Chile el final de la excepción

Dentro de unas semanas, el presidente electo de Chile, Patricio Aylwin, jurará su cargo como jefe del Estado. Así se cerrará formalmente una etapa de más de 16 años de dictadura y se iniciará de verdad (hasta ahora todo fueron preparativos) la transición a la democracia. Chile dejará de ser a partir del próximo mes de marzo la excepción autoritaria entre los países del continente iberoamericano, todos ellos, con diversos matices, democráticos, con la salvedad ya conocida de Cuba y Nicaragua.

La tarea que le espera al nuevo presidente de Chile, Patricio Aylwin, es todo menos envidiable. Elegido por una holgada mayoría de votos (55% de los sufragios emitidos), este abogado de 71 años, figura histórica de la Democracia Cristiana de su país, espíritu afable y conciliador, deberá asumir una herencia nada cómoda: la del general Augusto Pinochet que manejó las riendas del país con mano firme y, a veces, despiadada desde el 11 de septiembre de 1973.

El nuevo presidente cuenta desde luego con el apoyo de un sector nada despreciable de la opinión pública chilena y de los 17 partidos y grupos políticos de la coalición Concertación de Partidos por la Democracia (CPD) que van desde el centroizquierda a la izquierda revolucionaria marxista. Cuenta también con el apoyo de todos los países occidentales, especialmente de Estados Unidos y de la CE, así como el bloque del Este y de sus vecinos democráticos (Argentina y Perú, entre otros). Tanto la Internacional Socialista como la Liberal y la Democristiana han expresado también su apoyo al recientemente elegido presidente chileno. Dentro y fuera de Chile se apuesta por el inicio de «una nueva era democrática» tras 16 años de dictadura o, si se prefiere, de régimen autoritario militar.

Obstáculos

Todos estos apoyos y adhesiones no harán, sin embargo, que Aylwin y sus colaboradores olviden los obstáculos que deberán enfrentar en los próximos meses para cambiar en profundidad y sin traumas la realidad política y social de Chile dado que, en principio, el modelo económico nadie lo discute en el seno de la mayoría.

Los adversarios de Patricio Aylwin y de lo que representa en el interior del país en modo alguno pueden menospreciarse. Los resultados del 14 de diciembre pasado (elecciones presidenciales y legislativas), han puesto de manifiesto que sectores decisivos y nada minoritarios de la sociedad chilena apoyan un modelo político y económico bien diferente del que propuso el presidente electo. En efecto, el candidato «continuista» Hernan Büchi, ex ministro de Hacienda del general Pinochet, y el «independiente» Francisco Errázuriz han logrado un apoyo popular considerable promoviendo un proyecto que en el terreno económico propone mantener el ritmo de crecimiento y expansión que caracterizó los últimos seis años. Un sector mayoritario del empresariado, de la clases medias, de los funcionarios del Estado y, por supuesto, de las Fuerzas Armadas apoyaron a Büchi y Errázuriz electoralmente y se opondrán en la medida de sus fuerzas al proyecto que dirige Aylwin reflejado en las «Bases Programática» de la CPD (Coordinación de Partidos por la Democracia), la coalición triunfante. Un proyecto, por cierto, un tanto nebuloso en aspectos claves de la política económica y social y, mucho más, en lo que respecta a la política internacional, de seguridad y defensa.

Aylwin ha mantenido a lo largo de los meses pasados y durante la campaña electoral cierta «ambigüedad calculada», convencido de que cualquier declaración imprudente podría desencadenar por parte de los sectores más duros del régimen pinochetista o de las propias Fuerzas Armadas reacciones airadas o violentas que dificultasen la transición hacia la democracia plena, un proceso que a partir de marzo se iniciará en condiciones difíciles. Esta actitud no fue compartida, desde luego, por algunos de sus correligionarios: por ejemplo, el presidente de la Democracia Cristiana chilena, Andrés Zaldivar, declaró la voluntad de la CDP de derogar numerosas leyes dictadas por el general Pinochet «para desmantelar los vestigios de la dictadura hasta sus últimas raíces». Una postura idéntica mantiene el Partido Comunista chileno que encabeza el escritor y viejo estalinista Volodia Teitelboin. Hasta hace muy poco los comunistas apoyaron la lucha armada como método para acabar con la dictadura. Sus magros resultados electorales y el proceso de cambios de la Unión Soviética y en el Este les exigirán sin duda una reflexión en profundidad y probablemente cambios en su estrategia y dirigencia.

