Migración internacional: un marco de cooperación frágil y en tensión

Anna Terrón. Senior fellow del Migration Policy Institute (MPI). Cofundadora de InStrategies y exsecretaria de Estado de Migración.

ArtÍculo

la movilidad humana constituye la única di­mensión de las sucesivas fases de globaliza­ción que no ha generado un sistema de go­bernanza más o menos estable, como lo han hecho el comercio, las finanzas o el medioam­biente. La esfera política tiende a tratar la migración como un fenómeno disruptivo o de crisis, y no como el componente estructural y consustancial de nuestras sociedades que los datos confirman.

No fue sino hasta mediados de la década pasada, en plena crisis humanitaria provocada por la guerra en Siria y otros conflictos regionales, cuando la migración entró en la agenda de las relaciones internacio­nales. Lo hizo a través del desarrollo, una puerta de entrada que permitió sortear —aunque no eliminar— la dimensión política y conflictiva que había bloqueado cualquier avance, tanto a nivel nacional como global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incorporó por primera vez la mi­gración en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconociéndola como un factor del desarrollo humano. Desde entonces, la comunidad internacional ha adoptado una serie de instrumentos jurídicos no vinculantes —la De­claración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), el Pacto Mundial sobre los Refugiados (2018) y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Re­gular (2018)— que, en conjunto, buscan fortalecer la coo­peración multilateral. Sus objetivos: reforzar el Derecho de Asilo, vigente desde 1951, y avanzar hacia un marco global de gobernanza migratoria basado en los derechos humanos, la corresponsabilidad y el desarrollo sostenible.

A pesar de ello, la migración sigue sin tener un espacio normativo consolidado. La institucionalización del marco creado desde 2016 depende de mecanismos de coopera­ción voluntaria, de naturaleza política, donde confluyen agendas diversas —desarrollo, seguridad, derechos huma­nos, gestión fronteriza— y en los que los Estados conser­van una amplia discrecionalidad. Este carácter fragmenta­rio ha dado lugar a lo que diversos autores describen como un régimen complejo de gobernanza basada en la volun­tad, sostenido por redes, partenariados y procesos más o menos reglados, aunque siempre informales.

Este artículo analiza la gobernanza multilateral de las migraciones a partir del marco construido desde 2015 y su evolución en la última década. Examina también el papel de la Unión Europea como experiencia singular de gobernanza supranacional, así como su proyección inter­nacional y su contribución —a menudo ambivalente— a la configuración del incipiente régimen global. Finalmen­te, se plantean escenarios prospectivos sobre el futuro del multilateralismo migratorio y las posibilidades de avanzar hacia una arquitectura más coherente y efectiva.

El marco construido desde 2015 y su evolución

1. De la Agenda 2030 a la Declaración de Nueva York

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015) reconoció por primera vez la migración como un fenómeno transversal y estructural del desarrollo. El ODS 10, dedicado a reducir las desigualdades dentro y entre los países, incorpo­ró en su meta 10.7 el compromiso de «facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la implementación de po­líticas migratorias planificadas y bien gestionadas». Con ello, situó la migración en el centro de una visión cooperativa y basada en derechos. Otros objetivos —como el ODS 8 (tra­bajo decente y crecimiento económico), el ODS 11 (ciuda­des sostenibles), el ODS 16 (instituciones eficaces) y el ODS 17 (asociaciones globales)— también incorporaron metas re­lacionadas con la movilidad humana, reforzando la idea de que una gestión adecuada de la migración puede contribuir al bien común global. La Agenda 2030 abrió el camino hacia un enfoque integral centrado en las personas migrantes, en el que las políticas migratorias se articulan con el desarrollo, los derechos humanos y la cooperación internacional.

Un año más tarde, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016) consolidó la entrada de la migración en el ámbito multilateral. Reconoció el movimiento humano como una constante histórica, im­pulsado tanto por la búsqueda de oportunidades económi­cas como por la huida de conflictos, pobreza o violencia. Subrayó la contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible, y adoptó compromisos que abarcan tanto a refugiados como a migrantes, propo­niendo una visión menos cerrada entre ambas esferas, con el objetivo de evitar la desprotección absoluta de quienes quedan fuera del ámbito del Derecho de Asilo.

