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Abundan los casos en los que la libertad de expresión es fuente de polémica. Desde sentencias judiciales contra tuiteros hasta expresiones artísticas o carnavalescas ofensivas contra los sentimientos religiosos, el historial de casos en debate es muy largo. En España el tema está teniendo gran relevancia social, a juzgar por la cobertura mediática.

Este debate tiene una vertiente especialmente polémica cuando atañe a cuestiones relacionadas con la educación. Sin salir del país y de la actualidad noticiosa más inmediata, encontramos que se ha aludido a él en el conflicto del PIN parental. Aquí, los litigantes de ideología progresista defiende la libertad académica de los docentes, por encima de la opinión de los padres, mientras sea coherente con las directrices del Estado. También ha estado presente en el escrache a un profesor de Derecho que tenía intención de impartir una conferencia sobre las dificultades legales de aceptar el concepto queer y la idea de la sexualidad como fluida, con especial hincapié en la consideración de los transexuales como mujeres (donde, dentro de los pensadores progresistas, ha habido cierto enfrentamiento entre quienes hablaban de libertad académica y quienes pensaban que se atacaba a la dignidad de las personas de las que se hablaba).

Distintos grados de debate

Se trata, además, de un debate poliédrico, que no afecta en idéntico grado en todas sus facetas. No es lo mismo discutir sobre libertad de expresión en general que hacerlo sobre su alcance en el mundo académico (entiéndase especialmente el universitario), puesto que en este supuesto se ponen en juego factores como la posición de autoridad adquirida por el orador; la posible vulnerabilidad de los oyentes, por su edad y conocimientos e, incluso, por la posible obligatoriedad de escuchar los discursos polémicos; pero, también, la propia misión de la universidad; la necesidad del debate y el diálogo para alcanzar el progreso científico; el enfrentamiento a ideas contrarias e incómodas como parte del proceso de madurez intelectual o el peligro de la unidad de pensamiento.

Tampoco tiene las mismas repercusiones el debate cuando se habla de un orador externo para un evento puntual, que cuando se trata de un profesor en plantilla, ni cuando este último declara desde la tarima (real o metafórica) de su docencia o su investigación académicas, que si vierte su opinión en otros ámbitos (sin dejar, por ello, de ser un académico).

Por último, no tiene el mismo alcance la discusión en un país como Estados Unidos, que tiene en sus venas el liberalismo como parte de su identidad nacional y cultural, o uno como Reino Unido, donde la universidad es una institución con una larga tradición y con tintes cercanos a la sacralidad, que países externos al mundo anglosajón, como los del mundo hispánico, España, por ejemplo, donde el debate parece haber tenido, por ahora y comparación, menos recorrido.

Libertad académica e información

En la era de la información en la que vivimos, muchos de los problemas sociales más relevantes (fake news, sesgo ideológico de las noticias que se nos proponen en función de nuestro comportamiento virtual, sobreinformación, uso comercial de los datos personales…) tienen que ver con su transmisión y los modos de acceso a ella. Al mismo tiempo, el mundo occidental se ha construido sobre las bases de los sistemas políticos democráticos, que tienen como uno de sus pilares el derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión choca a menudo con otra de las características principales de estas sociedades, la pluralidad (ideológica, religiosa, cultural…), de modo que es difícil en muchos casos ejercer el derecho citado sin que un colectivo o, incluso, un individuo pueda sentirse ofendido. El debate, por tanto está servido.

Si los medios de comunicación crean, agrandan o solo retransmiten las polémicas sociales es otro asunto en modo alguno menor. Sin embargo, es un hecho que también funcionan como buena vara de medida de lo que preocupa a la sociedad en cada momento. Así lo constata una de las ramas de mayor auge de la ciencia lingüística actual, el Análisis del discurso, que suele recurrir a los discursos públicos para estudiar las relaciones y tensiones sociales.

