El contrato con América

A fines del año pasado, el presidente Clinton logra una hazaña: entregar las dos Cámaras del Congreso a sus adversarios del partido republicano después de 40 años de predominio demócrata. En apenas dos años, Clinton resucita a un partido cuyo perfil ideológico había difuminado el presidente Bush y cuya disminución política parecía sin remedio desde que el descontento con las instituciones oficiales hizo surgir en la campaña electoral de 1992, bajo la forma de un empresario bajito y de grandes orejas, el espectro del fin del bipartidismo estadounidense.

El partido republicano que captura el Congreso y arrebata once gobernadurías al partido demócrata es y no es el mismo de años anteriores. Están allí, todavía, los viejos dinosaurios, y nombres como el de Bob Dole siguen ejerciendo su anticuado magisterio. Pero una nueva ola de dirigentes inquietos e impacientes, entre ellos el arrollador profesor de historia Newt Gingrich, ha ido pergeñando una agenda ideológica, preparando cuadros, combinando la labor militante en el interior del aparato del partido con el adoctrinamiento académico en las instituciones del pensamiento. El resultado es una propuesta, Contrato con América, que obtiene en las elecciones legislativas un mandato apabullante y abre, bajo la jefatura de Gingrich en la Cámara de Representantes, el debate ideológico más importante en los Estados Unidos desde Ronald Reagan. En el centro del debate: el papel del Estado en la sociedad norteamericana.

Es un debate al que, paradójicamente, ha contribuido el propio Clinton en los dos años de gobierno que preceden a la victoria legislativa repúblicana. El esfuerzo que él y Hillary Clinton emprenden en torno a dos temas centrales —la sanidad pública y el sistema de bienestar social (welfare)— ha removido los cimientos del edificio ideológico norteamericano. Al proponerse, sin éxito, mejorar un sistema afincado en el principio de la preponderancia del Estado, creyendo que lo que fallaba no eran los fundamentos del sistema sino sus manifestaciones, el gobierno demócrata ha estimulado la contraofensiva repúblicana, o, para ser más exactos, de un ala del partido republicano, especialmente de congresistas relativamente jóvenes y nuevos, agrupados en la Cámara de Representantes.

La nueva composición de fuerzas y el conflicto ideológico

Así, la nueva composición de fuerzas supone un triple conflicto ideológico: el que opone a radicales y conservadores en el interior del partido republicano; el que enfrenta a un sector republicano con el establecimiento burocrático y académico norteamericano; y la cuña que esto ha abierto entre las dos Cámaras del Congreso, con un Senado convertido en un parachoques contra la arremetida del Contrato con América proveniente de la Cámara de Representantes. La dimensión constitucional de este conflicto se robustece con el debate en torno a la conveniencia de que la justicia norteamericana detenga aquellos aspectos del Contrato que la sapiencia y el comedimiento senatoriales no logren impedir. Y, por si fuera poco, el federalismo, otro de los pilares del sistema norteamericano, también está en el centro de la tormenta ideológica gracias a esta ironía: los gobiernos estatales se niegan a pagar los costes de los subsidios sociales que el gobierno central quiere transferir a los estados, aunque no son partidarios de que los beneficiarios del sistema dejen de obtener esos subsidios. Nadie quiere pagar y nadie quiere que se deje de pagar.

El Estado del bienestar de los Estados Unidos, como el de todas partes, hace agua. No es para menos: se trata de un país en el que el gobierno federal gasta la sideral cifra de 760 mil millones de dólares al año en subvenciones sociales, guarismo que es sólo una aproximación al gasto total en el país, pues no incluye el dinero que a ese mismo fin destinan los gobiernos estatales y locales. El radio de acción al que el gobierno extiende su soborno social es inmenso. En esos 760 mil millones están incluidos, por ejemplo, los 302 mil millones dedicados a la pensión del retiro, los 16 mil millones empleados en subvenciones agrícolas, los 17 mil millones para veteranos de guerra, los 35 mil millones para desempleados, los 40 mil millones para la jubilación de los burócratas del Estado y los miles de millones de dólares relacionados con exenciones tributarias para planes de salud, hipotecas y otras cosas (esto último, por supuesto, no implica la muy saludable reducción general de impuestos sino la fórmula discriminatoria que obliga a unos a pagar los impuestos a los que otros dejan de estar obligados).

Todos rinden pleitesía, de boca para afuera, a la idea de un presupuesto equilibrado. El presidente Clinton, el primero. En la práctica, sin embargo, el gobierno abulta descaradamente la cuenta general del Estado, como si esos fondos fueran de proveniencia divina. Después de ofrecer reducciones sustanciales de gasto público, la realidad es otra: en los próximos cinco años el gasto federal aumentará en más de 350 mil millones de dólares. El próximo presupuesto ya evidencia que en los cuatro años del gobierno de Clinton se habrá acumulado un déficit adicional de 848 mil millones de dólares.

