«…Una Europa ingenua, entusiasta, culpable, aventurera y raptada, como aquella Europa del mito .griego, hija de Agenor, anticipadora en el mmibre y en el destino de nuestro continente…».
Díez del Corral, El rapto de Europa
Integración vs. Ampliación – ése y no otro ha sido siempre el dilema de la construcción europea: resulta difícil guardar el equilibrio entre las necesarias medidas de integración -profundización en las políticas europeas, avance en la cohesión de sus miembros- y las de ampliación a nuevos Estados -lo que implica diversificación del presupuesto y que la profundización política se ralentice-.
En su turno de presidencia de la UE, España se mostró ambiciosa, al pretender picar a la vez de las dos cosas. Sin embargo, y por causas ajenas a nuestro Ejecutivo, resultó imposible avanzar en los puntos previstos relativos a la ampliación. Alemania, primer país contribuyente a los fondos de la UE, no quiso negociar un presupuesto concreto para las ayudas directas a los agricultores de los futuros miembros -lo que acapara la mayor parte del presupuesto de ampliación- por motivos electorales, pues Schroeder no quiso tomar ninguna decisión «impopular» antes de las elecciones generales, que tendrán lugar el próximo septiembre. En la cumbre de Sevilla, sin embargo, los Quince se comprometieron a no dejar que este retraso en las negociaciones (que se retomarán después de las elecciones germanas) pospongan la fecha final prevista de ampliación para 10 países candidatos en el 2004.
En cuanto a los avances en integración, la presidencia española sí tuvo el margen de maniobra suficiente para obtener numerosos logros: mencionaremos a continuación los referentes al euro, la lucha antiterrorista, las medidas económicas de desarrollo sostenible, las relaciones exteriores de la UE y el problema de la inmigración.
COHESIÓN Y CRECIMIENTO
España estrenó su presidencia con la implantación de la libre circulación del euro físico, lo que resultaría uno de los éxitos más vistosos del semestre y un símbolo de cohesión europea que la población asumió sin ningún trauma. Tal y como diría Valery Giscard D’Estaing, «no nos equivoquemos: mañana los ciudadanos de Europa serán reconocidos en el mundo por la moneda que llevan en su bolsillo, mucho más que por su pasaporte».
Los principales avances en materia de lucha conjunta contra el terrorismo (vitales para los intereses españoles por razones obvias) ya se habían conquistado antes de la entrada en escena de nuestra presidencia, durante la cumbre de urgencia del pasado 21 de septiembre de 2001. Allí la UE acordó un Plan de Acción Global contra el Terrorismo, donde se dibujaron las líneas maestras de acción dentro del III pilar comunitario (Justicia y Asuntos Internos): la creación de una euroorden de detención y entrega, la definición común del delito de terrorismo e imposición de penas comunes, o la creación de un listado de organizaciones calificadas como «terroristas» son buena prueba de ello. España consiguió, ya bajo su presidencia, que siete países se adelantaran a hacer efectiva la euroorden de extradición de criminales para enero del 2003 ; los demás acogerán esta iniciativa en el 2004.
La Cumbre de Barcelona (16/17 de marzo) constituyó un éxito en el aspecto económico de la integración. Se avanzó sustancialmente en la puesta en práctica de los llamados compromisos de Lisboa, con el fin de crear una economía sostenible, competitiva y basada en la Sociedad del Conocimiento antes del 2010.
La liberalización energética europea, el proyecto Galileo de navegación por satélite o la creación de un espacio aéreo comunitario antes del 2004 fueron los avances más significativos. Francia, sin embargo, se encargaría de poner cortapisas a la liberalización de la energía pactada para antes del 2004: la apertura del mercado eléctrico y de gas se redujo a los consumidores «no domésticos» (grandes empresas, que suponen el 60% del mercado energético) y se conservó una cláusula de salvaguardia sobre la protección de un servicio público de calidad en la suministración de energía, términos que Francia instigó para proteger su compañía estatal EDF. El éxito completo de la cumbre resultó así aguado por el proteccionismo galo.
