Cristóbal Montoro Romero

La economía española ha vivido una etapa de vigoroso crecimiento iniciada en 1986, cuando recibió el beneficioso impulso procedente del abaratamiento del petróleo. La fase expansiva del ciclo que aún perdura ha tenido como rasgos más positivos una intensa creación de empleo y el brillante avance de la inversión, que permite encarar el futuro con cierto optimismo. Existen, sin embargo, ciertos perfiles de ese futuro poco tranquilizadores. Sobre él mismo se ciernen sombras amenazantes, que convendría despejar lo antes posible. Da la impresión de que el modelo de crecimiento económico que hemos venido utilizando ofrece síntomas de agotamiento. Ello invita a pensar que dicho modelo ha rendido ya lo mejor que tenía dentro de sí, haciendo obligada su sustitución por otro más equilibrado. En efecto, la expansión económica de estos años se ha caracterizado por un aumento de la demanda interna —de consumo y de inversión— superior al de la producción. Esa diferencia, ampliada incluso en 1989, ha provocado el resurgimiento de dos viejos problemas de la economía española, la inflación y el déficit comercial con el exterior. La envergadura de los desequilibrios es tal que llega a amenazar la continuidad misma del crecimiento. Para evitar que eso ocurra, el modelo de crecimiento debe evolucionar, apoyándose en mayor medida en las exportaciones, lo que haría que el sector exterior deje de ser un pesado lastre para el desarrollo. Nuestro problema no es de velocidad sino de modo de crecer. Es lógico y deseable que sigamos creciendo por encima de los países de nuestro entorno: nuestro inferior grado de desarrollo y los recursos ociosos todavía disponibles nos capacitan para ello. La cuestión es encontrar las vías para hacerlo de forma más equilibrada, es decir, menos generadora de tensiones. Facilitar el tránsito del modelo es la tarea prioritaria de la política económica, a la que por cierto no se ha sabido dar respuesta hasta ahora. La mayor virtud de la política económica aplicada ha sido contribuir al clima de confianza que ha facilitado el despegue de la inversión, en parte sustentado en la aportación del capital exterior. Incluso decisiones como la flexibilidad del acceso al mercado laboral (mediante una nueva generación de contratos) y la incorporación a la CEE resultaron muy positivas, al convertirse en acicates de la expansión económica. Pero más recientemente, en plena fase de auge, la política económica se ha sumido en una postura plagada de incoherencias y contradicciones, de la que no acierta a salir. Por un lado, el ambiente de holgados beneficios empresariales y las propias condiciones políticas ha generado un enconado conflicto entre sindicatos y Gobierno. Sus consecuencias en el ámbito económico han sido fundamentalmente dos: hacen inviable la política de rentas e imposibilitar el avance de la reforma del mercado laboral. El descrédito social de los objetivos oficiales de precios ha desencadenado un proceso de indiciación de rentas, propiciado por la negociación de los salarios en función de la inflación pasada. Con ello se asegura que la inflación no va a ceder, e incluso que se agravará, sin...

La sociedad española acaba de saborear tas mieles de uria corta pero intensa expansión económica. Durante el período que discurre entre la segunda mitad de 1985 y la primera de 1990, la producción aumentó en el entorno del 5%, la inversión se incrementó a ritmos del 14% y la creación de empleo experimentó un formidable avance, hasta el punto de registrar tasas sencillamente desconocidas. Sin embargo, el excesivo escoramiento de nuestro modelo de crecimiento hacia la demanda interna (cuya velocidad superaba con holgura a la de la producción) provocaría el resurgir de dos viejos fantasmas, la inflación y el déficit comercial con el exterior. Una política insuficiente El saneamiento y la flexibilización de la economía, conseguidos tras una larga etapa de ajuste, facilitaron la posterior recuperación, propiciada por un contexto internacional más favorable. En efecto, la propia fuerza de ia fase expansiva del ciclo vivida por la mayoría de los países desarrollados, el empujón que supuso el descenso del precio del petróleo y la caída del dólar y los efectos de nuestro precipitado ingreso en la Comunidad Económica Europea, que facilitó la afluencia masiva de 1a inversión extranjera, actuaron como acicates de la reactivación de la economía española. Ésta consiguió movilizar los abundantes recursos que estaban ociosos. Pudo constatarse así que el potencial de crecimiento era muy superior a lo que desde el pesimismo anterior se podía inferir. Sin embargo, la política económica aplicada en la etapa de expansión de la economía no ha estado a la altura de las circunstancias. Su principal defecto ha sido su manifiesta incapacidad para facilitar el tránsito hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, en el que el sector exterior no supusiera un lastre. Para elto, el crecimiento debería haberse basado más en las exportaciones y haber dispuesto más del ahorro interno. La corrección de los desequilibrios internos se ha abordado casi exclusivamente a través de una dura restricción monetaria, que se ha servido de un instrumental demasiado heterodoxo (restricciones directas al crédito interior y al exterior). El propósito era recortar la demanda, pero sin distinguir entre sus componentes, el consumo y la inversión, que ha salido perdedora en el envite. Entretanto, la política presupuestaria ha mantenido un tono innecesariamente expansivo, sin que en el seno del gasto público se produjera una reestructuración de sus partidas (corriente y de capital) de intensidad similar a la ocurrida en el sector privado, mientras la presión fiscal avanzaba sin continencia, sin por ello conseguir la desaparición del déficit público. Salarios Por otro lado, el duro enfrentamiento político entre el Gobierno y los sindicatos, que tuvo su manifestación álgida en la huelga general del 14 de diciembre de 1988, redundó en una progresiva aceleración de los salarios. Este proceso debe observarse con recelo por un triple motivo: ha constreñido los beneficios empresariales, secando una de las fuentes primordiales de la inversión; ha restado competitividad internacional a nuestra producción y ha encarecido el factor trabajo, contribuyendo a frenar la creación de empleo. Finalmente, la política económica no ha aprovechado el tiempo de bonanza económica para...