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Nos encontramos, en efecto, ante una materia de importancia vital, puesto que afecta a las normas y principios orientadores que habrán de regir, en el próximo futuro, la convivencia entre los ciudadanos. Se trata, pues, de establecer cuáles van a ser las ideas y convicciones morales a las que habrán de adaptar su conducta hombres y mujeres, proyectada sobre una extensa gama de comportamientos que abarcan las relaciones familiares, sociales, profesionales y políticas, donde transcurre, desde la infancia a la vejez, la vida de las personas.

Con el propósito de aclarar posiciones, parece oportuno señalar primero cuáles son los aspectos de la citada asignatura sobre los que podría existir un amplio consenso, para analizar después las discrepancias y exponer los distintos modos de situarse frente a ellas.

LOS MOTIVOS DE LA REFORMA

El Gobierno justifica su empeño en promover la Educación para la ciudadanía como resultado de la recomendación hecha por el Consejo de Europa en 2002, asumida en su día por el Gobierno español. En consecuencia, para hacer efectiva dicha recomendación, ha parecido conveniente introducir en los programas escolares un bloque orgánico de temas, destinado a fomentar en las nuevas generaciones una actitud positiva que hiciera realidad el concepto de ciudadanía democrática.

Enunciado así el principio, no parece haber nada que objetar. Para mayor abundamiento, se trata de una materia que se imparte ya en más de una docena de países de la UE.

Por lo que se refiere a España, al considerar las evidentes carencias cívicas exhibidas por una buena parte de nuestros adolescentes y jóvenes, eso de incrementar los esfuerzos destinados a mejorar los niveles de educación ciudadana suena a música celestial. Aun con el riesgo de ser tachados de alarmistas y antiguos, si no de más graves calificativos, hay que denunciar el progresivo deterioro de las normas de convivencia ciudadana y el abuso de ciertas formas de diversión, convertidas ya en costumbres que han adquirido carta de naturaleza. Aunque pocos los reconocen y casi nadie los remedia, los excesos cometidos a lo largo del año por grupos de jóvenes incontrolados preocupan seriamente a los sectores responsables de la sociedad española.

FALTA EDUCACIÓN CIUDADANA

No hay más que pasear un sábado, de buena mañana, por algunas calles, plazas y jardines de nuestros pueblos y ciudades, para convertirse en defensores a ultranza de cuanta más a Educación para la ciudadanía, mejor. Y, además, que se declare, a ser posible, obligatoria, eliminatoria y con el deber de repetirla cuantas veces fuera necesario para convertir a los pequeños energúmenos en ciudadanos bien portados. Personas respetuosas con los semejantes de cualquier edad, sexo, raza o condición. Individuos moderados y, en consecuencia, que pudieran ser presentados como ejemplo de civismo por su modélica defensa de los valores democráticos. ¿Algún ciudadano en su sano juicio tendría algo que objetar?

El desmadre actual de las costumbres se desliza por un plano inclinado, en caída libre. La madrugada de los viernes ofrece una muestra evidente de actitudes intolerables. Adolescentes y jóvenes fuera de control pasan del «chute botellón» al «chute droga» sin el menor esfuerzo. Los resultados no se hacen esperar: árboles y plantas arrancados, papeleras y bancos destrozados, esparcida la basura de los contenedores mientras se vierten inmundicias corporales, mayores y menores, en portales, aceras y calzadas. Tampoco faltan agresiones físicas, palizas o cuchilladas alevosas, propinadas a impulsos de la euforia etílica. Durante los fines de semana, determinadas zonas urbanas se convierten en verdaderas «ciudades sin ley» que dejan a un elevado número de personas en la más lamentable indefensión.

Sin hablar de otras molestias a las que ya nos hemos acostumbrado y, tal vez por eso, consideramos de tono menor: músicas atronadoras en las radios de los vehículos, motos estruendosas a escape libre que dan vueltas a la manzana, carreras, empujones y lanzamientos de objetos diversos en zonas peatonales… Hay ejemplos para todos los disgustos.

PREOCUPA EL MODELO DE EDUCACIÓN

Si desde los fines de semana callejeros pasamos al panorama escolar, la situación no mejora demasiado. Al contrario, parece todavía más grave: Los alumnos mejor portados, en particular las niñas, sufren agresiones continuadas de compañeros que, solos o en pandilla, se dedican al libre ejercicio de la violencia. Profesores y profesoras reciben insultos y amenazas, al tiempo que se les priva de recursos para mantener bajo un mínimo orden y disciplina a los alumnos rebeldes. ¿Cumpliría Educación para la ciudadanía una labor de fuerza moderadora, capaz de corregir todos estos desmanes? Si la respuesta fuera afirmativa, es seguro que el consenso en torno a la oportunidad de la asignatura no tardaría en producirse. La cuestión no debería plantearse, pues, sobre la necesidad de introducir o suprimir la asignatura, considerada en sí misma.

Lo que de verdad preocupa a los padres de familia, a las instituciones educativas públicas y privadas y a la sociedad en su conjunto, no es el propósito, ampliamente compartido, de elevar la educación cívica de los escolares. Se discute, en cambio, y con motivos suficientes, el modelo de educación que se pretende implantar a través de los enfoques pedagógicos. En concreto, existe una fundada desconfianza por lo que se refiere a los contenidos de esas materias.

