Guillermo Cid Luna

La actual situación de la economía española, desde el punto de vista coyuntura!, podría describirse en los siguientes términos: se ha desacelerado notablemente la tasa de crecimiento de la demanda nacional; también lo ha hecho, aunque en menor proporción, la tasa de crecimiento del PIB; los déficit comercia! y corriente han frenado su deterioro y tienden a evolucionar hacia una situación menos deficitaria, y los agregados monetarios también han ido moderando paulatinamente sus elevadas tasas de crecimiento. Esta evolución favorece el proceso de convergencia con las economías comunitarias. Por el contrario, continuamos sin avanzar prácticamente nada en la reducción de la tasa de inflación, a pesar del reducido crecimiento de los precios alimenticios y del efecto deflacionista de los precios de importación; y. lo que puede ser gravísimo, ha desaparecido el ahorro publico de los últimos años —diferencia entre ingresos y gastos corrientes—, al tiempo que repunta claramente al alza tanto el déficit de la Administración central como, sobre todo, el de las Autonomías y Ayuntamientos. En este contexto, y una vez más, el Gobierno ha elaborado un conjunto de actuaciones que desea negociar con los partidos políticos y los agentes sociales: el denominado Pacto de Competitividad. El objetivo perseguido, aumentar la competitividad de la economía española, cuenta, lógicamente, con el beneplácito de todo el mundo. Otra cosa muy distinta es no sólo el contenido del pacto elaborado por el Gobierno, sino incluso la eficacia de esa vía para aumentar la competitividad de la economía española y poder así incorporarnos sin grandes traumas, en 1993, a una CEE en la que los capitales circularán libremente, los aranceles intracomunitarios habrán desaparecido y será una realidad la libertad de establecimiento de todo tipo de instituciones financieras. Pactos de la Moncloa Dejando a un lado las servidumbres manifiestas de una Constitución elaborada por consenso —baste pensar en la existencia de 17 comunidades autónomas y en los gigantescos problemas de todo tipo que ese diseño ha creado—. merece la pena analizar hasta qué punto la política de pactos fue eficaz para la modernización de la economía española, tanto a raíz de la primera crisis del petróleo (1973) como de la segunda (1979). En términos macroeconómicos, los Pactos de la Moncloa consiguieron una reducción sustancial de los desequilibrios básicos en su primer año de vigencia; pero a partir de ese período el avance fue penoso y lento basta 1983, De los distintos acuerdos entre los agentes sociales en los ochenta, con o sin el Gobierno, se podría decir lo mismo. Se consiguieron resultados positivos, pero por una vía costosamente lenta. Visto con cierta perspectiva, creo que se debe señalar que fue la política monetaria restrictiva y una política de cierta contención del gasto público las que jugaron un papel decisivo era la recuperación de los desequilibrios básicos y en el saneamiento de la economía española entre 1977 y 198IJ, El efecto positivo de la moderación salarial en el primer año de vida de los Pactos de la Moncloa —cuya clave consistía en fijar los incrementos de salarios no...

La perplejidad que me produjo una respuesta de Felipe González, en diciembre de Í976, en una reducida reunión organizada por un semanario a la que tuve la suerte de ser invitado, aún subsiste. La única pregunta que le hice al hoy presidente González —entonces en pleno furor de federalismo, autonomías y autodeterminación— fue la siguiente; «¿Qué sistema de financiación ha diseñado el PSOE para ese Estado federal?». Felipe González, después de unas breves palabras en voz baja con Miguel Boyer, que le acompañaba, me respondió: «Ésa es una cuestión técnica de carácter secundario». El tiempo ha demostrado, como es de sentido común, que ni la cuestión es solamente técnica ni mucho menos secundaria. Hace unos meses se intentó zanjar el problema del endeudamiento en las entidades locales asumiendo el Gobierno central la deuda acumulada. Ha pasado el tiempo, y no sólo los Ayuntamientos y Diputaciones han vuelto a atcanzar unos niveles de déficit y de endeudamiento alarmantes, sino que las autonomías han seguido igual camino y con mayor rapidez. Las cifras no dejan lugar a dudas: según datos del Banco de Crédito Local, la deuda de las autonomías —incluyendo la que tienen con la Banca pública y privada, la contraída en el extranjero y la procedente de sus emisiones— ha pasado de 226.945 millones de pesetas en 1985 a 872.899 millones el pasado año. Con la excepción del año 1987, en que su incremento sobre el año anterior fue del 7,8%, y del año siguiente, que se acercó al 22%, en el resto de los años los incrementos anuales de esa deuda oscilaron entre el 35% y el 53%. En concreto, en 199(1 el incremento fue del 41%. No es mejor la situación en la que se encuentra la deuda de las corporaciones locales, También según el Banco de Crédito Local, la deuda total de estas entidades se situaba al terminar el pasado año en 1.370.600 millones de pesetas, es decir, un 20% más que en 1989. El grueso de la misma, en torno a un billón de pesetas, corresponde a los Ayuntamientos. Evidentemente, este proceso de endeudamiento creciente es una locura. En mi opinión, los factores políticos, que quizá en muchos casos habría que calificar simplemente de partidistas, tienen buena parte de la culpa del endeudamiento autonómico y local. En el caso concreto de los Ayuntamientos, la desafortunada supresión de la «advertencia de ilegalidad» del secretario ha sido un factor determinante del descontrol presupuestario, por no decir de la vuelta a un caciquismo de la más rancia tradición española. Por muchas inexactitudes o exageraciones que haya en las informaciones sobre tráfico de influencias, comisiones y la larga lista de irregularidades que ustedes quieran, es evidente que el despilfarro del gasto público no central se ha generalizado por España como una epidemia en el último decenio. Realmente, el Gobierno socialista no puede llevarse las manos a la cabeza, por muchas que hayan sido las tensiones entre el ex-secretario de Estado, Borrell, y los responsables económicos de las Administraciones de las Autonomías y...