Los poco más de dos años de tiempo parlamentario útil del último mandato de los socialistas han sido el período más gris y menos provechoso de la vida pública nacional desde 1975. Han concluido, en efecto, con más pena que gloria, trás arrastrar sus languideces de un modo que España no se merecía. Al final, casi no ha habido que disolver las cámaras, que se extinguieron solas cuando los aliados del gobierno decidieron retirarle la respiración asistida.
Los escándalos fueron solo uno de los elementos del síndrome que condujo al fatal desenlace de Parlamento y Gabinete. Habían saltado a la luz con el Gobierno anterior (que era el mismo Gobierno, con el mismo Presidente). Pero los primeros en destaparse no se abordaron en su momento, ni después, con honestidad y con decisión. Fueron como un catarro mal curado, con dos o tres dimisiones tardías e insuficientes que no sirvieron para corregir el mal, ni para impedir que los gérmenes de la corrupción continuaran alojados en vastos espacios del organismo público nacional. En los años 94 y 95 se alcanzaron niveles alarmantes. No se trataba ya solo de prevaricaciones y de financiación ilegal de partidos. Ha habido casos sobradamente conocidos de verdadero «peculado», o hurto y apropiación de caudales públicos, hecho por sus administradores. Hace tres cuartos de siglo, a propósito de ciertas irregularidades de concejales republicanos en un importante ayuntamiento español, Ramiro de Maeztu dijo de esos personajes que «tenían los ojos puestos en el ideal y las manos en el cajón del pan». Pero los fallos de los socialistas del 93 no se debían a los «garbanzos negros» que había en sus filas. Eran errores de concepto que se empezaron a cometer poco después del junio electoral.
Los socialistas y su presidente leyeron mal los resultados del 93. Como tenían más diputados que el PP pensaron que habían ganado los comicios y, con ello, se equivocaron desde el comienzo de la legislatura. El resultado era previsible: un personaje de Lope de Vega en Los Tellos de Meneses decía que «quien los principios yerra / ¿cómo ha de acertar los fines?». Se dejaron arrastrar por las inercias de sus anteriores mayorías absolutas, bajo las que habían aplicado la doctrina del uso alternativo del derecho, tan enraizada en su ideología desde los tiempos del originario paleomarxismo. Pero conver tir en ley la voluntad del gobernante -por encima de los límites racionales y justos del mandato recibido- genera inseguridad en la ciudadanía y propicia abusos en la gestión de la república. Un poeta romano señalaba que el «sit pro ratione voluntas» significaba la consagración de la arbitrariedad en el ejercicio del poder.
Los gobiernos socialistas de las mayorías absolutas aplicaron repetidamente este principio, sorteando el espíritu de la Constitución del 78, que fija mayorías cualificadas para ciertas leyes y determinados nombramientos de elección parlamentaria. Se quería en la Constitución que estas resoluciones tuvieran un respaldo más consistente que las coyunturales mayorías simples de los actos ordinarios de gobierno, incluso de la Ley de presupuestos.
En pura aritmética democrática, una mayoría absoluta estaría legitimada para disponer casi cualquier cosa. Es corriente decir que el parlamento británico puede hacerlo todo, menos convertir a un hombre en mujer (y aún eso, ahora, habría que -verlo…). Pero para las grandes cuestiones, todo gobierno razonable busca apoyos mas amplios por las vías del consenso o del compromiso. Y cuando la mayoría propia no existe, se ha de actuar sobre la base de programas y acuerdos públicos y estables.
Los «asuntos de Estado», para los que el sentido común y el patriotismo piden un consenso, son importantes, pero están tasados: política exterior, defensa nacional y seguridad -tanto la seguridad ciudadana, que ampara las libertades, como la seguridad jurídica general propia de un estado de derecho-. (Precisamente por esto último ha sido un gesto de arrogancia póstumo aprobar el Código Penal por una escasa mayoría).
