Cataluña 1991

En la oportunidad presente, el clima político que se impuso en la elaboración de la Constitución finalmente votada mayoritariamente el 6 de diciembre de 1978 elevó el consenso a la categoría de objetivo máximo. No se trató de conceder el régimen autonómico a las regiones dotadas de mayor espíritu económico, sino que en el Título VIII de la Constitución -sin duda el más defectuoso de la Carta Magna- se abría la puerta para que la autonomía fuese un objetivo para todos. Es bien cierto que se introdujeron modificaciones a las autonomías de vía rápida y de vía lenta. Pero un clamoroso referéndum en Andalucía reveló el rumbo de la voluntad popular, que veía en la autonomía algo bueno y deseable toda vez que se otorgaba a las nacionalidades más adelantadas de España.

Desde la aprobación del llamado Estatuto de Sau no ha dejado de alimentarse la idea de que Cataluña recibía un trato desfavorable si se comparaba con el recibido en 1932. De ahí las denuncias, las promesas de revisión del Estatuto y la sensación popular de que los costes de permanencia en España, en el Estado Español, eran muy elevados si se comparaba la cantidad de recursos pagados por los catalanes a la Hacienda pública con el volumen de inversiones que el sector público llevaba a cabo en Cataluña. Las discusiones en torno a la distribución del Fondo Interterritorial, por ejemplo, ofrecen nuevas oportunidades para que el Gobierno catalán dé a conocer su rechazo de una fórmula que inequívocamente interpretan como «café para todos».

¿Cuál ha sido la evolución de la economía y de la sociedad catalanas en el período de diez años al que me he referido más arriba? La economía catalana ha registrado avances notorios, singularmente desde 1986. El tejido industrial, que sufrió enormes deterioros desde 1977 a 1986, se reveló sólido y prometedor cuando la fase alcista de la economía española puso fin a las duras medidas del ministro Miguel Boyer (1982-1985) y con la recuperación de los sectores más representativos de la realidad económica catalana se abrió paso un fenómeno que no ha dejado de producirse: la irrupción de capitales extranjeros en forma de inversiones directas, con la compra de activos o con la creación de equipos de nueva planta. Semejante circunstancia facilitó que en la década de los ochenta la tasa de paro -la gran lacra de la economía española- tuviera en Cataluña valores más soportables.

El Gobierno de la Generalitat, y singularmente su presidente Jordi Pujol, han hecho cuanto estaba en su mano para atraer capitales extranjeros, de los cuales no sólo se esperaban recursos complementarios del ahorro interior sino la transmisión del imprescindible know-how, y hoy es muy difícil encontrar un sector de la economía catalana que no presente la existencia de empresas extranjeras o participadas por socios extranjeros.

La sociedad catalana no ha permanecido constante durante los diez años de referencia. Han cerrado sus puertas centenares de empresas, pero ha surgido una nueva generación de empresarios cuya prueba de fuego reside en la exportación. Esto ha tenido lugar a pesar de que nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 ponía punto final a unas ayudas tan sensibles como lo era la desgravación fiscal a la exportación. La sociedad catalana ha vivido sin duda con mayor intensidad que en el resto de España el reto que supone la entrada en vigor del Acta Unica Europea el 1 de enero de 1993. Esto se ha traducido en una mayor apertura de la economía catalana hacia el resto del mundo y en una visión más certera de las dificultades que traerá consigo la libre circulación de personas, bienes y capitales.

Existe una mayor cohesión social, pero los grandes problemas heredados de un pasado no muy remoto siguen ahí. Un problema de gran magnitud se refiere a la lengua. Todo el mundo coincide en atribuir a la recuperación de la lengua catalana el movimiento político y cultural de la Renaixença. No en vano los dos períodos dictatoriales de recuerdo más inmediato (1923-1930 y 1939-1975) se caracterizaron, bajo el dominio de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco, por la persecución del capital espiritual que suponía la lengua catalana. Es comprensible, entonces, que al final de cada uno de los períodos represivos apareciera un nacionalismo a veces exacerbado que se fijaba como objetivo único la defensa del catalán y a veces la imposición del mismo.

El problema, como lo reconoce cualquier nacionalista dotado de sentido común, es que la comunidad catalana no es homogénea; conviven en el marco de los célebres seis millones de habitantes una mitad que son castellano-parlantes, y que por lo mismo están dispuestos a resistir campañas de «normalización» que olviden la cooficialidad del catalán y del castellano.

Una buena parte de la población catalano-parlante no ha olvidado, y ello es lógico, la época larga y dura en la que veían frustrados sus esfuerzos para hablar la lengua de Verdaguer con un chulesco «jhable usted en cristiano!». Son ofensas de este tipo las que han retrasado la aparición de una verdadera convivencia en un país que tiene en el bilingüismo una de sus características más constantes. Como puede comprenderse, los ataques no han procedido siempre del mismo lado. Una palabra célebre en Cataluña es la de «xarnego», que se utiliza para denigrar a los castellano-parlantes, singularmente cuando ocupan los estratos económicamente inferiores de la sociedad. Un libro merecidamente influyente, el de Francisco Candel Els altres catalans, sentó plaza de diagnóstico fiel de un conflicto siempre latente y siempre dispuesto para enturbiar las relaciones entre las dos comunidades separadas por la lengua.

