Polonia: entre la esperanza y el desencanto

Maciej Stasinski

Alimentaba el orgullo de los polacos el hecho de que Polonia se convertía en el primer país de Europa del Este que emprendía una transformación democrática del antiguo régimen comunista, orgullo que justificaría y reforzaría la sucesiva caída de regímenes comunistas, como por efecto de dominó, en otros países.

Pero la espectacular ruptura política apenas ocultaba el hecho de que en Polonia, quizás más que en cualquier otro país de centro Europa, la suerte del propósito de sacudir el lastre de los 40 años de un régimen cuasi totalitario y despejar el camino hacia una democracia estable iba a decidirse en el campo de la economía, que los gobiernos anteriores habían dejado en estado de caos y ruina.

El nuevo Gobierno no dejaba dudas acerca de este hecho y desde el comienzo de su gestión anunció sacrificios y privaciones que iba a acarrear para el país una reforma capaz de enderezar una economía descompuesta y centralizada. La elaboración del plan corrió a cargo de un joven economista de ideas liberales, Leszek Balcerowicz. El plan fue publicado en noviembre, y más que las perspectivas de inmediata recuperación, anunciaba con cruel franqueza un nuevo y severo período de austeridad, la disminución del nivel de vida en un 25 por ciento, cierres de empresas, desempleo. Pero, sorprendentemente, la publicación del plan Balcerowicz no alteró en absoluto la ininterrumpida ascensión de los índices de popularidad que registraba el nuevo Gobierno.

Pronósticos menos pesimistas de un Gobierno comunista hubieran provocado un malestar a punto de convertirse en rebelión. Entre la formación del Gobierno en septiembre y la definitiva aprobación de la reforma Balcerowicz por el Parlamento a finales de 1989, el índice de confianza en el Gobierno de Mazowiecki había subido 20 puntos, superando el 85 por ciento de la opinión pública.

Orden económico liberal

Precisamente el 30 de diciembre de 1989 el Gobierno finalizaba una verdadera carrera contra el reloj para poder entrar en el año nuevo con una legislación capaz de convencer a Occidente de que una asistencia financiera no iba a ser malgastada. Aquel día el Parlamento polaco aprobaba un extenso paquete de leyes que fundaban las bases de un nuevo orden económico liberal. Al mismo tiempo suprimía de derecho lo que ya había sido una realidad de hecho, eliminando de la constitución las garantías del socialismo, el monopolio del P.C., y establecía las garantías para toda propiedad, también la propiedad privada.

Pero muchos indicios apuntaban que el enorme prestigio del nuevo Gobierno no se debía a un apoyo explícito a su programa económico, sino que reflejaba más que nada un sentimiento de esperanza no muy bien razonada y un deseo de cambio. Los sondeos de opinión demostraban que menos de un tercio de la opinión pública conocía los puntos fundamentales del plan de estabilización y los sombríos pronósticos inmediatos. Por ello, enero fue la fecha en que el Gobierno entró en la fase de una auténtica verificación de su capacidad de gobernar: había terminado el ensayo verbal del liberalismo iniciándose su examen ante la dura realidad de unas estructuras económicas hipercentralizadas e ineficaces, así como la mentalidad comunizada de la mayoría de los polacos.

El 1 de enero el Gobierno, fiel a su credo liberal y al empeño primordial de acabar con una inflación desenfrenada, que en 1989 había superado el 900 por ciento, renunció al control de más del 95 por ciento de los precios, aumentó los pocos pero fundamentales que seguía controlando (carbón en el 600 por ciento, gasolina en el 100 por ciento, así como las tarifas de correos, teléfonos y transporte público de 100 a 250 por ciento), estableciendo al mismo tiempo un drástico freno sobre aumentos salariales, una severa disciplina fiscal en las empresas, y haciendo convertible dentro del país la moneda local, el zloty.

El resultado de la operación no se hizo esperar. A mediados de mes el violento aumento del coste de la vida que por vez primera la gente no podía compensar a base de la presión salarial, colocaba, según estimaciones del Ministerio de Trabajo, a un 40 por ciento de la población al borde de la pobreza, es decir, restringió su régimen alimenticio. En tan sólo dos semanas, más de 100.000 propietarios decidieron desmatricular sus automóviles para pagar los nuevos impuestos y seguros, haciendo caer la demanda de la gasolina en un 45 por ciento. Las primeras empresas anunciaron su propósito de despedir personal para ahorrar. La incertidumbre y miedo ante el futuro que se oían en cualquier conversación, en casas particulares o en las calles, comenzó a traducirse en acciones de protesta. A mediados de enero estallaron en la cuenca minera de Silesia las primeras huelgas con reivindicaciones económicas desde la formación del Gobierno Mazowiecki. Duraron pocos días y terminaron sin que el Gobierno cediera.

El 18 de enero el Primer Ministro pronunció en el Parlamento un sintomático discurso en el que, de una parte, admitió que la realización de la reforma costaba y dolía mucho pero, por la otra, recurrió a la firmeza, legitimada por su origen democrático, para afirmar que el Estado dejaba de ser un superdirector de una superfábrica y que la suerte de la causa de la reincorporación de Polonia a la Europa próspera dependía ahora de la iniciativa y la energía espontánea de su gente.

La frustración popular ante el repentino empobrecimiento adquirió también un carácter político. Desde las famosas negociaciones en la mesa redonda, en abril de 1989, durante y después de las elecciones legislativas, y a pesar de la catástrofe electoral del partido comunista, la élite dirigente de Solidarnosc y la cúspide del antiguo régimen comunista, formada por los generales Jaruzelski, Kiszczak y Siwicki y el líder comunista Rakowski, han ido respetando una tácita tregua, un cierto pacto de no agresión, para facilitar una transición democrática pacífica. El Gobierno de Mazowiecki procuró evitar despidos masivos de los funcionarios de la antigua «nomenklatura» en la administración estatal y económica, y el propósito general Jaruzelski fue elegido presidente del país gracias a que un grupo de diputados de Solidarnosc decidieron socorrerle renunciando a votar en contra. Por otra parte, el presidente Jaruzelski, el máximo garante de la estabilidad geopolítica, no ha puesto ninguna pega a la política de radicales reformas del Gobierno.

Con la acumulación de los efectos negativos de la primera fase de la reforma, esta pacífica convivencia puede verse amenazada. Son cada vez más insistentes las voces pidiendo responsabilidades al P.C., exigiendo la expropiación de su patrimonio, acumulado durante los 40 años de incontestado monopolio. Solidarnosc podría verse obligado a declarar obsoleto el compromiso de la mesa redonda.

De momento y ante la incógnita de la suerte de la reforma económica, Solidarnosc, Lech Walesa y el Gobierno han optado por acelerar la reforma política y seguir firmes en su empeño de forzar una transición hacia una economía de mercado. En abril se celebrarán las primeras elecciones auténticamente libres en la postguerra polaca: las elecciones municipales, adelantadas por el Gobierno a fin de encauzar la energía de la gente hacia la solución de los problemas diarios y heredados del comunismo allí donde más duelen, es decir, en el ámbito local.

En mayo o junio quedará claro si Polonia ha tenido éxito en su transición o si, por el contrario, la penuria material o el fallo de la estrategia del Gobierno habrán hecho resucitar los viejos demonios del populismo y la demagogia, que están acechando a la incipiente democracia polaca.