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La transferencia de conocimiento es fundamental para que la investigación realizada en universidades y centros públicos de investigación se traduzca en innovación con impacto económico y social. Esa transferencia o intercambio de conocimiento no solo ocurre de manera lineal desde la universidad hacia la empresa, sino que es bidireccional y a menudo se basa en relaciones intensas de colaboración más que en transacciones puntuales.

Pese a su importancia como factor determinante de la eficiencia de los sistemas nacionales de innovación, existen muchas barreras a la transferencia de conocimiento, que afectan en mayor o menor medida a todos los países y regiones del mundo. Un problema habitual es la falta de alineación entre los intereses de investigación de las universidades y las necesidades de las empresas, así como las dificultades de comunicación entre ambos. Por una parte, la gobernanza de las universidades, y en particular el sistema de incentivos para el personal docente e investigador tiende a primar en exceso la publicación en revistas científicas internacionales frente a las actividades de transferencia y de colaboración con la empresa. Por otra parte, a menudo nos enfrentamos a una escasa cultura innovadora y colaborativa en las empresas.

España en particular representa un caso extremo de la «paradoja europea», descrita por Dosi et al. (2006) como el liderazgo de Europa en términos de publicaciones científicas frente a su limitada capacidad, en comparación con Estados Unidos, para transformar ese conocimiento en innovaciones que generen valor. En efecto, aunque durante las últimas décadas España se haya transformado en una importante potencia en el ámbito de la investigación ―ocupando actualmente el undécimo puesto mundial en publicaciones científicas―, su desempeño en términos de innovación sigue siendo muy modesto ―situándose en el puesto 29 en el ranking global de innovación (Global Innovation Index 2023) ―. Este desequilibrio se aprecia también en los distintos componentes de los rankings internacionales de universidades, donde puede observarse que las universidades españolas obtienen una puntuación mucho menor en transferencia de conocimiento que en investigación de calidad, de forma que España se sitúa a la cola en la relación entre transferencia e investigación (Díez Vial, 2024). Un informe reciente de la OCDE (2022) coincide con este diagnóstico e incide en las distintas barreras que limitan la transferencia de conocimiento en España, proponiendo una batería de recomendaciones para mejorar la situación.

Ante este contexto, durante los últimos años la transferencia de conocimiento ha cobrado una creciente importancia en la agenda política española, como se pondrá de manifiesto en la siguiente sección. Tras resumir los principales avances logrados en este ámbito entre 2022 y 2024, el artículo concluirá con una reflexión sobre los retos pendientes y las prioridades de actuación para el futuro.

AVANCES RECIENTES

Desde el año 2022 se han producido importantes avances hacia un nuevo marco regulatorio y estratégico para promover la transferencia de conocimiento en España, bajo el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Un primer hito fue la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada en 2022, que dedica una especial atención a la transferencia de conocimiento y la reconoce como un derecho, obligación y mérito en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, tanto para las instituciones públicas como para su personal de I+D. Entre otras medidas específicas, esta ley establece que las actividades de transferencia deberán tenerse en cuenta en los sistemas de contratación, promoción interna e incentivos salariales del personal docente e investigador de forma equiparable a las actividades de investigación; regula y flexibiliza la participación de dicho personal en spin-offs [empresas derivadas] y en los beneficios obtenidos por la explotación de la propiedad industrial e intelectual; y establece la aplicación del derecho privado a las transmisiones a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora por universidades y centros públicos de investigación. La nueva ley también hace un llamamiento a que las administraciones públicas fomenten acciones de inversión y coinversión en capital semilla y capital riesgo para la transferencia de conocimiento, al tiempo que reconoce la necesidad de reforzar los organismos intermedios como las oficinas de transferencia de conocimiento, los centros tecnológicos y otras estructuras dinamizadoras de la innovación.

Asimismo, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, aprobada en 2023, reconoce la transferencia de conocimiento como una de las funciones básicas de las universidades, junto con la docencia y la investigación. En consonancia con la reforma de la Ley de la Ciencia, establece que las actividades de transferencia de conocimiento deberán tenerse en cuenta, junto con las docentes y de investigación, en los procesos de acreditación de los cuerpos docentes universitarios, en los concursos para el acceso a plazas de profesorado y en los incentivos salariales del personal docente e investigador. Ambas leyes también coinciden en destacar la importancia de promover la ciencia abierta como mecanismo para favorecer la transferencia y divulgación del conocimiento generado en el sistema público de investigación a la sociedad en general.