El siglo XX ha visto crecer sin descanso, en tamaño y ambición, al Estado norteamericano. La cultura reglamentarista se ha apoderado de la Unión. La legislación laboral, por ejemplo, ha llegado a producir 120 leyes que suman un total de 1.000 páginas. ¿Hay algún empleador capaz, ya no capaz de hacer cumplir, sino de siquiera leer semejante reglamento? Los burócratas son el verdadero gobierno en los Estados Unidos. Ellos ejercen, por ejemplo, un poder arbitrario sobre importaciones por el valor de más de 500 mil millones de dólares al año. No sé que es más grave: si los 80 mil millones de dólares que los aranceles y las restricciones cuestan a los ciudadanos, o la ficción que alimentan, según la cual aquellos sectores protegidos son en verdad pujantes emblemas de la primera potencia. En Estados Unidos, los perros en los aeropuertos no olfatean al viajero en busca de cocaína tanto como de tubérculos y legumbres. El asedio a la importación va desde la Casa Blanca hasta el canino que coloca su amable hocico sobre la valija del turista.

¿Qué pasó con el país construido el siglo pasado sobre un documento ejemplar de apenas siete raquíticos artículos constitucionales estampados a fines del siglo anterior? ¿Qué pasó con el país que proclama el derecho a la búsqueda de la felicidad (entendiendo muy bien la diferencia entre el derecho a buscar la felicidad y el derecho a la felicidad misma)? Han contribuido a esto tanto demócratas como republicanos. Los demócratas en mayor medida, pues desde que en los años treinta empezaron su largo reinado institucional, en este país el Estado ha ido hinchándose por todos lados (resulta irónico, a la distancia, que la campaña de F. D. Roosevelt estuviera centrada en la reducción del déficit…) Suena quizá un poco estrambótico todo esto, si pensamos en la grandeza de los Estados Unidos, que sigue siendo un paraíso de la libertad en comparación con los otros rincones de la tierra y que genera un producto anual de cuatro trillones de dólares.

Esta pujanza es precisamente la que le ha permitido resistir hasta ahora los embates de la crisis del Estado del Bienestar. Pero la medida exacta de que esa crisis es real está en la reacción del pueblo norteamericano al apostar en las elecciones legislativas por una propuesta como el Contrato con América, más por desesperación que por convencimiento ideológico. La crisis del Estado del Bienestar no es sólo económica: es, ante todo, cultural y moral. Con una clase media anestesiada por los impuestos y una subclase creciente cuya existencia depende exclusivamente del oxígeno gubernamental, el país está desmoralizado, su tejido social se desgarra a medida que la apatía social, el resentimiento económico y la difícil convivencia en este mosaico cultural que es Estados Unidos van deshaciendo el sueño americano. Ojo: Estados Unidos no corre el peligro inminente de volverse Camboya. Pero sí corre el peligro de parecerse cada vez menos a los Estados Unidos.

La cultura del individuo frente a la de los colectivos

La cultura del individuo está siendo suplantada por la cultura de los colectivos, fragmentación social que puede llegar a paralizar la marcha de las grandes corporaciones o las pequeñas empresas. Desde las cuotas raciales hasta la protección laboral, el entramado legal e institucional es un sistema cada vez más enemigo de la riqueza y la libertad de empresa.

¿Qué busca el “Contrato con América? Se trata de una reacción que quiere ser a un tiempo ideológica, cultural y moral a esa decadencia nacional fruto de una filosofía política centrada sobre la idea de que la grandeza de un país es proporcional al tamaño de la responsabilidad social asumida por sus instituciones oficiales. El discurso del Contrato con América no es económico, aunque parezca económica su naturaleza: es ante todo moral. En ello reside su fuerza política, pero también su peligro. Demasiado preocupada de cómo debe vivir el ser humano su vida diaria, esta agenda puede derivar en una maternidad vicaria dedicada a dictar a los ciudadanos, convertidos en adolescentes, lo que deben y no deben hacer. Enemigos del aborto, partidarios de valores familiares conservadores, nacionalistas, militantes impulsores de combatir las drogas con prohibiciones y policías, centinelas diligentes del discurso del profesor en la clase, los republicanos que intentan convertir en gobierno su agenda de cambio deben mucho a la poderosa derecha religiosa. No hay duda de que una cierta degeneración moral es la consecuencia del Estado del bienestar norteamericano. En lo que yerra la visión del Contrato con América es en creer que la moral es social antes que individual.

