El mito de la eficacia autoritaria

Jørgen Møller. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Sus intereses de investigación abarcan la historia y la política, la democratización y el Estado de derecho, los patrones de formación del Estado y la metodología comparada.

Svend-Erik Skaaning. Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y director del proyecto «Varieties of Democracy» (V-Dem). Su investigación se centra en la naturaleza, las causas y las consecuencias de la democracia.

ArtÍculo

Un espectro recorre los debates sobre la gobernanza: la idea de una dictadura benévola y eficiente. Mientras los líderes democráticos deliberan, retrasan las decisiones y ceden a las presiones, el gobernante autoritario simplemente actúa. Mientras los gobiernos elegidos se pliegan a los grupos de presión y a los ciclos electorales, un dictador tiene una perspectiva a largo plazo. Esta visión —o tentación autocrática, si se quiere— ha sido popular desde que tenemos constancia de la teoría política, y aún hoy cuenta con numerosos defensores. Los responsables de Pekín la invocan para explicar el auge de China; los activistas climáticos, para argumentar que la emergencia planetaria exige que pongamos la democracia en pausa; y los populistas, para sugerir que las instituciones actuales están desfasadas y que, para empezar de cero y liberar la voluntad popular, se necesita una mano firme y sin controles.

La literatura académica ha proporcionado a estos críticos abundante munición. Libros con títulos ominosos como Contra la democracia, La democracia: el dios que fracasó y La democracia mata han encontrado su público mucho más allá de los campus universitarios. Las acusaciones se hacen eco de aquellas que se remontan hasta Platón: las democracias son miopes, están paralizadas por los intereses particulares, son propensas a elegir demagogos e incapaces de hacer los sacrificios que exigen los retos de cada momento.

Sin embargo, un amplio conjunto de estudios sobre el rendimiento real de las democracias y las autocracias en distintas regiones, a lo largo de los siglos y en ámbitos que van desde el crecimiento económico hasta la eficacia militar y la protección del medio ambiente ha puesto en duda esta narrativa. Estos estudios no demuestran que las autocracias sean superiores; al contrario, la tentación autocrática es, en la mayoría de los ámbitos, un espejismo o incluso una trampa. Las democracias no solo son moralmente preferibles porque reconocen la igualdad política y la dignidad de los ciudadanos, sino que también tienden a funcionar mejor.

Los países que logran consolidar unas elecciones libres y justas se enfrentan a un riesgo considerablemente menor de guerra civil y violencia política interna que los Estados autoritarios. La democracia, por su propia naturaleza, ofrece algo a los perdedores: la perspectiva de una futura victoria en las urnas, vías legales para la disidencia y protección frente a la persecución. Los ciudadanos que pueden expulsar a la oposición en las elecciones se muestran menos propensos a salir a la calle armados.

En el terreno militar

La dimensión militar también resulta reveladora. Al menos desde el historiador griego Tucídides, quien admiraba la disciplina de la Esparta oligárquica frente a la Atenas democrática, se ha acusado a las democracias de debilidad en la guerra. Esta acusación resurgió en la década de 1930, cuando la Alemania y el Japón autoritarios arrollaron a unas democracias desprevenidas, y de nuevo durante las tres primeras décadas de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética parecía superar en estrategia a sus rivales occidentales más ricos. Sin embargo, el historial a largo plazo es inequívoco: desde 1815, las democracias han ganado más del 80 % de las guerras en las que han participado. Ganan no a pesar de su apertura, sino gracias a ella. Los gobiernos elegidos gozan de mayor legitimidad; están en mejor posición para pedir a los ciudadanos que hagan sacrificios difíciles. Las alianzas democráticas, arraigadas en valores compartidos, son más duraderas y creíbles que las alianzas autocráticas. Y nunca dos democracias modernas han entrado en guerra entre sí: una regularidad empírica notable, una ley de hierro, que se ha mantenido durante dos siglos.

El catastrófico error de cálculo de Vladímir Putin en Ucrania lo ilustra perfectamente. Putin parece haber apostado por que un Occidente dividido y dependiente de la energía se resquebrajaría bajo la presión; que la sociedad ucraniana, al carecer del poder coercitivo y la voluntad de una dictadura encabezada por un hombre fuerte, se derrumbaría rápidamente; y que su propio ejército era mucho más fuerte de lo que demostró ser cuando se puso a prueba. Mientras tanto, los ciudadanos-soldados de Ucrania han luchado con una tenacidad y creatividad que han desmentido casi todas las previsiones previas, y el apoyo de otras democracias les ha ayudado a plantar cara con valentía al agresor. Resulta que el aislamiento epistémico de un autócrata no es una ventaja estratégica, sino un lastre.

La vertiente económica

Una versión aún más seductora de la tentación autocrática es la económica. Según este argumento, los líderes autoritarios no se ven lastrados por los ciclos electorales y, por lo tanto, pueden realizar inversiones que las democracias no pueden llevar a cabo, pero que son necesarias para el desarrollo. Pueden reprimir las reivindicaciones salariales, pasar por alto los derechos de propiedad cuando sea necesario y redirigir el capital hacia los sectores que generan crecimiento. Los políticos democráticos, por el contrario, deben apaciguar constantemente a los votantes y a los donantes de campaña, lo que sesga las políticas hacia la gratificación inmediata.

