Compartir:

REFLEXIÓN INICIAL

Basta una mirada rápida para comprender que no faltan informes sobre la universidad española y, por ende, sobre las líneas de mejora y reforma que debería acometer el gobierno, como máximo responsable del sistema universitario español (SUE).

Entre los más manejados destacan El gobierno de la educación superior en Europa de Eurydice (2009), Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana—comúnmente conocido como Informe Tarrach (2011)—, La mejora de la gobernanza universitaria en Cataluña de la Generalitat de Cataluña (2012), La nueva gobernanza de los sistemas universitarios compilado por Barbara M. Kehm (2012), Autonomía universitaria y sistema de gobernanza de Francesc Xavier Grau (2013) o Atreverse a volar alto: una estrategia para desarrollar universidades de rango mundial en Chile de Jamil Salmi (2013).

NO FALTAN INFORMES SOBRE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA: EL ESPEJO DE OTROS PAÍSES

Por su parte, el gobierno aprobó en abril de 2012 la creación de una comisión de expertos, formada por once miembros seleccionados de acuerdo con su indudable prestigio académico o profesional: María Teresa Miras-Portugal, Óscar Alzaga Villaamil, José Adolfo de Azcárraga Feliu, José Campmany Francoy, Luis Garicano Gabilondo, Félix M. Goñi Urcelay, Rafael Puyol Antolín, Matías Rodríguez Inciarte y Mariola Urrea Corres. Esta comisión recibió el cometido de elaborar una propuesta de reforma del sistema universitario español; una reforma que el ministerio pretendió orbitar sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización. El informe que los miembros de esta comisión presentaron en febrero de 2013, bajo el título de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, gira en torno a los siguientes aspectos: la gobernanza de las universidades; la evaluación, excelencia y competitividad; el profesorado universitario y el acceso a los cuerpos docentes; la financiación; la oferta académica, y los estudiantes.

Al margen de informes, tampoco faltan otras referencias de nuestro entorno. Basta mirar al espejo de las mejores universidades del mundo para comprobar que se repite una misma esencia: similar modelo de gobierno, de financiación y de selección de estudiantes y docentes.

Como dice Kehm (2012) «La gobernanza institucional se ha convertido en un elemento crucial». Se buscan líderes universitarios con funciones de gestión, con el fin de potenciar el liderazgo ejecutivo en detrimento del poder colegiado en organismos deliberativos y representativos. Y como ejemplo, se podría considerar la situación de los Países Bajos, donde «los organismos de representación —en los que participan académicos, no académicos y estudiantes— han pasado de ser organismos de toma de decisiones a organismos asesores».

Las reformas que han llevado a cabo países europeos de gran tradición democrática (Francia, Reino Unido, Países Bajos…) en sus sistemas universitarios han coincidido en dotar de mayor autogobernanza gestora y mayor orientación estatal —que no regulación— a la vez que una menor autogobernanza académica.

Por su parte, y en relación con la captación de fondos, el modelo más frecuente de financiación de las más prestigiosas universidades del mundo tiende una menor dependencia de los recursos públicos y una evidente tendencia a generar ingresos propios. En otras palabras, la verdadera independencia de las universidades más prestigiosas está fundamentada sobre niveles mayores de independencia económica. Parece ser una eficaz forma de contar con universidades potentes y competitivas.

Otros países, no obstante, optan por un estadio intermedio de dependencia económica, la financiación vinculada a resultados, con resultados también satisfactorios.

Pero tampoco faltan clasificaciones internacionales —rankings universitarios— que son un buen indicador de nuestras universidades aunque, a ojos del observador superficial, no contemplan toda la realidad, que es muy compleja y matizada. En efecto, limitarse a asumir los resultados de estos rankings internacionales, sin analizar los detalles por áreas, desvirtúa el trabajo de muchos departamentos españoles que mantienen una altísima calidad. Así lo ratifica el análisis de la posición de las universidades españolas en los rankings internacionales a través de proyecto FICUE (Fotografía Internacional Calidad de las Universidades Españolas), basado en un análisis por áreas y centros, que ha llevado a cabo la Fundación Universidad.es. Este análisis por áreas muestra que hay treinta centros españoles que se sitúan entre los doscientos primeros del mundo en, al menos, una disciplina. En total, suman 273 apariciones contabilizando todas las materias y todos los rankings. En el top cien hay 19 universidades españolas, que aparecen en un total de 81 ocasiones, y las disciplinas donde hay una presencia española más destacada son Ciencias Agrícolas, Matemáticas, Informática, Química y Física.

