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Ver productos1 de febrero de 1990 - 5min.
Cuando en 1979 los socialistas pactaron con el Partido Comunista y con otros grupos de izquierda para hacerse con el control de muchos ayuntamientos, dieron el paso más importante y decisivo desde los tiempos de la II República para la conquista del poder político en España.
Tras la restauración de la democracia y la legalización de los partidos en el bienio 1976-1977, los resultados electorales demostraron, por dos veces, que nuestro pueblo no tenía suficiente confianza en el Partido Socialista Obrero Español como para encargarle el Gobierno de la Nación. El panorama municipal, en 1979, tras las elecciones locales del 3 de abril, era similar. Pese al ahogo económico de los ayuntamientos en los últimos años del franquismo y primeros de la democracia, los electores se inclinaron mayoritariamente, aunque no con mayoría absoluta, por las candidaturas de centro o por independientes de derechas. En esa situación, y ante la perspectiva de permanecer fuera de todo centro de gestión administrativa, el PSOE dio un giro histórico en su actitud hacia el Partido Comunista: de la enemistad irreconciliable que les enfrentaba desde los tiempos de la Guerra Civil, pasaron a ser aliados y a formar gobiernos de coalición en algunas diputaciones y en muchísimos ayuntamientos. Y ésa fue una ayuda esencial para acceder en 1982 al Gobierno de España.
Los ayuntamientos socialistas y comunistas sirvieron para formar en los años 1979 a 1982 un plantel de políticos gestores, que hicieron prácticas retribuidas a costa del bolsillo de los ciudadanos. Pero, sobre todo, dieron al Partido Socialista una imagen de gobierno: los vecinos comenzaron a identificar a socialistas con personas que gobernaban, aunque fuera un gobierno y gestión de escasa importancia y eficacia. Los ayuntamientos de izquierda fueron, además, instrumentos de propaganda para sus administradores, que utilizaron de forma partidista su pequeño poder. Con todo ello, y con algunas otras consecuencias que no es el momento de mencionar, el PSOE afrontó en 1982 las elecciones generales bastante bien pertrechado, como evidenciaron los resultados.
Hoy, tras haber gobernado España con mayoría absoluta durante siete años, y con la perspectiva de seguirla gobernando de forma similar durante algunos más, los socialistas no tienen necesidad de utilizar los ayuntamientos como escuelas de formación política, ni como medio de darse a conocer. Sin embargo, las administraciones locales siguen siendo pilares básicos para que ese partido se mantenga en el poder. Podría decirse, usando la terminología ajedrecística, que los ayuntamientos o los alcaldes son los peones en el tablero, y que la estrategia del PSOE descansa y se apoya en una sólida estructura de peones.
Durante la época de los gobiernos de UCD, los ayuntamientos comenzaron una intensa reivindicación de mayores ingresos. La verdad es que la Ley de 1975 en sus aspectos fiscales no había dado suficientes recursos económicos a los ayuntamientos, por lo que éstos, cuya penuria era grande al final del franquismo, continuaron cortos de fondos, con incapacidad para mantener de forma digna los servicios esenciales. Hacía falta una reforma en profundidad de la legislación, y a ello se puso todo el mundo: los socialistas que gobernaban los ayuntamientos a pedir más dinero, fundamentalmente procedente de los Presupuestos del Estado, y menos controles en la gestión del gasto; la UCD, a permitir mayores ingresos por impuestos municipales. Lo cierto es que los ayuntamientos estuvieron más desahogados, y que los gestores tuvieron más medios para afrontar políticas locales por encima de la simple gestión de los servicios básicos.
Con esos medios y con la capacidad de endeudamiento que los nuevos recursos ordinarios permitían, los alcaldes y concejales socialistas comenzaron a poner en marcha una política a corto plazo de atención al elector. No se trataba de plantear grandes obras que solucionasen a largo o medio plazo los problemas de la localidad, sino de organizar actos políticos bajo el nombre de actividades culturales, subvencionar a sindicatos o programas de afinidad ideológica, introducir en la Administración Local a personas de confianza política, bien directamente, bien mediante subvenciones periódicas, financiando con las arcas municipales su actividad partidista, y a halagar y regalar al futuro votante. Fiestas con alcohol gratis, viajes subvencionados total o parcialmente con dinero público, han sido y son frecuentes en los ayuntamientos gobernados por los socialistas.
El desgaste natural que una larga gestión política provoca, se empieza a notar en los grandes ayuntamientos. Tras las elecciones de 1987, se puso de manifiesto que las mayorías de 1983 no se repetían en muchos municipios. Aunque inicialmente los socialistas mantuvieron la alcaldía, se vieron obligados a formar gobiernos municipales minoritarios, y la gobernación en esas circunstancias exige unas dosis de eficacia a la que ni estaban acostumbrados ni tienen capacidad de desarrollar los del PSOE que se encuentran en los cargos locales. Además, el control sobre el votante que se puede ejercer en una gran población es menos intenso que en los pequeños municipios. Por ello, pese a los esfuerzos de unos cientos de militantes que se juegan su futuro, en el año 1991 es previsible que se produzca un cambio sustancial en las alcaldías de las grandes ciudades españolas. Y ello, sin un gran trabajo de los grupos que hoy forman la oposición a los socialistas.
Sin embargo, la situación es distinta en los pequeños ayuntamientos. En ellos, el desgaste político se ve oscurecido por el mayor control que los aparatos locales del PSOE ejercen sobre la población. Ya en tiempos de UCD, las normas que regulaban los subsidios agrarios ponían en manos de los alcaldes instrumentos para favorecer o desfavorecer arbitrariamente a unos u otros. Y los alcaldes que surgieron del pacto PSOE-PCE tuvieron la oportunidad y habilidad de hacer una política adecuada que en tres años y medio permitió que en las elecciones de 1982 los socialistas obtuviesen un respaldo abrumador en gran parte de España. Desde entonces, la conjunción del poder central y los poderes locales ha permitido aumentar la capacidad de influencia que los alcaldes socialistas tienen sobre el ciudadano de su localidad. Esos votos rurales son los que hoy apuntalan el Gobierno del PSOE. Al contrario de lo que venía ocurriendo de forma tradicional y no sólo en España, hoy los núcleos de población pequeños son más de izquierda que los grandes municipios.
Y en esos pueblos perdidos en la geografía hispana es donde reside hoy la fuerza socialista. Para que el PSOE llegue a perder unas elecciones, no bastará con desalojarle de los ayuntamientos de las capitales de provincia, cosa relativamente posible dada la actual tendencia electoral, sino que han de perder ese apoyo «fiel» en los núcleos rurales. Y si la oposición desea dejar de serlo, tendrá que dedicarse a ello en una tarea ardua, a la vista de las actuales circunstancias.