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Parece que el ministro de Economía no lo tiene fácil en la elaboración del presupuesto. La herencia envenenada que recibió del gobierno anterior, una mayoría parlamentaria difícil y sus propias promesas electorales le obligan a buscar la cuadratura del círculo, que consiste, en este caso, en no aumentar los impuestos y reducir el total de gastos sin tocar la cuantía de la mayor parte de los sumandos. Aunque tendría poco sentido opinar sobre lo que puede suceder con un presupuesto cuyo proyecto ni siquiera ha sido presentado a las Cortes, sí es posible, sin embargo, hacer un comentario sobre algunas de las modificaciones en materia fiscal introducidas en los últimos meses.

Sin entrar en el análisis de cada una de las medidas, las propuestas aprobadas -o conocidas- hasta el momento parecen limitarse a dos objetivos: disminuir la carga fiscal que soporta (al menos formalmente) el ahorro y obtener ingresos para reducir el déficit público. No se ve, sin embargo, que el gobierno se haya planteado a corto plazo una reforma fiscal como la que realmente necesita la economía española.

La mejora de la fiscalidad del ahorro no solo es una medida acertada, sino seguramente inevitable. En una economía abierta con libre movilidad internacional de capitales, como ahora es, afortunadamente, la economía española, una tributación sobre el capital como la que ha existido en nuestro país hasta hace poco tiempo crearía serios incentivos para la colocación en el exterior de los patrimonios mobiliarios, siempre que su cuantía compensara los costes de transacción más elevados que esa decisión supondría para el inversor. Los grandes patrimonios se situarían, por tanto, fuera de nuestro país y serían los patrimonios pequeños los realmente perjudicados por una tributación muy gravosa. Por otra parte, los largos plazos exigidos hasta ahora para dejar libres de tributación las ganancias de capital tenían como efecto indeseable la creación de trabas a la movilidad del capital, que en muchos casos no se desplazaba a los empleos más rentables y eficientes para la economía del país a causa de simples motivos fiscales. Las reformas del gobierno plantean, sin duda, algunos problemas técnicos importantes, como el del tratamiento diferenciado de diversos tipos de activos financieros sin causas que realmente lo justifiquen. Con todo, el camino emprendido es bueno y es de esperar que los desajustes se vayan corrigiendo con el tiempo.

El aumento de los impuestos sobre el consumo de alcohol y tabaco a nadie puede sorprender y no refleja, desde luego, una gran imaginación. Todos los gobiernos que quieren reducir el déficit presupuestario acuden, desde tiempos inmemoriales, al arbitrio de reducir el sueldo a sus empleados y al de elevar los impuestos sobre el consumo de aquellos bienes que, no siendo estrictamente necesarios para la vida, tienen además una función de demanda bastante rígida. El alcohol y el tabaco son dos ejemplos típicos y el gobierno ha visto en ellos, una vez más, un buen instrumento para aumentar los ingresos del Estado.

Más compleja es la decisión sobre el establecimiento de una tasa sobre determinados servicios médicos. El tema ha pasado a ocupar un lugar destacado en los medios de comunicación. Pero, como tantas veces ha venido sucediendo estos últimos meses, a los ciudadanos solo les han llegado una serie de ideas confusas, que la mayoría rechaza sin acabar de entender. Para la mayor parte de los españoles, la propuesta de cobrar una pequeña cantidad por las recetas tiene como único objetivo la obtención de nuevos ingresos. Parece, por tanto, que se debería haber explicado desde el ministerio el efecto positivo que este tipo de tasas tiene en la asignación de recursos. En otras palabras: una posible pequeña tasa cobrada, por ejemplo, en cada visita al ambulatorio no tendría como principal resultado el aumento de la recaudación, sino el de permitir una mejor atención a las personas realmente enfermas, ya que estimularía a muchos de nuestros compatriotas a buscar entretenimientos distintos al de visitar regularmente al médico cuando están totalmente sanos. Pero nada de esto se ha hecho. Da la impresión de que el gobierno o está resignado a asumir el papel del malo de la película, o bien su capacidad para explicar lo que quiere hacer con la economía es muy limitada.

Si algo resulta claro, sin embargo, es que estas medidas -y otras similares que puedan adoptarse- no atacan los problemas de fondo del sistema fiscal español. Nuestro sistema tributario, como en muchos países europeos, presenta deficiencias muy graves cuya solución requiere una reforma fiscal profunda. Es cierto que al gobierno le guían en este momento criterios de corto plazo para cumplir las condiciones de convergencia del Tratado de Maastricht. Y cuando ése es el objetivo cualquier remiendo vale. Pero entrar en la moneda única con el traje lleno de remiendos puede traer muchos problemas en el futuro. •


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