El poder judicial,un poder que no funciona

«…Y procura que no haya ningún aforado, que si no el asunto muere en el Supremo». Esta sabia y experimentada recomendación dirigía un Fiscal Jefe a su subordinado, al que pretendía encargarle las diligencias penales de un famoso escándalo político-financiero-fiscal que estos días es la comidilla de la prensa. Sabia y experimentada porque, si bien se mira, prácticamente desde el asunto Matesa no se ha condenado o, al menos, sometido a juicio, a ningún miembro de la clase política. ¿Honestidad generalizada?, probablemente, pero a menos que uno esté mínimamente al tanto de cómo se desenvuelve la res publica habrá que ser un tanto escéptico.

Lo que no funciona es el resorte que las sociedades civilizadas se dan para controlar el Poder y para garantizarse un mínimo de calidad de vida como ciudadanos y no como súbditos.

Esto nos lleva a preguntarnos para qué sirve nuestra angosta y burocratizada Justicia o, dicho de otra forma, ¿sirve realmente para que España sea en verdad un Estado social y democrático de Derecho o, como dicen con crudeza algunas malas lenguas, nuestro país es más bien un Estado siciliano de hecho? Es cruda esa expresión, pero hay quienes tienen por empeño que no haya un verdadero Poder Judicial; existe, eso sí, una fachada, pero esa enorme maquinaria no es eficaz, y, precisamente, lo que no funciona es el resorte que las sociedades civilizadas se dan para controlar el Poder y para garantizarse un mínimo de calidad de vida como ciudadanos y no como súbditos.

Ley Orgánica

Que ese mecanismo, conscientemente, se ha inutilizado o se le ha hecho inoperante salta a la vista. Voy a centrarme en un punto concreto: la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley con que desde 1985 malvivimos, no todos, los Jueces. Esta Ley ha extendido por el ya deteriorado cuerpo judicial la metástasis de un cáncer que día a día corroe lo que es la esencia de la Justicia: su independencia. Probablemente la mayoría de los españoles no saben ni que existe ni que fue pensada como torpedo dirigido a la línea de flotación del Poder Judicial.

La Ley Orgánica del Poder Judicial ha extendido por el ya deteriorado cuerpo judicial la metástasis de un cáncer que día a día corroe lo que es la esencia de la Justicia: su independencia.

Lo más llamativo de esa Ley fue que las Cámaras Parlamentarias eligiesen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano de Gobierno de la Justicia, trasladando así al seno del gobierno judicial la división de fuerzas políticas. Eso que, según el Tribunal Constitucional era un «riesgo» es diaria realidad, aunque ya lo era cuando los miembros de ese Tribunal —bastaba querer verlo— dictaron la Sentencia que ampara ese sistema. División partidista en ese órgano y con ese código genético han nacido la gran mayoría de sus actos: así se han designado presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia —que presiden, ojo, las Salas que juzgan a las personas aforadas de cada Comunidad Autónoma—, los de las Audiencias Provinciales y, sobre todo, los nombramientos para el Tribunal Supremo; precisamente en el origen de la Ley Orgánica está el malestar del Gobierno de 1985 ante una Sala de ese Tribunal que «entorpecía» su política educativa. Controlado el Consejo se cierra el arco de control sobre el Tribunal Constitucional, sobre la Junta Electoral Central o se dice amén a la propuesta para Fiscal General del Estado.

Nuevos Jueces

Pero esa Ley Orgánica produjo otros efectos no menos contundentes: se rebajó la edad de jubilación a la par que, con la creación masiva de nuevas plazas judiciales, se dio paso a una nueva Carrera Judicial con la incorporación, también masiva, de nuevos jueces. Prueba de ello es que de un colectivo de unos tres mil quinientos jueces y magistrados más de la mitad cuenta con menos de nueve años en la Carrera Judicial. Hace ocho años un magistrado de cuarenta y pico años era una joven promesa, ahora con esa edad se es una vieja gloria encumbrada en las cimas del Escalafón, que de mil quinientos jueces en 1985 ha pasado a esos tres mil quinientos en apenas siete años, con la consiguiente renovación prácticamente total de algunos órganos clave, como es el Tribunal Supremo, que es quien tiene la última palabra.

Y desde la Ley Orgánica asistimos a la versión fin de siglo del celtibérico caciquismo. Vayan unos cuantos botones de muestra: como se dijo antes, en los Tribunales Superiores de Justicia hay una Sala —a cuya cabeza está precisamente el presidente del Tribunal, que es designado por el Consejo— que conoce de la responsabilidad civil y penal de las personas aforadas de cada Comunidad Autónoma, Sala que, en parte, es compuesta por unos Magistrados que no ingresan en la Carrera Judicial por oposición, sino que son propuestos por las fuerzas políticas de cada Parlamento Autonómico… Otro botón: los non natos —y ojalá que sigan así— Juzgados de lo Contencioso-Administrativo; decimos que ojalá sigan así, en la mente de Dios, no porque no sean necesarios, sino porque se les quiere constituir incorporando a ellos no a magistrados procedentes de oposiciones, sino a funcionarios venidos desde las Administraciones locales y autonómicas, precisamente aquellas cuya actividad les correspondería enjuiciar. Si a esto se une que recientemente el Consejo ha adoptado un Acuerdo por el que se premia con hasta nueve años de antigüedad al juez que acredite conocer el idioma de la Comunidad y el Derecho Propio de la misma y la única forma de acreditar que se sabe Derecho propio es mediante títulos, titulillos o diplomas expedidos por cada Comunidad, éstas podrán dárselo a quienes deseen y así formar indirectamente unas Salas de Justicia propicias.

Ministerio Fiscal

Estos son sólo —ojo: he dicho sólo— algunos de los angostos intríngulis en donde a diario se libra la batalla de la independencia y credibilidad de la Justicia. Podríamos hablar también de la capitisdisminución del Ministerio Fiscal al que, por cierto, se le quiere dar en exclusiva el monopolio de la acción penal; o de la insistencia en hacer de los jueces funcionarios y de la Justicia no Poder sino servicio público; o de la sempiterna carencia de medios, de la inexistencia de una Policía Judicial o de una inspección durante bastante tiempo pensada como control ideológico de la judicatura, etc. Y eso sin entrar, por ejemplo, en la truculenta farsa del sistema carcelario o en el sistemático incumplimiento de resoluciones judiciales por parte de la Administración…

Son batallas que escapan a la comprensión del gran público pero que poco a poco siente en sus carnes la contundente realidad de que, en última instancia, no hay controles para el Poder tanto oficial como real y sus agentes, que viven en el permanente nirvana de que para su actuar a la postre no hay cortapisas.

¿Es que, al final, en España el juez no es independiente? Serlo lo es, pero el mensaje que se lanza es que la independencia es un sentimiento personal e individual del Juez; la independencia es un ropaje, a modo de lencería íntima, con el que el Juez cada día se reviste para el ejercicio de su poder, pero que no encuentra reflejo ni eco institucional. Es así la independencia algo cuasiheroico pues heroicidad es tener que ser independiente en una organización donde la independencia institucional es inexistente. Así se comprende que cuando un juez ha sido inquietado en su independencia en los últimos años, el Consejo haya contestado con el silencio unas veces, cuando no con la persecución del propio juez, que no es capaz de calar el nuevo sentido común imperante o que no capta la honda que la «nueva sociedad» reclama.