El texto asumió el compromiso de «proteger la segu­ridad, la dignidad y los derechos de todos los migrantes sea cual fuere su estatus migratorio, en todo momento», así como de cooperar para garantizar una migración se­gura, ordenada y regular. En relación con los refugiados, reafirmó el marco del Derecho Internacional del Asilo y la necesidad de abordar las causas profundas de los des­plazamientos: pobreza, inestabilidad y conflictos. La De­claración propuso así un programa de acción con dos ejes principales: reforzar la protección de migrantes y refugia­dos, y enfrentar las causas estructurales de los grandes desplazamientos. Estos objetivos dieron lugar a dos proce­sos paralelos de negociación: el Pacto Mundial sobre los Refugiados (PMR) y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM).

Durante ese mismo período, la Organización Interna­cional para las Migraciones (OIM), fundada en 1951, se integró formalmente en el sistema de Naciones Unidas como organismo asociado. Mantuvo su carácter operativo y asumió un rol de coordinación dentro del sistema, así como de apoyo a los mecanismos previstos por la Declara­ción para «reforzar la capacidad de los países para abordar los desplazamientos causados por la pobreza, la inestabi­lidad, la marginación, la exclusión y la falta de oportuni­dades económicas y de desarrollo, especialmente entre las poblaciones más vulnerables».

Tanto la Declaración de Nueva York (2016) como el PMM son instrumentos jurídicos no vinculantes. No obs­tante, ello no les resta relevancia: se trata de los únicos documentos negociados intergubernamentalmente en materia de gobernanza global de la migración, y ambos han influido significativamente en la manera en que la comunidad internacional aborda la cuestión en el marco del multilateralismo. Este aspecto será retomado más ade­lante, junto con las tensiones y obstáculos que enfrenta el desarrollo de este primer espacio de cooperación multila­teral en materia migratoria.

2. Los Pactos Mundiales de 2018: institucionalización débil del multilateralismo migratorio

El Pacto Mundial sobre los Refugiados (PMR), adop­tado por la Asamblea General de Naciones Unidas en di­ciembre de 2018, se apoya en el Derecho Internacional del Asilo y busca hacer operativos sus principios mediante una cooperación estructurada que acerca al ámbito del de­sarrollo. Sus cuatro objetivos clave son: aliviar las presiones sobre los países de acogida; promover la autosuficiencia de las personas refugiadas; ampliar las soluciones basadas en la reubicación y otros mecanismos de protección; y favore­cer condiciones para un retorno seguro y digno a los países de origen. El Foro Mundial sobre los Refugiados, que se reúne cada cuatro años, supervisa su implementación y mantiene vivo el compromiso con los objetivos del Pacto.

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), aprobado en Marrakech en diciembre de 2018 y ratificado posteriormente por la Asamblea Gene­ral de Naciones Unidas, constituye el primer marco global para la gobernanza de la migración internacional, aunque aún no cuente con fuerza normativa. Promueve una visión integral basada en los derechos humanos y la corresponsa­bilidad, estructurada en veintitrés objetivos operativos y un conjunto de medidas para su implementación. Su principio fundamental —que ningún Estado puede gestionar la migración de forma aislada— define la naturaleza coope­rativa del nuevo enfoque y apuesta por un multilateralismo funcional, con capacidad para generar estándares, orientar políticas y construir legitimidad internacional. Llama a asu­mir la movilidad humana como una cuestión que desafía la soberanía estatal y requiere responsabilidad común dentro de un marco de gobernanza multilateral.

El PMM cuenta con una arquitectura de implementa­ción que refuerza su vocación práctica. La Red de las Na­ciones Unidas sobre Migración, coordinada por la OIM, asegura la coherencia de las acciones del sistema de la ONU. El Mecanismo de Creación de Capacidades ofrece apoyo técnico y financiero a los Estados, y el Foro de Exa­men de la Migración Internacional (FEMI), de carácter cuatrienal, evalúa los avances y promueve el intercambio de experiencias. Estos espacios sostienen una gobernanza en red que, aunque carente de fuerza jurídica, produce convergencia en prácticas, discursos y cooperación técni­ca. El Foro Global sobre Migración y Desarrollo (GFMD), plataforma inicial del debate sobre migración en el marco de Naciones Unidas, con sus debilidades, sigue siendo un espacio de diálogo inclusivo liderado por los Estados y abierto a todos los sectores implicados.