Este argumento tiene algo de cierto, pero mucho menos de lo que afirman sus defensores, y la alternativa autoritaria dista mucho de ser perfecta en cuanto a sus resultados económicos. La rendición de cuentas democrática, a pesar del enfoque cortoplacista que supuestamente fomenta, crea poderosos incentivos para invertir en salud pública, educación e infraestructuras físicas. Los ciudadanos que se benefician de estos servicios tienden a recompensar a los gobiernos que los proporcionan. Las instituciones democráticas protegen los derechos de propiedad de una forma que fomenta la inversión privada que impulsa la productividad. Y la libre circulación de ideas en las universidades, una prensa libre y unos mercados competitivos no es una distracción para el crecimiento, sino uno de sus principales motores. Los estudios demuestran que, de media, las democracias disfrutan de una ventaja de crecimiento a largo plazo, modesta pero sólida, frente a las autocracias, y que esta ventaja se refuerza con la calidad y la longevidad de las instituciones democráticas.

Sin embargo, más reveladora que las tasas medias de crecimiento es la frecuencia con la que se producen las catástrofes. Una autoridad política sin control no solo no logra generar crecimiento, sino que, además, provoca catástrofes periódicamente. El «Gran Salto Adelante» de Mao, entre 1958 y 1962, causó la muerte de decenas de millones de personas a causa de una hambruna totalmente provocada por el ser humano, consecuencia de una fantasía ideológica ajena a la realidad. La campaña de colectivización soviética provocó horrores similares dos décadas antes. En los Estados democráticos son prácticamente desconocidos desastres comparables, no necesariamente porque los líderes democráticos sean más sensatos o más virtuosos, sino porque se enfrentan a limitaciones institucionales y al escrutinio público que hacen imposible mantener políticas desastrosas.

Las economías más avanzadas del mundo son democracias. El puñado de países que se han sumado a las filas de las sociedades ricas y de alta tecnología durante el último siglo, entre ellos Corea del Sur, Taiwán, Israel e Irlanda, dieron al menos el salto definitivo bajo un gobierno democrático. Singapur es la única excepción a esta regla. Los regímenes autocráticos pueden movilizar recursos para alcanzar el estatus de país de renta media, como ha hecho China. Pero la transición a una economía basada en el conocimiento requiere el Estado de derecho, la protección de la propiedad intelectual y la libertad para cuestionar las ideas establecidas —todos ellos aspectos que se ven sistemáticamente socavados bajo una dictadura—.

El ecologismo no es un autoritarismo

El cambio climático ha dado un nuevo impulso a la tentación autocrática. El argumento es convincente: una política climática eficaz requiere asumir costes ahora en beneficio de generaciones futuras que no pueden votar, imponerse a intereses creados bien organizados y políticamente poderosos, y mantener una política coherente durante períodos que superan cualquier ciclo electoral. Abordar el cambio climático podría, por lo tanto, requerir dejar de lado la democracia. Otros, por su parte, han propuesto fomentar una clase de tecnócratas ecoautoritarios ilustrados.

Sin embargo, este recurso a la gobernanza autoritaria se basa en una confusión fundamental entre la capacidad de decidir sobre las políticas y la probabilidad de adoptar y aplicar buenas políticas. Es cierto que los regímenes autoritarios pueden actuar con rapidez cuando se lo proponen, pero optar por hacer frente al cambio climático en lugar de subvencionar los combustibles fósiles es precisamente lo que a menudo no hacen. Además, mienten habitualmente sobre las emisiones.

La libertad de expresión no es, de hecho, un obstáculo para la acción climática; es lo que la hace posible. Los movimientos ecologistas necesitan organizarse, dar a conocer sus ideas y hacer campaña. Los científicos independientes deben tener la libertad de publicar hallazgos que resulten incómodos para los intereses poderosos. Los acuerdos medioambientales internacionales requieren gobiernos capaces de asumir compromisos creíbles. En general, las democracias, especialmente las de alta calidad con un aparato estatal competente, obtienen mejores resultados que sus homólogas autoritarias, ya sea en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, contaminación del agua o erosión del suelo.

La quimera del ecoautoritarismo también elude la difícil pero ineludible cuestión de cómo se seleccionará y se controlará a los tecnócratas virtuosos: el clásico problema de «¿quién vigilará a los vigilantes?», al que ningún eco autoritario ha dado una respuesta satisfactoria. El poder concentrado que, por casualidad, se utilice con sensatez para las cuestiones climáticas puede derivar fácilmente en represión, persecución étnica o una política exterior temeraria. Sin rendición de cuentas democrática, no existe ningún mecanismo que garantice que dicho poder se mantenga centrado en el bienestar del planeta sin descuidar ni socavar otras cosas que valoramos.