No le será fácil, desde luego, al nuevo presidente «desmantelar los vestigios de la dictadura» en poco tiempo. Augusto Pinochet -que según la constitución vigente seguirá siendo jefe supremo del Ejército en los próximos ocho años- ha dejado todo «atado y bien atado», como dijo el general Francisco Franco (hacia cuya memoria Pinochet guarda enorme respeto y admiración) antes de morir. En los últimos meses, el Gobierno chileno ha hecho, en efecto, todo lo posible para dificultar las reformas estructurales que Aylwin deberá llevar a cabo: se han nombrado nuevos jefes militares próximos al propio Pinochet, se han privatizado empresas públicas que han ido a parar a manos de empresarios o familiares también próximos al dictador, la banca central ha consentido préstamos a la banca privada en condiciones muy favorables pero atentatorias -según Aylwin y sus seguidores- para la salud de la economía general, etc.

Además de estas decisiones o «amarres», será el Gobierno del general Pinochet quien, antes de cesar, apruebe el presupuesto de 1990. También se han dictado garantías administrativas para que el nuevo ejecutivo mantenga en sus puestos a los más altos funcionarios de Estado. Ya acaba de aprobarse una ordenanza por la que se prohíbe el paso al sector público de las compañías privatizadas por la dictadura. Todo indica, pues, que Aylwin deberá iniciar su mandato recorriendo un campo minado por su antecesor y en medio de las exigencias y la impaciencia muy comprensible por lo demás de quienes lo apoyaron.

Fuerzas Armadas

Un tema especialmente espinoso será el de las relaciones entre el nuevo presidente y Gobierno chileno con las Fuerzas Armadas. Convertidas éstas a lo largo de los últimos años en un verdadero partido político, privilegiadas corporativamente tanto en el terreno material como social, exentas por ley de cualquier responsabilidad política o jurídica en relación con el pasado, las Fuerzas Armadas chilenas aceptaron obviamente sin ningún entusiasmo el triunfo de Aylwin tras haber asumido la derrota previa de Pinochet en un plebiscito (5 de octubre de 1988) sobre su continuidad en la presidencia como un drama.

Aylwin desea establecer un diálogo con los militares convencido de que muchos malentendidos podrán superarse. Existe por parte de los uniformados bastante reticencia a «normalizar sus relaciones con los civiles» o, al menos, con «ciertos civiles», es decir, con los representantes de los partidos de centro o izquierda a quienes consideran históricamente responsables del «caos nacional» que motivó el golpe militar de 1973. Por de pronto, el general Pinochet advirtió días antes de las elecciones presidenciales que «si tocan (es decir, si juzgan) a cualquiera de mis hombres (es decir, militares) se acabó el estado de derecho». Tales expresiones explican seguramente que Aylwin haya dicho que «no es conveniente el mantenimiento del general Pinochet al frente del Ejército». Es obvio que Pinochet luchará con uñas y dientes para impedir su defenestración. Matizando estas declaraciones, Aylwin dijo días después que «si Pinochet se queda, pienso que sin embargo no constituiría un obstáculo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas porque será un subordinado del presidente y del poder político».

No le será, en efecto, fácil al nuevo régimen establecer con las Fuerzas Armadas un statu quo que le permita evitar la intromisión y la «protección» de los militares en los asuntos políticos, máxime cuando en la actual Constitución (que Aylwin pretende reformar si puede…) se consagra este papel.

La búsqueda de canales de conocimiento y negociación con los militares constituye obviamente una prioridad del futuro ejecutivo. Para ello no tendrá más remedio que recurrir a ciertos intermediarios civiles, entre ellos probablemente el partido de «Renovación Nacional», agrupación conservadora aunque crítica del general Pinochet que mantiene excelentes relaciones con altos jefes militares, alguno de los cuales como el general Mathei, jefe de la Fuerza Aérea, se ha distanciado recientemente tanto del dictador como de sus más ultramontanos seguidores.

