China copia las armas del enemigo americano

Avance

En su libro El sueño del imperio el historiador John Darwin sostiene que el sistema estadounidense es imperial en todo, excepto en el nombre. Entre otros rasgos imperiales, está el hecho de que la nueva economía internacional gira en torno a Estados Unidos. No solo eso; sino que, como señala el analista del Observatorio Golden Power Luca Picotti en un reciente artículo en El Grand Continent, el uso de la influencia económica con fines políticos ha sido prerrogativa de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esa influencia se sustenta en un trípode: una diplomacia activa y bien arraigada, un ecosistema de empresas estratégicas y un arsenal de leyes para controlarlas. «Integrada doctrinalmente en una política exterior al servicio del refuerzo de su hegemonía militar mundial, la injerencia estadounidense en los mercados extranjeros constituyó uno de los numerosos medios para ejercer presión sobre los adversarios, pero también, en ocasiones, sobre los aliados de Estados Unidos», escribe Picotti.

Dentro de ese arsenal jurídico, destacan la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que gestiona el mayor sistema de sanciones del mundo; la «lista negra» de los SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), utilizada para imponer sanciones a Irán y Cuba, luchar contra la financiación del terrorismo o ejercer presión sobre Rusia y China; la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), que gestiona las licencias de exportación y controla cualquier transferencia de tecnología al extranjero; y el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS), encargado de examinar minuciosamente las inversiones sensibles en el país. «Ningún país del mundo dispone de un arsenal tan sofisticado y tampoco ninguno puede presumir de haber recurrido tan a menudo a la influencia económica hasta el punto de influir en cada Estado, cada empresa y cada ciudadano de todo el sistema mundial», se dice en el artículo.

China, que es la gran competidora de Estados Unidos en el nuevo orden mundial, está, por un lado, denunciando la extraterritorialidad de las medidas estadounidenses, mientras, por otro, está asimilando las mismas prácticas de coacción económica apoyada en instrumentos jurídicos. China «ha demostrado que, a partir de ahora, también está dispuesta y es capaz de utilizar sus propias palancas en los mercados con fines políticos», sostiene Luca Picotti. De hecho, en los últimos años Pekín ha desarrollado un auténtico sistema jurídico-económico a imagen y semejanza del americano, que incluye sanciones, control de las exportaciones, examen de las inversiones, extraterritorialidad y militarización de los puntos estratégicos.

Hasta ahora, China era vista como un «Estado-ingeniero», contrapuesto a la «sociedad de abogados» estadounidense. Eso es lo que ha cambiado. Confrontada a una serie de medidas económicas destinadas a frenar su desarrollo en varios sectores estratégicos (aranceles al acero y al aluminio, exclusión de empresas chinas del mercado estadounidense…), Pekín ha podido comprobar en carne propia el grado de sofisticación y alcance del arsenal jurídico-económico norteamericano. Y se ha aprestado a usar las mismas armas. En los últimos años, ha reformado la ley sobre inversiones extranjeras modernizando ciertas estructuras y estableciendo una nueva lista actualizada de sectores sensibles, en su mayoría cerrados a la inversión extranjera por razones de seguridad nacional, ha aprobado una nueva ley de control de las exportaciones y ha elaborado su propia «lista de entidades no fiables», en la que figuran las entidades que perjudican los intereses chinos.

«Bajo la dirección del Ministerio de Comercio de la República Popular China, el país ha establecido aranceles, un control de las exportaciones de tierras raras y una serie de normativas específicas destinadas a conferir a determinadas disposiciones un alcance extraterritorial, siguiendo exactamente el modelo de la extraterritorialidad estadounidense», escribe Luca Picotti en El Grand Continent. Esa política obliga, por ejemplo, a solicitar una licencia a empresas no chinas que exporten bienes fabricados fuera de China, pero que contengan componentes chinos relacionados con el sector de las tierras raras. En general, las inversiones en el extranjero pasan a ser una cuestión de seguridad nacional, quedando bajo un control de las exportaciones que abarca todos los ámbitos estratégicos, desde los bienes hasta las tecnologías, pasando por el acceso a la inteligencia artificial y el capital humano.

China se ha americanizado en este terreno hasta el punto de contar con el mismo trípode que su rival: política exterior firme; empresas líderes en determinados sectores y sofisticado arsenal jurídico.

Europa no es ajena a esta lucha de gigantes. De hecho, el control chino de las inversiones en el exterior puede interpretarse como una respuesta preventiva a una propuesta europea sobre el «acelerador industrial»: si la Unión Europea quiere examinar las inversiones entrantes para imponerles, a través de las autoridades nacionales, ciertas condiciones, como el intercambio de conocimientos técnicos; Pekín podrá controlar dichas inversiones salientes para, a su vez, imponer condiciones o prohibirlas.

La UE se está dotando de instrumentos similares, pero siempre con el talón de Aquiles del desequilibrio entre las competencias comunitarias y las nacionales.