La cultura cívica de los españoles

Todos los años se realiza puntualmente en el Congreso español el rito político que escenifica el llamado debate del estado de la nación. Se trata, claro está, de una importación de la costumbre parlamentaria norteamericana, que presenta anualmente el informe sobre el estado de la Unión. La diferencia es notable entre el original y la copia. Los políticos norteamericanos discuten sobre un informe real que realiza la Presidencia sobre los problemas que aquejan a su respectiva sociedad. Naturalmente se proponen soluciones, que llevan a enconadas polémicas. Es lo saludable. En España ni por asomo se produce una situación semejante. Hay, sí, un debate ampliamente difundido, pero se interpreta por los publicistas como un remedo de un combate pugilístico, de un partido de fútbol. Todo consiste en saber quién ha ganado, quién ha estado mejor. Se levantan encuestas sobre el particular como si fueran apuestas. Es una consecuencia viciosa de una característica de la cultura social española, a saber, el gusto por las relaciones que se llaman de suma cero. Es decir, produce un especial placer el hecho de ganar algo, pero con la condición de que otro pierda más o menos en la misma cuantía. El prójimo se ve como el contrincante.

Parece demasiado simplista la creencia de que las relaciones sociales se dibujan necesariamente con ese modelo de suma cero. Es más, el interés que debería desplegar el verdadero estado de la nación trasciende de ese juego pseudodeportivo. Precisamente los grandes asuntos políticos son aquellos en los que todos pueden ganar, si se organizan bien.

La idea de nación es esencial para la democracia

Es difícil exigir un auténtico debate sobre el estado de la nación cuando ni siquiera esté muy claro que los españoles formemos una nación. Más aún, a no pocos políticos les resulta cuesta arriba hablar con naturalidad de España y de los españoles. La expresión la nación española hay que entrecomillarla; son tan raras las veces en que aparece escrita. En su lugar se emplean graciosos circunloquios y eufemismos, como el de este país, o los ciudadanos para arriba y para abajo. Lo que parece una denominación respetuosa, no es más que una retórica risible. No digamos cuando hay que apelar a lo de los ciudadanos y las ciudadanas. La verdad es que, como vamos a ver, la idea de nación es esencial a la democracia.

Resulta fácil convenir que hay España, españoles y una verdadera nación española, con problemas que nos son comunes e intransferibles. Hay todo eso porque por debajo existe lo que podríamos llamar una cultura cívica, esto es, la manera peculiar que tienen los españoles de vivir sus problemas políticos. Suelen ser éstos, en teoría, los que, por definición, se alejan del modelo de suma-cero. Es decir, son los problemas que benefician al común si se tratan bien. No es menos cierto que pueden perjudicar a casi todos cuando se plantean mal. El sujeto pasivo de ese esfuerzo es precisamente la nación española. Este hecho es compatible con otro no menos intrigante, que algunos españoles no reconocen serlo, no quieren serlo, hacen como si no lo fueran. Pero esas reacciones son españolísimas. La pertenencia a una nación no depende de la voluntad. Precisamente algunas particularidades regionales con el deseo de formar nación, como vascos o catalanes, se apoyan sobre esa voluntad de serlo. Esta insistencia les aleja de su objetivo. La misma palabra nación nos señala que se trata de un hecho natural. En definitiva, se es español porque no se puede dejar de serlo, porque es alta la probabilidad de sentir como los demás connacionales y relacionarse con ellos. Ciertos sociólogos han escrito sesudos informes sobre los valores de los españoles. Los celos autonómicos (antes se decía regionales) les han obligado a escribir sendas réplicas sobre los valores de los catalanes o de los vascos. Vano empeño. Los perfiles resultan perfectamente superponibles. Hay diferencias, claro está, las que determinan lo mismo para los catalanes, los vascos o el conjunto de los españoles. En definitiva, acaso por primera vez en la historia, haya hoy una verdadera sociedad española. Considerada como sujeto político, aunque sea pasivo, se nos manifiesta como nación.

