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«El actual gobierno, en contra del anterior, ha pretendido introducir mayor carga moral a la política exterior a base de reducir sus ambiciones exteriores pero olvidándose de defender o promulgar los principios de la democracia y la libertad, principios que constituyen el verdadero fundamento moral de toda política exterior»


A día de hoy España carece de política de Estado en materia exterior. Más aún, la política exterior española carece de estrategia y dirección alguna, se guía únicamente por los impulsos de un ministerio que no consigue audiencia en la Casa Blanca pero que recibe a Josep Carod Rovira el en marco de una cordial relación bilateral Cataluña-España. La política exterior española de hoy, como decía José Pedro Pérez Llorca en Política Exterior, no es más que actividad espasmódica. El problema es que la acción exterior de un país proyecta la idea que se tiene de ese país, su forma de ser, y determina su posición en el mundo.


Requiere por ello la elaboración de una política de Estado, una política que, en palabras del actual ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, «no sea rehén de disensiones internas sino fruto del consenso entre las principales fuerzas políticas». Pero resulta difícil conseguir el necesario consenso cuando, como recalca el recientemente publicado Survey of European Democracy Promotion Policies 2000-2006, ha sido el PSOE el que tras llegar al gobierno en abril de 2004, ha querido que la lógica de su política exterior sea únicamente distanciarse de la política exterior del anterior gobierno y revertir las medidas exteriores de la anterior administración. Si, además, para elaborar una política exterior coherente es necesario tener una idea de país y de su posición en el mundo, ¿podemos esperar una política de Estado en materia exterior con el actual gobierno?


En los últimos años el debate en torno a la política exterior y a la posición de España en el mundo ha sido intenso, y entre otros aspectos se ha cuestionado si España debe conformarse con un papel internacional reducido o si debe contribuir activamente a la formación del orden mundial. Gracias a que la sociedad española carece de tradición exterior moderna y es de mayoría pacifista, el actual gobierno, en contra del anterior, ha pretendido introducir mayor carga moral a la política exterior a base de reducir sus ambiciones exteriores pero olvidándose de defender o promulgar los principios de la democracia y la libertad, principios que constituyen el verdadero fundamento moral de toda política exterior.


REFERENCIAS EXTERIORES


España, por su situación geográfica, por su tradición histórica y por su capacidad política y económica debe mantener tres principales referentes en materia exterior: Europa, América y el Mediterráneo. Su participación en otras regiones -Oriente Medio, África o Asia- también resulta fundamental, aunque no debe perder de vista que es una potencia de primera categoría en el ámbito regional pero sólo una potencia media en el global. En palabras de la ex ministra de Exteriores Ana Palacio, los intereses españoles se defienden en el equilibrio de sus tres ejes históricos, «el anclaje geoestratégico al Mediterráneo, nuestro ser europeo y nuestra vocación atlántica», a lo que habría que añadir el reto que supone la creciente participación en Asia y, también, el África subsahariana (en ambos casos, el comercio, la búsqueda de nuevos mercados, la promoción democrática y la inmigración son cuestiones esenciales).


upesr_img1.jpgAsimismo, en función de la región y de los intereses en liza, España tendrá que optar entre canalizar su actividad exterior a través de las instituciones de la Unión Europea, a través de otros organismos internacionales o simplemente por canales diplomáticos bilaterales más tradicionales. El primer referente es el camino europeo, como decía Mariano Rajoy en diciembre de 2006 en esta revista, pero no el único: los intereses de Europa no son siempre plenamente coincidentes con los españoles, y allí donde Europa carece de instituciones, capacidad o interés, España debe buscar alternativas.


Y es que sin perjuicio de nuestro inequívoco europeísmo, la política exterior española no puede depender de una política exterior europea que a día de hoy carece de funcionalidad. La confusión entre política europea y política francesa es un error del actual gobierno porque Francia, además de rechazar la Constitución Europea, ya no es el corazón de Europa. Europa es un proyecto de veinticinco países en el que Alemania vuelve a ser un país de referencia. El poder se ha trasladado al Este, un Este con vocación atlántica y con intención de seguir bajo el paraguas de seguridad americano y de la OTAN. Pero ni siquiera esto ha sido suficiente para que el presidente Zapatero acudiera al cuarto Foro HispanoAlemán celebrado en Berlín el pasado mes de febrero, foro en el que el ministro Caldera, cuando su homólogo alemán afirmó que la enseñanza a los inmigrantes del idioma debe ir ligada a la enseñanza de la cultura, simplemente contestó «mi lengua materna es la democracia» ante la sorpresa de los presentes. La inmigración es una cuestión en la que España, que en pocos años ha pasado de ser país emisor a receptor, debe tomar nota de los casos alemán, francés e inglés y adoptar medidas eficaces a largo plazo en el control del flujo migratorio y en la integración de los inmigrantes en la sociedad y cultura españolas (que son los valores europeos).


