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La evolución de la sociedad es un hecho constante que lleva inexorablemente a la necesidad de que las instituciones y organizaciones que la constituyen se adapten y den una respuesta ágil y eficaz a sus nuevas demandas. La Administración Pública, como instrumento esencial al servicio de la sociedad y de los ciudadanos que la integran, no puede permanecer ajena a ese proceso evolutivo.

Si realizamos una valoración global de nuestra Administración Pública, podemos afirmar que cuenta con herramientas modernas y profesionales competentes que la permiten prestar servicios de calidad a los ciudadanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, también han surgido deficiencias que es necesario atajar, y que en los estudios que reflejan qué opinan los administrados sobre el sector público se suelen identificar con las duplicidades, burocracia y multiplicación de organismos públicos. Esta realidad se hacía especialmente patente en un contexto de crisis económica como la que ha afectado a nuestro país en los últimos años, lo que obligaba a poner en forma a nuestra Administración, para que perdiera la dimensión que le sobraba, pero sobre todo para que ganara musculatura y agilidad.

La situación presupuestaria obligaba a acometer la reforma con urgencia y determinación, pero su finalidad no ha sido el propio ahorro, sino lograr una Administración que preste a los ciudadanos cada vez más y mejores servicios de forma más ágil y eficiente. Se trata de hacer que la Administración contribuya a la recuperación económica del país y que no sea un factor que reste, sino que añada capacidad de crecimiento y de generación de empleo. Esta mayor eficiencia se traduce a efectos prácticos en una reducción de los tiempos de tramitación, la eliminación de procedimientos y estructuras innecesarios, una relación más dinámica con los ciudadanos, una mayor transparencia, la digitalización de la Administración y, finalmente, todo ello en un abultado ahorro no solo para la Administración sino también para todos los ciudadanos.

Este es el espíritu que subyace en el conjunto de medidas que se han adoptado y que se han venido desarrollando en esta materia, para poner en marcha una reforma integral de la Administración.

Como parte importante de ese proceso reformador, debe destacarse el trabajo realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada el 26 de octubre de 2012. Esta Comisión, después de un extenso y profundo análisis de la realidad de la Administración, en el que colaboró activamente su personal, como mejor conocedor de sus virtudes y defectos, presentó el 21 de junio de 2013 un informe en el que se proponían 217 medidas de mejora que posteriormente se han ampliado hasta 222.

El balance de la ejecución de las medidas CORA nos permite felicitarnos por la magnitud y trascendencia de los objetivos alcanzados.

La OCDE, en su informe «OCDE Public Governance Review of Spain: From Administrative Reform to Continuos Improvement» (2014), concluye que: «El número de dimensiones de gestión pública incluidas en la Reforma de la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA) junto con las iniciativas paralelas en áreas como estabilidad presupuestaria, transparencia o regeneración democrática, nos sitúa ante uno de los procesos más ambiciosos de reforma de la gobernanza en países de la OCDE». El propio título del informe de la OCDE señala que la de España no es una simple reforma administrativa, sino un proceso de mejora continuo que se ha de desarrollar en múltiples direcciones y tomando en consideración muy diversos elementos y facetas. La reforma de la Administración parte de la necesidad de mejorar su eficiencia.

La reforma de la Administración española es ya un ejemplo de éxito a nivel internacional, un proceso que cada día avanza gracias a la determinación del Gobierno y de todos los trabajadores públicos de llevarla a cabo. Porque si recordamos cómo se acogió la difusión del informe de la CORA en el momento de su publicación, a los comentarios elogiosos sobre su contenido acompañaron otros con cierto escepticismo sobre su ejecución. Tres años después, las innumerables iniciativas que son ya una realidad demuestran que el informe se está materializando. En todos los ámbitos.

En primer lugar, se han simplificado multitud de trámites para, por ejemplo, poder inscribir los nacimientos en el Registro Civil desde los hospitales, consultar online tu expediente personal en la Seguridad Social, obtener a través de Internet y sin desplazamientos la tarjeta sanitaria europea o participar en las subastas electrónicas de los bienes ejecutados judicial o administrativamente, etc.

