Cuando, el martes 11 de septiembre, los españoles contemplamos por televisión cómo se derrumbaba uno de los símbolos más característicos del capitalismo, las Torres Gemelas, y tuvimos noticia de que el Pentágono también había sido atacado, supimos inmediatamente que, después de suceso tan insólito y espectacular, el mundo nunca seguiría siendo como hasta entonces.
A diferencia de otras muchas ocasiones, el acontecimiento sorprendió a España en una posición nueva en la esfera mundial: plenamente integrada en el concierto internacional, a punto de asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea, miembro de la estructura de la Alianza Atlántica y apenas tres meses después de que el presidente de Estados Unidos hubiese iniciado en España, por primera vez en la historia, su primera gira oficial por Europa.
Resulta interesante considerar el contenido de esta primera visita de Bush para analizar los cambios políticos inducidos por el 11-S. Además de la sintonía ideológica y personal que se produjo entre los dos presidentes, Bush y Aznar reconocieron que el terrorismo había sido el tema fundamental de la reunión. Al mismo tiempo, Aznar manifestó su apoyo expreso al proyecto del Escudo Antimisiles, anunciado por Bush sólo unas semanas antes, y que constituía un cambio notable en la política de seguridad mantenida por Estados Unidos desde el final de la II Guerra Mundial.
Contrariamente a lo que algunos pensadores y dirigentes de la oposición señalaron en España, tales declaraciones ni eran huecas ni fueron realizadas desde planteamientos ultra conservadores. Algunos de los principales analistas y asesores de la Administración Bush, como Richard Haass o Robert Kaplan, observaron ya entonces que, en el futuro, el peligro para Estados Unidos no procedería tanto de naciones con ejércitos convencionales cuanto, sobre todo, de grupos terroristas que, gracias al progreso tecnológico, habrían podido acceder a armas de destrucción masiva. La disuasión nuclear era una fórmula útil sólo ante el riesgo de guerra entre Estados con ejércitos convencionales y con un abundante -y localizable- arsenal nuclear, de acuerdo con el modo de garantizar la paz establecido en 1972 por el tratado ABM.
Concluida la gira de junio, Bush pudo comprobar que España representaba uno de sus más firmes apoyos para realizar el cambio de rumbo en la política internacional y de defensa. No en vano, el hecho de que el terrorismo fuese el primer punto de la agenda del presidente de Estados Unidos suponía un importante avance para España, un país donde el terrorismo resulta el tema principal de preocupación de los españoles, según las encuestas realizadas por el CIS cada mes.
El atentado contra las Torres Gemelas puso en evidencia que el análisis de los asesores de Bush era, por desgracia, acertado. A partir de entonces, la Administración Bush se puso a trabajar tanto para afianzar el liderazgo del presidente como para despertar en la opinión pública norteamericana la conciencia de la vulnerabilidad de la nación.
A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE
Contrariamente a lo que cabría pensar, los españoles no podemos considerarnos espectadores pasivos del terrible atentado. Las investigaciones policiales descubrieron pronto que una parte importante de la trama terrorista se había urdido en España. Poco después, una de las redes de colaboradores de Bin Laden fue descubierta operando en territorio nacional. Aunque España no parece que sea, en principio, objetivo prioritario del terrorismo fundamentalista, sí resulta evidente que nuestro territorio es utilizado como base de operaciones, y ello nos ha otorgado un alto nivel de protagonismo, responsabilidad y colaboración en la lucha contra dichos movimientos.
Las investigaciones no tardaron en poner al régimen talibán en el centro de las sospechas, por su pasividad, y en localizar a Bin Laden en Afganistán. El hecho de que se desplazase al centro de Asia (Afganistán, India, Pakistán) el área geoestratégica de máximo interés para Estados Unidos, no supuso que España desempeñase un papel secundario desde entonces ni que los efectos políticos de los atentados dejasen de ser manifiestos. Aunque en la primera fase de la misión de la OTAN en Afganistán no intervinieron tropas españolas, sí se encuentran ahora allí, con el objetivo de restablecer el tejido social e institucional del país.