Pero no es ése —-de momento- el aspecto más visible de la agenda repúblicana. Más impactante, y materia de fogoso debate, es el conjunto de leyes que se han aprobado velozmente en los últimos tiempos en la Cámara de Representantes y que el Senado intenta matizar o simplemente frenar. Esas leyes quieren desde convertir en obligación constitucional un presupuesto federal sin déficit y vetar leyes que impliquen gasto hasta reducir los impuestos de la clase media y los impuestos al capital, reformar el sistema judicial para limitar el vértigo de litigios caprichosos que hoy ejercen chantaje sobre corporaciones y empresas, limitar las regulaciones y la capacidad legislativa de los burócratas y reformar el sistema de bienestar (welfare system) de tal modo que los estados se vean obligados a asumir su coste si deciden seguir ofreciendo muchos de los subsidios.

Citando a Churchill, Newt Gingrich ha dicho que la distancia más grande en política es la que separa al número 1 del número 2. Piensa que ya cruzó ese puente. Si el éxito se mide en leyes pasadas por la Cámara de Representantes, no hay duda. Pero, por lo pronto, el Senado ya detuvo la propuesta de convertir la exigencia de un presupuesto federal equilibrado en enmienda constitucional. El debate en torno a qué programas sociales deben cambiarse está solo empezando y los Estados empiezan a demandar legalmente al gobierno federal por negarse a proveer fondos para —por ejemplo— el subsidio alimenticio. Ya Ronald Reagan, que era partidario de equilibrar presupuesto, vio el suyo incurrir en déficit tras déficit por culpa de un Congreso demócrata gastador. El sistema político norteamericano, que ha ido consolidando a lo largo de los años la cultura del Estado del Bienestar, hace difícil cualquier revolución. No hay —a estas alturas— ninguna garantía de que el Contrato con América se lleve a efecto cabalmente.

Las críticas al »Contrato»

La crítica que se le hace más frecuentemente al programa es que es demasiado radical, que se trata de una verdadera revolución incendiaria. Mi impresión es que, fuera del campo de la moral, se trata de un programa tímido, bien orientado en lo económico pero insuficiente, y que —de ser llevado a la realidad enteramente— sólo atenuaría, mas no volvería del revés a casi un siglo de orientación socializante. Un solo ejemplo de ello: la propuesta —derrotada en el primer intento— de un presupuesto equilibrado. El presupuesto equilibrado en sí solo no resuelve nada. Se puede tener un presupuesto equilibrado con un nivel de gasto astronómico si se tiene una recaudación por impuestos igualmente astronómica. En ese caso, el perjuicio económico es menos grave para la sociedad, pero la asfixia tributaria expropia la riqueza del país. Otro caso: la ley que se discute en estos días en torno a las regulaciones no busca tanto rehacer las ya existentes como impedir que las haya nuevas, por ejemplo en el área del medio ambiente. Como las regulaciones tienen ya vida propia y se reproducen y extienden automáticamente cada año, esta propuesta es radical. Pero en el contexto de las regulaciones que ya están entronizadas, es pusilánime.

Otra amenaza encerrada en el ‘‘Contrato con América: la xenofobia. Inspirada en el sano propósito de limitar los servicios que da el Estado, la agenda quiere que los inmigrantes dejen de recibirlos. Efectuada así, la propuesta no tiene el aire de un esfuerzo por reformar la relación entre gobierno y sociedad, sino que tiene el tono de un castigo al inmigrante. Las cifras demuestran que el inmigrante no es el responsable del gasto mayor: los aproximadamente once millones de inmigrantes generan ingresos anuales por 240 mil millones de dólares y pagan, de una u otra forma, 90 mil millones de dólares al año en impuestos. Lo que el gobierno gasta en ellos en welfare son cinco mil millones de dólares.

Aún es pronto para saber si la revolución de Gingrich tendrá éxito. Es pronto para saber si llegará a ser ley y, lo que es más importante, si llegará a cambiar la mentalidad del país. Es temprano para saber si ganará la partida interna del partido republicano y si el próximo presidente será uno de los espadachines del Contrato. Es prematuro decir si la reacción senatorial, estatal, judicial, académica y periodística aplastará la revolución de los nuevos republicanos. Pero no hay duda de que la política norteamericana ha recobrado un apasionante interés porque, para bien o para mal, ha vuelto a girar en torno a los asuntos fundamentales, a la esencia misma de lo que es y quiere ser Estados Unidos. Y la orientación económica del programa, a pesar de ser a mi juicio tímida en comparación con las exigencias de la hora, está orientada radicalmente en la buena dirección.