La Generalitat de Cataluña ha emprendido, después de la recuperación de las competencias políticas, una campaña inicialmente meritoria para rehabilitar el catalán en el uso de las relaciones sociales normales. La campaña se cubre bajo el manto de la «normalización». Se han desenterrado viejos argumentos, algunos de los cuales fueron expuestos en el Congreso de los Diputados en tiempos de Francisco Cambó. La exigencia del conocimiento del catalán se aplicaba a los notarios que podían desempeñar su función en regiones de Cataluña en las cuales quien compraba o quien testaba sólo sabía expresarse en catalán. En la actualidad las exigencias se han ampliado en la misma medida en que las transferencias de poderes contempladas en el Estatuto daban nacimiento a una estructura burocrática no siempre capaz de hablar y a veces ni siquiera de entender el catalán. De ahí los conflictos que en tiempos de Aína Molí dieron lugar al célebre Manifiesto de los 2.000, que encabezaba el profesor Federico Jiménez Losantos, colaborador habitual de Abe.

Renacimiento

La solución del problema —porque el problema existe— depende en primer lugar de que se eviten los maximalismos de uno u otro signo. La literatura catalana ha renacido y despliega sus frutos en Cataluña, en España y en el extranjero. No cabe duda de que este nuevo renacimiento ha de apoyarse en una enseñanza del catalán desde la EGB. Y algo se ha hecho en este sentido. Pero no puede olvidarse el peso del 50 por 100 de los habitantes de Cataluña que siguen siendo castellano-parlantes. Tal vez la ausencia de matiz explique la recepción negativa que ha tenido una carta episcopal en la cual se recuerda a los inmigrados que el pago justo por el trabajo encontrado en las tierras de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona estriba en aprender el catalán. No es ésa la cuestión, monseñores, sino la de brindar un futuro exento de crispaciones como las generadas por la admonición eclesial. La cuestión presenta caracteres positivos en la enseñanza universitaria, donde es el consenso el fundamento decisivo para emplear una de las dos lenguas. Tal vez por esta razón no ha calado con profundidad suficiente la petición de que en el Senado tengan el mismo rango de oficialidad las cuatro lenguas que se emplean en España: el castellano, el catalán, el vascuence y el gallego. En realidad, como decía un ex ministro socialista, salvaguardada la corriente vital que nutre las cuatro lenguas, parece por lo menos redundante que se deje de recurrir al esperanto que tenemos todos los españoles, y que es el castellano…

Cataluña se prepara, y lo he dicho más arriba, para las grandes tareas indispensables para hacer frente al reto de 1992. En dicho año, y en función de las iniciativas de Narcís Serra (a la sazón alcalde de Barcelona), de Pasqual Maragall, alcalde de la ciudad, y también de Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, han de celebrarse en Barcelona los JJ.OO., tan esperados. No ha sido fácil la tarea de coordinar los esfuerzos de origen estatal, los de la Generalitat y los del Ayuntamiento de la ciudad. Con la mayor claridad ha de señalarse que la falta de diálogo y de comprensión entre la Generalitat y el Ayuntamiento han hecho peligrar el calendario de las múltiples inversiones necesarias para que el certamen deportivo no desmerezca de los celebrados en Los Angeles y Seúl, para poner ejemplos destacados.

Sin embargo, la cita de 1992, con ser muy importante, no permite olvidar el auténtico reto que supone el Acta Unica Europea. Las industrias catalanas han vivido desde 1986 un proceso de disminución progresiva de las barreras arancelarias que las protegían de la competencia de los once países que con España constituyen la Comunidad Económica Europea. Es difícil imaginar una situación de shock parecida a la que se avecina. En busca de un antecedente significativo deberíamos remontarnos al año 1959, con la entrada en vigor del Plan de Estabilización, y a 1960, con la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Como sucede en toda gran convulsión económica, hubo víctimas, pero el tono muscular del país se mostró apto para batallar en las nuevas condiciones. En la actualidad, y a pesar de que las empresas catalanas viven, como también las españolas, la política de enfriamiento decretada desde el Ministerio de Economía y Hacienda, y ejecutada por el Banco de España, la fuerza subyacente no ha sido afectada, y en realidad están puestos los cimientos para abordar el Acta Unica Europea con medidas que articulen una verdadera política de rentas. En este sentido puede adelantarse que las perspectivas son mejores aquí que en el resto de España. Los sindicatos y la patronal cuentan con un caudal de experiencia valiosísimo a la hora de pactar los convenios colectivos.

