Avance

La decisión del Gobierno de Trump de cerrar el grifo de los fondos federales a Harvard, bajo la acusación de wokismo y  antisemitismo, ha merecido una reflexión de Steven Pinker, catedrático de Psicología en esa universidad. En un extenso artículo publicado enThe New York Times, titulado El síndrome de enajenación de Harvard, el académico y ensayista expone, con ecuanimidad, los términos del problema.

La universidad más antigua de Estados Unidos (fundada en 1636), que atesora cincuenta y dos premios Nobel y cuenta con más de 5.800 patentes, carga ahora con el sambenito de ser «una madrasa woke» o una «institución antisemita y de extrema izquierda», como ha llegado a decir Trump. La invectiva es, a todas luces, exagerada, afirma Pinker. Harvard es enorme: tiene 25.000 estudiantes a los que imparten clase 2.400 profesores, repartidos en trece facultades, e inevitablemente, «entre tales cifras habrá algunos excéntricos y alborotadores, y hoy sus desmanes pueden hacerse virales». Sin embargo, la acusación de Trump le brinda la ocasión de reflexionar sobre «la sensación generalizada de que algo no va bien en la universidad». El propio autor lleva tiempo dando la voz de alarma: en un Plan de cinco puntos para salvar a Harvard de sí misma, que elaboró en 2023, instaba a la universidad a comprometerse con la libertad de expresión, la neutralidad institucional y el desempoderamiento de las políticas de diversidad.

Lo cierto es que la cancelación lleva años erosionando la libertad de cátedra, afirma Pinker. Ejemplos. El catedrático de Epidemiología Tyler VanderWeele fue sometido a un proceso de justicia restaurativa por haber co-firmado un informe amicus curiae que argumentaba contra el matrimonio de personas del mismo sexo. La científica Carole Hooven fue expulsada por explicar en una entrevista cómo la biología define a hombres y mujeres. Y una clase del bioingeniero Kit Parker sobre programas de prevención de la delincuencia fue cancelada porque los estudiantes la consideraran «perturbadora». Debido a incidentes como estos, Harvard aparece en último lugar de una lista 250 universidades, en materia de libertad de expresión. Todo ello llevó al propio Pinker y a otros profesores a fundar el Consejo de Libertad Académica de Harvard.

Una encuesta de ese Consejo reveló, además, otros ejemplos de cómo los prejuicios ideológicos perjudican a la ciencia. Así, en política climática, se demoniza a las empresas de combustibles fósiles en lugar de reconocer el deseo universal de energía abundante; en pediatría, se acepta al pie de la letra la disforia de género de todos los adolescentes que decían sentirla; en historia, se enfatizan los daños del colonialismo, pero no los del comunismo ni del islamismo; y en los estudios de la mujer, se permite el estudio del sexismo, pero no la selección sexual ni las hormonas.

No parece sin embargo que esta sea la norma en Harvard. Lo habitual, durante mucho tiempo en las aulas, ha sido oír cosas como estas: que son diferentes el sexo femenino y el masculino, que la raza tiene algo de realidad biológica, que el matrimonio reduce la delincuencia, que los africanos participaron en el comercio de esclavos y que la represión de las drogas tiene beneficios y su legalización, perjuicios. Todo eso lo han enseñado Pinker y otros colegas suyos sin que nadie protestara. A pesar de los titulares, «el día a día en Harvard consiste en publicar ideas sin miedo ni favoritismos».

Es verdad que en los últimos años proliferan en Harvard ofertas de cursos como Etnografía Queer o Descolonizando Gaza, pero suelen tratarse de seminarios con pocas inscripciones. Las asignaturas de temas marxistas, posmodernistas o de justicia social representan, como mucho, el 3% de los 5.000 cursos del catálogo 2025-26 de la Facultad de Artes y Ciencias. Más aceptación tienen, en cambio, cursos como Las bases celulares de la función neuronal, Alemán para principiantes y La caída del Imperio Romano. Y, si por un prejuicio ideológico, «Harvard está enseñando a sus estudiantes a despreciar el libre mercado, no estamos haciendo un buen trabajo. Porque las carreras más populares son economía e informática, y la mitad de nuestros estudiantes salen de la ceremonia de graduación directamente a trabajar en finanzas, consultoría y tecnología».