El ejemplo anterior da pie para convenir una primera característica de la cultura cívica española, la de su resuelto carácter homogéneo según la circunstancia especial. Parecería lo contrario, dado el mosaico del Estado de las autonomías. Mas no es así. Bajo el sistema centralista de anteriores épocas políticas, España era más una sociedad menos hecha y, por tanto, más heterogénea. En el bien entendido que lo político no es tanto cómo se organizan los partidos, sino cómo piensan los pueblos.

Volvamos a la concepción estadística de nación: la probabilidad de relacionarnos unos con otros todos los españoles. Nunca como hoy ha sido real la existencia de una nación española. Incluso instituciones tan aparentemente ajenas al hecho político, como los juegos de azar o la liga de fútbol, son datos integradores de esa común nación. Lo último de lo que se desprendería un hipotético gobierno independiente de Cataluña sería de la participación de los equipos de fútbol catalanes en la liga (española) de fútbol.

La vidriosa política lingüística de la Generalidad catalana

Ya que estamos aquí, será oportuno plantear la vidriosa política lingüística de la Generalidad catalana. Es el modelo para todas las demás normalizaciones lingüísticas. A primera vista parece una negación de la tesis de la nación española. Los nacionalistas catalanes no solo aspiran a reforzar el idioma catalán, sino a postergar, a erradicar el español. Tienen cierta razón, una razón paradójica. Resulta que el español tiene hoy más fuerza que nunca como lengua de comunicación internacional. Hay pocas, contadas, en esa categoría. De modo consecuente, si se desea potenciar el catalán hay que hacerlo radicalmente, tratando de arrancar de cuajo el español. Otra cosa es que eso se pueda hacer por decreto, como expresión del voluntarismo político. Claro es que no es posible tal cosa por la sencilla razón de que el español es la lengua propia de muchos catalanes. En épocas pasadas se podría haber pensado en una romántica nación catalana con su lengua exclusiva como cemento unificador, pues no hay otro. Hoy eso no es hacedero porque las naciones adelantadas que ahora logran su Estado necesitan una lengua de relación internacional. El español lo es, el catalán no. Es un hecho de la naturaleza en el que apenas han tenido nada que ver los españoles y menos aún el Estado español. O lo que es lo mismo, la confrontación entre el español y el catalán no es tal y, desde luego, no es de suma cero. Dicho de otra forma, todos los catalanes pueden perder. Es dramático el dilema. Los nacionalistas catalanes no tienen otro elemento aglutinador que la lengua dizque propia. Pero esa lengua privativa no sirve como vehículo de comunicación internacional. No les queda otra salida que desplazar el español, pero eso es casi imposible y, a la larga, suicida. El futuro económico de Cataluña es más que incierto sin una pujante lengua de comunicación.

Hay en todo esto una polémica que puede resultar discutible.;Por qué el catalán no es un idioma de comunicación internacional? No porque lo hablen pocos o muchos, porque son bastantes sus hablantes y además con una excelente tradición literaria. No hay simetría entre el español y el catalán. Todas las lenguas son respetables, pero unas son vehículos de comunicación internacional y otras no. El catalán para su desgracia, es una lengua expresiva, no de comunicación internacional. El indicador es este: los dirigentes catalanes tratan de imponer el nombre de sus instituciones a los otros españoles sin traducirlos. Así, el uso político refuerza el que todos los españoles tengamos que decir Generalitat, President, Lleida o incluso Catalunya cuando empleamos el castellano. Gran error para los nacionalistas catalanes. Ese esfuerzo de no dejarse traducir es el que se hace precisamente con las lenguas expresivas, las que no son más que objetos de interés antropológico.

