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Aquellos comicios inauguraron la nueva era política de la monarquía parlamentaria, en la que se ha hecho posible la asociación de los valores de la moderna democracia con los de la secular historia española.

Las elecciones del 77 tuvieron lugar bajo las normas de la Ley para la Reforma Política de diciembre del año anterior, que había sido aprobada en referendo por una amplísima mayoría ciudadana y sancionada por el Rey. Prueba del acierto técnico y político de aquella legislación de transición es que una parte sustancial de sus preceptos se incorporó a la Constitución y ha sido aplicada en las 6 elecciones parlamentarias que se han sucedido después de las del 15J.

Fue un buen comienzo para la aceptación del nuevo sistema y para su credibilidad, que antes de la llamada a las urnas se hubiera decretado la más amplia amnistía política de nuestra historia y que hubieran sido reconocidos todos los partidos.De esta manera, toda la ciudadanía tenía voto y pudieron presentarse toda clase de candidaturas. Al amparo de la Corona y bajo su inspiración, el primer gobierno Suárez había logrado que, casi por primera vez desde 1808, España fuera un país sin exiliados y sin exclusiones políticas.

Aquellas ya lejanas elecciones fueron convocadas por el gobierno de una monarquía que había asumido la continuación de la legalidad funcional del Estado, con visible aceptación popular, al final del régimen anterior. A esa legalidad funcional se sumó enseguida la transmisión al Rey de la legitimidad di nástica. Ésta le fue ofrecida al nue vo soberano por su padre, el Conde de Barcelona, en el mismo mes de noviembre de 1975, y luego solem nemente ratificada cuando ya esta ban convocados los comicios y Don Juan Carlos y su gobierno estimaron que era el momento oportuno.

Entretanto, los viajes de los Reyes a numerosas ciudades y rincones de España estuvieron siempre acompañados por una simpatía, solidaridad y aplauso generales, que mostraban cómo la gente reconocía en la Corona y en la persona del Rey unas realidades que merecían respeto y despertaban confianza. De este modo, con el Parlamento del 77 y con la Constitución que en él se elaboró, quedó asentado el nuevo edificio político de la monarquía democrática.

Las Cortes del 77 no habían si do convocadas oficialmente como “constituyentes”, si bien era a todas luces evidente que de una manera u otra tendrían que serlo. Fue el Rey el que, al inaugurar la Legislatura,invitó formalmente a las Cámaras a elaborar una Constitución. Y fueron ellas mismas, con los partidos políticos presentes en los escaños, las que acordaron el procedimiento pa ra la redacción y aprobación de su texto. En otras ocasiones similares,los gobiernos habían presentado a diputados y senadores proyectos de Constituciones más o menos articulados. Las Cortes del 77 optaron por el sistema de Cádiz de que fuera el propio Parlamento el redactor de la Ley suprema del Estado. Conla inauguración de las Cortes del 77, la Corona y su gobierno habían cumplido el compromiso políticode devolver al pueblo español la responsabilidad de gestionar su pro pio destino.

El sistema democrático -el de la democracia de partidos, con el res paldo popular que entrañan unas elecciones auténticas- permitióademás que enseguida se pudiera hacer frente a algunas cuestionesurgentes, que no debían esperar a la aprobación definitiva de la nueva Constitución. Se negoció y se esta bleció el acuerdo económico social, y también político, de los Pactos de la Moncloa, suscritos por los parti dos parlamentarios y las fuerzas y organizaciones sociales. Igualmen te, se dieron los primeros pasos ha cia la nueva estructura del Estado,estableciendo regímenes preautonómicos en los territorios que habían sido estatutarios en los años treinta.

El reciente compromiso que los llamados agentes sociales han sus crito en el pasado mes de abril es una prolongación actualizada de los Pactos de la Moncloa. Ahora, con la representatividad y autonomía que poseen, los sindicatos y las aso ciaciones patronales no necesitan ya el aval de los partidos parlamen tarios, como ocurría hace veinte años. El progresivo desarrollo del “Estado de las autonomías”, gene ralizado y diverso a la vez, es la prolongación -cuatro lustros des pués- de un proceso que se inició durante el mandato del Parlamento del 77. Por Real Decreto Ley de 29 de septiembre de 1977 se restable ció con carácter provisional la Ge neralidad de Cataluña y por otra disposición del mismo rango de 4 de enero de 1978 se aprobó el régi men preautonómico para el País Vasco, creándose para administrar lo el Consejo General del País Vas co. En los dos Reales Decretos-Le yes se hacía constar que “la mayo ría de las fuerzas políticas parla mentarias” habían “reconocido la conveniencia de proceder urgente mente” a esos actos legislativos.

En junio del 77 empezaron los ciudadanos españoles a conocer un sistema electoral que todavía está vigente en casi todos sus detalles ahora. En aquella primera ocasión,casi el 40% de los actuales electores no tenía derecho al voto.

La Ley para la Reforma Políticahabía diseñado un Parlamento bica meral, con la provincia como cir cunscripción electoral y distintos sis temas para la elección de diputadosy senadores y diversas funciones pa ra ambas Cámaras, que fue luego sustancialmente incorporado a laConstitución y a la legislación elec toral posterior. Prácticamente no harecibido ninguna modificación im portante, salvo la incorporación a laCámara alta de los senadores elegi dos por las Comunidades Autóno mas, que vienen a cubrir más o me nos los 40 escaños de designación real de 1977.

