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Colombia. Una paz firmada pero no refrendada

por Iván Garzón Vallejo

Profesor asociado y Director del Programa de Ciencias Políticas. Universidad de la Sabana

Publicado en Política, Internacional | Colombia | FARC | Latinoámerica | Premio Nobel

October 2016 - Nueva Revista número 159

ARTÍCULO

 

Cuando la prensa internacional registra que después de cuatro años de negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla más longeva de América Latina, una apretada mayoría de ciudadanos (50,22% vs 49,77%) rechazó en las urnas lo acordado que días antes había sido ratificado en La Habana, en la ONU y en Cartagena de Indias, es lógico pensar que el realismo mágico de Gabriel García Márquez sigue siendo la mejor forma de describir lo que sucede frecuentemente en Colombia.

El propósito de este ensayo es ofrecer una radiografía del estado actual del proceso de paz e identificar los cambios culturales que vienen operando en la sociedad colombiana en los últimos años por cuenta del mismo.

UNA DERROTA INESPERADA

Si se tiene en cuenta que en los últimos dieciséis años la imagen desfavorable de las farc ha estado por encima del 82% y que la popularidad del presidente Santos en las semanas previas al plebiscito rondaba el 29% según los datos del Gallup Poll, parece relativamente sencillo explicar que un acuerdo entre ambos iba a tener muchas dificultades en ser ratificado popularmente. No obstante, las encuestas no son el mejor elemento de análisis del resultado plebiscitario, menos aún cuando todas vaticinaban que el Sí ganaría con al menos diez puntos de diferencia sobre el No.

El Sí perdió, entre otras cosas, porque la propaganda —llamada pedagogía por el oficialismo— del voluminoso acuerdo de 297 páginas escritas, por lo demás, en lenguaje farragoso e incomprensible para el ciudadano promedio, se estructuró sobre un falso dilema: refrendar la paz o volver a la guerra. Se trataba de un falso dilema no solo porque, en efecto, los colombianos no amanecimos el 3 de octubre con la noticia de nuevas confrontaciones militares en las selvas del país, sino además porque solo los poetas de la paz y algunos incautos podían creer que un acuerdo firmado con una organización que en los últimos años representa alrededor del 20% de la violencia del país y cuyo cese al fuego unilateral catorce meses antes había aproximado a cero sus acciones violentas más significativas traería la pacificación.

La paz como panacea, la paz total —como la llamó el presidente Santos— en suma, era un ideal demasiado ambicioso como para hacer cambiar de opinión a quienes estaban precavidos de la acendrada actitud taimada de las FARC y de su tendencia a hacer de las negociaciones una puesta en escena de su cinismo. Por si fuera poco, las escasas apariciones mediáticas de los aburguesados revolucionarios y sus equívocos gestos de conversión llegaron tardíamente, reforzando la desconfianza hacia su voluntad de paz.

Los partidarios del Sí, cual liebre confiada en su ventaja absoluta sobre sus competidores, fueron castigados en las urnas por una ciudadanía que, aunque amedrentada por el estigma que se promovió desde el Gobierno y los medios de comunicación de que votar No era oponerse a la paz, depositó el 2 de octubre un voto de protesta que no estaba en los cálculos de ningún analista o encuestador. Y menos, paradójicamente, entre los líderes del No, quienes tampoco tenían un plan B.

UNA VICTORIA IMPREVISTA

Si las causas de la derrota del Sí pasan por la ausencia de un liderazgo fuerte de los protagonistas del acuerdo y de razones plausibles para aprobar un extenso texto, las causas del triunfo del No obedecieron a liderazgos tradicionales cuyo mensaje se enfocó en potenciar la indignación ciudadana que producían decenas de aspectos de lo acordado que eran vistos por el votante promedio como una concesión injusta a una organización que hasta el 2010 era calificada como terrorista. Que se estaba entregando el país a las FARC, que los cabecillas no irían a la cárcel y llegarían al Congreso de la República en 2018, que se abriría el camino hacia el castro-chavismo y pronto imitaríamos a Venezuela en sus récords de pobreza, y que las FARC no dejarían el negocio del narcotráfico ni repararían a las víctimas fueron algunas de las consignas —ciertas unas, falsas otras tantas— que repitieron consistentemente los líderes del No, entre quienes se contaban dos expresidentes —otra contribución del realismo mágico— (Álvaro Uribe y Andrés Pastrana), consecuencia de que la paz se hizo antes en La Habana que en Bogotá.

