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No he podido resistir la tentación de utilizar en el título de este ensayo la metáfora, tan gráfica como desgastada, que esboza la construcción de la Unión Europea como un tren en marcha, capaz de avanzar a diferentes velocidades, según las dificultades del terreno histórico y político por el que transita, y al que algunos Estados miembros se han subido con los vagones ya en marcha. En la estación del Este, muchos otros siguen en tierra, esperando poder comprar el billete.

Y sin embargo, conforme avanza el proceso de construcción europea se nos queda corto hablar de un solo tren; tenemos más bien que empezar a contar con un recorrido lleno de vericuetos, en el que los Estados hacen transbordo, suben y bajan, del tren del mercado común al de la moneda única; del tren que da origen al proyecto institucional a otro en el que se reparten de modo ponderado los votos en la Comisión, y en el que todos quieren conseguir el mayor número de asientos libres…

Un último convoy, de vanguardia en los círculos intelectuales transeuropeos, es el que transita por el campo de las ideas para tratar de definir el modelo —político e institucional — de la futura Europa de los 27. En el Tratado de Niza (diciembre de 2000), se propusieron tres fases para lanzar este amplio foro de debate: una primera etapa de reflexión, en la que ahora estamos inmersos y que propone trasladar la polémica sobre el futuro comunitario a todas las capas de la sociedad. Parece lógico que la segunda etapa lleve a cabo un debate más limitado a círculos cercanos al Ejecutivo, en el que se propongan estrategias concretas procedentes de ese primer episodio de reflexión. Por último, se ha previsto la convocatoria en Berlín de la Conferencia Intergubernamental (CIG) para la reforma del Tratado de la Unión Europea, en 2004.

Martín Ortega, profesor de Derecho Internacional e investigador en el Instituto de la UEO de París, afirma en un ensayo reciente que «hoy, la puesta en circulación del euro, la ampliación, la necesidad de encontrar un equilibrio constitucional y la creación de una fuerza militar europea nos sitúan ante el tercer periodo constituyente y en cierto modo, ante la hora de la verdad. Se trata de decidir si Europa da un nuevo salto cualitativo».

La primera fase de reflexión de la opinión pública ya está a punto de culminar, con la celebración de la cumbre de Laeken (Bélgica) en diciembre de 2001, donde el Consejo Europeo hará su primer balance serio con proyectos para un modelo político de Europa. Los países comunitarios se afanan en trazar sus propuestas.

Hasta ahora, el truco para lograr los mejores asientos de este tren del debate europeo ha sido, más que aportar ideas innovadoras, dedicarse a los juegos malabares de palabras, y renombrar modelos viejos con matices más nuevos y atractivos. Así, los alemanes defienden su tradición descentralizada y proponen una «federación Europea», con una Constitución definida y un realojamiento de varias competencias comunitarias bajo las responsabilidades nacionales.

Los franceses, más conservadores, afirman que no necesitamos los Estados Unidos de Europa, sino una «Europa Unida de Estados». Quieren una «federación de Estados-nación», en la que la conservación del poder de los Estados sería una pieza fundamental del engranaje institucional. Proponen, además, que el presidente de la Comisión sea nombrado por el Parlamento Europeo.

El Reino Unido, siempre tan receloso en temas comunitarios, apuesta en boca de Blair por «una superpotencia en lugar de un superestado». Su visión de Europa, cercana a la de Suecia, pretende centrarse en la intergubernabilidad y en el principio de subsidiariedad, y desea apoyar la ampliación al Este, siempre que una Unión ampliada no resulte amenazante para los Estados.

A pesar de las variadas propuestas que se han escuchado ya en universidades y medios de comunicación, nuestro país aún no ha presentado ninguna "propuesta oficial" de modelo político para una UE ampliada. La cuestión que debemos plantearnos a continuación es qué iniciativas ha llevado a cabo España hasta la fecha y qué necesidad tenemos —si es que tenemos alguna— de crear un modelo propio.

RETOS DE ESPAÑA EN LA CREACIÓN DE UN MODELO PARA EUROPA

Justo es reconocer que en España ya se han empezado a crear iniciativas para fomentar el debate cívico de lo que pudiera o debiera ser la Europa del futuro. El PSOE ha presentado su propuesta. La creación por parte del Ejecutivo de un Consejo de notables para animar el debate comunitario es otro ejemplo claro. A principios de septiembre, el Gobierno planteó públicamente sus prioridades para la presidencia española de la UE: el euro, la ampliación y la profundización democrática, o lo que es lo mismo, la reforma institucional comunitaria.

Ramón de Miguel, Secretario de Estado para la UE, aportaba estos datos en una entrevista reciente: «Nosotros hemos empezado a estructurar el debate nacional. Hay una subcomisión en las Cortes que está recogiendo opiniones de todos los sectores y hará un informe. También hay un comité sobre el futuro de Europa que preside Rodríguez Bereijo y que va a hacer un cuestionario para escuchar cuál es la opinión de la gente. Nosotros hemos decidido que hablen los ciudadanos. En la CIG [2004] nos pronunciaremos y lo haremos con las ideas muy claras».

De este modo se pretende empujar la construcción europea desde España. El problema llega cuando pretendemos averiguar lo capacitados que estamos para participar activamente en un foro de discusión tan importante… y nos chocamos de bruces con la realidad que transmite el Eurobarómetro con las últimas encuestas, publicadas el pasado julio.

