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Entre los economistas es po pular, desde hace mucho tiempo, la expresión «tiranía del statu quo» para designar la enorme resistencia social que suelen encontrar las medidas de reforma económica, especialmente aquellas que incrementan la competencia o terminan con privilegios cuyos beneficiarios han llegado a considerar intocables. La reciente crisis francesa es  un  buen  ejemplo  de cómo reaccionan las personas ante los cambios que les crean inseguridad, aun en el caso de que les beneficien a largo plazo.

Uno de los aspectos más llamativos de las huelgas francesas ha sido que la protesta, que incialmente reflejaba el descontento de los empleados públicos, ha terminado siendo asumida como propia por la mayor parte de la población, es decir, por aquellas personas que con sus impuestos pagan las ventajas  de  las que hoy disfrutan aquéllos. No debe olvidarse que las propuestas de partida del gobierno de Juppé consistían fundamentalmente en una modi ficación del sistema de pensiones de los funcionarios, hoy  privilegiados en este campo frente a los trabajadores del sector privado, en una posible privatización de los ferrocarriles, y en una reforma del sistema sanitario, que afecta además al control que actualmente tienen los sindicatos de un importante volúmen de fondos públicos. Algunas de estas reformas serían, por tanto, muy ventajosas para la mayor parte de la población, al reducir el gasto e incrementar la eficiencia de los servicios públicos. Pero poca gente lo ha visto así. Lo que la población ha perci bido ha sido, en cambio, un ataque al Estado del Bienestar; o, en términos más generales, un ataque al mundo que conocen y  en el que se sienten más o menos seguros.

Los franceses, como los españoles y muchos otros europeos, parecen negarse a entender que el llamado «Estado del Bienestar» ha llegado a un punto en el que son precisas reformas radicales para salvar lo que aún le queda de positivo; que hemos entrado en un mundo de economía global en el que el mercado único europeo es solo una parte del gran mercado mundial; y  que los sistemas  fiscales  fuertemente  progresivos que servían de base al Estado del Bienestar keynesiano ya no funcionan. Se trata, en resumen, de que el mundo de finales del siglo xx es muy distinto del que existía hace solo dos décadas.

La torpeza con la que se redactaron los acuerdos de Maastricht, y los previsibles efectos negativos de la moneda única en los países de más baja productividad que no sean capaces de eliminar la rigidez de sus mercados, han permitido que la Unión Europea aparezca como chivo expiatorio y que los partidarios y adversarios del cambio atribuyan a la Unión una importancia excesiva. La cuestión fundamental es, sin embargo, que las reformas hay que realizarlas con y sin Tratado de Maastricht. Y que no es una buena solución tomar a la moneda única como justificación, o como culpable de unas medidas que cada país debe adoptar por su propio interés.

¿Cuáles pueden ser las repercusiones de la crisis francesa en nuestro país? A lo largo de estas últimas semanas pocos analistas y políticos han resistido la tentación de proyectar sobre España lo que ocurre al otro lado de los Pirineos. Desde el gobierno se han apresurado a presentar estos sucesos como la prueba de que una reforma económica liberal no puede funcionar; y que, si el Partido Popular gana las próximas elecciones e intenta llevarla a cabo, se encontrará con una reacción social parecida.

El diagnóstico, sin embargo, además de interesado, resulta bastante equivocado. Lo que ha pasado en Francia no se debe al intento de realizar una reforma liberal de la economía. Entre otras cosas, porque ni Juppé ni Chirac son liberales. Su error ha consistido, más bien, en engañar a la opinión pública en la campaña electoral y aplicar una serie de medidas de reforma con el único argumento de que la convergencia con Alemania lo exige. No creen, sin embargo, en la liberalización de la economía. El único miembro del gobierno que era un liberal coherente, Madelin, tuvo que dimitir hace ya algunos meses porque su programa de «abrir el capitalismo francés» fue rechazado por los sindicatos, los empresarios y sus propios compañeros de gabinete.

Lo que ha hecho el gobierno francés se parece, por tanto, bastante a la política que ha venido llevando a cabo el gobierno español en los últimos años. Como en Francia, en España no tenemos un programa económico coherente, en el que crean nuestros gobernantes: solo hay una vaga idea europeísta con la que se intenta explicar la necesidad de las reformas. Si el Partido Popular llegara al gobierno en marzo, su problema no sería solo decidir qué política económica tiene que aplicar, sino también pensar cómo presentar un programa de reforma económica que pueda ser entendido por la población española y que genere esa cierta ilusión que suele acompañar a las propuestas de cambio.


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