Aunque el desarrollo completo de estas leyes llevará aún algún tiempo, se han producido ya avances importantes. En lo que concierne directamente a la transferencia de conocimiento, podemos destacar la aprobación del nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario y el régimen de los concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos (Real Decreto 678/2023), que otorga más peso a las actividades relacionadas con la transferencia y divulgación de conocimiento, rebajando la exigencia de los criterios relativos a la publicación de artículos científicos en revistas de alto impacto. Por otra parte, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta 2023-2027, publicada en mayo de 2023, da respuesta a la llamada a promover la ciencia abierta que aparece en las nuevas leyes de universidades y de ciencia, tecnología e innovación. Esta estrategia contiene una batería de medidas para garantizar el acceso abierto y gratuito, por defecto, a los datos, resultados científicos y publicaciones financiadas con fondos públicos; para desarrollar repositorios e infraestructuras digitales para la ciencia abierta; y para establecer nuevos mecanismos de evaluación de la investigación y un sistema de incentivos y reconocimientos dirigidos a impulsar las prácticas de ciencia abierta. Este último aspecto ya aparece reflejado en la última convocatoria de evaluación de la actividad investigadora del profesorado y personal investigador (sexenios de investigación), donde se incluye la contribución a la ciencia abierta como uno de los criterios para valorar la relevancia e impacto de cada mérito de investigación presentado por el solicitante. También está previsto que pronto se publique la nueva convocatoria de sexenio de transferencia de conocimiento e innovación, que actuaría de forma paralela al sexenio de investigación para lograr que estas actividades gocen del mismo nivel de reconocimiento.

Otro desarrollo importante fue la creación, mediante el Real Decreto 984/2022, del nuevo registro de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTC), en sustitución del anterior registro de Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI), que databa de 1996. El cambio de nombre obedece a la adaptación a estándares internacionales, pero también refleja una intención de ampliar el ámbito de actuación de estas instituciones, a las que se reconoce una mayor diversidad de funciones. El nuevo registro, cuyo plazo de inscripción finalizó el 31 de diciembre de 2023, permitirá obtener información para realizar un diagnóstico actualizado y eventualmente otorgar un reconocimiento o distinción a aquellas que destaquen por sus resultados y eficiencia. En el futuro, este registro podría tomarse también como base para el diseño de nuevos instrumentos políticos de apoyo a las OTC. De momento, hay evidencia de que el proceso de registro ya ha resultado útil para promover un proceso interno de reflexión estratégico en las instituciones sobre las actividades de sus OTC y los retos a los que se enfrentan.

Por otra parte, durante los últimos años se han expandido las convocatorias de ayudas para financiar las nuevas empresas de base científica (o spin-offs) y los proyectos colaborativos entre empresas y universidades o centros públicos de investigación. En el primer caso, cabe destacar los programas Neotec e Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). El programa Neotec ofrece subvenciones de hasta 325.000 euros para proyectos de I+D de start-ups [empresas emergentes] tecnológicas, mientras que la sociedad estatal Innvierte, con un capital de más de 800 millones de euros, participa en el accionariado de dichas empresas para impulsar su crecimiento, ya sea directamente o a través de fondos privados de capital riesgo de gestoras especializadas. Respecto a la financiación de proyectos colaborativos, la principal novedad es el programa TransMisiones, iniciado en 2023 para financiar grandes proyectos de I+D entre agrupaciones de empresas y organismos de investigación. Lo que se pretende es promover la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada en innovación a través de una mayor coordinación entre las convocatorias orientadas a misiones de las distintas agencias financiadoras de la I+D, que tradicionalmente se han centrado o bien en las empresas (en el caso del CDTI) o bien en las universidades y centros públicos de investigación (en el caso de la Agencia Estatal de Investigación y del Instituto de Salud Carlos III).

Estos cambios regulatorios y nuevos instrumentos financieros aparecen recogidos, entre otros, en el Plan de Transferencia y Colaboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que también plantea orientaciones estratégicas para seguir impulsando esta agenda en el futuro. El Plan fue aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022 y desde entonces cuenta con el apoyo de un Grupo de Expertos con representantes del sector público y privado, que se reúne periódicamente bajo la presidencia de la Secretaría General de Innovación para hacer seguimiento y discutir líneas de actuación prioritarias. Este Plan ha permitido visibilizar y organizar de forma coherente las medidas existentes para fomentar la transferencia de conocimiento. También ha promovido un proceso de evaluación ex ante y un debate interno para la toma de decisiones sobre la reforma o expansión de algunas iniciativas, o sobre la introducción de nuevas líneas de actuación para rellenar lagunas o complementar las ya existentes.

En concreto, como aparece reflejado en la figura 1, el Plan de Transferencia y Colaboración comprende quince medidas estructuradas en torno a tres ejes. El primer eje se centra en la transferencia del conocimiento generado en el sistema público de investigación hacia las empresas, el sector público y la sociedad. Se trata de fomentar la valorización del conocimiento científico, facilitando la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento generado a partir de la inversión pública en investigación; promoviendo la transferencia del conocimiento generado en el sector público por medio de licencias de propiedad industrial e intelectual; acercando los resultados de la investigación a las empresas y a la sociedad a través de una mayor difusión en abierto de publicaciones científicas, resultados, datos y capacidades de investigación; y haciendo posible que el conocimiento científico se transfiera de forma eficaz hacia el sector público para mejorar la articulación de las políticas públicas. El segundo eje incluye medidas para fomentar la colaboración de las empresas con las universidades y centros públicos de investigación, fomentando la financiación pública de proyectos colaborativos; impulsando la creación de alianzas y nuevos centros público-privados de I+D; promoviendo la compra pública de innovación; facilitando la movilidad entre el sector público y el privado del personal de investigación; incentivando la contratación de personal de investigación en empresas; y, por último, fomentado la colaboración de la sociedad civil en la I+D a través de la ciencia ciudadana. El tercer eje del Plan pretende mejorar la capacitación del personal investigador, técnico y de gestión en lo relativo a la valorización del conocimiento, así como potenciar las conexiones del ecosistema. Este tercer eje del Plan es transversal, ya que incide tanto sobre la transferencia de conocimiento como sobre la colaboración público-privada para la innovación.