La acusación más dolorosa contra Harvard es su presunto antisemitismo, como pone de relieve un informe reciente. A raíz del conflicto de Gaza, los estudiantes judíos se han sentido intimidados por las protestas antiisraelíes que han interrumpido las clases; y algunos docentes han inyectado gratuitamente activismo pro-palestino en cursos o en la programación de la universidad. Sin embargo, el mencionado informe no detecta indicios de que «destruir a los judíos» sea la «opinión dominante en el campus». El propio Pinker, cuyas raíces familiares son hebreas, asegura no haber sufrido antisemitismo alguno en sus dos décadas en Harvard, como tampoco lo han hecho otros destacados docentes judíos.

Con todo, el informe reclama que se adopten medidas para hacer cumplir las normas de la universidad contra la discriminación por motivos de religión, raza y creencias políticas. Además, se pide en el estudio una mayor supervisión docente para cubrir la escasez de profesores con experiencia en Israel y el conflicto de Oriente Medio, algo que ayudaría a paliar los brotes de antisemitismo, al formar a los estudiantes para entender ese complejo avispero histórico y político.

Muchos científicos de Harvard en activo y aspirantes a serlo son judíos, y temen que, debido al embargo de fondos, cierren laboratorios y los despidan. «Esto es inmensamente más dañino que pasar junto a un cartel de Globalicemos la Intifada». Lo mismo cabe decir de los pacientes cuyos tratamientos experimentales serán interrumpidos.  «La preocupación del Gobierno por los judíos es claramente falsa —opina Steven Pinker—, dada la simpatía de Trump por los negacionistas del Holocausto. La motivación obvia es paralizar influyentes instituciones de la sociedad civil. Como dejó claro J.D. Vance en el título de un discurso de 2021: Las universidades son el enemigo».

El catedrático pone, además, los puntos sobre las íes sobre lo que es una subvención federal. Contrariamente a un malentendido generalizado, no se trata de una limosna, sino de un pago por un servicio, es decir, un proyecto de investigación que el Gobierno aprueba (tras una feroz revisión competitiva) y que beneficiará al país.

Ahora bien, una cosa es que la Administración Trump haya exagerado en su denuncia contra Harvard para justificar medidas arbitrarias y otra que la universidad no aproveche la ocasión para corregir derivas o sesgos perniciosos para la libertad de cátedra y la reputación científica. «Si el gobierno federal no obliga a Harvard a reformarse, ¿qué lo hará?». Una empresa con pérdidas puede despedir a su director y un equipo deportivo en decadencia puede reemplazar a su entrenador, pero «la mayoría de los campus académicos carecen de indicadores objetivos de éxito y se basan en la revisión por pares, lo que puede llevar a que los profesores se confieran prestigio entre sí en camarillas de autoafirmación».

Como dice Pinker gráficamente: «Si estás bajo un aguacero y el señor Trump te dice que te pongas un paraguas, no deberías negarte solo para fastidiarlo». De hecho, muchas reformas para enmendar aquellos errores ya habían sido implementadas por la universidad antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Por ejemplo, se ha adoptado una política de neutralidad institucional, dejando de pontificar sobre cuestiones que no afectan a su propio funcionamiento; se ha puesto coto a las protestas disruptivas; y facultades como Filosofía ya han eliminado las «declaraciones de diversidad».

A este respecto, recuerda el catedrático que «el objetivo primordial de una universidad es descubrir y transmitir conocimientos; y tiene el mandato y la experiencia para hacer ciencia, no justicia social». Para lo cual es imprescindible la libertad intelectual y de expresión. Los desacuerdos, siempre inevitables, deben resolverse mediante el argumento y el debate razonado, no mediante la recriminación y el agravio.

Y añade otra observación no menos elemental referida a los poderes públicos: «Paralizar las instituciones que adquieren y transmiten el conocimiento es un trágico error y un crimen contra las generaciones futuras». Y si esas instituciones tienen problemas, lo adecuado será «diagnosticar qué partes funcionan mal y qué remedios se pueden aplicar, no cortarle la carótida y ver cómo se desangra».