El proceso de ratificación del PMM, sin embargo, evi­denció dificultades ya conocidas, aunque con nuevas for­mas. Mostró cómo el debate migratorio puede ser instru­mentalizado en los escenarios nacionales para debilitar los esfuerzos multilaterales. Estados Unidos se retiró del pro­ceso bajo la primera administración Trump y varios Esta­dos miembros de la Unión Europea rechazaron su ratifica­ción, impidiendo una posición común. La politización fue intensa: en algunos países, el Pacto fue presentado como una amenaza a la soberanía o como un instrumento «proin­migración». En Bélgica, la controversia provocó incluso la caída del gobierno en 2019. Estos episodios ilustran cuán sensible sigue siendo la migración como terreno político, en el que las dinámicas internas que alimentan el conflicto pe­san más que los incentivos a la cooperación internacional.

El proceso de negociación y ratificación del Pacto anticipó las resistencias que, pocos años después, marcarían la políti­ca internacional: la instrumentalización de la migración en los debates internos, el uso del miedo como herramienta política y la erosión del consenso multilateral en favor de enfoques de repliegue nacional. Aun así, el Pacto conserva un valor indis­cutible: consolidó el principio de cooperación como necesi­dad estructural y dejó constancia de que la gobernanza de la movilidad humana solo puede construirse desde una visión compartida de los derechos y las responsabilidades globales. Señaló, además, una hoja de ruta posible.

3. Balance crítico: entre la aspiración y la fragmentación

Los objetivos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) siguen vigentes, y su contenido continúa orientando buena parte de las políti­cas migratorias. Aunque las dificultades surgidas durante su ratificación han eliminado las referencias explícitas al Pacto, muchas de sus propuestas se han mantenido. Lo­grar una «migración segura, ordenada y regular» y «abordar las causas profundas de la migración» se ha convertido en un lugar común, incluso entre quienes nunca ratificaron el PMM. No obstante, en el contexto actual, marcado por la tensión permanente entre la necesidad de cooperación y la reafirmación de la soberanía, estas referencias están envueltas en ambigüedades significativas.

El lenguaje del Pacto se construyó en el contexto de la crisis humanitaria de 2015 y 2016, aún bajo el impac­to de la fotografía del cuerpo sin vida del pequeño Aylan Kurdi en una playa turca, símbolo extremo de su coste en vidas. En ese marco, una «migración segura» aludía de forma clara al deber de salvar vidas y proteger a las personas migrantes. «Migración ordenada» implicaba una gestión más eficaz y humana de los flujos, capaz de evitar sufrimiento y maximizar oportunidades, considerando los distintos intereses en juego. Sin embargo, en este tiempo, estos conceptos se han derivado hacia significados diver­sos y, en ocasiones, contrapuestos. «Seguridad» se utiliza tanto para referirse a la seguridad de las personas migran­tes como a la seguridad de las fronteras. «Regularidad» se interpreta según la posición de los Estados: para los países de origen y tránsito, implica crear vías seguras y legales de movilidad; para muchos países de destino, se asocia al control de la migración irregular y a la exigencia de colabo­ración de los países emisores en su gestión.

El reconocimiento de la movilidad humana como una realidad estructural del mundo globalizado convive con políticas nacionales que la siguen tratando como una ex­cepción o una amenaza. El enfoque de la «migración se­gura, ordenada y regular» ha perdurado, pero su aplicación práctica se ha vuelto más restrictiva. Esta variabilidad en las interpretaciones dificulta los diálogos migratorios e im­pacta en la implementación de políticas, que a menudo re­sultan limitadas, simbólicas o centradas en el corto plazo, con el riesgo de reducir la gobernanza migratoria a la lucha contra la criminalidad, dejando de lado la complejidad de la movilidad humana en el mundo actual.

El segundo gran eje del PMM —la necesidad de abor­dar las causas profundas de la migración— también se ha desdibujado. La expresión satisface tanto a quienes la in­terpretan como un medio para reducir las llegadas, como a quienes la entienden desde un enfoque de derechos y as­piración al bienestar en los países de origen. Este enfoque ha derivado, en muchos casos, en acciones de desarrollo que mantienen una relación débil con la realidad migra­toria. La evidencia muestra que no existe una relación li­neal entre desarrollo y migración en el sentido de que más desarrollo implique menos migración. Las iniciativas del llamado nexo entre migración y desarrollo se centran en el paradigma del desarrollo. Sin embargo, aún está pendiente trabajar desde el conocimiento de la migración, situar a las personas migrantes, reconocidas como actores del de­sarrollo, en el centro de estas acciones, acompañando sus propias estrategias.

