Este fue el lema bajo el que se efectuó la campaña institucional del proceso de regularización de inmigrantes que tuvo lugar en nuestro país, entre el 10 de junio y el 10 de diciembre pasados. Salir a la luz, ponerse en regla, regularizar la situación de ilegalidad: ésta fue la oferta que el Gobierno ofreció a un número elevado, pero desconocido de inmigrantes que, independientemente de su forma de entrada en España, vivían y trabajaban de forma clandestina.
Las condiciones objetivas para la regularización eran hallarse en el país antes del 15 de mayo y cumplir, al menos, uno de los cuatro supuestos siguientes: encontrarse en nuestro territorio, residiendo o trabajando antes del 24 de julio de 1985; haber sido titular de un permiso de trabajo previo; haber trabajado por lo menos 9 meses en los dos últimos años; o tener una oferta de empleo estable —seis meses como mínimo—o un proyecto autónomo económicamente viable.
La regularización fue la segunda que se puso en marcha en el país; la primera se había llevado a cabo con motivo de la publicación de la Ley de Extranjería (julio de 1985), a lo largo de los años 85 y 86. En esta ocasión se presentaron alrededor de 40,000 solicitudes que fueron informadas favorablemente en su inmensa mayoría (94%), si bien la concesión de las autorizaciones para residir y trabajar tuvo un alcance diferente al deseado por una buena parte de los solicitantes, ya que se otorgaron más permisos temporales de corta duración que los demandados y menos permisos permanentes o unificados (residencia-trabajo) de los pedidos.
Objetivos
Los objetivos prioritarios de este segundo proceso de regularización, enmarcado en la nueva «política activa de inmigración» contenida en el documento elaborado por el Gobierno y remitido al Congreso en el mes de diciembre de 1990 («Situación de los extranjeros en España. Líneas Básicas de la política española de extranjería». Ver mi comentario en NUEVA REVISTA n° 15, Junio de 1991), fueron dos: que tuviese carácter general, es decir, que intentase «sacar a la luz» a la totalidad o al mayor número posible de irregulares (que, lógicamente, cumpliesen los requisitos predefinidos) y que fuese creíble por ellos, con el fin de vencer la natural desconfianza de los inmigrantes irregulares que, a veces, prefieren la vaga seguridad de la sumersión a los resultados inciertos de su peregrinaje a la legalidad.
No se puede evaluar el número de inmigrantes ilegales que, deseando y aun reuniendo «a priori» los requisitos objetivos para regularizar su situación, no han podido ni siquiera intentar hacerlo. Desde algunos Sindicatos y Asociaciones de inmigrantes (particularmente marroquíes), se critica la excesiva rigidez en el análisis de la documentación presentada y la imposibilidad, por parte de algunos trabajadores, de obtener de sus empleadores la documentación acreditativa de su vinculación laboral. Y, por supuesto, no será posible conocer el número de irregulares que, finalizado el proceso de resolución de los expedientes, permanecerán en esta situación por no haber querido o podido optar a la regularización, pese a residir en España antes del 15 de mayo, por haber llegado al país durante el tiempo que ha estado abierto el proceso, o porque se rechace definitivamente su solicitud.
Resultados
El balance provisional de la regulación a la fecha de cierre del proceso, ha sido el siguiente: se presentaron 132.934 expedientes, de los que se habían resuelto 84.446. De ellos, fueron informados de manera favorable 73.022 que representan casi el 88%; 7.140 de forma negativa y 3.284 causaron baja por pertenecer las solicitudes a ciudadanos de la CEE, por estar duplicados o por desistir los peticionarios. Alrededor de 9.600 expedientes más estaban pendientes de resolución por falta de documentación laboral o de informe de las autoridades gubernativas.