En ese marco, un reciente estudio se planteaba cómo era el tratamiento mediático que se le daba a los casos de conflicto en torno a la libertad académica, con el afán de encontrar los argumentos que se daban de una y otra parte, y hasta qué punto los medios intentaban mantener su apariencia de objetividad o se decantaban explícita o implícitamente por un lado de la balanza. También se buscaba la respuesta que a esas crisis voceadas por la prensa daban los distintos agentes sociales, implicados o no, y si había habido una evolución en el impacto que estos conflictos generan en la opinión pública.

Libertad académica en el mundo anglosajón

En el contexto anglófono el debate tiene un recorrido muy superior al del mundo hispánico. Prueba de ello son, no solo la cantidad y variedad de textos informativos y de opinión que se encuentran en la prensa, sino la huella que el tema va dejando en el léxico cotidiano (y el idioma es terreno difícil de horadar, que exige muchas pisadas para lograr el vestigio). Se habla así en inglés con cierta naturalidad (propia de los vocablos asentados) de no platforming o deplatforming, disinviting (acción de no invitar a alguien a una universidad), snowflakes (una persona muy vulnerable emocionalmente), safe places (espacios “seguros” dentro de la universidad), trigger warnings (avisos de peligro), términos todos ellos relacionados de alguna forma con la libertad académica y sus límites.

Los casos, además, son muy numerosos y conocidos: Jordan Peterson, Ben Shapiro, Roger Scruton, John Finnis, Milos Yannopoulos, Germaine Greer, Condoleezza Rice o Christine Lagarde, son solo algunos ejemplos destacados. El estudio lingüístico arriba citado se centraba en el caso reciente de John Finnis y la Universidad de Oxford y empleaba como elemento de comparación el caso de Sir Roger Scruton, que falleció semanas atrás.

El caso Finnis saltaba a los periódicos a principios del año pasado y provocaba un gran revuelo, especialmente en la prensa inglesa, pero con presencia también en diarios en español, holandés, checo, polaco, eslovaco, italiano, portugués o francés. Los medios se hacían eco (y entraban pronto a formar parte en el debate) de una recogida de firmas iniciada por un grupo de alumnos en la plataforma digital Change.org, en la que exigían a la Universidad de Oxford que retirara al profesor Finnis su docencia, por unas declaraciones que consideraban homófobas, y se pronunciara acerca de su política acerca del acoso y el discurso de odio. La universidad no tardaba en responder apoyando al profesor en un escueto comunicado, en el que defendía su libertad académica y la necesidad del debate intelectual vigoroso en el mundo universitario, con la condición de que no se atacara a nadie (algo que consideraba que no había ocurrido en este caso). Pronto, los dos bandos enfrentados fueron creciendo en adeptos y desarrollando su línea argumental, tal como refleja el estudio al que nos estamos refiriendo.

El caso Scruton se dio en 2016, tres años antes que el de Finnis. Un grupo de estudiantes intentó desinvitar al profesor para que no diera una conferencia en la Universidad de Bristol. En ese momento, el debate probablemente estaba aún menos encendido. La repercusión mediática, por esta razón o por el resto de diferencias entre los dos casos, fue mucho menor en el caso de Scruton.

Los argumentos

Los argumentos más frecuentes eran, de un lado, que la libertad académica tiene sus límites en los discursos de odio (formulados desde el odio o que inciten a él) y los que ataquen a la dignidad de las personas, es decir, discursos dañinos o peligrosos. Unido a este argumento está el de que no se puede atacar la dignidad humana desde una perspectiva académica exclusivamente racional e inocua y no se puede hacer en abstracto. A estos argumentos se añaden una interpretación de la universidad, como institución de educación, libre de posibles ataques (incluidos los intelectuales) contra sus alumnos (“espacios seguros”), unida a la situación desigual de poder que tiene el profesor sobre los alumnos.