Sobre el particular, las impresiones difundidas a través de las declaraciones oficiales del Gobierno, despiertan en la opinión pública una justificada alarma. La reserva respecto a las verdaderas intenciones adoctrinadoras del actual Gobierno, viene de lejos. El rechazo a la LOE, expresado en las deliberaciones parlamentarias, en los medios de comunicación y manifestado multitudinariamente en las calles, no ha logrado que los impulsores de la reforma varíen ni un milímetro sus planteamientos de laicismo militante, disfrazado de falsa neutralidad. El ataque a los valores heredados, tanto culturales como religiosos, de la gran mayoría (en torno al 80%) de los españoles, no ha cesado en ningún momento.

Abundan los ejemplos de actitudes lesivas para las creencias de amplios sectores de la población. Y esto, no sólo desde los ámbitos gubernamentales ya conocidos, sino también de otros, representados por autonomías y ayuntamientos, dispuestos a financiar publicaciones que difunden valores educativos opuestos a las convicciones y a los sentimientos profesados por la mayoría de los ciudadanos. Al menor descuido, surgen como por ensalmo panfletos con imágenes blasfemas contra los símbolos religiosos o folletos dedicados a enseñar, a niños y niñas de 3 a 12 años, toda suerte de habilidades sexuales que se presentan con el propósito, benéfico, de ampliar los conocimientos y experiencias de los escolares.

REACCIONES ANTE LA NUEVA ASIGNATURA

Como llueve sobre mojado, cualquier iniciativa gubernamental elaborada sin consulta previa a los padres de familia y que, además, aspire a imponerse a la conciencia de los alumnos, dispara las alarmas de los sectores implicados. Sobre todo cuando los contenidos de la asignatura de Educación para la ciudadanía se presentan en términos tan confusos que recuerdan tristes experiencias anteriores.

Queda así explicado el rechazo frontal que, tanto instituciones religiosas como un elevado número de asociaciones de padres de alumnos y profesionales de la docencia, han mostrado, no contra el proyecto de educar buenos ciudadanos, sino contra la ingerencia ideológica de un Estado que lo utiliza como instrumento adoctrinador. Alarma que aumenta cuando se trata de materias que afectan, en primer lugar y de modo preferente, a las familias, que reclaman el respeto a sus derechos. Así los reconoce el apartado n.° 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la ONU, al afirmar que: «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».

De ese reconocimiento se deduce que son los padres los principales encargados de respaldar los contenidos de todos los textos escolares que, por influir sobre la conducta de sus hijos, pueden inducirles a practicar determinadas creencias que, en materias morales, éticas, religiosas o de costumbres, sean distintas a las que esos mismos padres desean.

Tal como está diseñada la asignatura que nos ocupa, es evidente que, en determinados centros de educación privada, tanto los profesores como los padres de alumnos podrán y deberán establecer la naturaleza de los contenidos incluidos dentro de la Educación para la ciudadanía.

En tal caso y gracias a la colaboración de unos y otros, se ofrecería una excelente ocasión para resaltar la importancia de los factores morales y del sentido trascendente de la vida, como fundamento de las virtudes ciudadanas, que tanta falta hacen. En el supuesto señalado y siempre con las debidas precauciones, no parece necesario apelar al recurso último de la objeción de conciencia.

EL CASO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA

Sin embargo, es también evidente que el asunto cambia, de modo sustancial, cuando se trata de las familias que envían a sus hijos a centros de enseñanza pública. Varias comunidades autónomas, en particular las gobernadas por el PP, ya han mostrado su oposición a seguir las orientaciones sobre los contenidos recibidas de fuentes gubernamentales.

En el uso de las competencias otorgadas sobre materias educativas, se proponen dichas autonomías intervenir en le redacción de los contenidos, de modo que, teniendo en cuenta las convicciones mayoritarias de sus votantes, se muestren igualmente respetuosas con las creencias de las minorías. De producirse tales supuestos, no sería necesario invocar la objeción de conciencia, aun dejando siempre a salvo la libertad de adoptar la postura que cada cual considere más oportuna.

La situación resulta más complicada siempre que las instituciones de enseñanza pública se muestren, de forma clara, dispuestas a secundar los criterios ideológicos sectarios sobre cuestiones que se refieren a las convicciones morales y creencias de los padres, sin que hayan sido consultados a la hora de elaborar los textos.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA COMO LEGÍTIMO RECURSO

En esos casos, la objeción de conciencia, cuya licitud ha sido negada con insistencia por las autoridades gubernamentales, es una decisión legítima en la defensa de unos principios superiores, que están avalados por la anteriormente mencionada declaración universal de los derechos humanos. Resulta curioso consignar que unas de las razones esgrimidas para justificar la necesidad de la asignatura de Educación para la ciudadanía, sea el fomento y efectividad real de los derechos humanos. Pero ¿cómo pueden promoverse esos derechos cuando el propio legislador los ignora deliberadamente, al despreciar las creencias y opiniones de los padres de familia?

En todo caso, las manipulaciones organizadas desde las más altas esferas del poder político han de quedar al descubierto y ser rechazadas por distintas vías, siempre que se muestren respetuosas con las libertades personales y no alteren el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Un modo eficaz de defender las libertades en materia educativa radica en ejercer el derecho al voto de modo responsable. En esos momentos, hay que superar las discrepancias coyunturales, para favorecer a los partidos que garanticen el respeto a unas libertades basadas en el reconocimiento de la dignidad de las personas. De este modo evitaremos llegar a posturas extremas como es el caso de los que, en uso de su libertad, ejercida responsablemente, eligen la objeción como recurso ante cualquier imposición ideológica y moral propia de las dictaduras.


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