Si el porcentaje de expedientes resueltos de manera positiva se aplicase al conjunto de solicitudes recibidas, el número total de regularizados se elevaría a unos 115.(XX). Como la inmigración anteriormente legal ascendía a 400.000 personas, la cifra total de inmigrantes en situación regular rebasaría en poco el medio millón de habitantes. Un peso relativo, aún modesto en un país que supera, probablemente, los 39 millones de seres. Como en otras naciones del ala meridional comunitaria, las actitudes racistas y xenófobas (todavía muy minoritarias), no pueden justificarse con argumentos cuantitativos. Otra cosa muy distinta, dado el fuerte potencial migratorio de los países del Magreb, es lo que pueda ocurrir en el futuro. Pero, ilustrar esta posibilidad no es objetivo de estas breves líneas.
Lo que sí ha permitido el proceso de regularización, a través del análisis de la documentación presentada y de una encuera paralela efectuada entre los inmigrantes regularizados que, voluntariamente. han querido cubrirla, es conocer mejor las características y condiciones de los inmigrantes en situación anterior de irregularidad. Los datos han permitido corroborar muchas intuiciones e informaciones previas fragmentarias, pero, al mismo tiempo, ofrecen resultados inesperados en algunas cuestiones de gran trascendencia para el futuro inmigratorio del país.
Las provincias donde se han presentado los expedientes indican las áreas principales de concentración de los inmigrantes. A la cabeza se sitúan, como era de esperar, Madrid y Barcelona (29 y 22 % del total), seguidas a cierta distancia por provincias localizadas en el Mediterráneo (Murcia, Gerona, Málaga. Valencia, Alicante, Almería, Baleares y Tarragona). En conjunto, estas Í0 provincias han concentrado más del 85 % de las solicitudes. El examen de las procedencias tampoco ha ofrecido grandes sorpresas; ha corroborado lo que era una percepción generalizada: que casi la mitad de los regularizados son marroquíes. Tres grupos de latinoamericanos (con porcentajes en tomo al 5-6 figuran a continuación. Se trata de los dominicanos (básicamente mujeres), argentinos y peruanos. Vienen después los chinos y filipinos (3/4 %) y, de tris, los inmigrantes de Polonia (3,07 %), el único país europeo con cierta representación.
Mujeres
No ha sorprendido, aunque no deja de ser un hecho que individualiza relativamente nuestra situación, la elevada presencia de mujeres (1/3 del total) entre los regularizados. Los últimos procesos de regularización en países próximos, como Francia o Italia, dieron niveles de presencia femenina más modestos. Tampoco ha resultado inesperado que la inmensa mayoría de los solicitantes hayan sido personas en edades eminentemente activas que trabajan en los servicios y que lo hacen, en casi su totalidad, por cuenta ajena.
Lo que sí ha resultado más llamativo (los resultados proceden de la encuesta mencionada) es conocer el elevado número de inmigrantes que manifiestan haber elegido España como su primer y último país de inmigración y la cifra, también elevada, de los que tienen intención de establecerse definitivamente en nuestro territorio. De estas actitudes se derivan dos conclusiones importantes: la inexactitud del viejo tópico que hacía de España un espacio de tránsito para saltos más al norte y la acentuación en el futuro de los movimientos de reagrupación familiar, fundamentalmente de las esposas e hijos de los inmigrantes (por el momento, el proceso de regularización para los familiares de los trabajadores sigue abierto hasta el 10 de marzo de 1992).
La incorporación a la legalidad de más de 100.000 personas, no sólo altera el volumen total de legales, sino también la estructura de sus procedencias y su relación con la actividad. Los inmigrantes europeos han pasado de representar 2/3 del total a suponer tan sólo la mitad. Los africanos, al contrario, (básicamente marroquíes) han crecido desde un 6% a un 18%. Estos, como los inmigrantes latinoamericanos o asiáticos, regularizados que también han experimentado aumentos, aunque más pequeños, son activos en su inmensa mayoría, lo cual ha repercutido en una reducción sensible de la elevada proporción de inactivos que existían anteriormente entre los extranjeros regulares. Quizás, el hecho más significativo de la regularización es la progresiva marroquízación del trabajo legal, puesto que en la economía sumergida, los inmigrantes de Marruecos ya eran y siguen siendo sus principales protagonistas.