A su vez, la visión instrumental de la ayuda al desarrollo —concebida como una moneda de cambio para obtener cooperación en control fronterizo— genera nuevas depen­dencias. Se trata de un proceso cuyas consecuencias a medio plazo, tanto para el desarrollo humano como para la gobernanza migratoria internacional (y la política exterior europea), aún no se han dimensionado plenamente.

Además de la pobreza, la Declaración de Nueva York y el PMM identifican la violencia y la inestabilidad como causas profundas de la migración. Guerras, conflictos armados y violencia generan, tarde o temprano, grandes desplazamientos. Sin embargo, este aspecto sigue sin in­tegrarse en el ámbito de la seguridad global. La buena go­bernanza y la posibilidad de cubrir las necesidades bási­cas que permite una vida digna, pilares de la estabilidad, suelen ignorarse o quedar subordinados a imperativos de orden y control a corto plazo. Por otro lado, las consecuen­cias del cambio climático en grandes regiones del mundo emergen como un factor cada vez más determinante de los desplazamientos forzados. Así, abordar las causas pro­fundas de la migración en toda su dimensión es todavía un desafío pendiente.

El PMM constituye el único marco integral de coope­ración multilateral sobre migración existente y conserva su valor como referente político y discursivo. Su potencial reside en la capacidad de articular principios comunes, ge­nerar convergencias y ofrecer un lenguaje compartido en un campo marcado por la fragmentación y el disenso. No obstante, también evidencia los límites del sistema inter­nacional: aunque se ha avanzado en la construcción de un lenguaje común y marcos de cooperación, no se ha logra­do crear un régimen global efectivo. La gobernanza de la movilidad humana sigue siendo un terreno de promesas y resistencias, donde los instrumentos multilaterales coexis­ten con la primacía de enfoques regionales y nacionales.

La siguiente sección examina precisamente la expe­riencia de la Unión Europea, que —con todas sus contra­dicciones— representa el experimento más avanzado de gobernanza supranacional en materia migratoria.

La UE en la gobernanza global de las migraciones

La Unión Europea tiene entre sus mayores logros haber establecido un régimen de libre circulación interior, des­mantelando fronteras históricas y construyendo el sistema regional de cooperación transfronteriza más desarrollado del mundo. Este avance implicó asumir de forma conjunta la gestión de las fronteras exteriores y armonizar, al menos parcialmente, las políticas de migración y asilo. Sin em­bargo, las dificultades han sido persistentes, tanto en el plano interno como en su dimensión exterior.

En coherencia con su naturaleza y de acuerdo con sus propios intereses, la Unión Europea se ha definido desde sus inicios como defensora del multilateralismo y del orden inter­nacional basado en normas, también en el ámbito migratorio.

La UE impulsó la inclusión de la migración en la Agenda 2030 y en la Declaración de Nueva York de 2016, defen­diendo la necesidad de un marco global que vinculase mo­vilidad, derechos y desarrollo. Durante la negociación del PMM, tanto la Comisión Europea como el Servicio Euro­peo de Acción Exterior desempeñaron un papel relevante, promoviendo una visión de cooperación internacional ali­neada con los valores fundacionales de la Unión y con sus intereses inmediatos, especialmente tras la crisis de 2015 que puso en evidencia las debilidades de la política común de migración y asilo. Avanzar hacia una responsabilidad compartida —en el sentido ya definido— era visto por la Unión como parte de la salida. A largo plazo, permitía refor­zar la relación con los países terceros, fundamental para la gestión de las políticas europeas de migración y asilo.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, to­das las iniciativas de la Unión en materia migratoria —des­de el Acuerdo de Tampere hasta el recién adoptado Pacto Europeo de Migración— han insistido en la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito. En línea con esta visión, la UE ha canalizado recursos y diseñado programas de acción exterior que combinan de­sarrollo, protección, mecanismos de control de los tráficos y de las fronteras en origen, y aceptación de los retornos de personas en situación irregular. Encajar esta política en un sistema de gobernanza multilateral, en el que los paí­ses de origen aceptaban una migración ordenada —que incluía responsabilidades en el control y la aceptación de retornos— a cambio de que se contemplaran también sus propias necesidades, entre ellas la posibilidad de una migra­ción regular, resultaba clave para la propia Unión.

Sin embargo, el proyecto de una Europa unida y sin fronteras interiores —que pretendía reforzar su proyec­ción internacional mediante la cooperación y el compro­miso con el multilateralismo— ha coexistido siempre con resistencias nacionalistas. Estas se expresan con especial intensidad en los ámbitos considerados consustanciales a la soberanía estatal: la política exterior y el control del territorio. La migración está en el centro de esta tensión.

