El elefante en la habitación: la (in)sostenibilidad de las pensiones

Santiago Calvo. Doctor en Economía y profesor de la Universidad de las Hespérides. Subdirector del Centro Ruth Richardson. Columnista de El Mundo y colaborador del Instituto Juan de Mariana.

Daniel Fernández, Doctor en Economía y profesor de la Universidad de las Hespérides.

ArtÍculo

Vivimos en España con un elefante en medio de la habitación, pero preferimos mirar para otro lado y hacer como que no está. Si no lo domesticamos y adelgazamos, destruirá nuestra casa. Con ese símil tan gráfico, analizan Santiago Calvo y Daniel Fernández la insostenibilidad del sistema de pensiones que terminará colapsando en unas décadas, con graves consecuencias sociales y económicas, si no se pone remedio a tiempo.

Especialistas en analizar el modelo español a través del Monitor de Pensiones del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides, los autores pretenden concienciar con su documentado ensayo a los poderes públicos y al ciudadano medio de «la necesidad inaplazable de reformar el sistema». Y lo hacen explicando, con propósito didáctico, cómo funciona y qué alternativas inspiradas en otros países de nuestro entorno se podrían aplicar aquí.

A diferencia de las crisis económicas que actúan sobre las sociedades como la dinamita, provocando daños inmediatos y visibles, según decía Alfred Sauvy, las crisis demográficas se parecen más a las termitas: avanzan lentamente, casi sin percepción pública, pero pueden comprometer la solidez del edificio, como observa el catedrático Pedro Reques. Y España afronta uno de esos procesos silenciosos: el envejecimiento sostenido de su población y el consiguiente desafío para la sostenibilidad de las pensiones.

Los autores intentan huir de dos extremos que califican de igualmente estériles: el catastrofismo que anuncia el fin del sistema como quien anuncia el apocalipsis, y el optimismo complaciente de quienes aseguran que las pensiones están garantizadas. Entre esos dos extremos, hay un enorme espacio para el análisis sosegado, y eso han pretendido hacer Calvo y Fernández.

Un gasto de más del 13 % del PIB

La pregunta que se hacen es por qué este libro y por qué ahora, puesto que el tema lleva décadas en el debate público español. Responden que sobre las pensiones se ha dicho mucho, pero se ha explicado poco. Así que exponen, en primer lugar, los términos del problema.

El gasto en pensiones en España supone actualmente el 13,7 % del Producto Interior Bruto (PIB), con un 21,2 % de población mayor de 65 años, una cifra elevada en el contexto europeo. Según las proyecciones del Ageing Report (Informe sobre Envejecimiento) de la Comisión Europea (2024), este gasto podría alcanzar el 16,7 por ciento del PIB en las próximas décadas. A juicio de Calvo y Fernández, el déficit contributivo, es decir, las diferencia entre lo que se recauda por cotizaciones y lo que se paga en pensiones contributivas, se sitúa en torno al 3,8 % del PIB.

La pensión media en España no ha dejado de crecer en términos reales, señalan los autores, impulsada por el efecto sustitución: los nuevos jubilados perciben pensiones más altas que las de quienes fallecen, porque cotizaron más años y sobre salarios más elevados. De hecho, nuestro país es uno de los que mayor esfuerzo realiza en el pago de pensiones en la UE: el tercero, tras Austria e Italia, por delante de Francia, Bélgica, Luxemburgo y Finlandia.

Contraindicaciones del sistema de reparto

Para entender el problema hay que tener en cuenta que el español es un sistema de reparto. Los trabajadores en activo pagan cotizaciones sociales cada mes, y ese dinero se utiliza inmediatamente para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados. El dinero entra por un lado y sale por otro.

Este diseño establece un contrato implícito entre generaciones: cada generación de trabajadores financia las pensiones de la generación precedente, con la expectativa de que la generación siguiente hará lo mismo con ella. Se trata de un pacto basado en la confianza y sobre todo en la demografía. Si la población activa crece, los salarios aumentan y la proporción entre quienes cotizan y quienes cobran es favorable, funciona razonablemente.

Pero se vuelve frágil, explican los autores, cuando la demografía se invierte, los salarios se estancan o la generación que llega a la jubilación es más numerosa que la que entra en el mercado laboral. El problema de España, indican, es que el sistema ha venido ofreciendo una rentabilidad implícita muy superior a la tasa de crecimiento de la masa salarial, generando un desequilibrio que se ha cubierto con transferencias crecientes del Estado, y que la demografía va a agravar de forma dramática en las próximas décadas.

2,1 trabajadores por cada pensión

La pregunta decisiva es: ¿cuántos trabajadores sostienen a cada jubilado en España? Esta ratio es el indicador más intuitivo de la salud del sistema de reparto. Cuántos más cotizantes haya por cada pensionista, más holgado será el sistema. Y al revés.

En España, la proporción de trabajadores/jubilados ha ido cayendo de forma sostenida desde los años 60 hasta la actualidad. A mediados de los 80, la ratio era de 5 a 1. Luego, de 4 a 1. Hace no mucho, teníamos alrededor de tres trabajadores y medio por cada pensionista. Hoy, apenas existen 2,1 cotizantes efectivos por cada pensión que paga la Seguridad Social. Es decir, dos trabajadores deben generar los recursos para pagar la pensión de un jubilado, con todo lo que eso implica de presión fiscal sobre las rentas del trabajo.