Los partidos nacionalistas no son propiamente partidos

Ya que estamos con esta ilustración, nos podríamos plantear el hecho de que en Cataluña y el País Vasco haya otro sistema de partidos políticos. En efecto, esto es así. ¿Significa acaso una demostración de que estamos hablando de naciones distintas, incluso de Estados diferentes de manera embrionaria? Nada de eso. Los partidos nacionalistas de Cataluña o del País Vasco no son propiamente partidos. Como tal, se trata de un rasgo exagerado del sistema español de partidos, precisamente de su aspecto más miserable. Entiéndase, el juicio no es constitucionalista, sino sociológico. No son partidos los nacionalistas por la potentísima razón de que no desean gobernar. Si aspiran a influir en el gobierno de la nación, hasta extremos de que el caudillo del nacionalismo catalán, Jordi Pujol, se reputa como el hombre más influyente de España. Algo parecido se podría decir del señor Arzallus, líder del Partido Nacionalista Vasco, que ni siquiera quiere dirigir el Gobierno Vasco. Eso sí que es extraño. A fe que lo es. Pero ni remotamente desearía participar, y menos dirigir, el Gobierno de España. Nótese que un gobernante lo es para toda la nación, no sólo para sus respectivas huestes políticas. Por eso mismo el que gobierna es responsable. Pues bien, la combinación de influencia sin responsabilidad es la que define los grupos de presión. Son elementos constitutivos del ruedo político democrático, pero no son partidos políticos. Asi que los diferentes partidos nacionalistas (vascos, catalanes y de otras regiones) son parte del esquema político porque son grupos de presión. Antes hubiéramos dicho que eran poderes fácticos. Se trata de un pobre desarrollo. Entiéndase bien que si son verdaderos partidos políticos para el esquema autonómico, para los gobiernos locales y regionales. Es más, la realidad obliga a que los partidos nacionales sean realmente federaciones o coaliciones de esos partidos a escala local o regional.

Es grande la confusión entre partidos políticos y grupos de presión porque realmente unos y otros se confunden, no solo los nacionalistas. Esta mezcolanza es característica de los estadios primigenios de la evolución democrática. Para qué engañarnos, ese es el que corresponde a la situación española. Un rasgo característico de los partidos embrionarios es el acento caudillista. Recordemos el caso reciente de un diputado socialista que, llegado el momento de intensa crisis moral de los dirigentes del partido que representa, propuso que se retirara el secretario general. La propuesta mereció todo tipo de insultos por parte de sus correligionarios, desde pobre hombre hasta inmoral y deshonesto. ¿Y si su iniciativa hubiera sido buena para el partido y no digamos para la nación? Todo el mundo consideró natural que la propuesta del diputado réprobo, lejos de merecer una sincera discusión, significaba que el proponente tenía que renunciar a su escaño. Y eso que el diputado en cuestión (Ventura Pérez Mariño) había entrado en la lista electoral del PSOE como independiente. Esto es lo que revela el estadio evolutivo, que el escaño lo debe cada diputado a su partido, no a los electores. De nuevo hay que recurrir a la doctrina democrática, al deber ser. Un diputado debe su representación a los electores, pero su responsabilidad es para la nación entera. Como vemos, este hermoso principio constitucional no se cumple. Los partidos miran de satisfacer los intereses de sus votantes, y eso en el mejor de los casos. Este uso político es uno de los falseamientos más notorios de la doctrina democrática. No se trata de que uno u otro partido se caracterice por esa tacha. Todos ellos participan de la misma, naturalmente con grados diversos. Es decir, se trata de un verdadero rasgo de la cultura política de los españoles. Recuérdese el extraño razonamiento que hace Jordi Pujol: criticar a su partido o a él mismo equivale a ofender a Cataluña.

Los sindicatos, meros apéndices de los partidos

No debe considerarse la etiqueta de grupos de presión como despectiva. Nada de eso; el sistema democrático necesita tanto de esos grupos como de los partidos, entre otras instituciones. Lo que ocurre es que el lenguaje nos traiciona, al ser una cristalización de las creencias. En efecto, la débil tradición democrática española considera que ya el hecho de presionar al poder es ilegítimo. Lo es sólo cuando no está regulado, cuando no es transparente ni plural. Realmente tendríamos que hablar más bien de grupos de interés. Pero aquí la traición del lenguaje es todavía mayor. Resulta que entre nosotros los intereses se tornan pronto en creados, esto es, con ciertos ribetes de ilegitimidad y confabulación. ¿Cómo no olvidar el peso de la obra de Benavente sobre nuestro subconsciente colectivo? Una persona interesada, según el Diccionario, es la que se deja llevar demasiado por el interés, o solo se mueve por él.

