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Sumándose a la misma corriente, el candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno, José Borrell, señalaba a mediados del mes de septiembre, en Oviedo, que será un Ministro de su futuro gobierno el que instaure en España las 35 horas de semana laboral.

Dejando a un lado las cuestiones sobre si los compañeros de partido dejarán al candidato socialista algún día contar con Ministros, y si realmente tiene sentido financiar con dinero de la Administración Central estas propuestas, especialmente en Comunidades que se han quejado de insuficiencia de financiación, las ya célebres 35 horas merecen algunas reflexiones.

No es fácil que los economistas se pongan de acuerdo sobre las causas del desempleo, y menos aún sobre sus posibles soluciones. Sin embargo, existe una práctica unanimidad entre los economistas de distintos “colores” sobre los escasos efectos del reparto del trabajo sobre el nivel de empleo. Trabajos teóricos y empíricos coinciden en señalar que horas de trabajo y tasa de paro son dos variables no relacionadas. Un ejemplo sencillo lo tenemos en nuestro país. En 1980, se aprobaron las 40 horas, y no hubo creación neta de empleo. Entre 1992 y 1996, la jornada laboral media pactada en convenio se redujo un 5’7% y el paro aumentó un 5’8%.

¿Por qué, entonces, este renovado interés por las 35 horas? En primer lugar, por un efecto mimético; Francia sigue siendo un referente para muchos en Europa. Hay también una preocupación real por resolver nuestro principal problema social y económico, y el lema “trabajar menos para trabajar todos” suena atractivo. Existe, sin duda, también mucha política con “p” minúscula, porque a pocos se le escapa que esta propuesta coincide con año electoral y, afortunadamente, las proposiciones de reducción de jornada en el sector público no incluyen aumentos de plantilla, finalidad presunta de la medida. Pero, sobre todo, las propuestas de reparto del trabajo manifiestan un miedo aterrador a modificar el status quo. Las medidas que sí crean empleo son incómodas para la mayoría de los políticos: dotar de flexibilidad al mercado laboral, “despenalizando” el tiempo parcial, fomentando la movilidad geográfica, descentralizando la negociación colectiva o modificando el subsidio de desempleo y los costes de despido, son propuestas que resultan difíciles de asumir por la opinión pública. ¿Por qué? Probablemente, porque esas medidas se han explicado como atentados al “modelo europeo” de mercado de trabajo, sin pensar muchas veces que los tiempos han cambiado y que el modelo europeo necesita evolucionar.

Ésa es precisamente la principal deficiencia del debate de las 35 horas. Lo más negativo no es la medida en sí, pues vistos los precedentes en Francia o en Italia, al final, su aplicación práctica es muy limitada. Lo realmente pernicioso es el hecho de desviar la atención de la opinión pública de las reformas que sí son necesarias. Si los esfuerzos se dedican a argumentar y contraargumentar la reducción de la jornada, ¿quién explicará a los ciudadanos la necesidad de flexibilizar nuestro mercado laboral? Y el tiempo no juega a nuestro favor.


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