Durante décadas, el sistema tenía el viento de la demografía a favor. La generación del baby boom abrió un período conocido como bono demográfico: abundancia relativa de mano de obra que favorece el crecimiento económico y facilita la financiación de las cuentas públicas. Pero el desplome de la natalidad, a partir de mediados de los años 70, produjo un efecto de «pinza demográfica particularmente severo». Y desde ahora hasta el año 2050 aproximadamente, cuando los últimos integrantes de esta generación hayan fallecido, «la presión sobre el sistema de pensiones no hará sino intensificarse».

El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad hacen que el modelo de reparto tienda a generar déficits crecientes. Las cotizaciones sociales solo cubren 7 de cada 10 euros que se pagan en pensiones en España, de modo que el Estado tapa cada año un déficit estructural que en 2025 rondó los 70.000 millones de euros. Como se detalla en los gráficos del libro, la Seguridad Social acumula 16 años de desequilibrio financiero estructural.

Las siete reformas emprendidas por los gobiernos desde los años 80 se han revelado ineficaces, indican los autores. El resultado es un sistema más complejo que el original, con requisitos de acceso más exigentes, y una normativa complicada de entender. Y el gasto en pensiones ha pasado del 6 por ciento del PIB al 13 por ciento actual: el déficit contributivo es crónico.

Calvo y Fernández argumentan que las reformas no han funcionado porque ninguna ha alterado la arquitectura fundamental del sistema, que sigue siendo de reparto y de prestación definida. En consecuencia, se necesita un cambio de arquitectura, que los autores concretan en la segunda parte del libro, a través de una hoja de ruta, inspirada en lo que ya funciona en otros países.

Hoja de ruta basada en tres pilares

Calvo y Fernández proponen «un modelo basado en tres pilares». Primero, mantener el sistema público de reparto, pero calculado mediante cuentas nocionales, inspirado en el modelo sueco y perfeccionado por el holandés. Las nocionales son cuentas individuales virtuales que registran las cotizaciones de cada trabajador y sirven, como referencia contable, para determinar su futura pensión.

El segundo pilar consiste en introducir un componente de capitalización real que acumule patrimonio y genera rendimientos financieros, basado en el sistema de pensiones chileno. Esta fórmula aporta algo que el componente de reparto no puede ofrecer: independencia frente a la demografía. Los fondos de pensiones acumulan activos reales, invertidos en empresas, infraestructuras y deuda de todo el mundo; y sus rendimientos dependen de la productividad global de la economía, no de la ratio entre cotizantes y pensionistas de un solo país.

Y el tercer pilar sería fomentar el ahorro voluntario individual con incentivos fiscales, lo que complementa los dos anteriores.

La transición tendría que ser gradual y respetar plenamente los derechos adquiridos de los pensionistas actuales. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, sino de ordenar el sistema.

El coste mayor de no hacer nada no solo es económico sino también fiscal, creciente e insostenible; de equidad intergeneracional; de credibilidad; y de oportunidad, que se mide en todo lo que España deja de hacer mientras dedica recursos crecientes a financiar un déficit provisional que no deja de crecer.

Porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Incluido el Pacto de Toledo que, si bien «permitió ordenar algunas cuestiones, no afrontó el problema de fondo que ya se veía venir: el envejecimiento de la población y el desequilibrio entre cotizantes y pensionista» como asegura Santiago Calvo en una entrevista a El Mundo.

Sería necesario ahora, un nuevo Pacto de Toledo, considera el economista, reuniendo a los mejores expertos y «sacar el sistema de pensiones del ciclo político». Calvo introduciría mucha más transparencia: «En Suecia cada trabajador recibe información detallada sobre sus aportaciones y la pensión estimada que percibirá. Eso genera confianza y certidumbre».

Mejor un ajuste ordenado y gradual que un colapso

En qué se concretaría el ajuste que proponen. Los autores se remiten al escenario basado en las simulaciones de Devesa, Doménech y Meneu (2025) para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que estima que las pensiones medias serían un 12,2 por ciento inferiores a las del sistema actual, o bien un 10,7 % menos. Este ajuste representa exactamente «el exceso de generosidad que el sistema actual incorpora y que debe corregirse para que sea sostenible». Pero esa hipótesis está condicionada por el crecimiento económico. Si este fuera inferior al histórico, como proyecta el citado Ageing Report, «el ajuste necesario sería del 25 por ciento».

Un ajuste del 12 % puede parecer elevado, pero es preciso recordar —indican los autores— que siempre es mejor una reducción ordenada y gradual que enfrentarse a un ajuste forzado y abrupto cuando el sistema colapse bajo el peso de la demografía. Y también hay que tener en cuenta el efecto mitigador que tendría la capitalización, contemplada en la mencionada hoja de ruta, al proporcionar ingresos complementarios que compensarían parcial o totalmente esa reducción.

Como subrayan Calvo y Fernández en el capítulo La transición; calendario, fases y salvaguardas, es preciso afrontar un problema de tan graves consecuencias económicas y sociales, y hacerlo cuanto antes, con medidas como las propuestas, para «construir el puente que conecta el sistema que tenemos actualmente con el sistema que necesitamos».

Crédito de la foto: jhenning / Pixabay