Consciente de la importancia de las clasificaciones internacionales, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte constituyó un grupo de trabajo destinado a analizar la participación de las universidades españolas en los principales rankings internacionales (QS, THE, ARWU-Shanghái), con el objetivo de elaborar un manual de buenas prácticas que ayude a las universidades españolas a mejorar su posicionamiento en dichas clasificaciones. Los rankings internacionales contribuyen a dar visibilidad a nuestras universidades y son claves para la captación de talento. Por este motivo, el gobierno ha considerado conveniente cultivar una «cultura de ranking» en las universidades españolas y ofrecer indicaciones útiles que les animen a participar en estos rankings y explotar sus fortalezas de cara a los mismos. Hay diversos factores que explican por qué las universidades españolas no destacan en estas clasificaciones internacionales, como el hecho de que nuestras universidades son muy genera-listas y la excelencia académica está muy dispersa. Este último factor significa que el sistema universitario español es equilibrado y equitativo, pero le resta visibilidad en el exterior. De ahí la importancia de poder dar a conocer más allá de nuestras fronteras a aquellos departamentos o facultades que destacan desde una perspectiva europea o global.

Con el objetivo de plantear mejoras y reformas en el sistema universitario español, es necesario, en primer lugar, clarificar quienes son los verdaderos clientes de la universidad. En una primera respuesta se podría pensar que los clientes son los estudiantes; sin embargo, una reflexión más pausada conduce a la conclusión de que el verdadero cliente de la universidad es el conjunto de la sociedad. En este contexto, podríamos decir que los estudiantes son el producto de la universidad.

Las universidades deben preparar a los estudiantes para enfrentarse al mundo laboral en las mejores condiciones. Por tanto, las universidades deben permanecer atentas a las demandas de la sociedad en la que se desenvuelven y a la demanda de las empresas que solicitan profesionales bien formados. Solo desde este convencimiento el gobierno podrá acometer reformas de mayor o menor calado que permitirán al sue alcanzar una mayor calidad y un mayor reconocimiento.

DIÁLOGO CON LOS PROTAGONISTAS: LA AGENDA DE TRABAJO DEL MECD

Así pues, tanto el informe de la comisión de expertos como otros muchos documentos de análisis han sido el punto de partida para abrir un proceso de diálogo sobre las medidas que se han de llevar a cabo en el ámbito universitario. Un proceso de análisis en el que han jugado un papel fundamental los protagonistas del sistema universitario: universidades, comunidades autónomas, estudiantes, sindicatos, consejos sociales… Este trabajo, junto con los resultados de los rankings internacionales y los distintos estudios sobre la universidad española, ha permitido diseñar algunas medidas importantes en esta legislatura, que se incardinan en tres objetivos: la internacionalización del sistema universitario español, una mayor flexibilidad de la universidad española y la inserción laboral de los egresados universitarios.

El primer objetivo, la internacionalización de la universidad española, ha sido prioritario en la agenda de trabajo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, puesto que la actual sociedad global y del conocimiento en la que vivimos plantea dos grandes retos a las universidades españolas en su triple misión de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. En primer lugar, tienen que responder a la cada vez mayor demanda de personal cualificado, con capacidad para innovar y emprender, así como para desarrollar su trabajo a nivel global. En segundo lugar, no pueden permanecer al margen de los esfuerzos que universidades de todo el mundo están haciendo por atraer talento, tanto estudiantes como profesores e investigadores, pues de ello dependen en gran medida sus oportunidades de participar en programas, proyectos y redes de cooperación internacional en educación, investigación e innovación.

La internacionalización de la educación superior universitaria es un factor esencial de la reforma para la mejora de la calidad y de la eficiencia de las universidades españolas y para avanzar hacia una sociedad y una economía del conocimiento que propicien un modelo de desarrollo y crecimiento más sólido y estable para nuestro país.

España capta un 2,5% de los estudiantes extranjeros, por lo que está todavía lejos de países como ee.uu. (16,5%), Reino Unido (13,0%), Alemania (6,3%) o Francia (6,2%). Si bien ha experimentado un importante crecimiento respecto del año 2000 y ha conseguido incrementar su porcentaje en el mercado internacional de la educación superior hasta ocupar la novena posición. En el curso 2012-2013 había matriculados en las universidades españolas 74.297 estudiantes extranjeros: 53.832 en grado y 20.465 en máster.

Se observa, por tanto, una tendencia de crecimiento estable de la tasa de variación anual de los estudiantes extranjeros de grado, en torno al 3-3,5%. Sin embargo, la tasa de variación anual de máster, que estaba significativamente por encima de la de grado, aunque con una tendencia decreciente (casi 27% en 2009-2010 y 2010-2011 y 13,9% en 2011-2012), en el curso 2012-2013 ha sido, por primera vez, negativa, lo que significa que el número de estudiantes extranjeros de máster se ha reducido en el último curso.

Estos datos indican que España tiene potencial y margen de mejora de las cifras antes indicadas. Nuestro país cuenta, además, con dos importantes activos: una oferta académica de calidad y el español, que es la segunda lengua más utilizada del mundo.