Es forzoso reconocer que no todos los aspectos de política interna de la UE salieron tal y como España esperaba, ni mucho menos. Nuestros intereses nacionales (al igual que los de Grecia, Portugal, Francia e Irlanda) sufrieron un importante revés con el polémico plan de la Comisión para reformar el sector de la pesca, presentado en el mes de mayo. Con una fórmula tan simplista como decir que «en Europa hay demasiados buques para tan pocos peces», el comisario de Pesca Franz Fischler propuso un plan de desguace ordenado de barcos, para lograr la reducción del 30-60% de la capacidad pesquera «con el fin de lograr un sector más eficiente, competitivo y respetuoso con el medio ambiente». Su propuesta, que prevé la destrucción de 28.000 empleos, afecta sobre todo a nuestro país, pues supondría el desguace de aproximadamente 1.800 de nuestros barcos y el despido de 5.000 personas. Y es que en el citado plan de acción faltan referencias a la cohesión, al tejido social de las costas, la acuicultura y la propia sostenibilidad de la actividad pesquera.
RELACIONES EXTERIORES DE LA UE
Tal y como se prometió en el programa Más Europa, las relaciones de la Unión con terceros países fueron un punto constante de trabajo durante la presidencia española. El Consejo Europeo celebró sendas cumbres importantes con dos regiones que no fueron elegidas por casualidad. Por un lado, la Cumbre de Madrid con los países de América Latina, con los que España comparte lazos históricos, lingüísticos y culturales como ningún otro Estado de la UE; por otro lado, los sucesos del 11-S y la creciente crisis de Oriente Próximo -con el asedio a la basílica de Belén conmocionando a la opinión pública- alentaron la celebración de una segunda cumbre para acercar posiciones con la región del Sur y el Este del Mediterráneo, con los que nuestro país comparte claros intereses geoestratégicos.
La V Conferencia Euromediterránea (22/23 de abril) ahondó en la necesidad de reforzar el diálogo de nuestro continente con Oriente Próximo, unas relaciones empañadas por la indiferencia que Ariel Sharon mostró en todo momento hacia los líderes y diplomáticos europeos (ni siquiera permitió que nuestro máximo representante en Política Exterior, Javier Solana, se reuniera con Arafat durante su reclusión forzada en el cuartel general del Estado Palestino). El bochorno de esta negativa israelí pudo verse de algún modo compensado con la celebración de la cumbre euromediterránea pero puso en evidencia, una vez más, que la UE no goza del liderazgo internacional que le corresponde como potencia mundial, y que la descoordinación en materia de relaciones exteriores evita que Europa pueda expresarse con una sola voz en el mundo. La futura reforma de las instituciones de la UE deberá poner gran cuidado en evitar esta cacofonía, quizás dotando de mayores poderes a Mr. PESC (Javier Solana) o fundiendo su puesto con el del Comisario Europeo de Relaciones Exteriores (Chris Patten).
Si hubo un logro explícito en la V Conferencia Euromediterránea, ése fue la creación, a propuesta del Parlamento Europeo, de una futura Asamblea parlamentaria euromediterránea, que reúna a las cortes de todos los países para un mejor desarrollo de los principios de democracia y respeto a los derechos humanos. Está por ver la eficacia que estos encuentros tendrán en nuestras relaciones diplomáticas, un elemento que podría ser provechoso para proteger nuestro propio espacio de libertad, seguridad y justicia de las amenazas de terrorismo islámico.
Sin embargo, durante la cumbre de Barcelona la Unión denegó el proyecto de ayuda económica planteado por España a esta región, mediante la creación de un Banco de Desarrollo Euromediterráneo. El aumento de inversión europea en la zona se limitará al establecimiento, dentro del BEI, de un nuevo «Fondo de Inversión Reforzada en el Mediterráneo». Las negociaciones con los países latinoaméricanos en la Cumbre de Madrid (17/18 de mayo) fueron mucho más productivas, sobre todo -y sorprendentemente- en el terreno político. En el apartado económico, se cerró un Acuerdo de Asociación histórico con Chile, el más ambicioso hasta el momento, que prevé el libre comercio en todos los ámbitos del mercado, incluidos los sectores «inversión» y «servicios». Entrará en vigor a principios de 2003 y pretende sentar las pautas para futuros acuerdos con otras regiones de Latinoamérica (durante la cumbre se avanzó hacia el compromiso comercial con Mercosur y se abrió la puerta al diálogo para futuros acuerdos con la Comunidad Andina y con Centroamérica).
Pero fue, como digo, el apartado político el más novedoso, pues en la Declaración de Madrid se reflejó una fuerte voluntad de reforzar el diálogo diplomático antes de cada foro mundial para que la UE y Latinoamérica acudan con una posición común que fortalezca sus posiciones. Además, se firmaron compromisos (si bien más ambiguos de lo deseado por la región americana) en la cooperación para la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas -donde hasta ahora la Unión no ha cumplido ni una sola de sus promesas- y el desarrollo de nuevas tecnologías. Ambas regiones firmaron en el documento una «condena común al unilateralismo», en clara referencia implícita a la política internacional de la Administración Bush.