La virulencia del debate sobre el PMM durante los procesos de ratificación en algunos Estados miembros, en paralelo al rechazo frontal del mismo por parte de la admi­nistración Trump, anticipó una tendencia hoy consolidada en Europa: la instrumentalización política de la migración y de las personas migrantes, disociada de los múltiples fac­tores que configuran las migraciones internacionales y su papel en el mundo contemporáneo.

Las resistencias de estos años han desembocado en una oposición frontal que reclama la renacionalización de las políticas migratorias. Bajo la promesa de «recuperar el control» se busca subordinar el enfoque supranacional y multilateral a objetivos estratégicos de contención y es­tabilidad que —contra toda evidencia histórica— se pre­sentan como más alcanzables desde el repliegue nacional.

Aun así, la necesidad de gobernar las migraciones per­manece. La Unión ha dedicado más de un lustro a elaborar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, concebido para restaurar la confianza erosionada tras la crisis anterior y avanzar hacia una arquitectura jurídica y política común. Como sus predecesores, el Pacto condiciona su eficacia a una dimensión exterior de la política migratoria, que pro­clama como imprescindible pero no termina de definir. En un marco multilateral debilitado, su acción exterior se decanta casi exclusivamente por el bilateralismo selectivo y los acuerdos de contención: un recurso que siempre ha estado presente y cuyas limitaciones son bien conocidas.

A pesar de la oposición —y, en algunos casos, el re­chazo visceral— que ha generado, el Pacto Europeo es ya una realidad. Con todas sus limitaciones, su complejidad extrema y los retrocesos en la consolidación de un sistema basado en el Derecho de la Unión, representa el último intento de restaurar una gobernanza común. Por su parte, el Pacto Mundial sigue siendo un instrumento disponible, una hoja de ruta vigente, también para orientar la acción exterior europea.

No podemos anticipar cuál será el futuro de la migra­ción en un marco multilateral hoy inestable, pero nos atre­vemos a esbozar algunos escenarios.

Escenarios futuros

La última década ha demostrado que la gobernanza de la migración es uno de los campos más sensibles del orden in­ternacional contemporáneo. Aunque la interdependencia es evidente, la voluntad política para construir marcos sos­tenidos de cooperación sigue siendo débil. Las tensiones que atraviesan tanto a la Unión Europea como al sistema de Naciones Unidas anticipan dilemas globales: gestionar la movilidad humana exige acuerdo, corresponsabilidad y acción concertada, mientras que las políticas nacionales, en las que la migración es un elemento de confrontación que erosiona el apoyo a la cooperación internacional, se orientan a priorizar el corto plazo y el control.

De esas tensiones se derivan tres posibles trayectorias para el futuro del multilateralismo migratorio:

Escenario 1: Repliegue nacional, bilateralismo y regionalis­mo fragmentado

En este primer escenario, el multilateralismo migrato­rio se debilita y el desorden crece. Los Estados priorizan acuerdos bilaterales o regionales centrados en control y retorno, mientras los foros multilaterales pierden capa­cidad de influencia. La cooperación se limita a objetivos funcionales —gestión fronteriza, readmisión—, desvinculados de cualquier marco de derechos o responsabilidad compartida.

Este modelo prolonga la tendencia actual a relaciones meramente instrumentales. Los países de destino utilizan la ayuda, el comercio o el respaldo diplomático como in­centivos para obtener colaboración en control migratorio; los países de origen o tránsito, por su parte, emplean la mi­gración —y a las personas migrantes— como moneda de negociación. El objetivo de trasladar el control fronterizo a terceros países, al margen de una gobernanza común, se consolidaría como norma.

Las consecuencias serían claras: aumento de la desi­gualdad en la protección, fragmentación normativa, com­petencia entre modelos regionales y debilitamiento del Derecho Internacional del Asilo. La gestión de la movili­dad humana se convertiría en un mosaico de regímenes ad hoc, con legitimidad limitada y riesgo creciente de crisis recurrentes. La Unión Europea seguiría dependiendo de sus capacidades y las de sus Estados miembros para des­plegar su agenda internacional.

Escenario 2: Consolidación de un multilateralismo funcional

En este escenario, la comunidad internacional consi­gue mantener un multilateralismo funcional, basado más en la cooperación práctica que en normas vinculantes. Se prolonga así la lógica del PMM: compromisos políticos, mecanismos de revisión periódica y alianzas temáticas en­tre Estados, organizaciones internacionales y actores loca­les, dentro o fuera de los marcos del propio Pacto, según su ratificación.