El poco ejemplar ejemplo de China

China es el principal ejemplo en todos los argumentos contemporáneos a favor de la gobernanza autocrática. El crecimiento de China en las últimas cuatro décadas ha sido espectacular. Ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, construyendo infraestructuras a un ritmo que los países democráticos son incapaces de igualar. Para muchos observadores, China es la prueba decisiva de que el modelo autoritario ofrece mejores resultados.

Sin embargo, si se analizan los datos con más detenimiento, surge una imagen diferente. Para empezar, las cifras oficiales de crecimiento de China se encuentran entre las más manipuladas de todas las grandes economías. Las mediciones por satélite de las emisiones de luz nocturna, que guardan una estrecha correlación con la actividad económica real, indican que las estadísticas de Pekín exageran tanto el ritmo como la magnitud del crecimiento.

El contexto también es importante. En 1949, China, Taiwán, Corea del Sur y Corea del Norte eran países igualmente pobres. Hoy en día, Corea del Sur y Taiwán son democracias consolidadas con una renta per cápita sustancialmente superior a la de China. Corea del Norte, por su parte, constituye un claro ejemplo de control absoluto. El régimen comunista de partido único sin reformas económicas ha dado lugar a uno de los historiales económicos y humanitarios más desastrosos de la era moderna. Las propias décadas previas a la reforma en China, bajo el mandato de Mao, no se caracterizaron por un rápido desarrollo, sino por un estancamiento salpicado de desastres provocados por motivos ideológicos.

Décadas de crecimiento han dejado ciudades asfixiadas por la polución, ríos contaminados en extensas regiones y acuíferos sobreexplotados de formas cuyas consecuencias acabarán persiguiendo a las generaciones futuras.

La gestión de la covid-19 también resulta instructiva. Las medidas iniciales de contención de China, caracterizadas por la rápida construcción de hospitales, las pruebas masivas y los confinamientos estrictos, impresionaron a muchos observadores occidentales. Lo que se suele pasar por alto es que la respuesta inicial de China también incluyó la supresión activa de las primeras señales de alerta y el castigo a quienes intentaron alertar a la población, retrasos que le costaron muy caro no solo a China, sino al mundo entero. Y cuando Pekín acabó abandonando sus políticas de «cero covid» a principios de 2023, casi un año después de que otros países hubieran levantado la mayoría de sus medidas, lo hizo de forma abrupta y sin preparación, exponiendo a una población con una inmunidad adquirida mínima a una ola de infección masiva. El Gobierno había dado prioridad al control en lugar de a la salud pública y, cuando esta estrategia se volvió insostenible, no tuvo más alternativa que dejar que el virus se propagara sin control. Corea del Sur y Taiwán, que se enfrentaban a condiciones epidemiológicas similares como democracias, lograron gestionar la crisis sin la brutalidad ni el crescendo catastrófico.

En conjunto, el auge de China no solo refleja una combinación históricamente específica de condiciones iniciales, decisiones de reforma e integración económica global que no es fácil de replicar; también ha generado enormes costes —en forma de desigualdad, daño medioambiental y represión política— que los informes oficiales ocultan sistemáticamente.

La intuición de Maquiavelo

Las democracias tienen fallos reales y bien documentados. A menudo son lentas, susceptibles de ser secuestradas por intereses organizados, a veces eligen líderes que socavan las mismas instituciones que les dieron el poder… Nada de esto debe ignorarse. Pero la comparación pertinente no es entre las democracias realmente existentes y algún modelo imaginario de eficiencia autoritaria virtuosa, sino entre las democracias realmente existentes y las autocracias realmente existentes. Según ese criterio, el historial democrático es sustancialmente mejor.

Niccolò Maquiavelo no es el primer pensador que nos viene a la mente a la hora de defender la gobernanza democrática. Sin embargo, este cínico florentino ya se dio cuenta de algo parecido hace cinco siglos. Al comparar las repúblicas con los principados, Maquiavelo llegó a la conclusión de que «se observarán menos errores en el pueblo que en el príncipe, y esos serán menores y tendrán mejores soluciones». El mecanismo que identificó no era la virtud, sino la rendición de cuentas: la capacidad de un sistema político para detectar sus errores y corregirlos.

Esa capacidad es precisamente lo que las instituciones democráticas están diseñadas para proporcionar. En un momento en el que las sociedades abiertas se enfrentan a una grave presión tanto interna como externa, es comprensible la tentación de admirar sus alternativas. Pero la admiración no es una base sólida para el juicio político, y menos aún cuando se basa en una lectura selectiva de las pruebas. La tentación autocrática promete fortaleza y eficiencia, pero, con demasiada frecuencia, solo produce caos y mala gestión; y, en ocasiones, conduce al desastre.

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Texto publicado originalmente en Persuasion. Allí se lee: «Este artículo te lo ofrece American Purpose, la revista y comunidad fundada por Francis Fukuyama en 2020, que se enorgullece de formar parte de la familia Persuasion». Nueva Revista lo publica con permiso expreso del medio.

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Foto: Pixabay