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José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, ha relatado hoy la propuesta de reforma de su departamento para el personal docente y universitario (PDI) y para la calidad de titulaciones, en el foro de Nueva Revista sobre la universidad. Antes ha intervenido Jordi Sevilla, presidente del Consejo Social de UNIR, quien se ha preguntado si estamos enseñando lo que de verdad los alumnos han de aprender.


José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades, ha intervenido esta mañana en el foro “La visión de la universidad desde la política”, que dirige Rafael Puyol, presidente del Consejo Asesor de UNIR y ex rector de la Universidad Complutense. En sesiones anteriores participaron Marta Martín Llaguno (Ciudadanos) y Jorge Sáinz (PP).

En la jornada de hoy primero ha tomado la palabra Jordi Sevilla, presidente del Consejo Social de UNIR, presidente de Red Eléctrica de España y ex ministro de Administraciones Públicas con el PSOE, quien ha destacado que “algo debe pasarle a la universidad española puesto que llevamos hablando de su reforma desde hace noventa años, desde Ortega”. La gran pregunta, según Sevilla, es:

“¿Estamos enseñando lo que los alumnos tienen que aprender o lo que profesores saben explicar?” (Jordi Sevilla)

El ex ministro ha señalado que la institución universitaria es algo demasiado importante como para “dejarla solo en manos de los universitarios”. Se necesita la visión de órganos sociales, como los consejos sociales de las universidades, de foros como los organizados por “Nueva Revista”… y “la visión desde la política”; esta constelación impulsará a la universidad a situarse “en una atalaya distinta”.

Sevilla piensa que ese es el camino para reformar la universidad, porque “la propia universidad no lo va a hacer” o “al menos no lo va a hacer voluntariamente”. La “crítica competente”, y “la crítica desde la competencia” contribuirá a mejorar, a “hacer las cosas de otra manera”, asuntos a su vez exigidos por la intensidad de los cambios mundiales en todos los campos.

La ponencia de Pingarrón ha sido sobre “Las reformas de la universidad propuestas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”.

José María Vázquez García-Peñuela (rector de UNIR), Jordi Sevilla, José Manuel Pingarrón y Rafael Puyol. Foto: © Josema Visiers
José María Vázquez García-Peñuela (rector de UNIR), Jordi Sevilla, José Manuel Pingarrón y Rafael Puyol. Foto: © Josema Visiers

Ha comenzado señalando algunos escollos: ahora mismo en las universidades españolas se ofrecen 8.590 títulos y a un ritmo de aumento de doscientos más al año, un hecho difícil de explicar. El personal docente e investigador (PDI) disminuye, está muy envejecido, y trabaja donde ha hecho la tesis normalmente. El ministerio impulsa un portal con un registro transparente de todas las plazas que ofertan las universidades o los institutos de investigación, y así espera contribuir a atajar la endogamia. Solo el 20 por ciento de los catedráticos son mujeres. Hay 23.000 profesores asociados y únicamente el 39,80 por ciento es doctor, “esto es un problema”. Ha habido un gran incremento de las tasas de matrícula y con enormes diferencias entre las comunidades autónomas. Ha caído la financiación.

Borrador del estatuto del personal docente

Ante este estado de cosas, Pingarrón ha sostenido que ha dejado preparado un borrador del estatuto del PDI, después de haberlo consensuado en los meses pasados con los agentes implicados. Ha insistido en que el personal ha de ser docente e investigador, porque si faltaba el adjetivo investigador el resultado sería una institución que podía ser muy respetable, como una Escuela de Negocios, pero no propiamente una universidad. El ministerio ha tratado de delimitar muy bien el itinerario de la carrera y los diversos requisitos: desde el comienzo (con el título de doctor) hasta la culminación como catedrático. El peso de la acreditación recaerá en la propia universidad. Propone primero el ministerio un contrato temporal de seis años a los doctores, prorrogable dos más. Había que terminar con el desagradable estado de cosas alrededor de los profesores asociados, precarios y mal pagados, sobre todo con la crisis económica a partir de 2008. En la universidad, esos profesores realizan el 25 por ciento de la tarea docente y su salario medio es de 600 euros, ha dicho. Había que volver al concepto original de profesor asociado: un profesional de reconocido prestigio que reforzaba las clases en la universidad. Habría también profesores sustitutos o interinos, con un contrato fácil que expire cuando tenga que expirar y con una retribución digna. Y habría profesores visitantes, mejor pagados y con un sendero trillado para la acreditación si es patente que aportan talento.

Calidad de las titulaciones

Después, Pingarrón ha pasado al real decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “el más modificado de la legislación española”. Su departamento elabora un borrador nuevo en el que pone el énfasis en la “calidad de las titulaciones”. Prima la “flexibilidad” y la “corresponsabilidad”, para que la universidad dé cuenta ante la sociedad de cómo gasta y de los resultados que obtiene.

Propone que sea la universidad la que garantice la calidad de los títulos y que un organismo externo como la ANECA se concentre solo en acreditar la calidad de las universidades: la acreditación institucional. Ahora mismo la ANECA se atasca con la enorme tarea de validar títulos. Hay en España una oferta de 3.500 másteres sin contar los títulos propios. Entendía que se crearan títulos y másteres nuevos, pero no que no se cerraran o se reagruparan otros. También está a favor de carreras flexibles, de 180 o 240 ECTS (tres o cuatro años académicos), aunque con una cierta lógica y unidad por motivos de homologación: no, por ejemplo, que Química se estudiara en tres años en una comunidad autónoma y en cuatro en otra, aunque esto sí que podía ser el caso para nuevas titulaciones.

Ha tratado de la internacionalización, en concreto de la conveniencia de trabajar con el Espacio Iberoamericano de Educación Superior, y también con Asia y África. Para ello, había que evitar el “calvario de las homologaciones y exigencias” para los estudiantes de esas regiones.

Finalmente, ha mencionado el proyecto de una nueva LOSUE: ley orgánica del sistema universitario español, consensuada, con aspiración de duradera y estable, en la que tanto las universidades públicas como las privadas se entiendan como “servicio público”, y donde se clarifique la forma de gobierno de las instituciones superiores de enseñanza.


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