Como consecuencia de todo ello, el gobierno está desarrollando diversas medidas encaminadas a favorecer la internacionalización del sistema universitario español, para que sea capaz de atraer un mayor número de estudiantes y docentes extranjeros. Esto redundará en la calidad del sistema y ofrece a las universidades vías alternativas de financiación. En este sentido, cabe señalar que el sector de la educación superior internacional tiene un gran peso en la economía de países como Reino Unido (8,25 miles de millones de libras) o Australia (15,5 miles de millones de dólares australianos).

Con este fin, el ministerio ha desarrollado y presentado recientemente una Estrategia de internacionalización de las universidades españolas. Esta estrategia está llamada a coordinar y reforzar las iniciativas que el ministerio viene impulsando con el objeto de incrementar, a nivel europeo y global, el atractivo de las universidades españolas, a fin de convertir a las mismas en polos de atracción de talento extranjero.

Para la elaboración de la mencionada estrategia se ha creado un grupo de trabajo de internacionalización de universidades, que integra a los protagonistas del sistema universitario español (universidades, organizaciones empresariales, fundaciones, asociaciones, etc.) y a los ministerios competentes en la materia (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Economía y Competitividad, ICEX, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Empleo y Seguridad Social), además del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Universidad.es, el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos y ANECA.

A esta medida se suman distintas iniciativas que desde el ministerio se han impulsado en esta legislatura, como la flexibilización del sistema de acceso a la universidad de los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros. De acuerdo con la recientemente aprobada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (lomce), se elimina la obligación de superar una prueba de acceso a la universidad y se establece, como regla general, que el mismo se hará en función de la calificación de bachillerato o equivalente, así como de los procedimientos que a tales efectos establezcan las propias universidades. Se ha suprimido, por tanto, uno de los principales obstáculos con que tropezaban los alumnos procedentes de sistemas educativos extranjeros que querían acceder a la universidad española, que era la superación de la prueba de acceso.

Las actuaciones más recientes en esta misma dirección guardan relación con la duración de los grados en el sue y con la simplificación de la expedición del suplemento europeo al título, que insiste en reconocer el Espacio Europeo de Educación Superior como un sistema homologable de títulos, con base en la confianza mutua, en el que las agencias de calidad y los controles internos de las universidades que llevarán a cabo la acreditación de las instituciones desempeñan un papel crucial. En relación con la duración de los grados, conviene recordar que la adaptación a Bolonia que se hizo en España fue minoritaria: mientras que la mayor parte de los países adoptaron un reparto entre el grado y el máster que fundamentalmente consistía en tres años de grado y dos años de máster (en términos de créditos-ects, entre 180 y 240 para el grado y entre 60 y 120 para el máster), España adoptó el sistema que conocemos como 4+1 (240 créditos para el grado y 60 para el máster). Esta configuración (4+1) supone un freno para la internacionalización de nuestras universidades bastante considerable, por lo que el gobierno ha establecido las condiciones para que, de forma optativa y selectiva, las universidades puedan adaptar al sistema de grados de tres años algunos de los existentes. Esta medida dota igualmente de flexibilidad a nuestro sue y otorga a las universidades capacidad de decisión sobre la duración de sus grados.

Otra de las actuaciones en pro de la internacionalización de las universidades españolas ha sido la firma de mou (Memorandum Of Understanding) que permiten que alumnos de otros países puedan estudiar en nuestras universidades, como los que se han firmado con Brasil, Ecuador, China, Kenia, Israel, Arabia Saudí, Turquía y Marruecos.

Y por último, el gobierno está tramitando el proyecto de real decreto por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación, declaración de equivalencia a titulaciones y a nivel académico y convalidación de títulos extranjeros de educación superior a los títulos o niveles españoles, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de arquitectura, ingeniería, licenciatura, arquitectura técnica, ingeniería técnica y diplomatura. Este real decreto dispone, entre otros, la homologación de un título extranjero a un título universitario español que dé acceso a una profesión regulada en España.

El segundo eje de actuación del gobierno guarda relación con la necesaria flexibilidad de que es preciso dotar a las universidades. Una flexibilidad en la gestión, en la contratación de profesorado y en la adaptación de nuevos grados y titulaciones como consecuencia de una universidad al servicio de la sociedad que necesita dar una rápida respuesta a las nuevas demandas sociales y del mercado laboral. En esta línea cabe destacar, aparte de la ya comentada posibilidad de ofrecer grados de 180 ects, la importante reforma que el ministerio ha proyectado sobre la acreditación del profesorado universitario, con la que se pretende una simplificación normativa y una mejora regulatoria de los procedimientos de acreditación, así como garantizar una mayor objetividad y transparencia en la acreditación.