Así, averiguamos que el 41% de los europeos no ha oído hablar del Tratado de Niza, un nivel de desconocimiento que llega al 50% en el caso de España. Además, el 57% de los europeos no se siente implicado en el debate político que plantea la ampliación, cifra que sube a un 66% entre los españoles. Al fijar la lista de los países que deberían entrar próximamente en la UE, el 21% de los europeos cita a Noruega y a Suiza… países que ni siquiera son candidatos.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE reconocieron este verano en Bruselas que las instituciones comunitarias están lejos de los ciudadanos y que no están sabiendo vender los beneficios de una Europa unida. Estas percepciones confirman las deficiencias puestas de manifiesto por las encuestas: necesitamos fomentar un mayor debate en la sociedad civil si queremos que ésta participe en el proceso de construcción europea.

Los beneficios económicos de una Europa sin barreras han sido una razón de peso para la unificación, pero empiezan a perder fuerza ahora como motor de motivación para una cohesión política más profunda del continente.

En respuesta a la escasa motivación ciudadana, el ministro de Exteriores español, Josep Piqué, solicitó desde Bruselas a sus homólogos europeos prestar más atención a las políticas que más afectan al ciudadano y aparcar los grandes debates teóricos que la población sigue «con lejanía», para dejar de bombardearle con mensajes sobre el «déficit democrático o la ausencia de legitimidad» de la UE.

Siguiendo esta máxima para logar mayor motivación ciudadana, el Ejecutivo español prepara todo un despliegue de medidas concretas que llevará a cabo durante su presidencia de la UE: tratará de reimpulsar en primavera los acuerdos de Lisboa sobre seguridad y libertad europea; organizará la II Cumbre entre Europa y América Latina; encabezará sendas cumbres en Rusia y EEUU; representará a la UE en el G-8 en Ottawa y celebrará en Madrid otra cumbre de la ONU sobre el problema del envejecimiento demográfico. Los grandes temas que pesarán sobre la mesa serán, además, la gestión del inicio de la moneda única (en vigor el próximo enero) y tratar de cerrar algunas negociaciones sobre la ampliación al Este.

Todas estas medidas suponen un mecanismo de avance en la consolidación de la actual Unión Europea (su nivel de competencias y sus instituciones) pero es necesario tener en cuenta que, en sólo tres años, los primeros países poscomunistas pasarán a ser Estados miembros de pleno derecho, empezando por su participación en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Para entonces, la Unión necesitará contar con un nuevo mecanismo institucional, preparado para la ampliación, y habrá que tener claro, ante todo, en qué queremos convertir a Europa.

El Ejecutivo español tendrá que darse prisa en definir su propuesta política antes de estrenar su presidencia europea: sería lamentable que nuestro país se limitara a gestionar bien su mandato, sin aportar nuevas ideas sobre el reparto de las competencias entre los Estados y la Comunidad, el papel de los parlamentos nacionales en el avance de construcción europeo, la relación entre el Parlamente de la UE y la Comisión, etc.

En caso contrario, corremos el riesgo de que el proceso de creación europeo prosiga sólo a trompicones, a golpe de cumbres europeas en las que los líderes deciden marcados por las circunstancias del momento (campañas de elecciones nacionales como las de Alemania y Francia durante el próximo año, y otros conflictos provocados por el juego de alianzas e intereses nacionales), y en el que el demos europeo castiga, cuando se le da la oportunidad, el alejamiento de sus líderes y la falta de información a la que se ven sometidos. Ese ha sido el caso de Irlanda, país profundamente europeísta que decidió este año castigar, con un no en su referéndum, la falta de claridad y la lejanía en el lenguaje de los textos del Tratado de Niza.

Estos castigos —la Historia nos sirve de lección— han tenido lugar siempre que los líderes europeos no han sabido primar los principios de transparencia y democracia en sus decisiones.

Cualquier modelo político deberá llevar, necesariamente, una etiqueta que le diferencie de los demás. En España, los términos «federalismo» y «constitucionalismo» siguen siendo de uso restringido por motivos políticos, debido, sobre todo, al conflicto nacionalista de algunas comunidades autónomas.

Sea cual sea el modelo que España proponga y el que Europa adopte o no en el futuro, lo que no podemos olvidar es que Europa es ya, hoy, una comunidad de democracias, con un texto constitutivo (suma de los tratados), que persigue la paz y la estabilidad económica, y defiende su unidad basándose en unas raíces culturales comunes.

Hay que tener en cuenta, además, que son las estructuras políticas las que crean y fomentan vínculos de cohesión y solidaridad, como ya hemos experimentado con la creación del mercado común en Europa. España debe comenzar su debate y definirlo antes de la presidencia, porque entonces la presión será mucho mayor y vendrá desde otros frentes (negociaciones de ampliación, su papel como representante de los Quince, etc.).

Nuestro país necesita, en definitiva, descubrir qué grado de cohesión política desea dar a la Unión Europea, cuál es nuestra definición particular del modelo que debe alcanzar esta comunidad de democracias. No hacerlo no nos ayudará a callar las pretensiones nacionalistas de varias comunidades autónomas —como sostienen algunos — sino a alejar a los españoles del proceso imparable de construcción europea que está teniendo lugar en el resto del continente. Una falta de información que nos deja en clara desventaja y disminuye nuestras expectativas para participar, como uno más entre los grandes, en el proceso de reformas de la Unión. No subir a ese tren del debate europeo sería demasiado costoso.


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