El profesor Juan Juliá señaló el pasado miércoles en UNIR que hay un elevado consenso en que sea la propia universidad desde su autonomía organizativa la que decida el sistema de gobierno que quiere. Juliá repasó las leyes más importantes en materia universitaria y después propuso una serie de cambios. Juliá es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, de la que fue rector desde 2005 a 2013.
De la LRU (1983) subrayó que modernizó nuestra universidad (adoptó el modelo humboldtiano, de docencia e investigación) y supuso el paso de una universidad dependiente y burocratizada a otra participativa (democrática) e independiente. Crea tres grandes órganos colegiados: la Junta de Gobierno, órgano central de gobierno, presidido por el rector; el Consejo Social, órgano de participación y representación social, y el Claustro, órgano de representación de la comunidad universitaria, elige al rector. La LOU (2001) incrementa la participación al introducir el sufragio directo universal con voto ponderado (reserva un mínimo del 51 por ciento del peso electoral al profesorado funcionario doctor) e introduce la ANECA como gran agencia de evaluación y acreditación. La LOMLOU (2007) aporta la opción de la elección del rector por el Claustro (algo de lo que solo la Universidad de Sevilla ha hecho uso) y facilita la adaptación de nuestra estructura curricular al EEES.
Juliá se preguntó por el desempeño de nuestras universidades de 1983 hasta aquí. Recordó que en el curso 1982/1983 había 700.000 estudiantes, 29 universidades públicas y 4 privadas. En el curso 2015/2016 había 1.500.000 estudiantes, 50 universidades públicas y 33 privadas. Dijo que nuestra producción científica se consolida en torno al décimo lugar del mundo, y continúa creciendo en cantidad y calidad. Sostuvo que la universidad española ocupa en los rankings una posición razonable en atención a los recursos que recibe y a su entorno tecnológico.
Cambios
Ha habido recientemente informes de dos comisiones de expertos, una presidida por Rolf Tarrach (siendo ministro de Educación Ángel Gabilondo), y otra por María Teresa Miras (con José Ignacio Wert como ministro), que proponen lo siguiente: más recursos (garantizar la suficiencia financiera); más autonomía y rendición de cuentas (capacidad de actuación); más captación y atracción de talento (mejora en la selección y condiciones); más agilidad y profesionalidad en el gobierno.
Tarrach en concreto insitía en que había que combatir la excesiva burocracia, fortalecer el papel del rector (selección abierta por concurso internacional entre académicos con prestigio y experiencia en gestión) y en que hubiera un único órgano de gobierno con un máximo de veinte miembros y con un considerable número de externos.
Hay un elevado consenso en que sea la propia universidad desde su autonomía (organizativa) la que decida qué sistema de gobierno quiere. Juliá citó a Javier Uceda: «No parece sensato que, si tenemos universidades distintas, incluso muy específicas, caso de la UNED, que todas, absolutamente todas, dispongan de una estructura de gobierno idéntica».
Ambos informes necesitarían para su plena implantación de una reforma de nuestro marco normativo actual.
Como elementos esenciales para un buen gobierno apuntó: el respeto a la autonomía y la visión de servicio público de interés general, con una participación efectiva de la comunidad universitaria y la sociedad; entender que es el final de un camino, no el principio, ya que sin los instrumentos legales y financieros necesarios carece de efectividad; y la importancia del acierto en la elección de las personas que conforman la estructura de gobierno, cargos y miembros de los órganos colegiados.
Además hay que ajustar y adaptar más nuestra oferta curricular a las demandas de la sociedad y el mercado laboral, tanto en contenidos curriculares y formación en habilidades como en métodos formativos, lo que redundará en beneficio de la sociedad y de la inserción laboral de los egresados; preservar la equidad, con más y mejores becas y ayudas al estudio; reforzar nuestra capacidad de atracción de estudiantes extranjeros y la presencia de profesorado internacional.
Advirtió de peligros como uno que señalaba Francisco Javier Martín: «La captación del profesorado basada en méritos de investigación y no en profesionales cierra la puerta a los mejores ingenieros y dispara el riesgo de que dentro de diez o quince años la ingeniería sea impartida por quien nunca la ha ejercido». Finalmente habló de diseñar una estrategia para mejorar la reputación y de mayor visibilidad internacional de nuestras universidades.
El acto estuvo presidido por Pedro González Trevijano, catedrático de Derecho Constitucional y director del Foro de Nueva Revista sobre el Gobierno de las universidades y por José María Vázquez García-Peñuela, rector de UNIR. Asistieron, entre otros, Miguel Ángel Garrido Gallardo, editor de Nueva Revista y catedrático de Análisis del Discurso (CSIC); Guillermo Calleja, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid); Luis Delgado Martínez, doctor en Ciencias Físicas (SEPIE); Alfonso González Hermoso de Mendoza, secretario general técnico de la Consejería de Educación e Investigación de Madrid; Javier Uceda, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, director la Cátedra Unesco; y Zulima Fernández, catedrática de Economía, Universidad Carlos III (Madrid).
La sesión completa online se puede ver aquí:
https://youtu.be/CKSLuYyQoig&rel=0
