En la vida política de cualquier nación hay cuestiones de estado y cuestiones de gobierno. Para las primeras deben buscarse amplios consensos. No basta apuntalar mayorías ocasionales. Es preciso un apoyo muy cualificado de la ciudadanía o de su representación, y que esa asistencia responda al sentir dominante de la conciencia general del país.
En España tales cuestiones se hallan enunciadas en la Constitución o corresponden a compromisos adquiridos con declarado asentimiento público, como los de la Unión Europea, las Naciones Unidas, la OTAN, etc. Esas cuestiones constituyen un conjunto delimitado e identificable.
El IRPF y la reinserción
Es, por ejemplo, una cuestión de estado (art.157 de la Constitución) que se cedan total o parcialmente impuestos a las Comunidades autónomas, pero no que sea el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni un determinado porcentaje de él. Entre otras razones, porque ha de haber una asignación equitativa de los recursos públicos conforme a criterios de eficiencia y economía (art. 31,2 de la Constitución), y eso no lo garantiza esa adjudicación del IRPF, sino que lo pone en riesgo.
El IRPF de los madrileños, que es alto, es un recurso de toda la nación y ha de ser empleado del modo más eficiente y económico para que sea conforme a la Constitución. Es una cuestión de estado que se cumplan las sentencias de los jueces y tribunales (art. 118), así como que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reinserción social (art. 25.2), pero no lo es el modo cómo haya de facilitarse ésta en los diferentes casos ni qué autoridad o funcionario público haya de tomar las decisiones.
Con esto se quiere decir que no es políticamente decente ni dialécticamente correcto que desde el gobierno o desde las coyunturales mayorías que lo sostienen se recrimine a los populares su actitud ante la distribución del IRPF o la reinserción de ciertos penados, acusándoles de insolidarios con los intereses generales del país y poco menos que de un delito de lesa convivencia.
En efecto, las resoluciones que desde el poder y sus ocasionales mayorías se propugnan no pertenecen al orden de las cuestiones de estado sino al más modesto y cotidiano de las medidas de gobierno. Y en un sistema democrático es beneficioso que desde la oposición se ofrezcan soluciones alternativas a las del gobierno, cuyas medidas, además, o han fracasado ya o amenazan con crear más problemas de los que fueron a resolver.
Justamente lo contrario y además al revés es lo que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado que se van a debatir y aprobar en estos meses. Son los Presupuestos del 95, y, por muy cruzados que tengan los dedos, el Presidente y todo su Gabinete no pueden estar seguros de que transcurra el año entero con ellos donde están.
Los resultados electorales del 93 tendrían todavía vigencia legal a finales de 1995. Pero una cosa es la legalidad y otra la legitimación moral de esa legalidad. Los comicios europeos erosionaron la débil minoría más grande que las otras, pero no mayoritaria, de los socialistas el 6 de junio del del año pasado.
El deterioro del partido socialista y de sus parlamentarios, el daño que han causado al gobierno y al país los más escandalosos casos de corrupción, que han dejado temblando las columnas del estado, no auguran un porvenir muy halagüeño ni muy consistente al gabinete.
No hay que olvidar que el Consejo de ministros ha tenido que ser remendado repetidas veces en los últimos meses. Y que se ha asistido a las dimisiones y retirada del escenario político de quienes habían encabezado los principales departamentos ministeriales, a los que nadie hasta ahora ha acusado de nada personal, pero que se han marchado a casa al descubrirse lo que llegó a haber debajo de las alfombras de las más importantes dependencias que estaban bajo su responsabilidad.
A las consecuencias derivadas de todos estos hechos y otros menos sonados, más los que todavía puedan ir saltando, se unirán los resultados de las elecciones vascas y de las locales y autonómicas si se llega a ellas con el actual parlamento. Tal como apuntan las encuestas y el clima de opinión, el partido del gobierno podría quedarse con mayoría sólo en alguna comunidad autónoma, en diez o doce municipios de capital de provincia… y en la mesa del Consejo de Ministros.
La negociación de los Presupuestos
Por eso el gobierno no debería desechar la oferta de negociar unos presupuestos de consenso con el partido de la oposición. Porque no se sabe bien cuál de los dos estará llamado a gestionarlos ni por cuánto tiempo, en el año que viene.
Al jefe del gobierno español le va a corresponder el honor de presidir el Consejo Europeo en la segunda mitad del 95, y para ello parece que se están preparando las infraestructuras y la logística indispensables con previa determinación de los lugares en que han de celebrarse las sesiones, más todo el aparato burocrático consiguiente. Ese sí que es un asunto de estado. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Churchill acudió a la conferencia de Postdam con Attlee porque iba a haber elecciones en el Reino Unido. Las hubo y luego a Postdam volvió ya Attlee solo.
Hay otras cuestiones de estado, como la armonización autonómica, la disciplina presupuestaria y financiera de las administraciones locales, las revisiones fiscales que fomenten la inversión y animen la economía, las políticas sociales desempleo, familia, etc. etc. (Por cierto, que a los consensos y disensos de la Conferencia del Cairo, el gobierno español tenía la obligación de haber acudido con un previo consenso o un claro debate nacional previo, para poder hablar en nombre del país o de la mayoría de él y no de un partido solo).
Finalmente, otras cuestiones que no son de gobierno sino de estado son las que se relacionan con la educación y con los legítimos intereses y aspiraciones de las familias, de la Iglesia y de las instituciones que tienen responsabilidades en este campo.
Para la mayor parte de los escolares españoles, en todos los grados de enseñanza, la escuela es la escuela pública. Constituye una discriminación que los que vayan a recibir enseñanza religiosa en esos centros se encuentren en condiciones de inferioridad con sus homólogos de la enseñanza privada.
Y sería un abuso de poder que las autoridades fueran a imponer en la práctica a la mayoría de los alumnos españoles una ideología laicista, que quizá sea predominante en el partido del gobierno, pero no lo es en el conjunto del país.