En sus primeras manifestaciones preelectorales, el presidente del Partido Popular y algunos de sus colabo radores han declarado que respetarán los compromisos internacionales contraidos por España en relación con la OTAN (incluso la modalidad actual de colaboración con su estructura militar) y con las Naciones Unidas. Es una muestra de responsabilidad y de solidaridad nacional que no se dió en el 82, cuando los socialistas pusieron patas arriba nuestra pertenencia a la OTAN, con grave riesgo para el crédito del país y para su acceso a la Comunidad Europea. Igual ocurre con la Defensa y con el modelo de Fuerzas Armadas, solo que los «populares» se proponen dotarlas mejor y atender sus legítimas aspiraciones morales, mientras se discuten las technicalities de la duración del servicio y el modo de hacerlo, noventa días arriba o abajo. Respecto de la seguridad, no hay que proclamar nuevas doctrinas, sino aplicar la legislación vigente, devolviendo a los agentes del orden público el respeto que merecen y protegiendo a los jueces de las presiones que interfieren su trabajo.
Si el 92 fue el «annus mirabilis» de los grandes fastos -y de los grandes gastos, de los que quedan mejoras urbanas en dos ciudades, un esta dio y un tren-, y el 95 ha sido el «annus lamentabilis» cargado de noticias de sucesos y de tribunales, el 96, por fin, promete ser el de la transición del poder no solo a otro partido, sino a un renovado estilo, ético y político, de ejercerlo.
El país demanda que se le gobierne desde la verdad y desde las convicciones y no desde los tacticismos. Solo así se recobrará la confianza dentro y fuera de España para el ahorro y la inversión, o lo que es lo mismo, para la creación de empleo. Para ello, es preciso que la fiscalidad no sea confiscatoria y la promoción de puestos de trabajo no esté penalizada con cargas que la encarecen. El empleo, por otra parte, junto con el crecimiento económico, será la garantía de las prestaciones sociales. El «complejo económico y social» es,en la práctica, como una pescadilla que se muerde la cola. El mito del «Estado del bienestar», que no se ha implantado nunca, ha de ser sustituído por la realidad de la «sociedad del bienestar». Hace falta una política industrial de fomento de las empresas medianas y pequeñas, que son las que dan trabajo en grandes cifras, porque son muchas.
Respecto de otras cuestiones, como la educación y la sanidad, la política más razonable y necesaria es la que combine la libertad y la calidad. Los hijos pertenecen a la familia y no al Estado. La educación es función de la sociedad y no del gobierno, que tiene responsabilidades para su ordenación, para su promoción y para organizar el sistema nacional que la garantice. Los problemas de España tienen respuesta y son más morales y políticos que económicos y técnicos. España es un país razonablemente rico, y mas en este momento de la segunda o tercera revolución industrial, en que la principal riqueza de los pueblos reside en el trabajo y en el valor añadido en los procesos productivos. Pero nuestro país, con casi cuarenta millones de habitantes y muy estimables niveles de cultura, no debe resignarse a diluirse en el margen sur de la Unión Europea, reducido a ser parque y playa del Continente.
Las elecciones serán el tres de marzo. Puede preverse que los dos grandes partidos volverán a obtener unas trescientas actas en el Congreso de los Diputados. Siempre ha sido así desde el 77. Los pronósticos, a dos meses vista, apuntan a una victoria más suficiente que ajustada de los «populares». La mayor parte de los electores saben ya lo que van a votar: son el voto militante y el voto fiel. (No es verdad lo del «voto cautivo» de quienes piensan que disfrutarán de beneficios del gobierno, porque en ningún caso se los garantizaría el partido de los perdedores). Existe el voto reflexivo de los electores que estudian lo que les interesa a ellos y creen que le conviene al país. España necesita y merece una segunda transición tranquila, pero renovadora, en la que pueda recuperar la confianza en sí misma y u prestigio ético y político en el exterior.