En el lado opuesto, entre los principales argumentos de quienes defienden la libertad de expresión académica frente a los intentos de censura, se encuentran, para empezar, una concepción de la universidad como un entorno de aprendizaje que va más allá de la adquisición de conocimientos y que incluye la posibilidad de enfrentarse a opiniones y teorías contrarias y polémicas como un valor educativo añadido. A ello se une la concepción del profesor universitario como investigador y en la vanguardia del conocimiento, para lo que no debería encontrar ninguna traba, so pena de no poder avanzar en el mismo. En esta interpretación, se entiende que la posibilidad de estar equivocado forma parte de ese avance, que será efectivo si, incluso ante el error, existe la posibilidad de discusión e investigación. De acuerdo con esto, las ideas que puedan resultar molestas o equivocadas deberían combatirse desde la razón y no mediante la presión y la fuerza. Al hilo de esto último, se critica que, siendo la libertad de expresión un valor indudable y que tanto esfuerzo ha costado ganar, se quiera ahora acotar desde el sector (la ideología progresista) que más ha luchado por conseguirlo. Por último, se alega con frecuencia que, aunque una idea sea impopular o atrasada no implica que no pueda ser defendida o que, incluso, no pueda ser verdadera.

En cuanto a los argumentos empleados en el debate concreto del caso Finnis, llama la atención la distinta perspectiva que ha adoptado cada una de las partes en un punto concreto: mientras que el bando conservador, defensor de Finnis, defiende la libertad de expresar las ideas, aunque estén equivocadas, por tanto, sin entrar (salvo algún medio católico) a defender lo que Finnis expresó en su momento; el bando contrario a Finnis atacaba, en cambio, las ideas que este había expresado. Así, la duplicidad del debate queda reflejada en que los conservadores discutían sobre la libertad de expresión en general y los progresistas discutían sobre un límite concreto de dicha libertad. Se han entrecruzado, así, dos debates distintos: el de los límites de la libertad académica y el de qué se puede considerar discurso de odio. El debate sobre si se debería o no expulsar a Finnis fue una mezcla de ambos.

Esta encrucijada, aunque el debate se refería al caso Finnis, muestra la dificultad del diálogo que se da en estos conflictos, ante la ausencia de acuerdo en la primera premisa obligatoria: ¿sobre qué estamos debatiendo?

La dificultad de acuerdo, además, se hace paradójicamente más patente cuando se intercambian los papeles entre los bandos ideológicos y, con este intercambio, se produce también una inversión en la defensa de los argumentos, de manera que quienes esgrimían unos pasan a adoptar los contrarios.

El tratamiento mediático del tema

Llegados a este punto, podemos preguntarnos: en todo ello, ¿cuál era el papel de la prensa? Por un lado, mostraba claramente que el tema no forma parte de la agenda ideológica de un solo bando, pues el tratamiento gozaba de la misma profusión (la misma presencia estadística) en diarios cuya línea editorial era opuesta entre sí. Por otro lado, se constataba que, en este caso particular, los diarios de ideología progresista mostraban un mayor apoyo a los argumentos en favor de la limitación de la libertad de expresión académica, dándoles una mayor presencia en sus textos y empleando mecanismos lingüísticos (conscientes o no, pero reveladores de la interpretación ideológica que guía la visión del conflicto) que destacaban estos argumentos por encima de quienes defendían la libertad académica de Finnis. Por el contrario, como por otra parte cabía esperar, los diarios conservadores hacían lo propio en defensa de Finnis. Llama la atención la poca repercusión que ha tenido el caso en medios especializados o definidos como pertenecientes al colectivo gay.

El debate continúa

El debate sobre la libertad de expresión en entornos universitarios va en aumento. Las posibilidades de acuerdo, entre quienes defienden la existencia de libertad de expresión y tratan los casos de petición de censura como apropiados y quienes hablan de falta de libertad de expresión y abogan por dejar expresar todas las opiniones, parecen poco probables, pues no hay acuerdo en las ideas básicas como la concepción de universidad, lo que puede calificarse o no como discurso de odio, si hay o no límites en la libertad de expresión o si debe o no haberlos, entre otros. Conforme crezca el debate, será previsible que sea aún mayor la repercusión social y mediática del conflicto.


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