La prórroga de una interminable agonía

Los últimos datos conocidos sobre la marcha de la economía española están poniendo de manifiesto el rápido agotamiento de la fase expansiva en desarrollo. La previsible confirmación de esta primera impresión mostraría que el ciclo alcista ha sido significativamente más breve de lo inicialmente previsto y, como consecuencia, habrá resultado claramente insuficiente para rescatar nuestra economía de su débil posición.

La recuperación de la actividad exportadora, consecuencia básicamente de la serie de devaluaciones sufridas, parece haber llegado a su fin, mientras el consumo interno, precavido ante las muchas y variadas incertidumbres, no toma el relevo. Como consecuencia de todo ello, el ritmo de creación de empleo parece haberse frenado, estando todavía el nivel de paro en cifras completamente alarmantes y atípicas para cualquier país desarrollado.

En este entorno, las dudas existentes acerca de la aprobación del Presupuesto para 1996 añaden un factor más de incertidumbre al complejo panorama económico. Conviene recordar que el Presupuesto se configura en los sistemas democráticos como la representación económica del proyecto político del Gobierno para un año determinado. En consecuencia, su desautorización por las Cortes Generales significa la más contundente respuesta parlamentaria a un programa anual de gobierno.

Desde un punto de vista práctico, la no aprobación de la Ley de presupuestos antes del primer día del ejercicio correspondiente supone, por mandato constitucional, la prórroga automática de los vigentes en el año anterior. A pesar de esta previsión, y de su desarrollo legislativo, no resulta fácil operar en un ejercicio con las cuentas preparadas para otro. Entre otras razones, ha de tenerse presente que las variables macroeconómicas de las que parten todos los cálculos presupuestarios son otras, pudiendo hacer incoherente la actividad pública con la marcha general de la economía; algunas previsiones de gasto tienen una vigencia estrictamente anual y pierden sentido en el siguiente y, además, existen compromisos políticos (revalorización de pensiones y sueldos de funcionarios, nuevos programas de gasto ya anunciados, etc.) de imposible cumplimiento sin una norma de rango legal.

Esta insuficiencia de la prórroga como instrumento único para actualizar las cuentas entre dos ejercicios ha sido solventada, en aquellas ocasiones en que por diversas circunstancias electorales ya se ha planteado, mediante la aprobación por el Gobierno de un Decreto-Ley posteriormente sometido a la convalidación del Congreso. En esta ocasión, conocer lo que ocurrirá con esta necesaria norma complementaria sería tanto como saber con exactitud el momento de celebración de las próximas elecciones generales. La fecha escogida para las elecciones catalanas permite a los nacionalistas aprobar una enmienda a la totalidad a finales de octubre, buscando así una imagen clara de su distanciamiento del Gobierno socialista y aprobar la convalidación del necesario Decreto-Ley en diciembre, tras las votaciones.

El Gobierno tiene a su favor varias circunstancias para conseguir dicho apoyo en diciembre. De un lado, son varios y trascendentes los proyectos de Ley cuya aprobación se encuentra pactada en esta especie de separación de mutuo acuerdo entre PSOE y CiU, y cuya votación definitiva podría condicionarse a un apoyo recíproco. La Ley del Comercio, la del impuesto sobre Sociedades o la del Seguro, todavía en trámite parlamentario, son normas que plasman algunos de los más significativos objetivos nacionalistas en esta legislatura; de otro, el rechazo de dicho Decreto se va a hacer deliberadamente costoso para los grupos de oposición, ya que en él se incluirán, junto a imprescindibles ajustes técnicos, medidas de gran impacto popular, como algunas rebajas impositivas (deflactación de la tarifa y rebaja en un 7,5% del rendimiento estimado para contribuyentes en módulos en el IRPF) o las antes mencionadas subidas en las pensiones y los sueldos de los funcionarios públicos. Como es sabido, en este tipo de votaciones solo cabe un pronunciamiento sobre el conjunto del contenido de la norma, no siendo posible la introducción de matizaciones o variaciones parciales.

Ante esta situación, los mercados financieros, muy significativamente la Bolsa, han comenzado a flaquear ante la posibilidad de un retraso en la convocatoria de las elecciones generales. Indudablemente, la prórroga presupuestaria unida al Decreto-Ley de medidas urgentes dejaría en manos del Presidente del Gobierno, González o su sucesor, la posibilidad de agotar la legislatura hasta 1997. La posible prórroga de una interminable agonía no parece, obviamente, la mejor perspectiva en la que situar el futuro de la economía española. Cuando se reclaman urgentes reformas del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad, cuando se constata que el insuficiente ajuste presupuestario ha repercutido esencialmente donde más puede perjudicar al crecimiento, esto es, en las inversiones públicas, cuando se terminan inexorablemente los plazos de convergencia sin haber alcanzado los objetivos previstos, resulta más necesario que nunca contar con un Gobierno fuerte capaz de encaminar la economía por senderos más estables y seguros. En los primeros días de diciembre, en la resaca de las elecciones catalanas, la lógica presupuestaria pondrá en manos de ciu la celebración de elecciones generales.