Otro asunto ciertamente delicado y sobre el que el nuevo presidente deberá pronunciarse sin ambages es el del castigo de quienes civiles o militares cometieron excesos durante los pasados 16 años en la «lucha contra la subversión». Tema sin duda delicado y que exigirá también una prudencia exquisita no sólo porque en 1978 se promulgó una insólita ley en la que se amnistiaba a los militares comprometidos en la «guerra sucia», sino también porque en los juzgados de todo el país hay abiertas causas criminales de torturas, detenciones, ejecuciones sumarias, desaparecidos, etc., a diferencia de lo sucedido en países como Argentina o Uruguay en circunstancias parecidas.

Aylwin deberá decidir si el nuevo Gobierno se convierte -como hizo, ay, Alfonsín en Argentina- en parte de la acusación o se limita a permitir que lo hagan quienes se sientan individualmente afectados por estos excesos. La segunda opción parece más probable aunque podría constituir un motivo adicional de inquietud entre los 17 partidos de la coalición gubernamental.

Economía

Tampoco será fácil para el presidente Patricio Aylwin y sus colaboradores económicos (especialmente el socialista Carlos Ominami, probable ministro de Economía y el democristiano Alejandro Foxley, futuro ministro de Finanzas) mantener una situación económica próspera como la actual, aunque evidentemente frágil.

Chile constituye, en efecto, un modelo exitoso de política económica sobre todo si se compara con el resto de los países de la región (Brasil, Argentina, Perú, etc) sumergidos en una crisis interminable. Tanto la tasa anual de inflación (un 11% en 1988 y un 18% probablemente en 1989) como el crecimiento del PIB (entre un 4 y un 5% anual en los últimos cuatro años), la tasa de inversiones externas, el aumento permanente de las exportaciones de todo tipo y su diversificación, el descenso del desempleo, etc, han convertido a este país en un auténtico «modelo neoliberal».

Pero este espectacular crecimiento se ha producido gracias a graves desquilibrios financieros (la deuda externa supera los 16.000 millones de dólares) y sociales que pagaron los sectores más pobres y marginales, precisamente aquellos para quienes la llegada a la presidencia de Patricio Aylwin representa una gran esperanza. Estos sectores podrán, en un clima de libertad recobrada, exigir aumentos salariales fulminantes, reajustes permanentes, mejor seguridad social, seguro al desempleo, es decir, cuanto durante los últimos 16 años no pudieron conseguir o simplemente perdieron en la vorágine de la política económica promovida por los «Chicago boys» a finales de los años setenta y posteriormente por Hernan Büchi. Si Aylwin y sus colaboradores desean mantener el crecimiento de la economía chilena, deberán en primer lugar frenar estas previsibles reivindicaciones mediante la concertación con los sindicatos y demostrar internacionalmente que son capaces de conducir la transición a la democracia sin acabar con la salud económica del país. Por de pronto, la tasa de inversiones externas se ha reducido considerablemente en el último semestre de 1989 ante la incertidumbre que la elección de Aylwin y la llegada al poder de la oposición a la dictadura podrían desencadenar.

Reforma constitucional

Un objetivo manifiesto a medio plazo de Aylwin y sus colaboradores será reformar la Constitución vigente, ya retocada en algunos puntos hace meses pero que sigue siendo un obstáculo para la instalación de una democracia plena. El problema estriba en que para llevar adelante esta reforma, el nuevo presidente deberá contar con los dos tercios de ambas Cámaras. No sólo no los tiene sino que en el Senado (y gracias a los nueve senadores nombrados «a dedo» por Pinochet) es la oposición de derecha quien cuenta con la mayoría absoluta.

Sólo una negociación paciente con las fuerzas conservadoras pero reformistas permitirá cambiar la Constitución a fondo, aunque no sea precisamente para mañana.

Las enormes dificultades que Aylwin y sus colaboradores deberán afrontar dentro de unas semanas en modo alguno significan que, de antemano, su proyecto esté condenado al fracaso. Tanto desde el punto de vista internacional como interno, existe interés en que el pasaje de la dictadura a la democracia se produzca sin traumas ni retrocesos. La prudencia desplegada hasta ahora por Aylwin constituye un excelente indicio de que está en condiciones de vencer este desafío histórico.