Unos meses después 11-S, España debía asumir la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Desde 1996, la colaboración internacional había sido uno de los ejes de la política antiterrorista de los Gobiernos de Aznar. Así, la actuación conjunta con Francia y el apoyo del Parlamento Europeo se están revelando instrumentos eficaces para lograr la derrota política y policial de ETA.
Era evidente que los atentados contra Estados Unidos constituían una oportunidad inigualable para dar a la colaboración y a la lucha antiterrorista un lugar preeminente en al agenda comunitaria, sin levantar susceptibilidades. Al término de los seis meses de intensa labor política, la presidencia española puede observar con satisfacción muchos avances en este terreno: una coordinación más efectiva en la lucha contra el terrorismo, la definición de terrorismo a nivel europeo, la puesta en marcha de la Euroorden a partir del 1 de enero de 2003, la inclusión de nuevos nombres en la lista de organizaciones terroristas, la creación de instrumentos de presión sobre las mismas (bloqueo de cuentas corrientes), etc.
De modo permanente, se ha insistido en la amenaza que supone el terrorismo para cualquier sociedad, entre otras cosas porque, en la era de la globalización, una categoría como la de «problemas internos» ha quedado notablemente difuminada. Cualquier problema que ocurra en el seno de una nación puede transmitirse al resto. Si esto era evidente en el terreno económico, en lo referente al terrorismo también lo es. Los fenómenos independentistas en Bretaña y en Córcega, que ya han dejado su sello asesino, no están desligados, por ejemplo, de lo que ocurre en el País Vasco.
El Gobierno español también ha sabido aprovechar el contexto internacional para promover, conjuntamente con el resto de la oposición democrática, una Ley de Partidos Políticos en la que se permite la ilegalización de organizaciones políticas que den cobertura institucional a movimientos xenófobos, racistas o terroristas.
Contra la opinión de quienes pretender detectar un debilitamiento del Estado (Innerarity) o la propia percepción por parte de algunos intelectuales que entienden la globalización como un fenómeno que disuelve el concepto de soberanía (Nye, Haass, etc.), la Ley de Partidos no ha hecho sino reforzar y otorgar un nuevo protagonismo al Estado a la hora de dar respuesta a fenómenos que suponen un ataque directo al orden democrático,y de libertades.
IBEROAMÉRICA
El 11-S ha servido asimismo para estrechar aún más las relaciones con la Administración Bush. Lo que en junio de 2001 fue un gesto significativo, pero a priori intrascendente, ha cobrado un significado determinante a consecuencia de los acontecimientos posteriores. Éstos han hecho de España y Estados Unidos dos naciones que comparten su condición de víctimas y que se sienten amenazadas por el terrorismo. Esto ha hecho que sus intereses sean aún más coincidentes. La invitación personal de Bush a Aznar a Camp David da cuenta de ello. Por encima de la opción, real o no, de una supuesta integración de España en el selecto club del G-8, cuyos socios quizá consideran prioritaria la incorporación de China, las posibilidades que se han abierto gracias a la similar percepción de la actualidad por parte de los presidentes Aznar y Bush, hacen que España pueda desempeñar un papel más importante en diversos escenarios internacionales
La sintonía con Estados Unidos a la hora de abordar la amenaza del terrorismo se ha aprovechado también para analizar conjuntamente la realidad Iberoamericana. Hasta hace una década, la hegemonía política y económica en el continente americano de Estados Unidos era absoluta. La apuesta internacional, tanto por parte de las grandes empresas españolas (Telefónica, Repsol, Endesa, Iberdrola, Ferrovial, Endesa, BBVA, SCH…) como de pequeños empresarios, ha hecho que España fuera, en 2001, el primer inversor de la región. Las empresas españolas se han transformado así en competidoras directas de numerosas empresas norteamericanas.