Más allá del alineamiento de las fuerzas políticas y de sus estrategias de campaña, la sociedad colombiana se dividió antagónicamente en torno a la persecución de dos ideales políticos: la paz y la justicia. Pero en su maximalismo, ni los defensores de la paz ni los de la justicia lograron persuadir a sus antagonistas de que su propuesta constituía un acomodo razonable a los Rawls o una elección trágica inevitable por lo demás en la vida política, como advirtió Isaiah Berlin. De allí que el proceso y la campaña estuvieron marcados por las retóricas de la intransigencia de las que habla Albert Hirschman.

El país, sin embargo, continuó su curso el 3 de octubre, aunque envuelto en una crisis política inédita: tener una hoja de ruta consensuada, apoyada internacionalmente y verificada por Naciones Unidas, de la desmovilización, desarme y reinserción de las FARC, pero que no tenía apoyo ciudadano y que había perdido su sustento jurídico.

LOS ÁRBITROS DE UNA DEMOCRACIA

Reconforta saber que, en un partido de fútbol, no todos corren tras la pelota en la misma dirección. Por eso, mención aparte merecen cuatro instituciones que, al evitar tomar partido por uno de los bandos en disputa, actuaron como árbitros imparciales. Se trata de la Corte Constitucional, la Corte Penal Internacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Iglesia católica.

La Corte Constitucional consideró ajustado a la Constitución política el inédito mecanismo de refrendación: un plebiscito con una pregunta de Sí o No cuya validez dependía de que participara al menos el 13% del censo electoral. Pero hizo algunas advertencias que, a la postre, resultaron oportunas. Enfatizó la responsabilidad del jefe de Estado en la conducción de la negociación señalando que un resultado favorable lo vinculaba a él, pero no a las otras ramas del poder público y precisó que un rechazo ciudadano del acuerdo haría imposible su implementación mediante reformas constitucionales y legales. Aunque el presidente Santos desafió las indicaciones del Tribunal Constitucional de no formular una pregunta que indujera al elector a pensar que votaba por la paz y no por un acuerdo específico, el espíritu republicano que animó a los jueces puso de relieve la importancia del control que ejercerá de lo que finalmente se acuerde.

Por su parte, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, expresó su beneplácito por el acuerdo y destacó que no se pactaran amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero al mismo tiempo advirtió que la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional pactado que juzgaría a los miembros de las farc y a otros responsables del conflicto armado —militares, políticos y empresarios, entre otros—, debía hacer rendir cuentas a los máximos responsables de los crímenes más graves, juzgarlos y sancionarlos efectivamente. De este modo, dicho organismo no otorgó un cheque en blanco —como esperaban los defensores del Sí— pero tampoco anunció una inminente intervención en el país —como presagiaban los defensores del No—.

El día de la votación, tan solo una hora después de que se cerraran las urnas en todo el país, la Registraduría Nacional del Estado Civil ya había informado públicamente del resultado final de la consulta. La rapidez y transparencia fueron cruciales en un proceso que le dio el triunfo al No por 53.894 votos de diferencia. Ello enalteció a la democracia más antigua de la región y puso en evidencia que la limpieza de las reglas de juego electorales son el abecé de una democracia seria.

Finalmente, otra institución que jugó el papel de árbitro imparcial fue la Iglesia católica. En un país donde la Iglesia es, después de las Fuerzas Militares, la segunda institución con mayor favorabilidad —60% según el último Gallup Poll, mientras que las de aquellas es del 73%—, no es extraño que esta haya sido un actor relevante durante el proceso de refrendación. Aunque algunos entusiastas del proceso criticaron a los obispos por no tomar partido abiertamente por el acuerdo e invitar a los fieles a votar afirmativamente, lo cierto es que un escueto comunicado de la Conferencia Episcopal condensó de modo impecable el principio de laicidad del Estado y subrayó el deber de los católicos de votar de modo informado y según su conciencia. De este modo la Iglesia se puso por encima de una confrontación que polarizó a los ciudadanos entre amigos y enemigos de la paz.

LA DERECHA SALIÓ DEL CLÓSET

Además del realismo mágico, otro de los contrastes que definen a la sociedad colombiana es la brecha, señalada por el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, entre el país político y el país nacional. Esto es, entre una élite política urbana, liberal y secularizada, de un lado, y una ciudadanía rural y de clase media, conservadora y religiosa, del otro. Pues bien, aunque la sociedad es mayoritariamente de costumbres conservadoras, ningún partido político se define abiertamente como de derecha y el Partido Conservador es una fuerza política minoritaria y desprestigiada.

