sobre todo al aprobar un tratamiento ventajoso para el inversor particular. A partir de los doce meses, las participaciones en los fondos sólo tributan al tipo medio por las plusvalías realizadas y desde el segundo año y un día puede deducirse el 7,14 por ciento anual hasta la total exención del impuesto a los quince años de haber realizado la inversión. Esta medida política ha sido un acierto, como lo demuestra la excelente acogida que le han dispensado los ahorradores. Bien es verdad que, con toda probabilidad, lo que Hacienda pretendía era buscar nuevos tomadores de títulos de la deuda del Estado, por un cauce más asequible para el pequeño inversor que el de las subastas. Objetivo logrado plenamente con los Fontesoros, cuyos activos están totalmente invertidos en deuda pública, pero que se ha extendido también al resto de los fondos de inversión cuyos gestores se han visto atraídos por la rentabilidad de los títulos del Tesoro. Números cantan: al final del primer semestre del año, casi un billón de pesetas, el 65,11 por ciento del patrimonio total de los fondos de inversión, estaba colocado en deuda pública.

Pero sea cual fuere la intención del legislador al ensanchar fiscalmente este cauce de la inversión colectiva, el resultado es francamente esperanzador. Los fondos de inversión permiten al ahorrador, al margen de su tamaño, participar en cualquier clase de negocio que esté abierto a los mercados públicos de valores y de la mano de una gestión financiera profesional cualificada.

Los fondos de inversión permiten al ahorrador, al margen de su tamaño, participar en cualquier clase de negocio que esté abierto a los mercados públicos de valores

Además, en un país como España, donde se ha dejado ya de cuestionar el modelo económico de libre mercado y se avanza decididamente hacia su consolidación, es lógico que quienes pretendan evitar los efectos sociales negativos del llamado capitalismo salvaje busquen soluciones que corrijan la estricta aplicación de la ley del más fuerte. Facilitar la unión de los pequeños para que puedan competir sin desventaja frente a los grandes es un camino claro para favorecer la igualdad de oportunidades de todos los ahorradores.

Sociedad libre y solidaria

Pero eso, con ser mucho, no es suficiente. Si queremos estabilizar nuestro sistema de convivencia es preciso realizar todavía conquistas importantes en los ámbitos de la libertad y la justicia reales. La solidez del sistema democrático se sustenta en una sociedad libremente solidaria y no tanto en una solidaridad impuesta y gestionada desde el Estado. No ya sólo por motivos prácticos de carácter funcional —está superdemostrado que el Estado no es el mejor gestor de los recursos—, sino por razones más profundas que tienen que ver directamente con la dignidad de las personas. La propiedad de bienes materiales es una necesidad para el normal desenvolvimiento de las personas y de las familias.

El fortalecimiento de la sociedad civil, que es imprescindible para la estabilidad democrática, pasa por la difusión de la propiedad al mayor número posible de personas y no por la estatalización de los bienes de producción. La propiedad privada colectiva, la copropiedad y la multipropiedad son fórmulas válidas que hay que ensayar también para lograr una sociedad libre y solidaria.

El fortalecimiento de la sociedad civil, que es imprescindible para la estabilidad democrática, pasa por la difusión de la propiedad al mayor número posible de personas y no por la estatalización de los bienes de producción

El capitalismo popular, con una amplísima base de propietarios, es el mejor antídoto contra las fórmulas aberrantes del capitalismo salvaje. Por eso el fomento del ahorro de los particulares y la movilización de ese ahorro popular hacia la inversión productiva y rentable son objetivos prioritarios de cualquier política económica sensata.
La vía abierta por los fondos de inversión colectiva debería ser completada con la extensión de las ventajas fiscales concedidas a estas instituciones a otras que puedan encauzar también el ahorro popular en igualdad de oportunidades. Los clubs de inversión que, en régimen de comunidad de bienes, facilitan la autogestión financiera de pequeños grupos de ahorradores, tan populares en otros países de Europa, podrían ser el próximo escalón de esta faceta acertada de la política económica del Gobierno.