Claro está que limitar el análisis de la situación de Cataluña en el contexto de la España de 1990, y cuando están a la vista las transformaciones que traerá consigo el Acta Unica Europea del 1 de enero de 1993, a los factores económicos y sociales, sería un imperdonable ejercicio de economicismo, en el mejor de los casos, y en el peor un ejercicio de reducción a los esquemas de la sociología del poder acuñados muchos años atrás por Max Weber. No se trata de investigar sobre los factores endógenos y exógenos que se proyectan sobre la realidad catalana. Es de esperar una reflexión más profunda que ponga en juego la dialéctica que puede observarse en la realidad de la Cataluña de 1990.

A este respecto, la mejor oferta que puede hacerse al lector es la de leer con el debido cuidado la importante obra del profesor Josep M. Colomer, Espanyolisme i Catalanisme. La idea de nació en el pensament polític català (1939-1979), Barcelona 1984. Y la recomendación está suficientemente respaldada por el talento del autor, que ha sabido analizar los factores en pugna dentro de la sociedad catalana, con la consideración de conflictos que se traducen en la vida política, económica y social en la Cataluñade los cruciales cuarenta años que van desde la conclusión de la Guerra Civil hasta la implantación de una versión concreta del régimen democrático, con todas sus características singulares, tales como el predominio de los partidos -partitocracia y sus consecuencias inevitables, de las cuales la más destacada se refiere a la consulta electoral en listas cerradas, las cuales traen consigo una hegemonía de las organizaciones de los partidos políticos, que, en el seno de las ejecutivas, deciden el nombre y el orden de los candidatos a las elecciones generales, autonómicas y municipales. El profesor Colomer ha disecado —ningún otro calificativo haría menos justicia a su trabajo las posturas— de los distintos partidos que han concurrido a las elecciones celebradas en el antiguo Principado.

El repaso de la evolución de la ideología nacionalista en Cataluña, contando con los factores adversos que derivaban del régimen vigente desde 1939 a 1975, muestra la preponderancia de las actuaciones pactistas y dispuestas a no cuestionar la existencia misma del Estado Español, de España en suma. No falta en su análisis la comprobación de que los nacionalistas exacerbados hayan desterrado el uso de la palabra «España», sustítuyéndola por la más aséptica de «Estado Español». La persistencia de semejante práctica, que podría referirse a un separatismo encubierto, ha dado lugar a expresiones que rayan en lo ridículo. La emisora de televisión subvencionada por la Generalitat, es decir, TV-3, ha llegado al extremo ridículo de presentar la predicción del tiempo diciendo: «Mañana lloverá en todo el Estado…»

Pero el análisis del profesor Colomer nos lleva a una identificación de las agrupaciones políticas que no tienen como postulado la independencia. Cuando se da esta circunstancia hemos de inferir —sin temor a errar— que estamos ante grupúsculos sin una incidencia política real. En la Cataluña de hoy predomina Convergència i Unió (CiU), que lleva tres elecciones autonómicas con mayoría absoluta. Una comprensión del fenómeno y una clara identificación de sus consecuencias lo tenemos a escala de España en las tres elecciones generales ganadas por el PSOE desde el 28 de octubre de 1982. Tenemos, pues, en Cataluña una coalición triunfante que a lo largo de diez años ha situado a Jordi Pujol en la cabecera de la Generalitat. El segundo partido en importancia electoral es el PSC-PSOE. Se trata de una alternativa de poder con mayores posibilidades que las registradas en España con respecto al Partido Popular.

En cualquier caso, y sean cuales sean los resultados de las próximas consultas electorales —la primera de las cuales versará sobre el Ayuntamiento de Barcelona—, no dejará de jugar en favor del partido de Jordi Pujol la dependencia de los socialistas catalanes con respecto a la casa madre situada en Madrid, y en la calle de Ferraz, para ser más exactos. En cada ocasión, oportune et importune, Jordi Pujol reclama para su partido su oposición frontal a la LOAPA, la ley que debía ordenar y armonizar los procesos autonómicos. El resultado de la contienda, en la cual el PSC-PSOE tuvo que ser fiel a las directrices emanadas del PSOE, fue negativo para los impulsores de la LOAPA, de un proyecto de ley que llegó al Tribunal Constitucional y que recortó las pretensiones «uniformadoras» de un proyecto de ley que perseguía el establecimiento de un tope a las reclamaciones autonómicas de las Comunidades que habían elegido la vía rápida y la vía lenta para alcanzar sus topes competenciales. El recuerdo permanece vivo, y la postura defensiva del PSC-PSOE está más que justificada.

La verdad estriba en afirmar que la convivencia política en Cataluña, dejando a un lado los grupúsculos independentistas, se dará tan sólo cuando la coalición en el Gobierno de la Generalitat, es decir, CiU, dé paso a un gobierno del PSC-PSOE. La alternancia de los dos partidos mayoritarios es una condición inexcusable para que Cataluña pueda liberarse de las secuelas de un partido único e irreemplazable.

Los pronósticos son difíciles, y en este caso más que en otros similares. Con todo, la próxima ampliación de la Comunidad Económica Europea, con una distribución distinta de los mecanismos de poder en sus partícipes, pueden ayudar a la construcción de una Cataluña más abierta y democrática.