La confusión no es sólo que ciertos partidos sean más bien grupos de interés. El círculo se cierra por el lado de los sindicatos, que tendrían que ser los estrictos grupos de interés. Realmente son otra cosa, apéndices de los partidos de la izquierda. Es una circunstancia más de primitivismo político. La sociedad se venga concediendo una bajísima estima a los sindicatos. Por este lado se confirma otra vez que pertenecen al dominio de los partidos políticos. Es lamentable la impresión que tienen los españoles de los sindicatos, de los partidos y, en general, de casi todas las instituciones públicas movidas por un teórico propósito altruista. Con un crédito tan bajo el funcionamiento democrático deja mucho que desear. Pase incluso que se manifieste una impresión negativa de los políticos, porque, después de todo, administran nuestro dinero, No es malo que se tenga hacia ellos una actitud cautelosa. Ahora bien, el hecho de que no sea resueltamente positiva la actitud hacia los jueces, y que sea negativa la que despiertan los sindicatos, resulta alarmante. Hay un dato muy llamativo de la escena pública española. Sucede que jueces y sindicalistas (así se llaman a sí mismos los directores de los sindicatos) se asoman continuamente a los medios de comunicación. De hecho sus figuras son más conocidas que las de muchos ministros. Es más, ser juez o sindicalista es un mérito excelso para la carrera política, algo que no parece muy razonable.

La corrupción institucional

El asunto de la corrupción es uno de los que preocupan más a los españoles que se informan sobre las cuestiones políticas. No es para menos, pues el uso sistemático de los dineros públicos para el lucro particular hace inviable cualquier mecanismo democrático. Ahora bien, la corrupción es un mal muy extendido en todas partes; no es más que una manifestación del pecado original. Ante tal debilidad de la naturaleza humana no cabe otra salida que la disuasión penal. Sin embargo, es mucho más grave la otra corrupción institucional que supone el hecho de desvirtuar la democracia a través de las costumbres políticas que hemos mencionado. La gravedad está en que son usos políticos que se aceptan; no cabe contra ellos la sanción penal. Son, por tanto, más difíciles de erradicar. El vicio más grande es que se desvirtúe, hasta desaparecer, el concepto mismo de nación. Ya hemos visto que, si no se cuenta con la nación, se atenúa y hasta se evapora la idea de la responsabilidad política. Si el diputado o el ministro no es responsable ante todos los contribuyentes, el partido se dirige a la zona de los grupos de presión. Es decir, el trabajo político se hace con el fin de rebañar ventajas para los suyos. Iniciada esa marcha, es lógico que aparezca la corrupción. Esta es, por tanto, una consecuencia natural de la atenuación de la idea de nación.

El hecho de destacar la corrupción como problema principal, y no la cuestión primordial de la inmadurez política, se puede trasladar a otros campos. El proceso de enmascaramiento equivale a presentar el paro como una cuestión principal, cuando es sólo consecuencia de la ineficacia productiva. Por lo mismo, la inflación no es más que un derivado de algo parecido, el derroche de los gastos, sobre todo los públicos. Siempre es más fácil atisbar los problemas colectivos por sus efectos que por sus causas. La facilidad no quiere decir coherencia intelectual.

Si no se avanza un poco más en el empeño de erección de la democracia (no profundización, por favor), tendremos corrupción generalizada. Más que castigar a los corruptos hay que disuadir a los que todavía no lo son para que no caigan en la tentación. La mejor manera es conseguir que las instituciones cumplan el espíritu de la Constitución, tan desinflado el pobre.

Mientras tanto (qué gran locución adverbial, la de Manuel Sacristán), no estará mal que nos dispongamos a averiguar el estado de la nación. Este es el papel que cumple a los sociólogos, pero también a todos los que estén a uno y otro lado de los medios de comunicación. Es decir, lo que se llama opinión pública, que es la parte más consciente y vocal de la nación.