Dicho de otro modo: la derecha en Colombia es vergonzante. Un líder político tan característicamente de derecha como Álvaro Uribe, por citar un ejemplo, en cuyo ideario y políticas de gobierno sobresalen la seguridad, la inversión privada y los valores morales, nunca se ha definido a sí mismo en esta tendencia y su agrupación política se llama Centro Democrático.

Por ello, uno de los fenómenos políticos más relevantes de la campaña fue precisamente que diferentes fuerzas de la derecha se unieron y se visibilizaron. Aunque el expresidente Uribe es el referente más conocido de la misma desde el 2002, en esta ocasión hicieron causa común con él, el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez, un grupo de juristas, líderes de iglesias evangélicas y un par de obispos. De tendencia política conservadora todos, y en lo personal humillados y ofendidos— para parafrasear a Dostoyevski— por el presidente Santos algunos, encontraron en la defensa de la Constitución liberal de 1991 —que los acuerdos de La Habana modificarían sustancialmente— motivos suficientes para enfilar sus dardos en la misma dirección.

Además de la visibilidad que obtuvieron los principios defendidos por estos actores —justicia punitiva, propiedad privada, seguridad jurídica, sostenibilidad fiscal—, que contrastó con un entorno mediático tendiente a la estigmatización de las críticas al proceso, resulta llamativo que esta variopinta y espontánea coalición de derecha lograra poner en la agenda de discusión un elemento marginal en el acuerdo: el enfoque de género. Y como lo relevante en la política no es solo lo que se dice sino cuándo y dónde se dice, a la unión y exposición de la derecha contribuyó dos polémicas medidas tomadas por organismos del Gobierno —el Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Estadística— en los días previos a la votación tendientes a indagar por la orientación sexual de los niños. Estas medidas, particularmente una cartilla del ministerio destinada a combatir la discriminación en los colegios mediante la incorporación de una perspectiva de género en los manuales de convivencia, suscitaron marchas ciudadanas y reclamos públicos de padres de familia, educadores y organizaciones de la sociedad civil —sectores que tradicionalmente no se movilizaban— en contra de una intromisión indebida del Estado en cuestiones que son del resorte de las familias y las comunidades.

Aunque tras la unificación y movilización de estos sectores subyace cierta nostalgia confesionalista —no defienden la neutralidad del Estado en estas materias sino su compromiso activo en implementar los valores cristianos— y una dosis de clericalismo —pastores y obispos son protagonistas, codo a codo con los laicos, de la movilización—, el fenómeno le dio un protagonismo inédito a la sociedad civil en un país que oscila entre el estatismo y el individualismo.

Este fenómeno puede definirse como populismo moral, y consiste, básicamente, en la pretensión de darle un estatus legal y constitucional a valores ampliamente compartidos por la población, lo cual está motivado por las convicciones morales y religiosas de sus promotores y trae como resultado previsibles réditos electorales. Este frente común ha convertido en compañeros de ruta a activistas de las iglesias evangélicas y a sectores tradicionalistas del catolicismo, los cuales, congregados en torno a una visión catastrófica y maniquea de la política han logrado situar en la agenda pública la discusión sobre los alcances sociales y culturales de la ideología de género.

Aunque los defensores del acuerdo de La Habana insistieron en que el acuerdo no contenía la ideología de género, es un hecho que el texto aludía profusamente a un enfoque de género como clave interpretativa de planes, comisiones y políticas que se implementarían en la etapa del posacuerdo. Asimismo, que el texto estuviera redactado en un lenguaje incluyente activó las alarmas de activistas religiosos al tiempo que suscitó el guiño de organizaciones de derechos humanos y de los colectivos lgbti del país. Pero, a decir verdad, la presencia que puede tener la ideología de género en un tratado de paz entre un Estado y una longeva organización subversiva solo puede ser marginal. Hacer de ello un tema central del debate sobre la conveniencia del mismo evidenció la capitis diminutio democrática a la que se han autosometido los activistas de la fe cristiana.