El proceso de acreditación, nació como requisito previo necesario para acceder a la carrera docente como funcionario o en otras escalas como profesor contratado doctor, en universidades públicas. Se entiende como un requisito previo que no garantiza el acceso a una plaza pero que es condición necesaria (pero no suficiente). Este proceso está siendo utilizado también de manera opcional también por universidades privadas, que así garantizan un control de calidad de los profesores que contratan. La revisión del proceso de acreditación del profesorado responde a la necesaria actualización de este procedimiento con el fin de mejorar algunos problemas identificados durante estos años de aplicación y hacerlo más riguroso y adaptado a las áreas de conocimiento de los candidatos. El nuevo procedimiento, que se establecerá en forma de real decreto, eliminará barreras en la evaluación del profesorado. También aumentará el número de comités pasando de los cinco comités de rama del conocimiento a un mínimo de veinte comités más especializados. El sistema de evaluación pasará de ser cuantitativo, por suma de puntos, a un proceso de evaluación integral con una valoración cuantitativa. En esta propuesta los dos principales elementos a evaluar en un profesor son su actividad docente e investigadora. Además de esta actividad se incluirá de modo complementario las actividades de gestión y de transferencia. El ministerio prevé que este nuevo sistema de evaluación, después del correspondiente proceso de elaboración y aprobación del real decreto, pueda entrar en vigor en el primer cuatrimestre del año 2015. Como es natural se contempla un periodo transitorio de coexistencia del proceso de acreditación anterior y el nuevo.

El tercer y último eje sobre el que el gobierno ha hecho pivotar sus principales actuaciones tiene como objetivo mejorar la inserción laboral entre los egresados universitarios. Con este objetivo, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está llevando a cabo interesantes actuaciones específicas dirigidas para mejorar la empleabilidad de los universitarios españoles.

Por un lado, fomentando del espíritu emprendedor. La baja tasa de autoempleo y emprendimiento de los jóvenes españoles, que no llega al 8%, está lejos de las cifras de otros países de nuestro entorno. Por ello, el ministerio está impulsando la impartición de un módulo de emprendimiento dirigido a estudiantes de últimos cursos de grado y alumnos de máster y doctorado y está apoyando al emprendedor-investigador, a través de Red Emprendia, con tiempo liberado de docencia y formación empresarial para los emprendedores.

Por otro lado, el ministerio está impulsando el contacto de los estudiantes con el ámbito empresarial, como parte de su formación integral y con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral. Una de las más eficaces herramientas para conseguirlo son las prácticas de estudiantes universitarios, que han sido también recientemente reguladas por medio de un real decreto que clarifica las condiciones de cotización.

Otra de las más importantes apuestas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es la empleabilidad en la oferta de las universidades españolas: para ello se ha llevado a cabo un intenso trabajo para completar el Sistema Integrado de Información Universitaria del Ministerio (siiu) con datos de inserción laboral. El objetivo es disponer de información relativa a la inserción laboral de los titulados universitarios. Así, se ha trabajado en la creación de un mapa de inserción laboral y empleabilidad de los titulados universitarios.

Con este estudio se pretende investigar la transición de los estudiantes egresados al mercado de trabajo y obtener datos y referentes sobre la calidad de la inserción laboral de la población titulada en las universidades españolas. Las condiciones con las que acceden al mercado laboral, la adecuación de los estudios al trabajo que realizan, su base de cotización, el tipo de contrato, la movilidad, en definitiva, un conjunto de indicadores que permitan conocer la situación de este colectivo y relacionarla con la titulación que hayan cursado.

Para poder realizar este estudio ha sido necesario cruzar la información de los titulados en estudios oficiales de grado, primer y segundo ciclo y máster de las universidades españolas que están contenidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria con los registros de vidas laborales de la Seguridad Social. Este cruce de bases de datos, que ofrece información sobre cada una de las titulaciones, es pionero en España y sus resultados han sido ya publicados.

REFLEXIÓN FINAL

En definitiva, no es fácil abordar una reforma integral y consensuada del sistema universitario español, habida cuenta de que la situación de nuestras universidades, del personal a su servicio y de la propia sociedad en la que se desarrollan es muy heterogénea. Sin embargo, el gobierno puede y debe afrontar aquellas mejoras que ayuden a nuestra universidad a alcanzar mejores cotas de calidad y de reconocimiento. Medidas como las aquí expuestas, que persiguen tres objetivos clave para el futuro del sue: su internacionalización, una mayor flexibilidad de instituciones tan consolidadas como tradicionales como son las universidades y la búsqueda de la máxima empleabilidad de los titulados universitarios. Estas son algunas de las líneas estratégicas del trabajo del gobierno en esta legislatura, que no son sino el punto de partida para que las universidades españolas despeguen y crezcan hasta donde su talento les permita llegar. „


Compartir: