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Uno de los efectos más importantes del nacimiento del euro ha sido, sin duda, una modificación sustancial de la política económica que llevan a cabo todos y cada uno de los países miembros de la Unión Económica y Monetaria. Durante muchos años, la política monetaria y la política fiscal constituyeron los instrumentos fundamentales con los que contaban los gobiernos para tratar de controlar las principales variables macroeconómicas. La soberanía de los Estados en este campo ha quedado, sin embargo, muy reducida con la moneda única, ya que el Banco Central Europeo ha asumido las principales competencias en política monetaria; y los diversos planes de estabilidad, diseñados para garantizar que las políticas fiscales nacionales no interfieran en la buena marcha del euro, imponen una severa limitación a los déficit presupuestarios, lo que impide a los gobiernos hacer uso de la política fiscal con la libertad a la que durante mucho tiempo estuvieron acostumbrados.

¿Deberíamos lamentar esta pérdida de instrumentos de control económico por parte del Estado? Si consideramos el uso que los gobiernos han hecho de estas facultades en la gestión de una política económica discrecional, su desaparición no debería, en principio, preocuparnos demasiado. La política monetaria y fiscal ha tenido siempre dos grandes problemas que han hecho muy difícil que consiguiera los resultados de estabilidad y crecimiento esperados.

Existe, en primer lugar, un problema técnico. La información de la que disponen los gobiernos es siempre limitada y atrasada, y el proceso de poner en marcha las medidas de política económica —sobre todo en el caso de la política fiscal— es largo. El resultado es, a menudo, que en el momento en el que las medidas adoptadas empiezan a surtir efecto, la coyuntura no es ya la misma que existía cuando se tomó la decisión de actuar sobre ella y, por tanto, los efectos de la política económica del gobierno pueden ser desestabilizadores.

Otro problema importante es que no tenemos ninguna garantía de que los gobiernos busquen realmente estabilizar la economía cuando hacen uso de la política discrecional. Poca duda cabe de que la preocupación principal de todo gobierno, en un sistema democrático, es volver a ganar las elecciones y, para ello, el manejo de la economía puede resultarle muy rentable. Ningún gobierno, por poner un ejemplo muy sencillo, aplica una política de restricción monetaria, de disminución del gasto público o de subida de impuestos unos meses antes de las elecciones, aunque sean éstas las medidas necesarias para estabilizar la economía en ese momento concreto.

Las restricciones impuestas desde el exterior son así recibidas con satisfacción por mucha gente que piensa que, en un país como éste, lo mejor que nos puede pasar es que nos controlen desde fuera, ya que ningún gobierno podría en España resistirse por sí mismo a las presiones de los sindicatos, las organizaciones empresariales y otros grupos de interés. El argumento es, sin duda, realista y sólido. Pero se olvida, a veces, que pone en cuestión la esencia misma de un sistema democrático. Si no somos capaces, por nuestra propia organización institucional, de hacer lo que debemos, la conclusión ha de ser, simplemente, que el sistema democrático no funciona; y que, si en lugar de Parlamento, las decisiones importantes para el país las adoptara un equipo de gestores profesionales, las cosas irían mucho mejor. Es posible que esto sea verdad, pero llevar la idea hasta sus últimas consecuencias podría resultar peligroso. Mucho más razonable sería que, si el marco institucional falla —y claramente está fallando—, se modifique lo que sea preciso para que los gobiernos queden limitados al máximo, que —no lo olvidemos— es la esencia misma del sistema político liberal. Y esto debería hacerse desde dentro del sistema, aunque la restricción exterior resulte más cómoda.

Otro problema técnico importante que plantea la pérdida de control de la política monetaria y fiscal es lo que los economistas denominan el caso de los «shocks asimétricos». La cuestión es, en esencia, la siguiente: ¿cómo se soluciona, en una unión monetaria, el problema que se produce cuando, por factores reales, la productividad de un país disminuye en relación con la de otro? En un sistema de tipos de cambio flexibles, o al menos ajustables, y mercados rígidos de factores de producción —es decir, el modelo en el que hemos vivido hasta ahora— el equilibrio se lograría, generalmente, mediante una modificación de los tipos de cambio, que expresaría el enriquecimiento relativo de un país con respecto al otro.

Supongamos ahora que se modifica una de las condiciones del modelo: la posibilidad de devaluar la moneda. El resultado será que el ajuste tendrá que producirse en el sector real de la economía. Los salarios del país de más baja productividad deberán reducirse ahora relativamente; y no podrán hacerlo mediante una inflación más elevada y un tipo de cambio depreciado; serán los salarios nominales los que deberán disminuir. Se argumenta, a veces, que esto era exactamente lo que sucedía en el siglo XIX con el patrón oro. Y es cierto. Pero se olvida, a menudo, añadir que, en el siglo pasado, los mercados —especialmente el de trabajo— eran mucho más flexibles que hoy. El problema no radica, por tanto, en el hecho de que la desaparición de las fluctuaciones del tipo de cambio obligue a hacer ajustes reales sin el velo de la moneda, sino en el hecho de que tales ajustes hay que llevarlos a efecto en mercados muy rígidos. Se entiende así la preocupación actual de todos los gobiernos europeos por flexibilizar sus mercados, y sobre todo el de trabajo, ya que, de no hacerlo así, el aumento del paro sería inevitable en el país que sufriera uno de estos «shocks asimétricos».

Bienvenidas sean, en resumen, las limitaciones a la discrecionalidad de los gobiernos en política económica. Pero hay que tener presente que la reforma de las instituciones y los mercados adquiere una importancia excepcional cuando se utiliza este nuevo campo de juego.


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