La política cerrada y unilateralista de EE UU en el último año ha supuesto una mancha en el expediente de nuestras relaciones conjuntas, agravada por la guerra del acero -tras la imposición americana de un arancel a la importación de ese metal europeo, que contraviene las normas de la Organización Mundial de Comercio- y la quasi-indiferencia de los norteamericanos para contar con la UE en su respuesta militar contra Afganistán o en su estrategia diplomática para resolver conflictos como el de Oriente Próximo. Su mensaje ha quedado claro: EE UU no necesita a Europa como aliado clave para resolver sus problemas, le .basta con que el viejo continente no se meta demasiado en su intervención exterior.
Pero no todo es achacable a la cabezonería unilateralista de Bush. Ya en el conflicto de los Balcanes y, de forma más notoria aún, en la respuesta militar contra Afganistán, Europa tuvo que hacer un doloroso ejercicio de autocrítica y asumir su dependencia militar con respecto a EE UU. Nuestra contribución como aliados en defensa exterior se limita al soporte de las acciones de la OTAN, que ha demostrado ser un aparato lento, ineficaz y descordinado para afrontar los peligros del siglo XXI: sus carros blindados y armamento pesado de poco sirven para luchar contra la amenaza invisible y asimétrica de cédulas terroristas, armamento biológico, etc.
Terminada la Guerra Fría, la OTAN pareció quedarse sin enemigo claro ni razón de ser. Tras el conflicto afgano, la respuesta a esta «crisis de identidad» fue definitiva. Había que redefinir el papel de la OTAN en el nuevo mundo. En un acto cargado de simbolismo, los países integrantes de la institución se reunieron el 28 de mayo en Roma para crear el Consejo OTAN-Rusia, un «foro a 20» en el que Rusia discutirá cada tema en situación de igualdad con los demás miembros, aunque sin tener derecho a veto. Veinticuatro horas antes, EE UU había acordado con el Ejecutivo ruso la reducción -que no destrucción- de cabezas.nucleares (de 6.000 a 1.700 ó 1.200). La UE, por no quedarse atrás, se apresuró a declarar a Rusia como «economía de mercado», apelativo indispensable para la anhelada entrada del pueblo ruso en la Organización Mundial de Comercio y para mantener su estatus de potencia mundial.
Las reformas de la OTAN, lejos de ser completas, deberán profundizarse antes de su próxima reunión en la cumbre de Praga (el próximo mes de noviembre), en dos aspectos fundamentales: la ampliación de la institución a al menos siete nuevos países de Europa del Este y la creación, en el seno de la organización, de un cuerpo militar autónomo de la UE -la llamada Fuerza de Reacción Rápida (FRR)- que dote a Europa de un mínimo de autonomía e independencia para resolver sus propias crisis.
Claro que para resolver este segundo aspecto hace falta primero desbloquear las negociaciones entre Grecia y Turquía y dar una solución política a la invasión turca de Chipre, que la comunidad internacional nunca legitimó, lo que ha provocado el bloqueo de Turquía a la creación de la FRR dentro de la OTAN. El problema de Chipre no sólo perjudica a esta cuestión de defensa, sino que podría convertirse en un duro obstáculo para la ampliación, pues si la UE cede y reconoce el gobierno turcochipriota, Grecia amenaza con bloquear el proceso de ampliación de la Unión a Chipre y al resto de Estados candidatos. Javier Solana y Josep Pique, en representación de la presidencia española, quemaron todos sus cartuchos para lograr un entendimiento entre griegos y turcos, pero las negociaciones se presentan duras.
FORTRESS EUROPE
Numerosas sorpresas aguardaban todavía al devenir del semestre de la presidencia española. De modo totalmente inesperado, el ultraderechista Le Pen (Frente Nacional) vencía a Lionel Jospin en la primera vuelta de las elecciones legislativas francesas, situándose en segundo lugar, por detrás de Chirac. A pesar de las constantes manifestaciones en contra de muchos ciudadanos franceses, escandalizados por la popularidad del líder xenófobo, y la unión de electores de derechas e izquierdas para votar en su contra, Le Pen obtenía el 17% de los votos en la segunda vuelta, lo que supuso el apoyo de 5.5 millones de franceses. Al mismo tiempo, el asesinato del líder de extrema derecha Pim Fortuyn en Holanda tuvo el efecto rebote de reforzar la popularidad de su partido, la Lista Fortuyn, que quedó en segunda posición en las elecciones nacionales de un país que presume en Europa de poseer el mayor talante democrático.
