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Los ex ministros que han renunciado al acta de diputado no lo han hecho bien. Ni era el momento, ni era el procedimiento. Habían sido elegidos para cuatro años y se han marchado a los dieciocho meses, sin explicar por qué y sin dar cuenta de sus razones en el lugar adecuado, ante los votantes de la circunscripción por la que habían sido elegidos, los que habían depositado en ellos su confianza.

Si ha sido por disconformidad con la dirección política del Gobierno debían haberlo declarado de una manera expresa. Además, su partido y su grupo parlamentario no pueden imponerles el sentido de sus votos en la Cámara. La Constitución (art. 67.2) dice que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».

Tal como se ha producido su dimisión parlamentaria sin que haya mediado una «causa mayor», su adiós a las responsabilidades políticas que habían asumido parece poco seria o, al menos, poco profesional.

Pero esas anécdotas no tienen mucho que ver con los problemas reales de España al empezar el segundo curso parlamentario del Gobierno de 2008. Si es que los nuevos ex parlamentarios no querían apoyar con su presencia y con su voto las políticas del Gobierno de su partido tendrían que haberlo explicado: primero en sus respectivas provincias y enseguida a todo el país.

Si los nuevos ex parlamentarios no querían apoyar con su presencia y con su voto las políticas del Gobierno de su partido, tendrían que haberlo explicado.

El Estado español, diseñado en la Constitución de 1978, se define como una Monarquía parlamentaria (art. 1.3). Ser uno -o una- de los casi seiscientos miembros de las camaras es algo muy importante para la nación, porque lo que ellos decidan afecta a toda la ciudadanía. Si ni la gente ni los medios de comunicación han prestado mucha atención a esas tres dimisiones, es porque los españoles están pendientes de otras cosas: de la crisis económica, del desempleo, de los carteles de «se vende» o «se alquila» en las fachadas de los inmuebles y de lo que el propio presidente del ejecutivo ha llamado sus «improvisaciones». En lo cual parece estar bien acompañado por una parte de su gabinete.

La famosa crisis económica de 1929, o la conciencia de ella, llegó a España con cierto retraso, quizá porque estaba precedida por unos años de una cierta prosperidad y los gobernantes no tomaron a tiempo las medidas oportunas. Pero tuvo consecuencias políticas claramente visibles en los dos primeros años de la República. Los problemas sociales y sindicales con que entonces tuvieron que enfrentarse los ministros de Azaña no eran sólo ideológicos. Eran en primer lugar sociales. En las elecciones municipales de abril del 31 y en las parlamentarias de aquel verano, la mayor parte de los sindicatos anarquistas -contrarios a cualquier clase de gobierno- apoyaron tanto a las candidaturas de los republicanos de izquierda y de los socialistas a cuyas filosofías políticas eran tan contrarios ideológicamente, como a las de conservadores y liberales.

La crisis de ahora se veía venir antes de lo que desde el poder se quiso reconocer. Basta recordar alguno de los últimos debates preelectorales de la televisión. Pero las medidas que habrían debido empezar a tomarse antes de las elecciones de marzo, y las que con la mayor urgencia podrían haberse adoptado en esa primavera, brillaron por su ausencia como se suele decir. La gran mayoría de los más de cuatro millones de desempleados de ahora no son inmigrantes de los que fueron admitidos desde el año 2004, pero algunos sí.

El Gobierno debe dejar para otro momento, con paz social y económica, sus planteamientos nominalmente progresistas de política familiar y ética, históricamente tan agresivos para una mayoría de la población, como los que afectan a la vida y a los símbolos históricos y religiosos.

En el orden político e institucional, el gran problema del Gobierno español y el que pueda venir detrás de él, aunque sea en el año 2012, es el desorden estatutario, que venía de atrás, pero que se ha agravado con las reformas más recientes. En la Constitución del 78 está muy claro que España es una nación y las comunidades autónomas, llámense a sí mismas «nacionalidades», son otra cosa. Eso estaba pacíficamente aceptado por socialistas y populares, y hasta por los partidos nacionalistas, aunque en algún caso fuera a regañadientes.

Los que querían que Cataluña en su nuevo Estatuto se declarara solemnemente una «nación» eran allí mismo una minoría -importante, pero minoría-, hasta que los gobiernos socialistas de Barcelona y de Madrid descubrieron la filosofía política de la «geometría variable» que da lugar a que en los parlamentos para legislar o ganar votaciones en vez de acuerdos políticos haya que hacer operaciones aritméticas, en ocasiones acompañadas de concesiones competenciales o presupuestarias.

Crisis económica, creciente desempleo, desorden de Estado y comunidades. Estas son las grandes cuestiones pendientes que tiene la nación. Son responsabilidad del parlamento. El Gobierno, con su cambiante e inestable «geometría variable», no basta para resolverlas.

No se trata de llegar a consensos como los que hicieron posible la Constitución. Son deseables, o más bien precisos, acuerdos sobre asuntos concretos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.

En algunos casos la oposición puede apoyar al Ejecutivo como en asuntos de política exterior, de defensa, de seguridad, de educación y de una cierta ordenación del sistema financiero español. En otros casos se puede abstener. Y el Gobierno debe dejar para otro momento, con paz social y económica, sus planteamientos nominalmente progresistas de política familiar y ética, históricamente tan agresivos para una mayoría de la población como los que afectan a la vida y a los símbolos históricos y religiosos. Respecto al aborto bastaría recordar el derecho romano, según el cual el nasciturus, o sea la criatura que va a nacer, ha de ser considerado igual a los ya nacidos en lo que afecta a sus derechos y ventajas. Entre los cuales, evidentemente, muy en primer lugar se halla la vida. Eso no quiere decir que en la historia de Roma -República e Imperio- no hubiera atentados contra la vida del no nacido. Significa que el derecho amparaba al más débil, que era precisamente ese nasciturus. Se sabía que se practicaban abortos pero a nadie se le ocurría decir que fuera un «derecho» de la madre. Algo semejante no deja de ocurrir en otras materias menores. Por ejemplo, en el «laicismo» que aspira a imponer una filosofía social que no guarde el debido respeto a la conciencia de cada uno y a la libertad de todos.


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