Érase una empresa que perdía trescientos millones de las antiguas pesetas cada día del año. Érase que esas tan pesadas cargas no las sufragaba una gran empresa, ni accionistas, ni un multimillonario caprichoso, sino todos los españoles. Erase que ese colosal coste no era a cuenta de un servicio público vital, o siquiera de una importancia social que pudiera justificar el desembolso, sino que producía más o menos lo mismo que la competencia, haciendo además una competencia desleal a las empresas privadas. Érase que se nombra responsable máximo de este dislate no a un probado gestor, sino a una persona sin el menor conocimiento ni experiencia empresarial. Érase que dicho responsable acumula en pocas semanas un auténtico récord de dislates, que deben ser desmentidos por otros responsable superiores, en un juego de despropósitos que hubiera hecho reaccionar en días a cualquier consejo de administración de cualquier empresa mediana del mundo. Pues esa montaña de errores acumulados y culpas compartidas es RTVE.
RTVE perdió el pasado año 623 millones de euros, a pesar de una importante progresión de los ingresos publicitarios hasta los 851 millones de euros, gracias a una agresiva política de tarifas, que erosionó los resultados de la competencia. Se podría preguntar: la acumulación de gran número de anuncios entre programa y programa y en medio de los mismos, ¿es acaso un servicio público destinado a elevar las mentes y la cultura de la audiencia? ¿O el déficit de RTVE se justifica socialmente por la incitación al consumo que ofrece RTVE, con importantes afectos sobre el crecimiento de la economía española?
En ese mismo ejercicio la cadena competidora Tele 5 logró unos beneficios netos de 122 millones de euros. Claro que Tele 5 tiene una plantilla que es casi la mitad de la de la cadena pública, con un pequeño equipo directivo que se repartió el año pasado una retribución conjunta bastante comedida de 3,3 millones de euros (RTVE tiene en plantilla a 2.243 jefes, con lo que tocan a la incríble ratio de 2,96 «indios» por cada jefe. De ellos, 22 directivos cobran más sueldo que el presidente del Gobierno y otros 40 cobran más que el vicepresidente). Esta cadena privada acaba de salir a bolsa en una OPV que ha sido la segunda más sobresaliente y con mejores rendimientos de los últimos años (la primera fue Inditex). Más de 200.000 nuevos accionistas pudieron ver cómo su inversión se revalorizaba el 23 % en su primer día de cotización. La capitalización bursátil de Tele 5 está ahora en torno a los 3.000 millones de euros, habiendo superado netamente a su otra competidora privada, Antena3, que se mueve en el entorno de los 2.500 millones.
Con todo esto podemos colegir fácilmente que la televisión, hecha con rigor empresarial, es un gran negocio. Mientras, la deuda acumulada de RTVE ya ha superado los 7.000 millones de euros, según el ministro Solbes. He aquí que Tele 5 come cuota a RTVE semana tras semana, sin que ni los partidos del campeonato de fútbol europeo que transmite la cadena pública lleguen a arreglarlo. He aquí que en el mes de junio logra adelantar a Televisión Española y la máxima responsable del ente, la catedrática Carmen Caffarel, solventa la pérdida de clientela arguyendo tan ricamente que «no pasa nada» y que «debemos acostumbrarnos a que TVE-1 pierda el liderazgo». O sea, que el problema es que estamos mal acostumbrados. Aquí hay que pagar y callar. Y cuando un alto responsable del Gobierno que ha nombrado a la señora Caffarel en el puesto insinúa la posibilidad de tener que proceder a una privatización parcial del ente, la susodicha catedrática reacciona indignada descartando categóricamente cualquier privatización, con lo que el comité de sabios que ha designado el Gobierno para buscar una salida al dislate de RTVE ya tiene hecho una parte vital de sus deberes: se lo ha solucionado de un plumazo la señora Caffarel. El vicepresidente y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, se ve obligado a salir a la palestra, con el gesto cansado de quien lleva encima una pesada carga: «No excluyo ninguna posibilidad sobre el futuro de RTVE». Pues claro. Pocos días después, el guardián de la libre competencia en la Unión Europea, Mario Monti, amenaza: «Expedientaré a RTVE si no cesan las ayudas». Y Caffarel vuelve al pienso reiterando que RTVE no puede vivir sólo con el dinero recaudado con la publicidad que emite, como lo hace su competencia con brillantes resultados, sino que es imprescindible la ayuda estatal. Caffarel cambia a casi todos los puestos directivos, pierde cuota y justifica la manipulación informativa en favor del Gobierno que la ha nombrado por «la legitimidad que dan las urnas». A los pocos minutos se desdice afirmando que ha sido mal interpretada. Mientras, el comité de expertos manda más de medio centenar de cartas con objeto de recabar ideas para el futuro de la televisión pública. ¿Le habrán mandado una a Caffarel?
Por si acaso, nosotros aportamos nuestro granito de arena. Teniendo en cuenta que al comité de sabios le han dado nueve meses para emitir su parecer, a 300 millones de pesetas diarios a cargo del bolsillo de todos los españoles, lo que suponen 80.000 millones de las antiguas pesetas sólo para el parecer, que luego está el compromiso del Gobierno para remitir el dictamen al Parlamento para que lo discuta y lo apruebe definitivamente, tarea que promete ser ardua y extensa en el tiempo, pues digo yo si no podríamos aligerar un tanto el potosí de dinero público que nos va a costar el paripé y dedicar el dineral al hambre en el mundo, a la ayuda al desarrollo o a la educación que palie los estragos producidos en las mentes por la televisión basura, que también la TVE contribuye a propagar como plaga bíblica.
Y digo bien: el paripé. Porque el recurso al comité de expertos lo es, a todas luces, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista empresarial, la SEPI, experta en tales asuntos como la primera, ya ha dejado estudiado y dicho por dónde van los tiros. Y teniendo en cuenta, sobre todo, que el arreglo de la patata caliente de RTVE, ya puesta sobre las brasas en la anterior etapa socialista y azuzadas las llamas por el Gobierno del PP, está en una decisión política que nadie quiere asumir. Así que mejor será que unos «expertos» digan lo que todo el mundo medianamente enterado sabe de memoria, para así intentar meter mano a la patata con los guantes del artificio, aunque esos guantes de amianto nos cuesten lo que el trazado de tres o cuatro líneas del AVE. ¿Tan inmaduros juzgan a los españoles? ¿Por qué no empezamos por preguntar en una gran encuesta a los españoles cuánto estarían dispuestos a pagar por una televisión pública de calidad, lo que no deja de ser inmaculadamente democrático? Luego se redimensiona la megalítica RTVE a uno o varios canales de calidad, razonablemente modestos y sin entrar en las guerras de audiencia. La experiencia demuestra hasta la saciedad que la calidad no requiere necesariamente megapresupuestos, antes al contrario, el dinero público diarreico suele producir monstruos. Para este encomiable cometido seguramente no son imprescindibles 2.243 jefes. Claro está que algunos han de perder el chollo y algunos sindicatos que juegan a proteger rabiosamente el statu quo pondrán el grito en el cielo. Esta es una decisión política, no técnica y los políticos están para amarrar esas moscas por el rabo. Pues que asuman sus responsabilidades y ahorren a los españoles un montón de dinero en pasteleo. De nada.