También se han eliminado duplicidades y cargas excesivas, para lo que se han introducido o aprovechado con mayor efectividad las nuevas tecnologías. En este apartado se debe mencionar el Tablón Edictal Único de las Administraciones Públicas y la Dirección Electrónica Habilitada, que permiten a un ciudadano recibir todas las notificaciones que le afectan de forma sencilla y sin tener que acudir a los distintos tablones; o la Receta Electrónica Interoperable y la Historia Clínica Digital Interoperable, dos eternas demandas de los ciudadanos que ya son una realidad.

Todas estas medidas suponen una indudable mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos, al tiempo que se traducen en menos tiempo, menos recursos y más facilidad para los ciudadanos.

Igualmente se ha avanzado significativamente en la centralización de compras y la gestión de servicios y medios comunes, lo que se ha traducido en la obtención de importantes ahorros económicos y en una mejor utilización de los recursos públicos por parte de los distintos organismos.

Unos organismos públicos que también han llevado a cabo un redimensionamiento y racionalización, habiéndose suprimido 2.304 entidades de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Son múltiples las normas aprobadas en esta legislatura que han materializado las medidas contenidas en el informe de la Comisión, y de las que da cuenta en sus informes periódicos la Oficina para la Ejecución de la Reforma de las Administraciones Públicas. Pero hay tres que encarnan la Administración que debe tener España en el futuro: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Estas normas establecen tres pilares en la estructura y procedimiento públicos en España. En primer lugar, un nuevo sistema de relación con las Administraciones más eficiente, predecible y ágil, en el que el expediente electrónico será la regla general. En segundo lugar, un marco normativo que garantiza que los entes públicos que se constituyan y se mantengan sean solo los imprescindibles para prestar servicios a los ciudadanos. Por último, un sistema transparente en el que se recoge la obligación de las Administraciones de informar y el derecho de los ciudadanos a conocer.

El impulso de esta reforma ha sido fruto de la convicción de que era imprescindible iniciar un proceso de cambio. Se han sentado las bases y se han aprobado los mecanismos de una nueva Administración en España, pero este impulso ha de mantenerse en el tiempo para que nuestra Administración sea una administración competitiva y plenamente adaptada para dar una respuesta satisfactoria a los desafíos a los que la sociedad y la ciudadanía se hayan de enfrentar.

Este Prólogo es un buen lugar para manifestar a todos quienes intervinieron en este proceso, la gratitud que merecen por su profesionalidad y compromiso. A Jaime Pérez Renovales, Ex Subsecretario de la Presidencia, y a Pilar Platero Sanz, Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas, que, como Presidente y Vicepresidenta de la Comisión, respectivamente, impulsaron con especial constancia y dedicación las sucesivas fases de análisis, definición de las medidas y control de su aplicación. A los Subsecretarios y demás representantes del resto de departamentos ministeriales que integraron la CORA y que son los autores de las medidas incluidas en el informe. A Angelina Trigo Portela, como responsable de la oficina encargada de supervisar la ejecución de la reforma. Y, sobre todo, a todos los funcionarios y empleados públicos españoles, cuyo esfuerzo y dedicación son buena muestra, no solo de su vocación de servicio público, sino también de su voluntad de cambiar las cosas en beneficio de los ciudadanos. Ellos son los verdaderos artífices de lo que podamos haber conseguido.

El conjunto de las colaboraciones que integran el presente número de Nueva Revista refleja la complejidad de ese proceso de mejora continuo al que alude el informe de la OCDE. En estos textos encontraremos un análisis certero de las cuestiones aquí enunciadas, así como abundantes ideas que permitirán profundizar en la reforma de la Administración Pública.

Escribió Albert Camus que «la verdadera generosidad con el porvenir es darlo todo en el presente». Estas palabras ilustran perfectamente por qué abordamos con determinación nuestra agenda reformista y por qué no debe decaerse en el empeño. Por el bien del mañana, continuemos trabajando hoy.

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Vicepresidenta del Gobierno,

Ministra de la Presidencia y Portavoz


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