La política afrancesada de los primeros años, en los que parecía que España debía limitarse a un papel secundario en Europa, contrasta con la reciente iniciativa española en lo relativo a la Constitución Europea. Así, tras dos años de política prudente, el gobierno ha decidido liderar junto a la Alemania de la canciller Angela Merkel la campaña por rescatar y aprobar la Constitución Europea en junio de 2009, y con este propósito ha promovido junto al gobierno luxemburgués la reunión en Madrid en este mes de febrero de los dieciocho Estados que habían ratificado la Constitución (más Portugal e Irlanda). La iniciativa ha sido favorable e importante porque ha puesto de manifiesto que dos tercios de los Estados miembros han apoyado el mismo texto constitucional que los españoles aprobamos en 2005, y que la solución para obtener un texto constitucional aprobado por todos los Estados miembros parte tanto de la modificación del texto constitucional como del camino político que deben recorrer los Estados «que son minoría y están más lejos del denominador común, y no a la inversa»5. De esta forma España ha contribuido a relanzar la negociación de la Constitución Europea, a hacer visible el texto constitucional que dieciocho Estados miembros de la Unión, dos tercios de la misma, aprobaron o ratificaron.


upesr_img2.jpgHabrá que esperar al texto que finalmente se apruebe, si se aprueba, para analizar sus consecuencias en la política exterior de los Estados miembros, aunque si partimos del texto actual podemos prever importantes cambios. Las nuevas figuras que aparecían en la propuesta constitucional (el ministro de Asuntos Exteriores o la Agencia de Defensa) no acabarían con la descentralización de la política exterior europea (algunas materias quedarían aún sometidas a aprobación unánime del Consejo), pero supondrían un paso importante hacia la constitución de una única voz europea. La creación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores (fusión del Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común y del Comisario de Asuntos Exteriores) podría permitir a Europa tener una sola voz en órganos internacionales (con la excepción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), aunque en cuestiones de defensa la OTAN seguiría siendo el fundamento de la defensa colectiva y su órgano de ejecución (cuestión de importancia en la relación con EEUU). Y en la prevención de conflictos exteriores y operaciones de mantenimiento, área en la que España está llamada a adquirir un papel cada vez más relevante, el tratado podría traer importantes novedades porque permitiría que la Comisión, en defecto de acuerdo del Consejo, proponga a uno o varios Estados realizar una misión en defensa de los valores e. intereses europeos. Por ello la aprobación de este texto sería importante para las operaciones de paz o misiones humanitarias en las que participa el Estado español (a día de hoy las fuerzas españolas se despliegan en Afganistán, el Líbano, Bosnia-Herzegovina, la antigua Yugoslavia, Darfur, Kosovo, Eritrea y República Democrática del Congo).


PROMOCIÓN DEMOCRÁTICA


Pero además de liderar la búsqueda de una constitución para Europa y del importante despliegue de las Fuerzas Armadas Españolas, España debe tener una posición firme y clara en defensa de las ideas y valores de la democracia y la libertad, y en particular hacia América Latina y el Mediterráneo. En esta cuestión el papel de España no debe ser secundario al de otros, debe estar a la cabeza del orden mundial. No obstante, como muestra el Survey of European Democracy citado anteriormente, España, sin perjuicio de su relativamente reciente transición democrática, no es uno de los países más activos en la promoción democrática.


Es una realidad constatada que desde 2004 el gobierno español ha legitimado con sus acciones a gobiernos que, como los de Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, han impedido el desarrollo democrático de sus países y relanzado el autoritarismo popular en América Latina. Durante sus dos primeros años el gobierno, en lugar de defender el desarrollo democrático venezolano mostró su apoyo al gobierno chavista (que únicamente sobrevive gracias al elevado precio del petróleo, cuya riqueza se reparte cada vez más injustamente en Venezuela) y a sus medidas antiglobalizadoras, populistas y antiamericanas. Como apuntaba recientemente William Chislett6, el gobierno español, en lugar de aislar a Chávez y a Morales, les permitió visitar España en varias ocasiones con el fin de mantener siempre abiertas las líneas de comunicación.