DE LA GUERRA CIVIL A LA BATALLA DE LAS IDEAS

Ahora bien, que la ideología de género haya sido un tema marginal en el acuerdo no significa, sin embargo, que el proceso de paz no conllevara serios desafíos ideológicos y culturales. De hecho, la batalla en el campo de las ideas se libró desde la definición de la agenda de negociación. Las FARC, por su parte, han intentado ampliar el espectro del conflicto armado llamándolo también «conflicto social» y situando sus orígenes varias décadas antes de su fundación en 1964. Con ello se ampliarían también los responsables del mismo —además de la guerrilla, los grupos paramilitares y los sectores de la sociedad civil que los financiaron o apoyaron—. La estrategia semántica y cronológica no pretende, ni mucho menos, ser más rigurosa con la verdad histórica sino diluir su responsabilidad en el proceso de victimización.

El Gobierno, por su parte, fue consciente de este desafío y le apostó a una composición pluralista de sus delegados en la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas —creada en 2014— y en aquellos puntos en los que según las FARC las condiciones sociales —las agrarias, por ejemplo— fueron causa del conflicto, el Gobierno tomó distancia expresamente de tal interpretación y advirtió que fueron más bien consecuencias del mismo.

En este sentido, el proceso de paz ha puesto de presente un debate ideológico que ha estado latente en la sociedad durante décadas: el de la justificación y la crítica de la violencia. Así, en la defensa del proceso de desmovilización de los paramilitares acaecido durante la administración Uribe, algunas voces tienden a minimizar el horror de la violencia que aquellos ejercieron y la deslegitimación que el recurso a medios ilícitos trajo para las instituciones del Estado.

Pero al mismo tiempo, en su apología del proceso de negociación con la guerrilla entraron en escena voces románticas que ven en la «guerrillerada» una versión criolla de Robin Hood y los espacios políticos con ellos pactados el pago de una deuda histórica por parte de una democracia de cuestionada legitimidad. En este sentido, el inflacionismo con el que se identificó a las víctimas —se habla de 8.000.000— y las alusiones a las mismas como una suerte de oráculo del perdón y la reconciliación colectivas develan visiones que conspiran contra las lecturas matizadas, problemáticas y no simplificadoras de nuestro pasado violento.

Sin embargo, al sincerar y visibilizar las posturas ideológicas se hace posible abordar públicamente el problema de la crítica y la justificación de la violencia, un debate público imprescindible en la construcción de una narrativa que rechace el recurso a la violencia política y cuya verdad de lo ocurrido trascienda la selectividad de la verdad histórica y la parcialidad de la verdad judicial, para configurar, más bien, una verdad como modus vivendi que incorporando una pluralidad de lecturas del pasado se oriente hacia el futuro. Una verdad política de este tenor puede ser un derrotero para la convivencia pacífica y no una coartada, propia de la esencialización o la instrumentalización, de revanchas sobre el escritorio de derrotas sufridas en los campos de batalla.

¿ACUERDO A LA VISTA?

El Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, que fue anunciado cuatro días después del plebiscito, supuso un reconocimiento a sus esfuerzos por poner fin al último conflicto armado del hemisferio occidental, el último rezago de la guerra fría en la región. El galardón trajo consigo, paradójicamente, un tácito ultimátum. Y es que la ceremonia del 10 de diciembre en Oslo quedaría empañada si Santos acudiera a la misma sin haber cerrado el proceso. Este elemento, sumado al carácter propositivo con el que han actuado los líderes del No, quienes tras reuniones con el jefe del Estado le han hecho llegar sus propuestas para la renegociación y a la movilización de amplios sectores de la sociedad civil —estudiantes, académicos y empresarios— pidiendo un pronto acuerdo permiten inferir que en diciembre podría haber un nuevo texto consensuado entre el Gobierno y las FARC.

Se trata, debo aclararlo, de una especulación. Lo que es un hecho es que tras los años del proceso parece haberse gestado un nuevo consenso en la sociedad colombiana en torno a la negociación con las guerrillas como forma de terminar con su insurrección. La ilusión por una derrota militar definitiva, imposible por lo demás en lo que Jorge Giraldo llamó las guerras civiles posmodernas, parece haber dado paso al realismo condicionado de que dicha estrategia no sea a costa de excesivas concesiones, pues las imágenes de sus atrocidades están vivas en la memoria colectiva y las heridas de las víctimas aún no han cicatrizado. El reto es, entonces, que aunque estas negociaciones de paz —incluida la incipiente con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— no supongan la rendición del enemigo público tampoco sean una reivindicación de sus prolongadas injusticias.

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