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En el momento de cerrar este número de Nueva Revista, se ha conocido la composición del nuevo Gobierno. Con la toma de posesión de los ministros comenzará la andadura de la nueva legislatura. Nuestro país, y no sólo los miembros del Ejecutivo, debe poner alto el listón. Las principales metas que deben lograrse en los próximos años son cosa de todos, por mucho que suene a tópico la expresión.

Cuatro, a nuestro juicio, son los objetivos para los que se debe empezar a trabajar de inmediato. En primer lugar, acabar de forma definitiva con la lacra social del terrorismo de ETA. El diario Gara, apéndice periodístico de la organización etarra, ha publicado documentos que confirman que la mal llamada tregua fue una trampa. La pelota queda ahora en el tejado del nacionalismo democrático vasco, enrocado en los últimos meses en la sordera sistemática. En esta situación de impasse, queda por ver si el Ejecutivo que preside Ibarretxe será capaz de aprobar los próximos Presupuestos, o si va a verse obligado a convocar elecciones antes de que finalice el año. Una oleada de atentados podría colocar al lehendakari en una situación insostenible.

En todo caso, lograr que el PNV y EA retornen al consenso estatutario constituye una prioridad.

El segundo gran objetivo de esta legislatura es la educación y la innovación científica y tecnológica. Se habla cada vez más de la «nueva economía» (asunto del que se ocupa Pablo Váquez en este número de Nueva Revista) y de la sociedad de la información, del conocimiento (tema al que dedicaremos de forma monográfica nuestro próximo número de julio-agosto). Sin embargo, no se ha insistido lo suficiente en la importancia de la calidad de la enseñanza. A ella le prestamos especial atención en este número.

La educación, además de un derecho, constituye un factor importante de cohesión social y una garantía contra la manipulación y la propaganda. Por todo ello es necesario acometer la reforma de la LOGSE, impulsar la Formación Profesional y afrontar la reforma de la Universidad española. La nueva ministra afrontará la decisiva tarea de sacar adelante la Ley de Humanidades.

En lo que se refiere al desarrollo tecnológico, nuestro país tiene el reto de alcanzar el nivel de los países más avanzados de la Unión Europea. Para eso es preciso impulsar sin descanso la capacidad de innovación. El desarrollo de las tecnologías y de la sociedad de la información es rapidísimo. Se puede coger el tren o no cogerlo.

Sin educación y desarrollo científico y tecnológico, no será posible alcanzar la tercera meta: lograr que el problema del paro sea un problema del pasado. Las actuaciones de los últimos años en el terreno econó-mico han demostrado muy buenos resultados. Si España avanza en la línea del rigor presupuestaria, las reformas estructurales y la reforma fiscal, la figura del pleno empleo puede dejar de ser un sueño a medio plazo. El Gobierno se ha propuesto alcanzar el equilibrio presupuestario en el 2001 y crear 1.400.000 empleos en esta legislatura, con el objetivo final de lograr el pleno empleo en el año 2010. Son plazos razonables que deben cumplirse, ahora que la situación económica por la que atraviesan las democracias desarrolladas de Occidente es tan favorable.

En el terreno del empleo, urge, además, favorecer con audacia la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y reducir los niveles de precariedad del empleo. El desarrollo y el bienestar de un país pasan por que las mujeres sean capaces de conciliar la maternidad con su carrera profesional. Durante la legislatura anterior se pusieron en marcha algunas medidas orientadas en este sentido. Es preciso continuar en esa dirección.

Para terminar, la cuarta meta para los próximos años consiste en lograr la cohesión territorial. En este sentido, la propuesta de un pacto de Estado para dar estabilidad al modelo de financiación autonómica es una necesidad urgente. Casi concluido el proceso de transferencias, cada Comunidad Autónoma debe hacerse responsable y colaborar en la mejora del modelo común. Es éste un asunto delicado que requiere del consenso de todas las Comunidades Autónomas.

El 1 de enero del 2002, el euro se convertirá en moneda de uso corriente. Esa misma fecha, España asumirá la presidencia europea. La coincidencia de estos dos hechos ofrecerá a nuestro país la posibilidad de ejercer un protagonismo internacional para el que debemos prepararnos. Nuestro país debe profundizar en las reformas, si desea aprovechar la posibilidad real que ahora tiene de dar un salto adelante y colocarse en la vanguardia europea. La mayoría absoluta que ha recibido el Partido Popular debe ser, más que el aprobado de una gestión, el estímulo necesario para afrontar las reformas estructurales que todavía nuestro país tiene pendientes.

Paz definitiva en el País Vasco, reforma de la educación, desarrollo científico y tecnológico, creación de empleo y cohesión territorial han de ser, por tanto, los ejes alrededor de los cuales gravite una gestión eficaz.


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