El Congreso sigue eligiéndose igual que entonces por representa ción proporcional y sistema d’Hondtpara la asignación de escaños, con un mínimo de tres diputados porprovincia; los senadores son los cua tro candidatos más votados en cadauna de ellas, más los de las autono mías.

Es interesante y significativo quelos sistemas electorales del 77 no hayan sido sometidos a debate político ni entre los partidos ni en la opinión pública del país, y que almismo tiempo la asistencia de elec tores a las urnas sea cada vez más alta. En 1979, cuando por primeravez se podía votar con dieciocho años, acudieron a hacerlo más de 18 millones de personas y hubo una abstención del 31,70%. En la última ocasión electoral, la del 3 de marzo del 96, los votantes fueron más de 25 millones y la abstención del 22,62%, que viene a ser lo que so ciólogos y especialistas estiman que es la “abstención técnica”. La exten sión a las elecciones locales y a las autonómicas (también con circuns cripciones provinciales), así como a las del Parlamento europeo, de la re presentación proporcional y de la ley d’Hondt para la atribución de puestos han “nacionalizado” real mente el sistema, del que se puede decir que goza de la “lealtad” de la ciudadanía y que funciona más que aceptablemente.

Cuando se acercaban las eleccio nes del 77, después de la Ley para la Reforma Política, en comentarios periodísticos y conversaciones políticas, estaba bastante generalizado el temor a que la fragmentación ideológica y política de un electorado sin hábito de partidos, candidaturas y votaciones libres diese lugar a un parlamento desarticulado, de escasa o imposible operatividad. Se llena ban páginas de estudios y declara ciones sobre la “sopa de letras”. An tes incluso de la Ley para la Refor ma Política, algunos políticos y pe riodistas sostuvimos en diversas tri bunas y publicaciones la previsión contraria. Para nosotros, era evidente que en el momento de presentar can didaturas y, sobre todo, en el mo mento de votarlas, esa dispersión nose produciría. En primer término, por el sentido común y la responsa bilidad ciudadana de los propios electores, pero también porque no habría más remedio que arbitrar unsistema que fomentara asociaciones o acuerdos entre afines y redujera a unas pocas las opciones viables.

Pensábamos que no ocurriría nisiquiera lo que sucedió en el primerBundestag alemán de la postguerra. Casi una docena de grupos parla mentarios distintos llegaron a la Cámara respondiendo a muchas siglas,pero ya muy pronto, en el momento de las primeras votaciones, hubieronde agruparse hasta llegar a una com posición como la que existe allí aho ra más o menos. La Ley de Reforma,el decreto de convocatoria y la deci sión del Presidente Suárez de enca bezar una amplia opción de centro determinaron que, en el caso español, las opciones claras y distintasestuvieran definidas ya en el mo mento de votar.

Los dos grupos parlamentarios más numerosos del Congreso, queentonces fueron UCD y el PSOE, su maban más del 80% de los escañosde la Cámara, y un porcentaje seme jante en el Senado. Esos números y proporciones se han mantenido enlas 6 elecciones celebradas después. A esa situación parlamentaria handebido su estabilidad los sucesivos gobiernos, que en algún caso muy concreto han podido perder una vo tación menor, pero nunca han visto en serio peligro parlamentario el mandato que habían recibido en la urnas.

Veinte años después de las elec ciones de 1977, España -Nación y Estado- se halla con no pocos pro blemas graves, ante los que no ca ben la pasividad ni el conformismo de los que gobiernan (todo el Parla mento es gobierno) ni de los gober nados. Algunos de esos problemas son de orden político, porque se tra ta de cuestiones de presente o de fu turo pendientes de solución o encau zamiento. El más acuciante de ellos es el planteado por el terrorismo de ETA, que está amparado por la asis tencia moral de lo que algunos lla man eufemísticamente su “entorno” y que en realidad es el conjunto de complicidades y el contexto que la envuelve. El siguiente es el desem pleo, en particular el de los jóvenes. Pese a las escandalosas cifras, el pa ro español se asemeja al que pade cen otras naciones del continente europeo y ha de ser afrontado con modernización, inversiones, educa ción y “reciclajes”.

La enunciación de las carencias y urgencias nacionales se puedealargar casi indefinidamente, empe zando por la necesaria consolida ción de nuestra presencia en las ins tancias económicas y políticas su pranacionales. Hay asuntos que qui zá arman más ruido en los papeles y en las ondas: los procesos judicia les, los escándalos económicos, la corrupción y determinados funcio namientos presuntamente irregula res de entidades u organismos públi cos. Pero ésas son cuestiones del pa sado, materia de trabajo para jueces e historiadores.

Sin embargo, el conjunto de la estructura del Estado -de la “monar quía parlamentaria”, como dice la Constitución- está bastante bien ar ticulado, entre otras razones porque no se hicieron mal las elecciones del 15 de junio del 77 y porque aquelParlamento y los gobiernos de UCD, desde el preliminar del 76, hicieronno pocas cosas aceptablemente bien.


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