Junto a esto, la inestabilidad política en la zona se ha incrementado notablemente a lo largo de 2002. La crisis económica y política de Argentina ha comenzado a afectar a Brasil y a Uruguay. Además, en Brasil se incrementa la incertidumbre, al estar en medio de un proceso electoral que puede dar la victoria al líder comunista del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Lula da Silva. El aumento del riesgo-país y la salida de capitales, ya en marcha, ha obligado a devaluar el real, medida que en modo alguno ayudará a la economía argentina. La crisis del cono Sur, pues, no tiene visos de solución a medio plazo.
De todos modos, fue durante el golpe de Estado en Venezuela cuando las embajadas de Estados Unidos y España estuvieron más coordinadas. Aunque Chávez no ha sido un gobernante del gusto de ninguno de los dos países, el hecho de que el empresario Pedro Carmona anunciase medidas manifiestamente antidemocráticas y regresivas le privó de cualquier apoyo internacional.
Aún así, será en Colombia donde se ponga de manifiesto el renovado espíritu de la nueva época. La llegada de Alvaro Uribe va a suponer un fortalecimiento en la lucha contra la guerrilla de la FARC. Una guerrilla que, además, obtiene del tráfico de drogas su principal fuente de financiación. El reciente impulso que la Administración Bush ha dado al Plan Colombia y las cada vez más evidentes conexiones internacionales entre las distintas organizaciones terroristas, obligan a España a buscar una mayor implicación en el conflicto. En este sentido, el hecho de que en Bolivia el partido de los cocaleros haya logrado un notable avance electoral y que la política de los cultivos sustitutivos esté sufriendo una importante regresión, supone un nuevo reto tanto para España como para Estados Unidos.
Por otro lado, aunque es sobradamente reconocida la capacidad y la incesante acción política del Secretario para Asuntos Hemisféricos, Otto Reich, hoy en día la política iberoamericana de Estados Unidos ocupa un segundo lugar respecto a Oriente Medio y Afganistán. En esas circunstancias, no es previsible que vaya a quedar en un segundo plano la Doctrina Monroe por parte de las autoridades americanas: para los asuntos militares y de alta seguridad el protagonismo de Estados Unidos seguirá siendo exclusivo. La gran implicación de España en el fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica, con el creciente grado de colaboración de Fundaciones españolas con Fundaciones norteamericanas, tales como el National Democratic Institute (NDI) O el International Republican Institute (IRI); la perseverancia de los inversores; la actividad de los dirigentes políticos españoles y su sensibilidad en las organizaciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio; y el hecho mismo de que España esté situada como el puente natural de Latinoamérica con la UE, son razones todas que proporcionan mayor robustez a la posición de nuestro país.
MARRUECOS
No obstante este panorama optimista, hay que señalar que no todas las circunstancias internacionales juegan a favor de España. El contencioso con Marruecos es un inconveniente notable para la política exterior y la propia relación con Estados Unidos. El rey Mohamed VI decidió retirar a su Embajador en España y ha llevado a cabo una continua política de provocaciones, al mismo tiempo que estrechaba lazos con Estados Unidos. El hecho de que el Plan Baker para el Sahara recogiese la mayoría de sus pretensiones muestra a las claras la excelente relación con los mandatarios americanos. Marruecos, que siempre ha sido el aliado de Estados Unidos más sólido en el mundo árabe, ha sabido mantener una posición pública de enfrentamiento al islamismo radical dentro de sus fronteras, al tiempo que financiaba y amparaba las acciones de grupos fundamentalistas en Argelia. La posible existencia de yacimientos energéticos en la zona hace aún más enrevesada la cuestión.
Con habilidad, Marruecos está aprovechando la oportunidad que juega su posición geopolítica para abrir nuevamente los contenciosos pendientes con España. La retirada del embajador o la invasión de la isla del Perejil no son sino aspectos parciales del problema central que supone que España sea la pieza en torno a la que gravite el nacionalismo marroquí, factor principal, cuando no único, de unión entre el pueblo y sus tiránicos monarcas.