La gobernanza migratoria se apoya en instrumentos no normativos, foros de evaluación y redes de intercambio de buenas prácticas. Organismos como OIM, ACNUR, OIT y alianzas regionales desempeñan un papel articulador. Este modelo tiene la virtud de ser realista y adaptable: no exige reformas institucionales profundas, pero mantiene viva la cooperación y favorece una convergencia progresiva de políticas.

Su debilidad, sin embargo, radica en la dependencia de la voluntad política y de los recursos de los Estados. En ausencia de mecanismos de cumplimiento, la coopera­ción tiende a limitarse a lo que no genera costes internos o electorales. La migración continúa siendo un terreno de política reactiva, más que de planificación, y el equilibrio entre derechos y control permanece frágil.

Escenario 3: Hacia una gobernanza global más estructurada

El tercer escenario, más ambicioso, implicaría avanzar hacia una gobernanza global más formalizada y normativa, apoyada en instituciones y mecanismos de cumplimien­to progresivo. No supondría necesariamente la creación inmediata de un régimen jurídico vinculante, pero sí el fortalecimiento del marco actual: dotar al PMM de meca­nismos más robustos de seguimiento, ampliar el mandato de la OIM y establecer principios comunes de responsabi­lidad compartida traducidos en políticas concretas.

Este modelo requeriría una alianza política entre re­giones dispuestas a sostener la agenda multilateral —UE, América Latina, Unión Africana, ASEAN— con el acuer­do de sus Estados, y podría vincular la gobernanza migra­toria con otros objetivos globales como el trabajo decente, la adaptación climática o la reducción de desigualdades.

Para ello, sería necesario reconfigurar la narrativa: sustituir la lógica de la crisis por la del fenómeno estruc­tural, y entender la movilidad como parte del desarrollo humano, no como disfunción del sistema, y cambiar el debate migratorio en el espacio político. Los intereses de los países receptores —que seguirán necesitando gober­nar flujos migratorios— y de los países de origen podrían abordarse, como lo hace el PMM, desde una lógica de sostenibilidad y corresponsabilidad. Para la Unión Eu­ropea, este escenario establecería un marco que podría facilitar el despliegue de la dimensión exterior del Pacto Europeo, que requiere, en última instancia, la coopera­ción efectiva con terceros Estados. ❡

Reflexión final

La gobernanza global de la migración no es una opción moral ni una aspiración idealista: es una condición estruc­tural de la interdependencia contemporánea. Las migra­ciones, tanto voluntarias como forzadas, seguirán produ­ciéndose, como ha ocurrido a lo largo de la historia, con fases de mayor o menor intensidad. Ningún Estado puede gestionar por sí solo los movimientos humanos que surgen de la desigualdad, el cambio climático, los conflictos o las transformaciones demográficas.

Los marcos multilaterales incipientes —hoy debilita­dos— representan un acuerdo mínimo para reducir los desplazamientos forzados causados por la violencia, la inestabilidad o la pobreza, y para gobernar las migraciones sobre la base de la protección de las personas y el reconocimiento de su papel en el desarrollo global. La ausencia de mecanismos cooperativos eficaces no solo aumenta el sufrimiento y la vulnerabilidad, sino que de­bilita la legitimidad del sistema internacional y alimenta un círculo vicioso de desconfianza y bloqueo político en torno a la migración.

El rumbo futuro dependerá, en parte, del lugar que ocupe la migración en las arenas nacionales y del uso que se haga de ella. También dependerá de cómo los actores globales —la UE, pero también América Latina, África y otros bloques— decidan politizar o no la cuestión migra­toria en sus relaciones exteriores. Una parte clave del de­bate se juega hoy en el interior de la Unión Europea, y de su resolución dependerá en gran medida el futuro de una Europa sin fronteras, hoy gravemente erosionada. Incluso una aplicación mínima del Pacto Europeo de Migración y Asilo exigirá cooperación internacional sostenida. Si los gobiernos y las instituciones logran reconstruir confianza y coherencia —la Unión Europea es clave en este ejercicio— la migración podría pasar de ser un factor de fractura y polarización a convertirse en un campo de re­novación del multilateralismo. Solo un enfoque basado en corresponsabilidad, derechos y cooperación efectiva per­mitirá transformar la migración en un pilar de gobernanza global, clave de la estabilidad a largo plazo.

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