Ahora por fin parece que el gobierno ha comprendido que no es conveniente aliarse con Chávez, un líder que llama demonio al presidente americano en la Asamblea General de Naciones Unidas al tiempo que manifiesta que el sistema de Naciones Unidas no sirve para nada, o con Morales, quien a pesar de las opiniones en contra decidió nacionalizar las actividades energéticas bolivianas perjudicando de esta forma a la española Repsol YPF. En lo que respecta a Cuba, la posición del PP, al contrario que la del actual gobierno, es muy clara: debe haber una transición hacia un sistema democrático elegido por los mismos cubanos y no una sucesión en el poder. Como decía en esta revista Mariano Rajoy, España tiene que ser muy clara al respecto; sólo así los cubanos podrán sentir el apoyo necesario para, llegada la hora, comenzar la esperada transición democrática.


El acercamiento del gobierno español a los líderes populistas latinoamericanos -a pesar de la oposición de la Unión Europea y de EEUU-, e incluso sus críticas a la disidencia cubana, ha restado valor a la promoción democrática que realizan las instituciones españolas. El acercamiento a estos líderes populistas tiene difícil justificación ideológica, económica y democrática, y daña la imagen de España como gobierno verdaderamente comprometido con el desarrollo democrático de América Latina.


upesr_img3.jpgResponde esta política a la escasa atención que el actual gobierno ha otorgado a la importante promoción democrática. Aunque pretenda vestir con mayor carga moralizante a la política exterior española -principalmente a través de la propuesta Alianza de Civilizaciones- la realidad es que este gobierno no menciona la democracia como prioridad ni en su relación con América Latina ni en la búsqueda de la solución al conflicto de Oriente Medio. Este cambio respecto a la política del anterior gobierno es consecuencia también de la tendencia general de la izquierda europea a oponerse a la promoción democrática impulsada por los americanos, aun en perjuicio de los esfuerzos europeos (principalmente en sus tratados) de constituir la norma democrática como pilar fundamental de su política interior y exterior.


Hoy día el desarrollo y consolidación de la democracia son objetivos básicos de la política exterior europea, y lo son aún más en su propuesta constitucional. En ésta se establecía que la Unión debía definir y ejecutar políticas exteriores con el fin de, entre otros aspectos, consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional. La Unión promueve la democracia a través de su política de acceso a la Unión, su política de estabilización y asociación y su política de vecindad por medio de la denominada cláusula democrática o de otras medidas políticas y legislativas dirigidas, entre otras, a Oriente Medio. El caso de Oriente Medio es ciertamente paradójico, pues como indica un estudio de diciembre de 2006, «Zapatero y otros ministros españoles hacen hincapié en su apoyo a la democracia, pero en sus discursos públicos sobre Oriente Medio afirman, con satisfacción, que las reformas en marcha en los Estados árabes representan, de hecho, una democratización, una opinión que pocos observadores independientes comparten». Las medidas europeas por la promoción democrática serán más o menos eficaces, pero la realidad muestra que ésta se ha convertido en un pilar fundamental de su ser interno y su acción exterior. Por ello un gobierno que no la adopte como elemento esencial de su política exterior irá en contra del espíritu europeo, de su tratado constitucional y, probablemente, Constitución futura.


RECAPITULACIÓN


La política exterior española se mueve a impulsos, sin dirección o estrategia premeditada a medio o largo plazo. La moralina inyectada en la política exterior española por el actual gobierno ha contribuido a proyectar la imagen de una España despreocupada por el desarrollo democrático de América Latina u Oriente Medio, desinhibida de uno de los principios fundamentales del ser europeo y de su acción exterior. Pero este principio debería convertirse en pilar fundamental de la política exterior española hacia sus tres obligadas referencias geográficas -Europa, América y el Mediterráneo-, en las que España, por su historia y por su presente, sería su principal impulsor. Es ésta la dirección que requiere nuestra acción exterior, y el fundamento de una política de Estado.

Analista de relaciones internacionales