Figura 1. Estructura del Plan de Transferencia y Colaboración

Recientemente, con el inicio de una nueva legislatura del Gobierno de España en noviembre de 2023, el Ministerio de Ciencia e Innovación se fusionó con el de Universidades y se creó en el seno del resultante Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades una nueva Dirección General de Planificación, Coordinación y Transferencia de Conocimiento, de la que depende, entre otras, una nueva Subdirección General de Transferencia de Conocimiento. También se ha anunciado desde el Ministerio que la transferencia de conocimiento será una prioridad en la actual legislatura y que, entre otras medidas, se está trabajando en una Estrategia Nacional Deep Tech [tecnologías profundas] con el objetivo de promover el emprendimiento de base científica, en línea con la Nueva Agenda Europea de Innovación.

Más recientemente, en mayo de 2024 se aprobó el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (PEICTI) para el periodo 2024-2027. Se trata del instrumento de planificación plurianual de la I+D+i en la Administración General del Estado e incluye cinco programas transversales entre los que figura el Programa de Transferencia y Colaboración, que integra el Plan de Transferencia y Colaboración descrito anteriormente. También se ha anunciado que se creará un Plan Complementario con las Comunidades Autónomas dedicado a la Transferencia de Conocimiento, que será cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y por las CC. AA. con el objetivo de mejorar la coordinación multinivel de las estrategias políticas para impulsar la transferencia de conocimiento, prestando especial atención al binomio universidad-territorio. Otra novedad reciente ha sido la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, en el seno de la Presidencia de Gobierno, con el objetivo de fomentar y coordinar el uso de la evidencia empírica y el conocimiento científico para mejorar la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas. Esto refleja una visión amplia de los procesos de transferencia de conocimiento, donde no solo se tiene en cuenta la transferencia desde la ciencia hacia la empresa para generar valor económico, sino también la transferencia hacia el sector público para general valor social.

RETOS PENDIENTES

Las nuevas estrategias políticas y las reformas en curso son encomiables y permitirán, sin duda, abordar de manera más eficaz las barreras que hasta la fecha han entorpecido la transferencia de conocimiento en España. Se percibe un reconocimiento generalizado de la importancia de promover la transferencia de conocimiento y un claro compromiso político para impulsar las reformas e incentivos necesarios. La transferencia de conocimiento se ha situado en el centro de las políticas estatales de ciencia e innovación, más que nunca en la historia de España.

No obstante, persisten importantes retos para asegurar el éxito del nuevo marco estratégico impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Las reformas legislativas y los planes estratégicos de alto nivel son necesarios, pero no suficientes. Ahora es el momento de prestar especial atención a su implementación en la práctica, a su trasposición o difusión hacia los distintos niveles territoriales, institucionales e individuales.

Para ello, en primer lugar, es fundamental contar con el compromiso y la corresponsabilidad de los gobiernos regionales, donde residen gran parte de las competencias relativas a la financiación y gobernanza de las universidades, así como la promoción de la innovación en el territorio.

Igualmente, importante es que las universidades y otros centros de investigación y tecnológicos reaccionen con ímpetu a los nuevos marcos regulatorios y políticos, trasponiéndolos de manera ágil en el seno de sus normativas internas e incluso complementándolos con nuevos instrumentos propios de apoyo a la transferencia de conocimiento, haciendo uso de su autonomía institucional. La continuidad y la persistencia en los incentivos a las actividades de transferencia son esenciales para consolidar el anhelado cambio cultural en el personal docente e investigador, incidiendo especialmente sobre los más jóvenes.

Finalmente, no hay que olvidar que el éxito de las políticas para promover la transferencia de conocimiento dependerá en última instancia de la receptividad y el compromiso del sector empresarial. Por eso, es esencial continuar apoyando una cultura innovadora e incentivando la inversión privada en investigación e innovación, de forma que las empresas puedan aprovechar en mayor medida las nuevas oportunidades de colaborar e intercambiar conocimiento con el sistema público de innovación.

REFERENCIAS

Díez Vidal, I. (2024). «La transferencia en las universidades: la creación de impacto económico y social a través del territorio». Nueva Revista, 188, 48-65.

Dosi, G., Llerena, P. & Labini, M.S. (2006). «The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called ‘European Paradox’». Research Policy, 35, 1450-1464.

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (2022). Plan de Transferencia y Colaboración: La ciencia y la Innovación al Servicio de la Sociedad. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Madrid.

OCDE. (2022). «Mejorar la transferencia de conocimiento y la colaboración entre ciencia y empresa en España». OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 122, OECD Publishing, París. https://doi.org/10.1787/106beefc-es.