El problema latente que representa la situación del antiguo protectorado español del Sahara y la presencia de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla, junto con los islotes desperdigados a lo largo de la costa, no permiten vislumbrar un fácil final a las reivindicaciones alauitas.
Este contencioso va a impedir, o al menos alterar en alto grado, la relación normal de España con el Magreb. La cuenca sur del Mediterráneo constituye, junto con Iberoamérica, el ámbito natural en el que se debe hacer patente el nuevo rol que juega España dentro del contexto internacional. Es necesaria una mayor presencia española en todos los ámbitos, para tratar de incrementar la relación política, económica y cultural de nuestro país con Argelia, Túnez, Libia y por supuesto Marruecos. Son sociedades y mercados en desarrollo, en los que el contacto y la mutua relación sólo pueden traer consecuencias beneficiosas para la zona.
Aunque sea menos efectista, es sin duda mucho más beneficioso para los intereses españoles que el mayor protagonismo y peso internacional se ponga al servicio de una solución estable a los problemas entre Marruecos, Argelia, Sahara y Mauritania, que en espectaculares conferencias de paz para Oriente Medio, en las que las aportaciones políticas de España son muy escasas. En cambio, el logro de la estabilidad económica y política en el Magreb sería a todas luces una apuesta beneficiosa y podría traer la efectiva apertura de nuevos mercados. Aunque es evidente que Francia juega también un papel de primera magnitud, las reticencias existentes aún, por su pasado de potencia colonial de la zona, confieren a España una posición singular.
INMIGRACIÓN-SEGURIDAD
Junto a ello, se hace urgente la búsqueda de una solución al problema de la inmigración. El 11-S ha supuesto un aldabonazo para las sociedades europeas y, aunque los problemas de inseguridad estuviesen presentes desde hacía tiempo, no es mera coincidencia que los ciudadanos europeos hayan obligado a sus respectivos dirigentes políticos a situarlos en el primer lugar de su agenda política. Esta circunstancia puso de manifiesto los reflejos de la presidencia española, al introducir el asunto en la Cumbre de Sevilla.
Los atentados de Nueva York y Washington han hecho que las diferentes sociedades empujen a los Ejecutivos a asumir la seguridad como uno de los referentes principales de la labor de gobierno. En el resto de Europa, esta circunstancia se ha visto acompañada por la amenaza de un incremento del peso político de la ultraderecha, ligada a unas erróneas, desfasadas y miopes políticas de inmigración.
Junto al binomio inmigración-seguridad, el modo en que se produce la convivencia en las sociedades occidentales con los recién llegados adquiere una importancia capital. El modelo multicultural, es decir, la convivencia en una misma sociedad entre distintas culturas absolutamente inpendientes, ha mostrado su fracaso real. Las sociedades occidentales, entre ellas la española, se reconocen como el producto de un mestizaje que ha durado siglos, y la integración de los ciudadanos es la única manera de lograr un verdadero avance. Aunque quizá no sea políticamente correcto hablar de las culturas en términos de la escala métrico decimal, parece que la democracia, el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y la igualdad entre hombres y mujeres suponen unos valores imprescindibles para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su procedencia, y deben ser la base sobre la que se establezca la convivencia.
La caída del Muro de Berlín puso de manifiesto, entre otras cosas, que la economía y la política no son los motores únicos de la historia, sino que la cultura es la verdadera piedra filosofal del progreso. En Occidente, al mismo tiempo que se han registrado avances importantes, aquí citados, y que constituyen uno de los pilares de nuestro progreso, se observa un cierto cansancio o anemia, una cierta incapacidad social y cultural para reaccionar ante el empuje de los bárbaros del Norte de Africa y Oriente Medio. Después de varios siglos confiando en «manos invisibles» que nos devuelvan un supuesto equilibrio perdido, parece que va llegando la hora de recurrir a las «manos visibles» de los ciudadanos para reconstruir las grietas que han aparecido en nuestro modelo cultural. Ese es el escenario y esos los retos a los que nos enfrentamos los españoles un año después de unos atentados que, aunque suene a tópico, nos conmocionaron.