Humberto Bossi en Italia, Kjaersgaard en Dinamarca o Banhecke en Bélgica (por no hablar del pasado triunfo de Heider en Austria) son otros casos que ponen de manifiesto el creciente auge de la extrema derecha en nuestro continente. Todos ellos coinciden en un discurso demagógico que equipara la inmigración con un aumento de delincuencia, convencen a su electorado de la falta de seguridad ciudadana y protestan por la pérdida de identidad nacional en manos de la oscura burocracia comunitaria de Bruselas.
Para colmo, otros acontecimientos externos dispararon la alarma sobre el avance de sentimientos racistas en Europa. El Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia escribió un informe sobre el aumento de «islamofobia» en Europa tras los sucesos del 11-S, especialmente en Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Suecia. Además, el posterior agravamiento de la crisis de Oriente Próximo incidió también en más enfrentamientos entre antisemitas y antipalestinos en el seno mismo del territorio europeo. Por último, el aumento real de la inmigración ilegal en países como España, Italia o Gran Bretaña acabó por convencer a los líderes europeos de que debían tratar el tema de la inmigración como una prioridad durante la recta final del semestre europeo, y evitar así que sea monopolizado por los partidos extremistas de derecha. Dicho aspecto, en especial la lucha contra la circulación ilegal de personas, ha resultado ser el verdadero talón de aquiles de la Europa de hoy. La Comisión Europea calcula que la Unión recibe unos 500.000 inmigrantes ilegales al año.
Así, durante la cumbre de Sevilla (21/22 de junio) la cuestión de la inmigración se coló por la puerta de atrás para acabar siendo el tema estrella de la reunión. José María Aznar, en su calidad de presidente de la UE y apoyado por Tony Blair, trató de promover una política de inmigración común que incluyera severas medidas económicas de castigo hacia los terceros países que no cooperan en poner freno a la emisión de inmigrantes ilegales. Las medidas punitivas más severas no prosperaron, ante el temor -razonable- de algunos líderes de que los castigos económicos a las regiones pobres por su falta de cooperación pudieran, a la larga, ahondar en el empobrecimiento del país y aumentar el tráfico de inmigración ilegal.
Lo que algunos medios de comunicación tildaron de «fracaso de Aznar» no fue sino el resultado de la dinámica misma de construcción europea: un tira y afloja en el que los países han de acomodarse al término medio de sus pretensiones. Así, se sustituyeron las medidas punitivas a los terceros países no cooperantes por otras medidas económicas de incentivo a los países que colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal.
Ésta y otras medidas de integración del inmigrante legal y de gestión común de fronteras exteriores constituyeron el inicio de una nueva Política Común de Inmigración, un proyecto que había sido bloqueado en numerosas ocasiones desde la cumbre de Tampere en 1999. Y ése ha sido, sin duda, el mayor éxito de la presidencia española de la UE: activar una política de inmigración a nivel comunitario, que ocupe de modo prioritario la agenda de las sucesivas presidencias durante los próximos meses. De los líderes políticos y de la marcha de futuras cumbres dependerá ahora la correcta gestión de estas medidas, para evitar caer el peligro de convertirnos en fortress Europe.
El 1 de julio se inauguró la presidencia de Dinamarca, que se encargará de este segundo semestre de 2002 y que deberá afrontar sus propios desafíos: poner en práctica las primeras medidas de inmigración; concluir las negociaciones de ampliación antes de diciembre (sin duda, su mayor reto teniendo en cuenta las elecciones alemanas de por medio); tratar de resolver el eterno conflicto grecoturco; y poner la máxima atención en Irlanda, que este otoño tendrá su última oportunidad de ratificar el Tratado de Niza por referéndum, y que de salir negativo boicoteará las necesarias reformas institucionales de la UE, sin las que resulta imposible pensar en una futura Europa de los 27.
La Unión de Europa se asoció, en una primera fase, a la idea de paz; en una segunda etapa, a un proyecto de prosperidad; corremos el riesgo ahora de que nuestros ciudadanos la identifiquen sólo con sus dificultades si se mantiene lejana y resulta poco útil para resolver sus problemas.
